• Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Social
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: IGNACIO GARCIA-PERROTE ESCARTIN
  • Nº Recurso: 2710/2018
  • Fecha: 03/07/2020
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: La sala de suplicación estimó el recurso del actor y apreció concurrencia de fraude en la contratación del trabajador y declaró la improcedencia de su despido. El trabajador prestó servicios a la Universidad demandada desde 1985 en virtud de diversos contratos administrativos de colaboración temporal. Al amparo ya de la LO 6/2001, suscribió con la Universidad en 2012 contrato laboral docente e/o investigador, como Ayudante, que se prorrogó tres veces, hasta el 3 de mayo de 2017, fecha en que se extinguió. El trabajador superó las pruebas para la obtención del título de Doctor en noviembre de 2013. La sentencia del TSJ afirma que no ha quedado acreditado que se hayan cumplido los particulares fines anudados a cada una de las particulares modalidades contractuales escogidas por la universidad; siendo inadmisible que quien ya detenta la condición de doctor se mantenga en una modalidad contractual destinada a completar la formación de quien se encuentra en el proceso de elaboración de la tesis doctoral. Entre las sentencias comparadas no concurre la identidad y contradicción exigidas, pues a pesar de la similar secuencia contractual inicial en la suscripción de contratos administrativos, el contrato de Ayudante del trabajador de la sentencia recurrida se prorrogó por tres veces, lo que no ocurrió en la referencial e igualmente el hecho de la obtención del doctorado es un importante factor diferencial entre ambas sentencias que impide apreciar la existencia de contradicción.
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Social
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: RICARDO BODAS MARTIN
  • Nº Recurso: 5121/2018
  • Fecha: 02/07/2020
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: Se decide en la sentencia comentada si la relación que une a los técnicos municipales con el Ayuntamiento demandado es de naturaleza laboral o administrativa. La sentencia de suplicación, con revocación de la de instancia, desestima la demanda de oficio formulada por la TGSS. La sentencia comentada, con remisión a la doctrina jurisprudencial que establece los criterios para calificar -o no- de laboral una relación, considera que se dan en el caso enjuiciado las notas de ajenidad y dependencia propias de la relación laboral. Y ello porque los actores realizan personal y habitualmente los informes que les indica el Ayuntamiento, están obligados a acudir al mismo una vez por semana para atender a los ciudadanos, no corren con el riesgo de la operación ya que cobran una cantidad fija al mes, no asumen los gastos de la operación, disfrutan de vacaciones anuales retribuidas y entregan copias de informes al Ayuntamiento. No obsta a tal conclusión el que los contratos de los actores con el Ayuntamiento se suscribieran en el marco de un convenio de colaboración del Ayuntamiento con la diputación de Valencia ni tampoco que los actores prestaran otros servicios para el Ayuntamiento, dado que éstos se facturaban aparte.
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Social
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: MARIA LUZ GARCIA PAREDES
  • Nº Recurso: 3412/2018
  • Fecha: 02/07/2020
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: El demandante ha venido prestando servicios para la Universidad con categoría profesional Ayudante, en virtud de diferentes contratos. El demandante obtuvo el título de Doctor el 2 de diciembre de 2011 y el 4 de mayo de 2012 suscribió un contrato laboral docente como Ayudante, a tiempo completo, que fue prorrogado al amparo de los Acuerdos adoptados por el Consejo de Gobierno de la Universidad sin que, a fecha 3 de mayo de 2017, hubiera obtenido de la Agencia Nacional de Evaluación y Acreditación la correspondiente acreditación como Profesor Ayudante Doctor. el actor ha impartido las asignaturas con plena autonomía y responsabilidad, efectuando tareas de corrección y revisión de exámenes, firma de actas, y atención de tutorías. Solicita que se declare que la extinción de su contrato de trabajo constituye despido improcedente y, subsidiariamente, que se le reconozca el derecho a la indemnización de 20 días por año de servicios por finalización del contrato. La sentencia de suplicación confirma la improcedencia del despido y considera fraudulento el contrato suscrito en 2012 porque no concurría el requisito subjetivo (doctorandos) ni la función propia de colaboración, en tareas docentes de índole práctica. Entre las sentencias no existe la identidad necesaria para apreciar que sus pronunciamientos son contradictorios.
