• Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Social
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: MARIA LOURDES ARASTEY SAHUN
  • Nº Recurso: 30/2019
  • Fecha: 29/06/2020
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: La sentencia recurrida en casación ordinaria declaró la falta de jurisdicción de la Sala de lo social del TSJ de Las Palmas para conocer de la demanda de conflicto colectivo planteada por la empresa, en la que se solicita que se aplique la clausula "rebus sic stantibus" respecto de los incrementos de antigüedad del convenio. Entiende la sala de instancia que lo planteado en demanda constituye un conflicto de intereses que no puede dilucidarse ante la jurisdicción. En los recursos de casación planteados por la empresa demandante y por la sección sindical demandada se discrepa de la falta de jurisdicción apreciada en la sentencia impugnada. La sala IV, tras recordar la doctrina jurisprudencial relativa al objeto del proceso de conflicto colectivo y a la diferenciación entre conflictos jurídicos y de intereses, concluye que no puede negarse la competencia de los órganos judiciales del orden social. Si la parte actora carece de acción porque lo pretendido no es un conflicto jurídico, sino de intereses, procederá desestimar la demanda, pero en ningún caso cabe negar el acceso a los tribunales del orden social. Por todo ello, se estiman los recursos y se anula la sentencia recurrida, con devolución de las actuaciones a la sala de origen para que resuelva todas las cuestiones suscitadas en el recurso.
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Social
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: MARIA LUZ GARCIA PAREDES
  • Nº Recurso: 2979/2018
  • Fecha: 26/06/2020
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: La cuestión planteada consiste en decidir si el trabajador, que se encuentra en situación de incapacidad temporal (IT) y no acude a recoger los avisos de Correos remitidos por la Mutua colaboradora, debe ser tenido por incomparecido el día que fue llamado a reconocimiento médico, al no justificar la causa de la incomparecencia. La sentencia señala que a la vista de las actuaciones, el proceso que se ha seguido es el ordinario y no el de impugnación de alta médica; pero dado que lo que realmente se combate es la falta de percibo de la IT correspondiente a un total 36 días - que, atendiendo a que la base reguladora es de 41,25 euros/día, no superaría los 3.000 euros -, es claro que no habría cuantía para recurrir en suplicación, no apreciándose tampoco afectación general, dadas las circunstancias particulares del caso, declarando por ello de oficio la nulidad de actuaciones por falta de competencia funcional.
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Social
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: ROSA MARIA VIROLES PIÑOL
  • Nº Recurso: 1624/2017
  • Fecha: 26/06/2020
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: El actor reclamó cantidades al FGS impagadas por la empresa, pretendiendo que se deje sin efecto la resolución expresa denegatoria del FGS al haberse dictado superado el plazo de tres meses cuando ya debía entenderse estimada por silencio administrativo positivo. El TSJ acogió el recurso del actor y condenó al FGS. Fallo contra el que el FGS interpone RCUD. La cuestión que se debate se centra en determinar si debe entenderse estimada por silencio positivo la solicitud al FGS de abono de cantidades salariales debidas a un trabajador por su empresa insolvente, cuando la resolución expresa, se dicta en plazo superior a los 3 meses a que se refiere el RD 505/85; y si esta resolución tardía, desestimatoria de la pretensión, carece de eficacia para enervar el derecho del administrado. El TS reitera doctrina y desestima el recurso razonando que la resolución expresa, desestimatoria de la pretensión, dictado en plazo superior a los tres meses carece de eficacia para enervar el derecho del administrado ganado anteriormente por silencio administrativo positivo, que este constituye una resolución administrativa tácita, que despliega plenos efectos e impide que una resolución expresa posterior deje sin efecto lo reconocido por aquella. El silencio administrativo es la garantía que impide que los derechos de particulares se vacíen de contenido cuando la Administración no atiende eficazmente y pueda tener lugar ante cualquier clase de solicitud, siempre que su contenido sea real y posible.
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Social
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: JUAN MOLINS GARCIA-ATANCE
  • Nº Recurso: 64/2018
  • Fecha: 26/06/2020
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: La sentencia recurrida de instancia estimó las excepciones siguientes:1) Falta de legitimación activa de ASETMA porque este sindicato no ha acreditado su implantación en el ámbito del conflicto. Sin embargo, entró a conocer de su demanda al haberse personado como parte CC.OO., UGT, CGT y SEPLA cuya legitimación no se cuestiona. 2) Inadecuación de procedimiento porque no se acreditó que el número de trabajadores afectados alcanzase los umbrales del art. 41.2 del ET. Recurre en casación ASETMA, solicitando la revisión del relato fáctico y combatiendo la excepción de inadecuación de procedimiento, pero no la falta de legitimación activa. La Sala IV desestima el recurso dado que no se han cumplido las exigencias formales del escrito de interposición del recurso de casación ordinario. En particular, ASETMA alega que sí que tiene legitimación activa pero no ha formulado ningún motivo casacional en el que denuncie la infracción de las normas procesales relativas a la falta de legitimación activa. Si la parte demandante recurre en casación contra una sentencia en la que se ha apreciado la excepción de falta de legitimación activa, debe formular un motivo casacional en el que combata dicho pronunciamiento judicial, invocando los preceptos legales y la doctrina jurisprudencial que ha vulnerado la sentencia recurrida.
