• Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Social
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: SEBASTIAN MORALO GALLEGO
  • Nº Recurso: 141/2018
  • Fecha: 03/12/2019
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: En la empresa demandada se inició período de consultas para MSCT, que cambiaba el sistema de retribución variable en determinadas secciones, y que concluyó con acuerdo, que establecía que el incentivo se devengaría mensualmente en proporción a los días de adscripción a un puesto en las condiciones de la Cláusula 1.1 y prestando servicios efectivos. El recurso de la empresa cuestiona la decisión sobre el fondo del asunto, y sostiene que el acuerdo es conforme a derecho en su totalidad. El del sindicato se limita a una cuestión de naturaleza procesal, para reiterar que debió de ser acogida la excepción de falta de agotamiento de la vía previa ante el SIMA.El Incentivo no se devengará durante la IT; maternidad; riesgo del embarazo; paternidad; lactancia o asimilada, ni a efectos de complementar las prestaciones de la SS y salvo vacaciones; horas sindicales y permisos por tiempo inferior a jornada diaria. El procedimiento de conflicto colectivo es la vía procesal adecuada para impugnar el acuerdo alcanzado en periodo de consultas. La remuneración de los permisos y licencias del art. 37 ET, debe comprender la totalidad de los complementos salariales en los supuestos del art. 37.3 letras b) ? excepto por fallecimiento; e) y f); así como en el del permiso de lactancia del art. 37.4. Incluidos los incentivos por productividad que hubiere devengado el trabajador en el caso de haber prestado servicio. Voto particular.
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Social
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: ANTONIO VICENTE SEMPERE NAVARRO
  • Nº Recurso: 95/2018
  • Fecha: 27/11/2019
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: La cuestión que se suscita en la sentencia anotada versa sobre la posibilidad de que los representantes del sindicato que promueve el conflicto colectivo acumulen su "crédito horario" correspondiente a los periodos en los que atraviesen situaciones de incapacidad temporal [IT], pretensión que fue estimada parcialmente por la Sala de origen que declaró el derecho del sindicato Alta para asignar o modificar el crédito sindical de cualesquiera representantes de los trabajadores que se encuentre en proceso de IT, a otros representantes del sindicato, tanto representación unitaria como delegados sindicales LOLS, proceder empresarial que vulneró la libertad sindical al verse privados los delegados y representantes injustificadamente de horas sindicales. La Sala Cuarta, tras rechazar las excepciones procesales planteadas [falta de acción e inadecuación de procedimiento], confirma el fallo combatido remitiéndose a un asunto previo entre las mismas partes sobre la acumulación de créditos durante los días de huelga [TS 24-10-14, rec 12/19, señalando que las "bajas" reflejadas en el Acuerdo conciliatorio de 2-6-2015, anudadas a la fuerza mayor, incluyen necesariamente las derivadas de IT, puesto que se trata de supuestos imprevisibles para los negociadores, sin que quepa distinguir donde el acuerdo no distingue. Se confirma asimismo la vulneración del derecho a la libertad sindical, no en vano el crédito horario integra su contenido, y se ratifica la indemnización por daños morales.
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Social
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: SEBASTIAN MORALO GALLEGO
  • Nº Recurso: 97/2018
  • Fecha: 26/11/2019
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: En la demanda de conflicto colectivo la presidenta del comité de empresa de la universidad demandada se insta la nulidad del acuerdo del Patronato de la Fundación Universitaria San Pablo-CEU por el que se implanta un nuevo sistema de evaluación y desarrollo del PDI. La sentencia de instancia apreció la inadecuación del procedimiento, por haberse debido encauzar la acción por el de modificación sustancial de condiciones de trabajo y la caducidad de la acción. Recurre el demandante por considerar improcedente la estimación de las excepciones de inadecuación de procedimiento y caducidad. Para resolver la cuestión, la Sala IV comienza por calificar de sustancial la modificación y por entender que la decisión unilateral empresarial fue debidamente notificada a la RLT. Y se remite la sala IV a la doctrina que establece que, tras la entrada en vigor de la LRJS, el plazo de 20 días de caducidad para la impugnación MSCT es aplicable aun cuando no se haya seguido el trámite del artículo 41 ET. Así las cosas, y tras un exhaustivo recorrido por la doctrina sobre la caducidad en la MSCT colectiva, concluye que la acción está caducada pues la decisión empresarial fue notificada el 3/7/17 a todos los profesores afectados por la misma, incluidos los miembros del comité de empresa, sin que dicho comité planteara la actual demanda hasta el 22/12/17.
