• Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Contencioso
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: JOSE LUIS REQUERO IBAÑEZ
  • Nº Recurso: 4674/2019
  • Fecha: 06/07/2020
  • Tipo Resolución: Auto
Resumen: Se admite a trámite el recurso de casación preparado contra sentencia que confirmó la derivación de Responsabilidad solidaria acordada por la TGSS al declarar al administrador del la mercantil como responsable solidario de la deuda contraída con la Seguridad Social por esa empresa. Dado que el TS ha admitido, y estimado, otros recursos similares se admite a trámite el presente para determinar si para acordar la Administración de la Seguridad Social la derivación de responsabilidad solidaria del administrador de una sociedad de capital, resulta necesario no sólo constatar una situación fáctica que habla a favor de la insolvencia de la sociedad y verificar que dicho administrador no ha cumplido los deberes legales a que se refiere el artículo 367.1 de la Ley de Sociedades de Capital, sino, también y además, justificar la efectiva existencia de una causa legal de disolución de la sociedad.
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Social
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: IGNACIO GARCIA-PERROTE ESCARTIN
  • Nº Recurso: 201/2018
  • Fecha: 02/07/2020
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: La actora fue declarada afecta a una incapacidad permanente absoluta para todo trabajo, derivada de enfermedad común, por Resolución del INSS de 1-2-2016. La sentencia recurrida en casación unificadora del TSJ de Castilla y León, Valladolid, estimó la demanda de entidades gestoras y revocó la sentencia de instancia que declaró que la incapacidad permanente absoluta para todo trabajo derivaba de accidente no laboral (no de enfermedad común). La actora sufrió con ocasión de parto desgarro obstétrico de IV grado. Sección traumática de tabique rectovaginal y sección de pared vaginal. Colitis ulcerosa extensa. La Sala IV, tras apreciar la existencia de contradicción por identidad en los hechos y pretensiones (determinación de la contingencia en partos con complicaciones y secuelas) centra el núcleo del debate en si lo ocurrido durante el parto fue o no una acción «externa» y tras destacar la especificidad del embarazo y el parto como procesos naturales no patológicos, concluye que lo ocurrido en el parto de la recurrente en casación para la unificación de doctrina no fue un deterioro desarrollado de forma paulatina, sino que se asemeja más a la acción súbita y violenta inherente al concepto de accidente, por lo que estimado el recurso declara la producción de accidente no laboral. El análisis se ve reforzado por una interpretación con perspectiva de género, ya que lo ocurrido a la recurrente en el parto solo le pudo suceder por su condición de mujer.
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Social
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: ROSA MARIA VIROLES PIÑOL
  • Nº Recurso: 1450/2018
  • Fecha: 25/06/2020
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: Por el SPEE se recurre la sentencia que reconoce a la demandante el derecho a incorporarse al programa de Renta Activa Inserción (RAI), así como a percibir la ayuda económica correspondiente con efectos de 20-10-15. La actora convive, además con su hijo menor de edad, quien carece de rentas, con el padre del niño quien recibió en octubre de 2015 ingresos por 2.035,95 €. Ante el TS se trata de determinar si para acceder a la RAI deben incluirse en el cómputo de rentas de la unidad familiar las de la pareja del solicitante. La Sala IV remite a la respuesta dada la cuestión entre otras, en la TS de 17-10-2018 (R. 3600/16), en la que consideró que los ingresos de la pareja de hecho del solicitante de un subsidio por desempleo no podían ser incluidos a efectos de terminar las rentas de la unidad familiar; y tal conclusión se obtuvo, primero, de la literalidad de la norma (en este caso el art. 2.1.d) RD 1369/06); por la interpretación teleológica de la norma; también atendiendo a los antecedentes históricos y legislativos del sistema de la Seguridad Social; y entendiendo que en relación con la pareja de hecho no se puede acudir a la analogía con otros supuestos; y sin que pueda ser compartida la doctrina de la sentencia de contraste, que alude al concepto de persona "a cargo". En definitiva, no es posible integrar en la unidad familiar a quien no tiene la condición de cónyuge, aunque mantenga una relación como pareja de hecho, lo que supone la desestimación del recurso del SPEE.
