El contrato de compraventa de vivienda se celebró en 2006 entre unos ciudadanos británicos y la entidad Polaris World Real Estate. En el contrato figuraba una estipulación en virtud de la cual la vendedora quedaba facultada para resolver el contrato y retener las cantidades anticipadas si los compradores, requeridos al efecto, no comparecían en la notaría para otorgar escritura pública.

Amparándose en dicha estipulación, una vez comprobado que los compradores no atendieron su requerimiento pese a estar la vivienda terminada y en disposición para ser entregada, la entidad vendedora resolvió el contrato y se quedó con las sumas que los compradores habían satisfecho hasta entonces, lo que provocó que estos formularan demanda solicitando su nulidad por abusiva, con fundamento en la legislación de consumidores que prohíbe las cláusulas que impongan a estos indemnizaciones desproporcionadas así como las que contemplen la retención de cantidades por el empresario, en caso de renuncia del consumidor, sin contemplar a su vez una indemnización equivalente en caso de renuncia del empresario.

En las dos instancias fue desestimada la demanda y ahora el Supremo, con el voto particular de cuatro magistrados, confirma ese pronunciamiento.