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Social
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: JOSE MANUEL LOPEZ GARCIA DE LA SERRANA
  • Nº Recurso: 81/2018
  • Fecha: 25/11/2019
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: La sentencia confirma la de instancia que entendió que no existía cesión ilegal entre Quavitae y las Consejerías de la CCAA Valenciana, como consecuencia de la prestación de servicios mediante una contrata para la elaboración, preparación y distribución de material sanitario en las residencias de personas mayores dependientes, por entender: 1) Que no puede acogerse el argumento de que como es la Consejería de Sanidad quien facilita los equipos de protección individual, ella es el empresario principal, ya que lo se hace es velar por el cumplimiento de las obligaciones del art. 24 LPRL, abaratando costes al comprarlos para todos los centros que dependen de ella; 2) Que tampoco existe cesión ilegal por el hecho de que la contratista no tenía autorización legal para ejercer la actividad de farmacia conforme al art. 63.1 RDL 1/2015, por lo que sólo facilitaba mano de obra, puesto que el precepto refiere a otro tipo de actividad distinta de la distribución de medicamentos en una residencia conforme a prescripciones médicas; y 3) Que tampoco puede acogerse el que exista cesión ilegal cuando la empresa tiene su propia organización, dirige el trabajo, controla la actividad de los empleados, debiendo prestarse los servicios necesariamente donde residen las personas mayores, debiendo utilizarse los programas informáticos de la empresa principal para coordinar la ejecución del servicio contratado
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Social
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: JOSE MANUEL LOPEZ GARCIA DE LA SERRANA
  • Nº Recurso: 102/2018
  • Fecha: 25/11/2019
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: En la demanda de conflicto colectivo formulada por el sindicato CGT frente a la empresa Sitel Ibérica Teleservices SA se insta se declare el derecho de los trabajadores a que, cuando haya de calcular su salario diario, se divida el importe total anual por 365 y no por 360, somo viene haciendo la empresa. La sentencia de la Audiencia Nacional, tras rechazar la excepción de inadecuación de procedimiento, estima en parte la pretensión rectora de las actuaciones. La sala IV razona que, a la luz de lo recogido en el convenio colectivo de contact center, debe estimarse en parte el recurso formulado por la empresa. Y ello porque el convenio fija un salario anual, no mensual, y como el año tiene 365 días, debe dividirse por dicha cifra el salario anual, a efectos de calcular el salario diario. En este sentido se ha pronunciado con reiteración la sala IV, cuando se ha tenido que determinar el salario diario regulador de la indemnización por despido.
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Social
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: MARIA LUZ GARCIA PAREDES
  • Nº Recurso: 189/2018
  • Fecha: 21/11/2019
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: La sentencia de conflicto colectivo comentada ratifica que no se ha producido una modificación sustancial del sistema de retribución variable, ni por tanto existe incumplimiento del procedimiento establecido en el art. 41 ET. La Sala IV comienza por desestimar la denuncia de incongruencia omisiva de la sentencia de instancia, al dar esta respuesta a todas las cuestiones planteadas por los demandantes. En el caso, los trabajadores de las empresas del grupo Gamesa vienen percibiendo retribución variable. Tras el pertinente periodo de consultas finalizado sin acuerdo, la empresa comunicó a los trabajadores la modificación del periodo de devengo de dicha retribución variable con efectos de 1/10/17; dicho periodo pasa de ser de 12 meses a ser de 9. Dicha decisión se adopta como consecuencia del proceso de fusión empresarial operado en abril de 2017. La sala IV rechaza la denuncia de incongruencia omisiva de la sentencia recurrida. En cuanto al fondo del asunto, la sala resalta por sentencia anterior de la AN de 9/2/18 se desestimó la demanda de conflicto colectivo en la que se impugnaba la modificación del periodo de devengo de la retribución variable en las empresas demandadas. Y, dado el proceso de absorción y fusión empresarial, es lógico y razonable que el salario variable se calcule teniendo en cuenta sólo los 9 primeros meses del año 2017 y los resultados de la empresa absorbente y no de la entidad resultante, dado que la fusión fue efectiva en marzo de 2017.
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Social
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: MARIA LOURDES ARASTEY SAHUN
  • Nº Recurso: 39/2018
  • Fecha: 20/11/2019
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: La sentencia anotada, recaída en casación ordinaria, revoca el fallo combatido que declaró el derecho del personal operativo de la delegación de la CAM de la demanda a recibir 40 horas de formación profesional anuales, las 20 horas que prevé el art. 23.3 del ET y otras 20 horas a las que específicamente se refiere el art. 37.2 del RD 2364/1994, por el que se aprueba el Reglamento de Seguridad Privada. El TS repasa didácticamente las reglas de competencia objetiva y geográfica en los conflictos colectivos, y descarta la falta de competencia de la Sala de origen para conocer del conflicto, y por ende, la incompetencia de los Juzgados de lo Social de Madrid al tratarse de un conflicto que afecta a una plantilla de 1000 trabajadores de la delegación de Madrid, sin constancia alguna del lugar preciso donde aquellos prestan servicios. Suerte adversa corrió asimismo el motivo destinado a denunciar la falta de legitimación activa del sindicato actor. Sentado lo anterior, entra en el fondo del asunto y da lugar al recurso de su razón. Razona al respecto que la empresa está ofreciendo la formación a la que se halla obligada por virtud de la normativa de seguridad privada, la discrepancia gira sobre las obligaciones derivadas del art. 23.3 ET, y que quedan limitadas al ofrecimiento mismo de la formación a sus expensas, o bien al salario correspondiente a la ausencia por disfrute del permiso de 20 horas anuales que el trabajador destine a la formación profesional.