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Social
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: SEBASTIAN MORALO GALLEGO
  • Nº Recurso: 4369/2017
  • Fecha: 02/07/2020
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: La cuestión a resolver es la de determinar si los médicos demandantes, que prestan todos ellos servicio para la demandada, Hospital Materno Infantil Sant Joan de Deu, tienen derecho a percibir las horas extraordinarias reclamadas en función de lo previsto en el Estatuto de los Trabajadores, o les resulta por el contrario de aplicación en esta materia lo establecido en el Estatuto Marco del personal estatutario de los servicios de salud. La Sala IV no entra a conocer del fondo del asunto por falta de contradicción entre las sentencias comparadas puesto que ni los hechos ni las concretas cuestiones planteadas son sustancialmente iguales. En el caso de la recurrida los trabajadores, reclaman el exceso de jornada anual realizada por encima de las 1826, 27 horas. Mientras los facultativos de la sentencia recurrida son asalariados de una entidad hospitalaria privada que constituye una modalidad indirecta de gestión de la sanidad pública, mediante un concierto específico, no sucede otro tanto en la sentencia de contraste, ya que en la misma el médico es personal laboral del Servicio Asturiano de Salud; así en el caso de la recurrida, nos encontramos con profesionales contratados laboralmente para una entidad privada; mientras que en la referencial el facultativo trabaja para el servicio público de salud, el SESPA, resultándole de aplicación la Ley 55/2003, de 16 de diciembre, del Estatuto Marco del personal estatutario de los servicios de salud, en virtud de su artículo 2.
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Social
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: IGNACIO GARCIA-PERROTE ESCARTIN
  • Nº Recurso: 728/2018
  • Fecha: 02/07/2020
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: La cuestión que se plantea en el presente recurso de casación para la unificación de doctrina es si el contenido de la carta de despido disciplinario fue o no suficiente ex artículo 55.1 ET, únicamente en lo que atañe a los «hechos» que lo motivan. La Sala IV tras poner de relieve que en estos temas es difícil que se de la contradicción pues es necesaria una coincidencia de hechos y de redacción de las cartas que difícilmente concurren en la realidad, sostiene que en el caso sí se da esa coincidencia. En cuanto al fondo, reitera que la descripción en la carta de despido de los hechos lo motivan no puede ser genérica ni indeterminada, pero tampoco hace falta que se traslade al trabajador una relación exhaustiva y absolutamente pormenorizada de las conductas que se le reprochan. Lo importante es que el trabajador pueda identificar lo que se le imputa de forma clara y precisa, a fin de que pueda desarrollar su defensa frente a los hechos que se le atribuyen. En la carta de despido se le atribuía la apropiación indebida de dinero de la caja registradora y del bote de las propinas, se le decía que la empresa tenía conocimiento de lo anterior y había observado que, en los últimos 60 días, se había apropiado de dinero al menos en 26 ocasiones y se le especificaban uno o uno los días en los que habían ocurrido esas 26 apropiaciones monetarias. Por ello, la carta de despido era suficiente por adecuarse a lo que legalmente exige el artículo 55.1 ET.
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Social
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: MARIA LUISA SEGOVIANO ASTABURUAGA
  • Nº Recurso: 4195/2017
  • Fecha: 02/07/2020
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: En el supuesto que examina la sentencia anotada, el trabajador está vinculado con el Institut Balear de la Natura -IBANAT- desde abril de 2006 a través de contratos temporales por obra o servicio determinado, cuyo objeto era "campaña de vigilancia, prevención y extinción de incendios forestales del año, y que supera el plazo de 3 años establecido en el art. 70 EBEP. En el recurso de casación unificadora se plantea si adquiere la condición de fijo discontinuo o indefinido discontinuo el trabajador contratado por IBANAT empresa pública que tiene el carácter de entidad de Derecho Público, que ha incurrido en fraude en la contratación. La Sala IV, tras analizar la naturaleza jurídica del IBANAT, aplica la doctrina asentada en sentencias anteriores, y declara que la naturaleza de la relación que une al trabajador con la recurrente IBANAT es de carácter indefinido no fijo discontinuo. En efecto, la empleadora es una empresa pública, que tiene el carácter de entidad de Derecho Público e incurre en fraude en la contratación del trabajador, por lo que su relación es de carácter indefinido no fijo discontinuo. Y ello es así a pesar de que el demandante, con anterioridad a cada una de sus contrataciones superara un proceso selectivo ya que dichas pruebas se realizaban para, atendiendo al puesto que hubiesen obtenido, seleccionar a las personas trabajadoras con las que se iba a celebrar un contrato temporal, pero no se trataba de pruebas para el acceso a una plaza fija en la empresa.
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Social
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: RICARDO BODAS MARTIN
  • Nº Recurso: 119/2018
  • Fecha: 02/07/2020
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: La sentencia reitera la doctrina de la Sala y declara la competencia del orden social para conocer de la demanda de despido. Consta que las actoras venían prestando servicios para la empresa concursada hasta que por auto del juzgado de lo mercantil se autorizó la extinción colectiva de los contratos, entre ellos, los de las actoras. Ante la sala IV se debate si compete a la jurisdicción laboral conocer de la demanda de despido en la que se debate si se ha producido sucesión de empresa. La sentencia comentada, reiterando doctrina propia así como con base en lo recogido en los autos de la sala especial de Conflictos de Competencia de 9/12/2015 (Conflicto 25/2015) y de 9/3/2016 (Conflicto 1/2016), concluye que, cuando se acciona por despido contra sociedades diferentes de la concursada en liquidación, sin que se encuentren en situación de concurso, la competencia para conocer de la cuestión relativa a la sucesión empresarial corresponde a la jurisdicción social.