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Social
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: CONCEPCION ROSARIO URESTE GARCIA
  • Nº Recurso: 4405/2017
  • Fecha: 26/06/2020
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: Se cuestiona la existencia de incongruencia omisiva y la suficiencia de la prueba aportada por la empresa para acreditar la existencia de causas económicas en un despido objetivo. La sentencia recurrida había desestimado el recurso rechazando la incongruencia pero acogiendo en su fundamentación la petición atinente a la antigüedad. En el caso enjuiciado la incongruencia es interna en tanto que en su fundamentación jurídica la Sala a quo admite que el periodo de antigüedad computable a efectos de calcular la indemnización por despido es el postulado por la parte recurrente, pero no lo refleja en el fallo. En cuanto a la exigencia de una prueba determinada para justificar una situación económica negativa (aportación de las declaraciones de IVA) no constituye un requisito imprescindible pero no será un elemento acreditativo excluyente. Sentada aquella habilidad probatoria, la consecuencia no ha de ser la nulidad de lo actuado, pues los elementos obrantes facultan el dictado de una decisión sobre el fondo. El descenso reiterado y notable, la disminución persistente de ingresos, se infiere de la simple lectura y la necesaria comparativa de los trimestres que contempla. Concluye considerando acreditada la causa económica y la procedencia del despido de la trabajadora, no carente de razonabilidad atendidas las circunstancias declaradas y lo prevenido en los arts. 52.c), 53 y 51.1 ET y 122.1 LRJS y la jurisprudencia que los interpreta.
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Social
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: RICARDO BODAS MARTIN
  • Nº Recurso: 1399/2017
  • Fecha: 25/06/2020
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: El objeto del recurso consiste en determinar si la contratación temporal que unió a ambas partes, se produjo en fraude de ley, en cuyo caso la relación laboral entre las partes sería indefinida. La Sala declara la falta de contradicción, pues aunque en ambos supuestos, el contrato inicial y los dos siguientes, causados en los mismos contratos de servicios suscritos por ambas empresas, se anudaron expresamente a la duración de dichas contratas, suscribiéndose anexos donde se precisaron las modificaciones en sus objetos, las identidades iniciales desaparecen a partir del 1-06-2008 fecha en la que se adjudica el servicio a Masa Puertollano, SA. En la sentencia referencial, cuando se adjudica el servicio a Masa Puertollano, SA, la empresa saliente extinguió el contrato del trabajador, quien suscribe un nuevo contrato de obra con la empresa entrante, en la que se conviene que su antigüedad es de 1-06-2008. Por el contrario, en la recurrida, la empresa entrante se subrogó en el contrato de trabajo del actor, que se mantuvo inalterado hasta el 31-05-2011, fecha en la que concluyeron las prórrogas del contrato mercantil inicial. Desde entonces, el actor continuó prestando servicios sin contrato alguno, sin que se suscribiera tampoco un nuevo contrato mercantil hasta el 1-01-2012, seis meses después de la conclusión del primero. Dicho contrato mercantil se prorrogó hasta el 3-12-2014 y se mantuvo en la misma situación hasta el 1-01-2015, fecha en la que suscriben el último contrato.
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Social
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: ROSA MARIA VIROLES PIÑOL
  • Nº Recurso: 94/2019
  • Fecha: 25/06/2020
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: En el supuesto que examina la sentencia anotada, las trabajadoras están vinculadas con la Junta de Andalucía mediante contratos de interinidad por vacante, desde los años 2007, 2011 y 2012. En la demanda rectora de las actuaciones reclaman el reconocimiento de la condición de trabajadoras indefinidas no fija de la Administración autonómica. La sentencia de suplicación estimó el recurso formulado por las actoras y, con revocación de la sentencia de instancia, estimó la pretensión actora. La cuestión debatida en casación unificadora consiste en determinar si resulta de aplicación el plazo de tres años establecido en el art. 70 EBEP, lo que conduciría a calificar la relación de indefinida no fija. El TS, con reiteración del criterio sentado en anteriores sentencias, estima el recurso de la Junta de Andalucía, al entender que el plazo del invocado art. 70 EBEP no opera de modo automático y, dado que no concurren elementos bastantes para apreciar que discurrió un plazo inusualmente largo, no cabía afirmar por tal causa el carácter indefinido de la relación. A lo que suma que existen razones presupuestarias, derivadas de la grave crisis económica, que justifican la prohibición de nuevas contrataciones en el sector público.
