La finalidad del convenio, que tendrá una duración de cinco años y después será prorrogable por periodos anuales, es detectar y atender necesidades formativas específicas de los jueces y magistrados españoles.

Así, el Ministerio de Justicia coordinará con el resto de los departamentos ministeriales la identificación de aquellas áreas de formación específica en las que resulte conveniente desarrollar actividades formativas concretas.