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Social
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: MARIA LUISA SEGOVIANO ASTABURUAGA
  • Nº Recurso: 3/2018
  • Fecha: 24/06/2020
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: La Sala IV resuelve la demanda que tiene por objeto impugnar el Acuerdo del Consejo de Ministros de 11-5-2018, por el que se resuelve el recurso potestativo de reposición interpuesto contra el Acuerdo del Consejo de Ministros de 1-09-2017, que confirmó el Acta de Infracción e impuso a la mercantil CHAIN SA una sanción por impago de cuotas de SS. Se resuelve, en primer lugar, acerca de la falta de competencia del orden social para resolver la cuestión planteada. La Sala, rectificando su doctrina anterior (STS 21-1-2014 (R. 2-2012) y 28-10-2013, (R. 3-2012) declara la competencia de la jurisdicción social. Tras examinar la alegación de que se ha producido la caducidad del expediente administrativo, por mor de lo dispuesto en el artículo 20.3 del RD 928/1988, modificado por el artículo único del RD 772/2011, declara aplicable el artículo 20.3 del Reglamento General sobre procedimiento para la imposición de sanciones del orden social y para los expedientes liquidatorios de cuotas de la SS, aprobado por el RD 928/1998, por lo que no se ha producido caducidad del expediente. No hay omisión en el acta de infracción de la Inspección Provincial respecto a los expedientes de derivación de responsabilidad por las deudas de la empresa CHAIN SA a la SS. El pago de la deuda con anterioridad a que el Consejo de Ministros dictara resolución acordando imponer una sanción a la empresa CHAIN SA, pero con posterioridad al acta de la Inspección de Trabajo, no le exime de responsabilidad.
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Social
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: ANGEL ANTONIO BLASCO PELLICER
  • Nº Recurso: 2027/2017
  • Fecha: 24/06/2020
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: La sentencia del TSJ de Madrid estima la demanda formulada por actora y declara la nulidad del despido. La actora prestaba servicios para la empresa desde 2011 con categoría de oficial 1º administrativo y funciones de gerente de proyectos. Fue dada de baja por incapacidad temporal el 2-06-2014 con diagnóstico de fiebre y otros trastornos fisiológicos de origen desconocido, hasta el 20-11-2015, en que se le dio el alta médica. Los días 24 y 25-11-2015 no acudió al trabajo por razones de salud. Tomó vacaciones del 27-11 al 14-12-2015. El 15-12-2015 fue despedida mediante carta que contenía unos hechos que nunca se probaron y ni siquiera se intentó su prueba. El 26-02-2016 se le reconoció una discapacidad del 48% con efectos de 10-06-2015. Se cuestiona en casación unificadora la calificación como nulo o improcedente del despido. Se trata de decidir si el despido ha sido discriminatorio o no. Se aporta como sentencia de contraste la STC 26-05-2008 (R. 3912/2005). La Sala IV, a pesar de aplicar criterios de flexibilidad en la apreciación de la concurrencia de contradicción al tratarse de una sentencia del TC entiende que no se dan las circunstancias suficientes para que pueda entenderse cumplido el requisito de la contradicción, en la medida que, en las sentencias comparadas, concurren varios elementos, como el reconocimiento de la incapacidad o la existencia de causa en el despido, que impiden la contradicción, lo que conlleva la desestimación del recurso.
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Social
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: RICARDO BODAS MARTIN
  • Nº Recurso: 851/2018
  • Fecha: 23/06/2020
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: La sentencia recurrida en casación unificadora desestimó el recurso de suplicación interpuesto por la representación letrada del SERMAS confirmando la de instancia que condenó al SERMAS a abonar a ASEPEYO la cantidad de 6.068, 76 euros, derivados de los gastos de asistencia sanitaria abonados por ASEPEYO por la IT del beneficiario, con imposición de costas a la recurrente incluidos los honorarios del letrado fijados en 600€. El SERMAS interpone recurso de casación unificadora, en el que denuncia que se le ha condenado en costas, aunque disfruta del beneficio de justicia gratuita, al haberse subrogado en los derechos y obligaciones del IMSALUD. La Sala IV desestima el recurso por ser la sentencia recurrida acorde con la doctrina de la Sala establecida en la STS del Pleno de 20 de septiembre de 2018 (R. 56/2017), según la cual no son entidades gestoras de la Seguridad Social que gocen del beneficio de justifica gratuita del art. 2-b de la Ley 1/1996, de 10 de enero, las entidades públicas de derecho privado y demás organismos administrativos creados por las CCAA para cumplir con las obligaciones que su pertenencia al Servicio Andaluz de Salud (SNS) les impone en orden al deber de prestar asistencia sanitaria establecido en la Ley 16/2003, de 18 de mayo, por cuanto tienen una naturaleza jurídica distinta y en materia de costas por actuaciones en procesos judiciales, les resultan de aplicación las mismas reglas que al Estado y demás Administraciones y entidades públicas.
