El presidente del Tribunal Superior de Justicia de la Región de Murcia (TSJMU), Manuel Luna Carbonell, ha abierto hoy el año judicial 2025-2026 reclamando con urgencia la creación de 22 nuevas unidades judiciales en la Comunidad Autónoma. Según destacó, esta medida resulta “imprescindible para que los órganos jurisdiccionales de la Región puedan asumir una carga de trabajo que no supere el 150 % de asuntos”, corrigiendo el “histórico déficit de planta” que arrastra la Justicia murciana. 

En su intervención, Luna recordó que durante 2024 los órganos judiciales registraron 254.555 nuevos asuntos, un 16% más que el año anterior, mientras que se resolvieron 228.735. Pese al esfuerzo, la pendencia se elevó un 15% hasta los 206.805 asuntos, advirtió. 

El presidente alertó de que esta situación “compromete el derecho de los ciudadanos a obtener una respuesta judicial en un plazo razonable”, pues la duración media de los procedimientos se sitúa en 11,8 meses en primera instancia y 8,3 meses en segunda, ambas por encima de la media nacional. 

Luna subrayó que la apertura del año judicial constituye una ocasión para hacer balance y marcar objetivos, y puso en valor que la reciente renovación del Consejo General del Poder Judicial “ha permitido recuperar la normalidad institucional” y cubrir vacantes relevantes en la Región y en el Tribunal Supremo. 

El presidente destacó la trascendencia de la implantación de los Tribunales de Instancia, que comenzó el pasado 1 de julio en ocho partidos judiciales y que se extenderá a final de año a Cartagena, Murcia y Lorca. Este último, explicó, actuará como banco de pruebas nacional en la última fase del despliegue. Asimismo, destacó “la decidida apuesta por la innovación digital que este Tribunal Superior viene impulsando desde 2020 a través de su Agenda Estratégica”, con proyectos de transformación en los que participan jueces, letrados, funcionarios, abogados y procuradores. 

En el tramo final de su discurso también lanzó un mensaje firme en defensa de la independencia judicial: “La crítica a la actuación judicial es legítima y consustancial a la democracia; lo que no resulta aceptable son las descalificaciones y ataques personales, más aún cuando provienen de responsables públicos, porque minan la confianza ciudadana en la Justicia y, con ella, la fortaleza de nuestro Estado de Derecho”. 

Luna, hizo un llamamiento a la responsabilidad institucional de todos para preservar la independencia judicial, “entendida como una condición necesaria para la tutela efectiva de los intereses de los ciudadanos y no como un privilegio de los jueces”, y concluyó con un reconocimiento expreso a todos los profesionales de la Justicia en la Región. 

El acto, celebrado en el Salón de Actos de la Ciudad de la Justicia, comenzó con la constitución de la Sala de Gobierno y la intervención del secretario de Gobierno, Javier Parra García, quien señaló que el TSJMU ha desarrollado entre 50 y 80 proyectos anuales estructurados en varios ejes estratégicos, entre ellos justicia abierta, atención a profesionales y usuarios, innovación y excelencia organizativa. “Contamos con más de diez grupos de trabajo de automatización de procesos en los que jueces, LAJ y funcionarios colaboran activamente con ingenieros de la Dirección General de Transformación Digital”, afirmó. 

A continuación, el fiscal superior de Comunidad, José Luis Díaz Manzanera, hizo un balance de la memoria de la Fiscalía autonómica. 

Por último, se entregaron los diplomas del Consejo General del Poder Judicial a magistrados con 25 años de antigüedad y se rindió homenaje a los profesionales de la Oficina Judicial y Fiscal de Murcia por sus 15 años de funcionamiento. También se otorgaron reconocimientos a la magistrada delegada de Igualdad, a los jueces y juezas de la 73ª promoción, al comité científico de la Unidad de Mediación Intrajudicial, a los responsables del sistema informático electoral de la Sala de Gobierno y a la comisión intercolegial de profesionales de justicia del Grupo Visor Horus. La jornada incluyó, asimismo, menciones a la Dirección General de Transformación Digital de la Administración de Justicia, homenajes póstumos a los LAJ Juan Antonio Molina y Maria Jesús Pérez, y un reconocimiento a los funcionarios jubilados durante el último año judicial.