El 30 de abril de 2021 la Comisión Iberoamericana de Ética Judicial aprobó su XV Dictamen relativo a las implicaciones éticas de las relaciones de los jueces con los más altos responsables políticos de la Nación cuando están juzgando causas que les afectan.

El dictamen, elaborado a petición del comisionado Fernández Mendía y a raíz de una denuncia de una juez de la Cámara Penal del Tribunal Federal de la República Argentina, se pronuncia sobre la cuestión relativa a la conducta de altos magistrados penales, en particular sobre visitas sociales y reiteradas de altos magistrados al Presidente de la República durante su mandato, en distintas sedes del asiento de sus funciones, mientras se sustanciaban, en sus respectivos órganos jurisdiccionales, causas en las que se investigaba el desempeño de altos mandatarios políticos, sin verificarse su apartamiento, en orden a principios de independencia, transparencia, imparcialidad, etc.

En primer lugar, la Comisión constata que las reuniones de jueces y responsables políticos pueden afectar a la separación de poderes como principio básico del Estado de Derecho. De hecho, algunos ordenamientos constitucionales y legales en Iberoamérica prohíben este tipo de actos y los someten a autorización y pueden tener consecuencias disciplinarias para quienes incumplan tales normas.

En segundo lugar, la Comisión subraya que la aplicación de los principios éticos de independencia e imparcialidad del juez y las virtudes propias del ejercicio de la función judicial deben tener su proyección en el proceso judicial de tal manera que sean determinantes del comportamiento de los jueces involucrados en estas reuniones por lo que se refiere a las razones para la abstención y para la estimación de los motivos de recusación

Por último, a juicio de la Comisión, sin perjuicio de la cortesía y el fomento de las buenas relaciones institucionales de los jueces con otros poderes del Estado, en especial el Ejecutivo, no resulta admisible en nuestros días que el juez forme parte del séquito del gobierno y resultan absolutamente contraproducentes las muestras áulicas de obsequiosidad y complacencia que pudieran tener los jueces respecto de otros poderes del Estado.