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Social
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: JUAN MOLINS GARCIA-ATANCE
  • Nº Recurso: 4375/2017
  • Fecha: 23/06/2020
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: Se discute en el presente procedimiento si el INSS ha de responder subsidiariamente de las cantidades que la empresa descontó indebidamente en las cotizaciones sociales en concepto de pago delegado. Consta que la Mutua actora abonó la prestación de incapacidad temporal y los gastos sanitarios derivados de accidente de trabajo, a pesar de existir responsabilidad directa de la empresa por haber dejado de abonar las cotizaciones a la seguridad social. La Sala no entra a analizar el fondo de la cuestión, al apreciar falta de contradicción entre la sentencia recurrida y la de contraste, ya que mientras que en el caso analizado por la primera el empresario descontó la cuantía de las prestaciones de incapacidad temporal de las cotizaciones, pero no abonó los subsidios a los trabajadores, sino que éstos se abonaron por la mutua. Sin embargo, en la sentencia referencial, el empleador pagó la prestación de incapacidad temporal al trabajador, por lo que la mutua no abonó cantidad alguna.
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Social
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: ROSA MARIA VIROLES PIÑOL
  • Nº Recurso: 3928/2017
  • Fecha: 23/06/2020
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: La Sala IV confirma la desestimación de la demanda formulada por el trabajador contra Mutua MC Mutual, el INSS, la TGSS y Uralita S.A. sobre declaración de mayor base reguladora considerando ajustado a derecho el cálculo realizado por el INSS. Siguiendo el criterio de asuntos precedentes, no se entra a conocer del fondo del asunto por falta de contradicción entre las sentencias comparadas, dado que el debate jurídico gira en torno a cuestiones distintas. Así, aunque la controversia se suscita sobre la base reguladora de la prestación y se funda en la discrepancia de los trabajadores afectados con el convenio colectivo aplicado para indicar las retribuciones sobre las que calcular aquélla, lo cierto es que en la sentencia de contraste la solución de la discrepancia se encuentra en analizar la actividad a la que se había destinado el trabajador para concretar de este modo el ámbito de aplicación afectado y, en suma, discernir entre dos convenios colectivos distintos. Sin embargo, en la sentencia recurrida lo que se dilucida es si, a raíz del Acuerdo de 19 noviembre 2001 cabe entender que el cálculo de la indicada base reguladora se ha de llevar a cabo por un sistema de cómputo distinto. Para ello, hace un análisis del contenido y alcance de dicho Acuerdo para llegar a la conclusión de que no se está instaurando en él un salario del que quepa derivar después una base reguladora diferente, sino que exclusivamente se instaura una mejora de seguridad social.
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Social
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: ANTONIO VICENTE SEMPERE NAVARRO
  • Nº Recurso: 233/2018
  • Fecha: 23/06/2020
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: La Sala IV casa y anula la sentencia recurrida, y desestima la demanda planteada en la que la trabajadora impugnaba el despido objetivo por absentismo, bajo la vigencia del derogado art 52.d) ET. Se suscita el modo en que ha de contabilizarse al absentismo y la determinación del periodo de referencia. Se reitera doctrina que establece que el porcentaje (25%) de ausencias que legitima el despido ha de concurrir en el conjunto de los cuatro meses discontinuos examinados, siendo indiferente que en alguno de ellos no se alcance, de forma que el índice de absentismo se mide en cómputo global, siempre que las faltas sean intermitentes. Además, el parámetro “meses” que recoge el art. 52.d) ET para el cómputo del absentismo debe computarse de fecha a fecha, no por meses naturales, extremo que se justifica a la vista de la finalidad, luchas contra el absentismo, de la norma. Sobre el cómputo de fecha a fecha, el día a partir del cual debe computarse hacia atrás el plazo de doce meses en que se ha de producir el 5% de absentismo es el del despido, que es la fecha que determina en todo caso la normativa de aplicación al mismo. En todo caso, el resultado del cómputo del 25% de faltas de asistencia justificadas pero intermitentes por enfermedad en cuatro meses discontinuos dentro de un periodo de 12 meses no puede aplicarse sobre un periodo de tiempo inferior al legalmente establecido
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Contencioso
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: JOSE DIAZ DELGADO
  • Nº Recurso: 5646/2018
  • Fecha: 22/06/2020
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: Un hospital privado que deriva o facilita el traslado de pacientes a un hospital público no puede ser considerado tercero obligado al pago de la asistencia sanitaria que se les haya prestado, en el sentido que deriva del artículo 83 de la ley 14/1986, de 25 de abril, General de Sanidad, desarrollado en el artículo 2.7 y en el Anexo IX del Real Decreto 1030/2006 de 15 de septiembre , por el que se establece la cartera de servicios comunes del Sistema Nacional de Salud y el procedimiento para su actualización, salvo en aquellas asistencias sanitarias prestadas por el Hospital Público cuya atención corresponda al Hospital privado conforme al convenio o concierto suscrito con la respectiva administración sanitaria.

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