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Social
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: RICARDO BODAS MARTIN
  • Nº Recurso: 3739/2017
  • Fecha: 25/06/2020
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: La sentencia estima el RCUD interpuesto por la actora, fija discontinua de la AEAT y que reclamaba que se computara el periodo total de prestación de servicios y no únicamente los periodos efectivamente trabajados, a efectos de antigüedad para adquirir los derechos de promoción económica y promoción profesional. Reitera jurisprudencia anterior para señalar que el art. 67. 1 del IV CC del Personal laboral de la AEAT, debía interpretarse conforme al art. 12.4 d) ET y cláusula 4 del Acuerdo Marco sobre el trabajo a tiempo parcial , y a la luz de lo dispuesto en el ATJUE 15-10-2019 (C-439/18 y 472/18), que concluyó que constituía una discriminación indirecta el que que respecto de trabajadores fijos discontinuos se excluyera los periodos no trabajados el cálculo de la antigüedad requerida para adquirir el derecho a un trienio, por afectar fundamentalmente a trabajadoras. Argumenta, que no procede entender que a los trabajadores fijos discontinuos de la AEAT se les debe computar, a efectos de derechos económicos y de promoción profesional, únicamente el tiempo efectivamente trabajado, sino que ha de tenerse en cuenta todo el tiempo de duración de la relación laboral, ya que conforme a la normativa sobre igualdad, y teniendo en cuenta que el porcentaje de trabajadoras que prestan sus servicios en la AEAT es muy superior al de trabajadores, la medida contenida en el art. 67 de la norma convencional, aparentemente neutra, afecta mayoritariamente a las trabajadoras.
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Social
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: MARIA LUISA SEGOVIANO ASTABURUAGA
  • Nº Recurso: 2577/2017
  • Fecha: 25/06/2020
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: La cuestión suscitada en la sentencia anotada se centra en determinar si, en ejecución de sentencia que declaró el despido improcedente, tras haber optado la empresa por la indemnización, se puede descontar la indemnización que el trabajador percibió por extinción del contrato temporal que fue objeto del procedo. La empresa aduce la procedencia de tal descuento por primera vez en fase de ejecución de sentencia. Y el TS en sintonía con el fallo combatido declara que no procede descontar dicha cantidad. Razona al respecto que existe una sentencia firme que no se puede dejar sin efecto por el mecanismo de formular oposición a la ejecución alegando lo que debió esgrimirse con anterioridad a la constitución del título ejecutivo, es decir, el pago de una cantidad en concepto de indemnización por extinción del contrato temporal, que entiende ha de descontarse del importe de la indemnización fijado en sentencia. La sentencia cuenta con Voto Particular.
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Social
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: ROSA MARIA VIROLES PIÑOL
  • Nº Recurso: 1450/2018
  • Fecha: 25/06/2020
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: Por el SPEE se recurre la sentencia que reconoce a la demandante el derecho a incorporarse al programa de Renta Activa Inserción (RAI), así como a percibir la ayuda económica correspondiente con efectos de 20-10-15. La actora convive, además con su hijo menor de edad, quien carece de rentas, con el padre del niño quien recibió en octubre de 2015 ingresos por 2.035,95 €. Ante el TS se trata de determinar si para acceder a la RAI deben incluirse en el cómputo de rentas de la unidad familiar las de la pareja del solicitante. La Sala IV remite a la respuesta dada la cuestión entre otras, en la TS de 17-10-2018 (R. 3600/16), en la que consideró que los ingresos de la pareja de hecho del solicitante de un subsidio por desempleo no podían ser incluidos a efectos de terminar las rentas de la unidad familiar; y tal conclusión se obtuvo, primero, de la literalidad de la norma (en este caso el art. 2.1.d) RD 1369/06); por la interpretación teleológica de la norma; también atendiendo a los antecedentes históricos y legislativos del sistema de la Seguridad Social; y entendiendo que en relación con la pareja de hecho no se puede acudir a la analogía con otros supuestos; y sin que pueda ser compartida la doctrina de la sentencia de contraste, que alude al concepto de persona "a cargo". En definitiva, no es posible integrar en la unidad familiar a quien no tiene la condición de cónyuge, aunque mantenga una relación como pareja de hecho, lo que supone la desestimación del recurso del SPEE.

Parece que no tiene configurado el plugin para ver el pdf embebido... puede descargar la resolución aquí.