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Social
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: MARIA LOURDES ARASTEY SAHUN
  • Nº Recurso: 83/2018
  • Fecha: 19/11/2019
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: La sentencia confirma la de la Audiencia Nacional que estimo la demanda de conflicto colectivo que reconoció el derecho de los trabajadores de Fujitsu al percibo de la cesta de Navidad de 2016 por tratarse de una condición más beneficiosa puesto que la empresa la entregó desde el inicio de la actividad hasta 2012. Sistematiza la Sala su propia jurisprudencia al respecto de cuándo se está en presencia de una condición más beneficiosa y respecto de la obligación de entrega de una cesta de navidad, y concluye que teniendo en cuenta que la entrega de la cesta se realizó de forma regular, constante y reiterada todos los años, en la intención de beneficiar a los trabajadores, suponiendo un desembolso económico importante y debiendo la empresa organizarse logísticamente para su entrega. Ante la cuestión de si puede plantearse la demanda teniendo en cuenta que la cesta dejó de entregarse en 2013 habiendo transcurrido más de tres años hasta que se presenta la demanda, considera que sí puesto que no se está en presencia de una modificación sustancial de la demanda, estando la decisión empresarial de no entrega de la cesta en 2013 vinculada a una decisión coyuntural, manteniendo viva la reclamación las representaciones sindicales
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Social
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: ANGEL ANTONIO BLASCO PELLICER
  • Nº Recurso: 1253/2017
  • Fecha: 19/11/2019
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: La cuestión que se suscita consiste en determinar cuál es el ámbito de aplicación del número de afectados por la decisión empresarial modificativa a efectos de aplicar la escala prevista en el art. 41.2 ET. En concreto, si es la empresas o el centro de trabajo donde deben darse el número de afectados a efectos de calificar la modificación como individual o como colectiva y, consecuentemente, cuál sería el procedimiento a seguir y la vía de impugnación judicial. La sentencia trae causa de demanda de conflicto colectivo que fue estimada y declarada la nulidad de la medida impugnada. Tal parecer no es compartido por el TS queda lugar al recurso de su razón deducido por Prosegur Alarmas España SL, mercantil a la que absuelve de las pretensiones deducidas en su contra. Se funda esta decisión en el hecho de que no resulta aplicable a las modificaciones sustanciales de condiciones de trabajo ni a los traslados la Directiva 98/59/CE sobre despidos colectivos, de ahí que en la actualidad, el único criterio para la determinación de carácter colectivo o individual de la modificación es el cuantitativo, y depende de los umbrales numéricos previstos en el art. 41.2 ET. Así las cosas, la modificación efectuada por la empresa es de carácter individual sujeta, por lo tanto, al procedimiento previsto en los arts. 41.3 ET y art. 138 LRJS, por lo que, tal modificación no debió ser declarada nula por incumplimiento del procedimiento previsto para las modificaciones colectivas.
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Social
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: MARIA LUZ GARCIA PAREDES
  • Nº Recurso: 117/2018
  • Fecha: 14/11/2019
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: El recurrente considera arbitraria y caprichosa la falta de autorización y que el no abono del importe en concepto de promoción por méritos comporta un estancamiento en la carrera profesional. La promoción por méritos se regula en el art. 34 del Convenio Colectivo y la Ley 36/2014, de 26 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para 2015, estableció que las retribuciones del personal al servicio del sector público no podían experimentar ningún incremento. Lo resuelto en la sentencia recurrida es conforme a derecho porque a la demandada no le era exigible el reconocimiento de lo que se demanda, relativo a la promoción por méritos en los años 2015 y 2016, en las cuantías reclamadas. La Comisión Paritaria del Convenio acordó revisar para 2015 y 2016 la masa salarial pero aquella decisión estaba supeditada a la autorización por el Ministerio de Hacienda, y dicho Ministerio no autoriza lo solicitado por la Comisión Paritaria en relación con la masa salarial por el concepto ?carrera profesional? para 2015 y 2016 de forma que esa falta de aprobación en aquellos términos implica dejar sin efecto el Acuerdo de aquella Comisión, por lo que los demandantes no pueden exigir a la demandada que cumpla con lo acordado por la Comisión Paritaria. En este caso no se ha obtenido la autorización preceptiva, lo que no consta que sucediera en los anteriores por lo que no puede decirse que se esté en similares condiciones para poder apreciar el trato desigual que se invoca.

Parece que no tiene configurado el plugin para ver el pdf embebido... puede descargar la resolución aquí.