La Audiencia Nacional ha acordado extraditar a Estados Unidos a un ciudadano de nacionalidad búlgara reclamado por tratar de vender armamento militar al Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG) de México, que lo iba a utilizar en su actividad criminal de envío de cocaína al país norteamericano.

En un auto, los magistrados de la Sección Primera acuerdan la entrega de Peter M., al que las autoridades norteamericanas consideran un traficante de armas internacional, a condición de que las autoridades de ese país garanticen en un plazo de 45 días que, en caso de imponerse la pena de cadena perpetua, esta no sea indefectiblemente de por vida, bien por revisión legal o por la concesión de una medida de gracia.

En su auto, los jueces de la Audiencia Nacional explican que Estados Unidos recama a Peter M. por delitos que en el Código Penal de España serían equivalentes a los de pertenencia a organización criminal, contra la salud pública (tráfico de drogas) de sustancia que causa grave daño a la salud (cocaína) en cantidad de notoria importancia, tráfico de armas de guerra y falsificación de certificados.

Según la documentación aportada por las autoridades americanas, Peter M., junto con otros miembros de su organización, desde septiembre de 2022 conspiraron para suministrar ilegalmente a los cárteles mexicanos, en particular al CNJG, armamento militar que incluía ametralladoras, lanzacohetes, granadas, equipos de visión nocturna, fusiles de francotirador, minas antipersona y armas antiaéreas

“Los acusados actuaron plenamente conscientes de que los cárteles, incluido en CJNG, pretendían utilizar dichas armas para facilitar actividades delictivas, en especial el tráfico ilegal de grandes cargamentos de cocaína, de múltiples kilogramos, hacia Estados Unidos””, indica la documentación. Para camuflar el envío de armas al cártel mexicano, los acusados simularon que la entrega de armas iba a tener como destinatario el Ejército de Tanzania.

En julio de 2024, según el documento, Peter M. y otros exportaron desde Bulgaria 50 fusiles de asalto AK-47 junto con su cargadores y munición con la intención de que fueran recibidos por el CJNG, si bien dicho armento fue incautado.

Tras la aprehensión de las armas, los acusados, indica el texto, conspiraron para suministrar aún más armamento a los cárteles de la droga. En concreto, Peter M. habló de la posibilidad de suministrar al CNJG misiles superficie-aire, drones antiaéreos, y el sistema de armas antiaéreas ZU-23 que tiene la capacidad de disparar proyectiles y está diseñado para derribar objetivo de baja altitud, como helicópteros. Estas conversaciones llevaron a Peter M. a elaborar una propuesta de lista de armamento para el CJNG por un total de 53.7 millones de euros (unos 58 millones de dólares americanos)

En su auto, que se puede recurrir en súplica ante el Pleno de la Sala Penal, los magistrados de la Sección Primera indican que en este caso se cumplen todos los requisitos legales para proceder a la entrega, pues se trata de delitos comunes, no se advierte motivación espuria y no concurren circunstancias que determinen la extinción de la responsabilidad penal.