• Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Contencioso
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: MARIA DEL PILAR TESO GAMELLA
  • Nº Recurso: 2008/2018
  • Fecha: 04/03/2020
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: La reducción de la cuota de cotización que establece el artículo 31 de la Ley 20/2007, de 11 de julio, del Estatuto del trabajo autónomo, puede aplicarse a otros colectivos no mencionados en el apartado 3 del precepto, y en particular, al socio administrador que reúne las condiciones previstas en el artículo 1.2 c) de la Ley 20/2007, de 11 de julio, del Estatuto del trabajo autónomo. La expresa mención de los socios de sociedades laborales y de los socios trabajadores de sociedades cooperativas de trabajo asociado entre los beneficiarios no tiene por qué conllevar la necesaria exclusión de todo trabajador autónomo que sea socio de alguna sociedad de capital al margen de las circunstancias específicas de esa condición.
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Contencioso
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: ANTONIO JESUS FONSECA-HERRERO RAIMUNDO
  • Nº Recurso: 1697/2018
  • Fecha: 27/02/2020
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: No ha lugar al recurso de casación interpuesto por la TGSS contra sentencia que, anulando la resolución administrativa, reconoció el derecho de un socio administrador único de una sociedad unipersonal de responsabilidad limitada, a los beneficios de la reducción de la cuota de cotización del artículo 31 de la Ley 20/2007, de 11 de julio, del Estatuto del trabajo autónomo. Dado que las circunstancias del presente recurso son las mismas que la tenidas en cuenta por la Sala de instancia en sentencia estimatoria anterior, a la sazón confirmada por el TS, se reitera dicha doctrina reciente de la Sala, al reconocer que el artículo 31.3 Ley 20/2007, no impide reconocer los beneficios previstos a quien reúne la condición de socio administrador único de una sociedad unipersonal de responsabilidad limitada y ha sido dado de alta por vez primera en el Régimen Especial de Trabajadores por Cuenta Propia y Autónomos de la Seguridad Social, en las circunstancias del caso.
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Social
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: ANTONIO VICENTE SEMPERE NAVARRO
  • Nº Recurso: 1114/2018
  • Fecha: 21/02/2020
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: Se suscita la calificación del cese del trabajador al cumplir 65 años, sosteniendo éste que la extinción en aplicación de la Disp. Ad. 4ª Ley 9/2010, de 14 de abril, por la que se regula la prestación de servicios de tránsito aéreo, se establecen las obligaciones de los proveedores civiles de dichos servicios y se fijan determinadas condiciones laborales para los controladores civiles de tránsito aéreo, constituye un despido nulo por discriminación en razón de la edad. Los tribunales han establecido que la igualdad es violada sólo si la desigualdad está desprovista de justificación objetiva y razonable, lo que debe analizarse llevando a cabo un examen de proporcionalidad entre medios y finalidad perseguida. Tal condicionante se da en este caso; la Ley 9/2010, guarda directa relación con las concretas circunstancias en las que desarrollan su trabajo los controladores aéreos y tiene como finalidad evitar consecuencias negativas derivadas de la incidencia sobre el interés general de factores como el alto nivel de estrés, la rotación de turnos y la extrema responsabilidad sobre las operaciones aéreas. No concurre contradicción con la STJUE 13-9-2011 (C- 447/2009), porque en este caso está en juego el examen de la norma legal cuya adecuación a la Directiva 2000/78 no está en entredicho y, por otra parte, se acomoda a lo que la sentencia del Tribunal de la Unión señala en lo que respecta a la seguridad aérea.
