Resumen: Planteada como cuestión que reviste interés casacional la procedencia de acordar la retroacción de las actuaciones a la vía administrativa -o la práctica de la prueba pertinente de oficio- en un supuesto como el presente en que se produce la desestimación presunta por la comisión provincial de valoraciones de una solicitud de determinación del justiprecio de varias fincas afectadas por expropiación por ministerio de la ley y el órgano judicial de instancia aprecia carencia probatoria, el TS, partiendo de la jurisprudencia sobre el particular, resuelve en sentido positivo declarando procedente la retroacción de las actuaciones a la vía administrativa, al apreciarse la falta de aplicación del método de tasación establecido en los arts. 24.2 y 37.2, respectivamente, de los Textos Refundidos de la Ley del Suelo de 2008 y 2015, al no haberse efectuado la doble valoración exigida -por el método residual y el de valoración conjunta por comparación al encontrarnos ante un suelo urbanizado edificado- y ello al carecer el Tribunal de los elementos de juicio adecuados para fijar el justiprecio. La tutela judicial efectiva proscribe la falta de fijación de justiprecio por el Jurado, que deberá ser fijada por el órgano jurisdiccional en cuanto disponga de elementos de juicio suficientes para ello y, en caso contrario, habrán de retrotraerse las actuaciones a la vía administrativa para su fijación conforme al método de valoración legalmente tasado, que no es disponible para las partes.
Resumen: IRPF. Exención por reinversión en vivienda habitual. Artículo 38.1 de la Ley 35/2006, de 28 de noviembre, del IRPF. Análisis del artículo en relación con el artículo 39.2 del Reglamento, aprobado por el Real Decreto 1775/2004, de 30 de julio. Si el sujeto pasivo ha entregado la cosa, con traslación de la propiedad, y adquiere otra el mismo día, sin que se controvierta el importe de la adquisición, debe entenderse que la entrega del inmueble adquirido con el importe de la ganancia, mediante la traditio, cumple la transmisión que materializa la exención y la reinversión de la ganancia, sin que sea necesaria la entrega o recepción de la cosa por el sujeto pasivo, ni someterla al plazo de dos años.
Resumen: Determinar si, habiéndose regularizado la situación tributaria de un contribuyente en un procedimiento de inspección, provocando un cambio en el régimen sustantivo de tributación aplicable -y en particular un cambio en los criterios de imputación temporal de rentas-, el artículo 119.3 Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria obliga a mantener la opción inicial manifestada por el contribuyente o permite que se ejerciten las nuevas o distintas opciones admitidas por la ley en el régimen de tributación aplicable tras la regularización inspectora. En el marco de una regularización de la situación tributaria de un contribuyente realizada en un procedimiento de inspección, provocando un cambio en el régimen sustantivo de tributación aplicable, el interesado no está obligado a mantener la opción original con respecto a los criterios de imputación temporal de renta, sino que puede ejercer nuevamente esa opción con arreglo al nuevo régimen sustantivo aplicable, siempre que en el marco de las actuaciones inspectoras que han conducido al cambio de régimen se haya puesto de manifiesto la inexistencia de indicios de la comisión de infracciones tributarias.
Resumen: Desestima el recurso contencioso-administrativo interpuesto contra el Acuerdo del Consejo de Ministros de fecha 11 de octubre de 2019, que inadmitió la reclamación de indemnización por responsabilidad patrimonial del Estado Legislador, consecuencia de la aplicación de una norma declarada contraria al Derecho de la Unión Europea, con sustento en la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 3 de septiembre de 2014 (asunto C- 127/2012), al haber considerado la resolución impugnada que el plazo para reclamar la responsabilidad patrimonial del Estado legislador había sido sobrepasado y en exceso en la fecha, 6 de febrero de 2019, en la que la interesada presentó la reclamación. Razona que el artículo 67.1 de la Ley 39/2015 es claro cuando dice que "[...]el derecho a reclamar prescribirá al año de su publicación [...] en el "Diario Oficial de la Unión Europea" [...] de la sentencia que declare su carácter contrario al Derecho de la Unión Europea", tal y como también se señaló en la STS de 19 de febrero de 2018, rec. 62/2017 (FFDD 7 y 10), y se reiteró en las posteriores sentencias de esta misma Sección y Sala de 21 de marzo de 2018, rec. 2893/2016, y 22 de marzo también de 2018, rec. 125/2016.
Resumen: Desestima el recurso contencioso-administrativo interpuesto contra la desestimación de su reclamación de responsabilidad patrimonial del Estado-legislador como consecuencia de la inconstitucionalidad de los artículos 107.1, 107.2.a) y 110.4 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, declarados inconstitucionales y nulos por STC 59/2017, de 11 de mayo. Señala la Sala que, en los casos de reconocimiento de responsabilidad patrimonial del Estado legislador en un caso como el de autos, resulta una exigencia esencial acreditar la inexistencia de ese incremento del valor de los terrenos de naturaleza urbana (que lo que el IIVTNU grava). A dicho respecto, trae a colación lo razonado en la sentencia de 22 de enero de 2020, dictada en el recurso núm. 177/2019, respecto de los posibles medios de prueba que puede ofrecer el sujeto pasivo para acreditar que no ha existido la plusvalía gravada por el IIVTNU. Deduce, de la jurisprudencia mencionada, que el sujeto pasivo del IIVTNU puede acudir a cualquier medio de prueba de los que prevén los arts. 106 y 108 de la LGT para acreditar que el valor que tiene el terreno en la fecha en que lo transmite no es mayor que el que tenía en la fecha en que lo adquirió; y que las escrituras públicas de adquisición y transmisión no es un medio de prueba del que no quepa prescindir, sustituyéndolo por otro u otros. Concluyendo, en el caso examinado, la ausencia de acreditación requerida.