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Social
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: RICARDO BODAS MARTIN
  • Nº Recurso: 92/2018
  • Fecha: 02/07/2020
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: Por sentencia de instancia se declaró extinguida la relación laboral que unía a la empresa con la trabajadora, condenando al abono de salarios e indemnización. Tras solicitarse la ejecución de la sentencia, se declaró la insolvencia provisional de la empresa ejecutada, por lo que la actora acudió al Fogasa, dictándose Decreto por el que se embargó el saldo diario de la caja del establecimiento en que prestaba servicios la actora, solicitando el Fogasa subrogarse en el pago realizado por la ejecutante, teniéndose por subrogado el Fogasa en los créditos y acciones de los trabajadores, y procediéndose al reparto proporcional de las cantidades obtenidas en el proceso ejecutivo. Por sentencia de suplicación se entiende que debe procederse a una distribución proporcional de las cantidades obtenidas en la subasta. La Sala 4ª no entra a conocer de la cuestión relativa a si para que pueda abonarse a prorrata los créditos concurrentes de los trabajadores y Fogasa, es necesario que éste comparezca como subrogado con anterioridad a la realización de los bienes del deudor, por no apreciar contradicción con la sentencia invocada de contraste, ya que en la recurrida el Fogasa pidió en dos ocasiones tenerse pro subrogado en el procedimiento de ejecución, lo que no acontece en el supuesto de la sentencia de contaste
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Social
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: ROSA MARIA VIROLES PIÑOL
  • Nº Recurso: 2252/2018
  • Fecha: 02/07/2020
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: La trabajadora solicita el abono de diferencias salariales en aplicación del Convenio Colectivo para el sector de la construcción de la provincia de Granada, norma que considera que había de regir las retribuciones a percibir por la prestación de servicios para el Ayuntamiento. En el contrato se establecía que la trabajadora percibiría las retribuciones correspondientes a la categoría de peón por el convenio colectivo del sector de la construcción y obras públicas y al Ayuntamiento se le concedió la ayuda para la ejecución de la iniciativa Cooperación Social y Comunitaria para el Impulso del Empleo Joven. Recurre la trabajadora, disconforme con que se justifiquen las diferencias salariales en el carácter subvencionado del contrato y en el carácter público y sin ánimo de lucro del ayuntamiento contratante. No puede apreciarse la contradicción porque en la sentencia de contraste se debate la aplicación del convenio propio del Ayuntamiento a un trabajador cuyo contrato está subvencionado y en el caso de la sentencia recurrida el Ayuntamiento demandado carece de convenio colectivo propio y el debate, que se centra sobre la aplicación del convenio de la construcción.
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Social
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: ROSA MARIA VIROLES PIÑOL
  • Nº Recurso: 1906/2018
  • Fecha: 02/07/2020
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: El debate se centra en determinar si la condición de «trabajador indefinido no fijo» es aplicable a las sociedades mercantiles estatales. El Pleno de la Sala IV reitera doctrina, en relación también con trabajadores de AENA, dando una respuesta positiva. Tras poner destacar que no ha habido pronunciamientos uniformes, parte de que AENA no es una Administración Pública, ni una entidad de derecho público. Pero el contrato de trabajo indefinido no fijo no se aplica exclusivamente a las Administraciones públicas ni a las entidades de derecho público, sino que también opera en las entidades del sector público en las que el acceso se rige por los principios de igualdad, mérito y capacidad, de conformidad con lo dispuesto en la DA 1ª en relación con el art. 55.1 del EBEP. Estos principios se aplican a entidades que no están mencionadas en el art. 2 del EBEP. El concepto jurídico «entidad del sector público estatal» incluye entidades privadas que, de conformidad con el art. 2 del EBEP, integran el sector público institucional. La relación laboral indefinida no fija tiene como finalidad salvaguardar los principios que deben observarse en el acceso al empleo público y debe cumplirse también en las entidades públicas cuya normativa prevé el acceso respetando los criterios indicados. Se trata de salvaguardar el derecho de los ciudadanos a poder acceder en condiciones de igualdad al empleo público en dichas entidades. Por todo ello, el demandante tiene la condición de indefinido no fijo.

Parece que no tiene configurado el plugin para ver el pdf embebido... puede descargar la resolución aquí.