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Social
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: MARIA LOURDES ARASTEY SAHUN
  • Nº Recurso: 982/2018
  • Fecha: 18/02/2020
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: Se suscita la calificación del cese del trabajador al cumplir 65 años, sosteniendo éste que la extinción en aplicación de la Disp. Ad. 4ª Ley 9/2010, de 14 de abril, por la que se regula la prestación de servicios de tránsito aéreo, se establecen las obligaciones de los proveedores civiles de dichos servicios y se fijan determinadas condiciones laborales para los controladores civiles de tránsito aéreo, constituye un despido nulo por discriminación en razón de la edad. Los tribunales han establecido que la igualdad es violada sólo si la desigualdad está desprovista de justificación objetiva y razonable, lo que debe analizarse llevando a cabo un examen de proporcionalidad entre medios y finalidad perseguida. Tal condicionante se da en este caso; la Ley 9/2010, guarda directa relación con las concretas circunstancias en las que desarrollan su trabajo los controladores aéreos y tiene como finalidad evitar consecuencias negativas derivadas de la incidencia sobre el interés general de factores como el alto nivel de estrés, la rotación de turnos y la extrema responsabilidad sobre las operaciones aéreas. No concurre contradicción con la sentencia invocada para el segundo motivo de recurso, porque en este caso está en juego el examen de la norma legal cuya adecuación a la Directiva 2000/78 no está en entredicho y, por otra parte, se acomoda a lo que la sentencia del Tribunal de la Unión señala en lo que respecta a la seguridad aérea.
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Contencioso
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: JOSE LUIS REQUERO IBAÑEZ
  • Nº Recurso: 5728/2019
  • Fecha: 18/02/2020
  • Tipo Resolución: Auto
Resumen: Al igual que en otros asuntos muy similares, declara la Sala Tercera del Tribunal Supremo que la cuestión que reviste interés casacional objetivo para la formación de jurisprudencia es la siguiente: si para acordar la Administración de la Seguridad Social la derivación de responsabilidad solidaria del administrador de una sociedad de capital resulta necesario no solo constatar una situación fáctica que habla a favor de la insolvencia de la sociedad y verificar que dicho administrador no ha cumplido los deberes legales a que se refiere el artículo 367.1 de la Ley de Sociedades de Capital (RD Legislativo 1/2010), sino, también y además, justificar la efectiva existencia de una causa legal de disolución de la sociedad.
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Contencioso
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: RAFAEL TOLEDANO CANTERO
  • Nº Recurso: 6718/2017
  • Fecha: 13/02/2020
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: La Sala se remite a lo declarado en la sentencia de 14 de marzo de 2019 (RCA/6740/2017), según la cual: a) el reconocimiento de una pensión de invalidez del 100% en Suiza no basta, por sí solo, para equiparar dicha pensión con una prestación de incapacidad permanente absoluta del sistema español de Seguridad Social, porque allí, a diferencia de lo que acontece en España, no se distingue entre un grado de incapacidad que está referida sólo a la profesión que ejercía el interesado y otro grado superior que se proyecta también sobre otras profesiones; b) la calificación de si una situación merece la consideración de incapacidad permanente absoluta corresponde al Instituto Nacional de la Seguridad Social a través de los órganos reglamentariamente establecidos, recayendo sobre el interesado la carga de aportar ante esos órganos todos los elementos que permitan probar cuál fue la situación que determinó la pensión extranjera cuya equiparación se pretende; c) no se vulnera el derecho de la Unión Europea, que permite que España pueda someter a un examen por un equipo médico de valoración de incapacidades la situación del solicitante de un beneficio fiscal en un impuesto como el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas para determinar las implicaciones, también fiscales, que correspondan al grado de invalidez de que esté afectado un solicitante, lo que habrá de hacerse de acuerdo con la legislación española y con referencia al momento en que se otorgó la prestación.
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Contencioso
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: RAFAEL TOLEDANO CANTERO
  • Nº Recurso: 6693/2017
  • Fecha: 13/02/2020
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: Pensión de invalidez por grado de incapacidad del 70%, reconocido en Suiza. Competencia de los EVI, encuadrados órganica y funcionalmente dentro del INSS, para emitir dictamen previo en orden a la declaración de la situación de invalidez permanente absoluta. Aplicación de la exención del artículo 7.f) LIRPF.