Resumen: La Sala se remite a la sentencia de 11 de diciembre de 2019 (RCA/163/2016), por lo que elementales exigencias de los principios de unidad de doctrina y seguridad jurídica exigen reiterar aquí los razonamientos y la conclusión que se extrajo en la citada sentencia, esto es, que la venta de oro o metales preciosos efectuada por un particular a un comerciante, que adquiere el bien en el seno de su actividad empresarial, está sujeta a la modalidad de transmisiones patrimoniales onerosas del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, pues la misma debe ser analizada desde la perspectiva del transmitente (el particular), que es quien realiza el hecho imponible. Y ello a pesar de que la ley establezca que el sujeto pasivo del impuesto sea el adquirente del bien, pues esa misma ley no establece excepción alguna por el hecho de que dicho adquirente sea un comerciante que actúa en el seno del giro o tráfico empresarial de su actividad.. La cuestión de si la sujeción al impuesto de estas operaciones podría afectar a la neutralidad del Impuesto sobre el Valor Añadido ha sido resuelta, en sentido negativo, por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea al resolver una cuestión prejudicial planteada por la propia Sala y Sección. Se estima, así, el recurso de casación deducido por la Administración autonómica y se casa la sentencia recurrida.
Resumen: Se recurre la resolución del Consejo de Ministros de 27 de septiembre de 2019 que desestima la reclamación de responsabilidad patrimonial del Estado legislador formulada con sustento en la sentencia del Tribunal Constitucional 59/2017, de 11 de mayo, en relación con el Impuesto sobre el Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana (IIVTNU). A la vista del alcance de la inconstitucionalidad declarada en la STC 59/2017, el presupuesto básico que determina la inaplicabilidad del IIVTNU y, por ello, la falta del deber de soportar el correspondiente gravamen y el derecho a la correspondiente indemnización viene constituido por la inexistencia de incremento del valor de los terrenos, que es lo que se cuestiona y discute por las partes en este recurso. Corresponde al obligado tributario acreditar tal inexistencia de incremento de valor, lo que habrá de valorarse para resolver la discrepancia planteada. En el caso concreto se observa que el recurrente aporta a las actuaciones las correspondientes escrituras públicas de compra o adquisición del inmueble en 2010 y de venta en el año 2015, constando en ambas el mismo precio de 3.478.205 €, y realizándose la transmisión entre empresas del mismo Grupo, lo que justifica las dudas planteadas por la Administración sobre la correspondencia de dicho precio con el que se hubiera establecido entre partes independientes. En consecuencia ha de concluirse que la entidad sujeta al impuesto no ha aportado elementos de prueba suficientes.
Resumen: Auto de admisión. Sanción de la Autoridad Catalana de la Competencia por infracción del artículo 1.1.c) de la LDC, por la constitución de una unión temporal de empresas con el objetivo de repartir el mercado en el ámbito de una licitación pública: determinación de las condiciones de aplicación del apartado tercero de los artículos 1 LDC y 101. Recursos de casación preparados por el Abogado de la Generalitat de Cataluña y por la representación del Centre de Rehabilitació i Llenguatge, S.L. Asuntos iguales a: RRCA 2040/2020 y 3405/2020. La cuestión planteada en el recurso que presenta interés casacional objetivo para la formación de la jurisprudencia consiste en interpretar los artículos 1.3 LDC y 101.3 TFUE , en consonancia con lo establecido en las Directrices Horizontales de la Comisión Europea, a fin de aclarar en qué condiciones resulta aplicable la excepción contenida en los citados preceptos en relación con acuerdos de cooperación horizontal y, más concretamente, en relación con la creación de UTEs para participar en licitaciones de concursos públicos; reforzando, completando, precisando o, en su caso, corrigiendo nuestra jurisprudencia.
Resumen: Impugnación del acuerdo de notificación individual del valor catastral. Improcedente declaración de nulidad basada exclusivamente en la ausencia del estudio de mercado, que es documento que no debe figura en el expediente administrativo que ha de remitirse en relación con el acto impugnado, ni es falta que pueda conducir per se a la nulidad del acto. La ponencia de valores es un acto administrativo general, susceptible de impugnación autónoma, que goza de presunción de legalidad, de modo que incumbe a quien pretenda combatirlo la carga de impugnarlo y de probar que está incurso en vicios determinantes de su nulidad. La prueba en el proceso judicial seguido contra el acto de aplicación singular de la ponencia a un inmueble concreto puede versar sobre los defectos propios del acto que se impugna, pero también discutir aquellos aspectos del acto general del que deriva, si no han sido dados a conocer y sólo se tiene ocasión de cotejarlos con el resultado final, cuando el valor catastral se singulariza y proyecta sobre un bien concreto. El planteamiento de la parte recurrente ha sido acogido en la sentencia de la Sección Segunda de esta Sala Tercera del Tribunal Supremo dictada el 28 de mayo de 2020 (RCA 4940/2017: ES:TS:2020:1436).
Resumen: La respuesta a la cuestión planteada es que estimada la existencia de "actos o negocios simulados", a la vista de lo dispuesto en el artículo 16.3 LGT, procede, en su caso, la imposición de sanciones, sin que una interpretación razonable de la norma, amparada en el artículo 179.2, d) LGT, que excluye la responsabilidad, resulte operativa. Doctrina de la Sala.