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Social
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: ROSA MARIA VIROLES PIÑOL
  • Nº Recurso: 4279/2017
  • Fecha: 12/02/2020
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: Se plantea en este caso si se produjo cesión ilegal entre la Fundación Pública Andaluza Progreso y Salud y el SAS demandados, y si este último organismo debe abonar costas cuando resulte condenado. La sentencia comentada desestima el RCUD del SAS por no apreciar la contradicción respecto al primer punto suscitado - cesión ilegal -; y en cuanto al segundo punto - condena en costas - por ser la sentencia recurrida acorde con la doctrina de la Sala establecida en la STS del Pleno de 20 de septiembre de 2018 (R. 56/2017), según la cual no son entidades gestoras de la Seguridad Social que gocen del beneficio de justifica gratuita del art. 2-b de la Ley 1/1996, de 10 de enero, las entidades públicas de derecho privado y demás organismos administrativos creados por las Comunidades Autónomas para cumplir con las obligaciones que su pertenencia al Servicio Andaluz de Salud (SNS) les impone en orden al deber de prestar asistencia sanitaria establecido en la Ley 16/2003, de 18 de mayo, por cuanto tienen una naturaleza jurídica distinta y en materia de costas por actuaciones en procesos judiciales, les resultan de aplicación las mismas reglas que al Estado y demás Administraciones y entidades públicas.
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Social
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: ROSA MARIA VIROLES PIÑOL
  • Nº Recurso: 2802/2017
  • Fecha: 12/02/2020
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: RCUD: La STSJ declara el derecho de los recurrentes, padres del trabajador, a ser indemnizados por el fallecimiento de este consecuencia de AT, condenando al Ayto. de Guijuelo al pago. El trabajador prestó servicios mediante contrato de trabajo temporal para obra o servicio determinado, a tiempo parcial. El único motivo en el que se aprecia contradicción por la Sala IV tiene por objeto determinar si la indemnización por fallecimiento en AT pactada como una mejora de SS, vulnera o no el principio de igualdad ante la ley al estar prevista en el supuesto examinado solo para personal funcionario y laboral fijo; esto es, si es o no discriminatorio dar un trato distinto a los trabajadores temporales respecto a los fijos en materia de prestaciones sociales. Y el TS comparte el criterio de la sentencia recurrida, que razonó que en el Acuerdo Regulador de las condiciones de trabajo y retribuciones del personal al servicio del Excmo. Ayuntamiento de Guijuelo, se produce una diferencia de trato inadmisible en la mejora voluntaria de SS entre trabajadores en función de la naturaleza de su contrato, y concluye que el Acuerdo contraviene la doctrina el TJUE que interpreta la Directiva 1999/70/CE, y el art. 15.6 ET. En suma, este trato desigual vulnera el principio de igualdad ante la ley entre trabajadores temporales e indefinidos al no estar amparado de justificación objetiva y razonable.
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Social
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: ANTONIO VICENTE SEMPERE NAVARRO
  • Nº Recurso: 2736/2017
  • Fecha: 12/02/2020
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: Se pretende que se aprecie de oficio, sin haberlo solicitado, el incremento del 20 % cuando se pide una IPT si se dan todos los requisitos, como es el caso, máxime cuando la demanda no había excluido ese grado. La doctrina de la sala ha concluido que no es incongruente que el Juez aplique por derivación las consecuencias legales de una petición, aunque no hayan sido solicitadas expresamente por las partes, si vienen impuestas en normas de derecho necesario. La jurisprudencia ha admitido que cumplidos los 55 años por el trabajador y presumiéndose la dificultad de obtener en empleo en actividad distinta a la habitual se reconozca el repetido incremento, aunque en la fecha de la demanda no hubiese cumplido dicha edad, si la alcanzó con posterioridad. La incapacidad permanente total cualificada no constituye un grado sino un complemento de la incapacidad permanente total al que se puede acceder cuando se cumplen los requisitos establecidos en la Ley. Se concluye que es congruente declarar la IPTC a quien cumple los requisitos y solo ha pedido la total. Así, si no se ha cuestionado que el demandante reúna los requisitos necesarios para tener derecho al incremento del 20%, teniendo datos suficientes en el expediente administrativo no se le ocasiona indefensión. Aplica un principio de economía procesal, de aplicación preferente, al tratarse de reconocimiento de una prestación paliativa de una situación de necesidad.

Parece que no tiene configurado el plugin para ver el pdf embebido... puede descargar la resolución aquí.