Resumen: La sentencia confirma la desestimación de la demanda interpuesta por SPICA contra ENAIRE, y en la que se interesa se declare contraria derecho la práctica empresarial consistente en solapar o yuxtaponer el tiempo mínimo de 12 h de descanso entre periodos de actividad aeronáutica, con el tiempo mínimo de descanso entre periodos consecutivos de actividad aeronáutica. Se apoya el TS en la L 9/2010 y en el RD 1001/2010 de cuya lectura infiere el respeto entre el descanso diario y semanal, que cumple perfectamente con la finalidad de garantizar la seguridad del tráfico aéreo evitando los efectos de la fatiga, sin que se contravenga lo pactado en el art. 33 del CCol. Para ello se limita a 10 h la duración máxima de un periodo continuo de actividad aeronáutica, que no solo incluye la actividad operacional, sino además los descansos parciales del art. 7, y se garantiza un descanso mínimo de 12 h entre la finalización de un periodo y el inicio del siguiente. Se restringe a 50 h la duración de los periodos consecutivos de actividad aeronáutica, y se garantiza un descanso de 60 h entre cada uno de tales ciclos de servicios, y se impone un descanso mensual mínimo de 180 h, distribuidas, en tres periodos no inferiores a 54 h. Por lo tanto, no hay ninguna previsión específica que imponga la necesidad de no yuxtaponer el descanso diario con el que corresponde tras cada ciclo de servicios, siempre que se respeten los periodos mínimos establecidos en cada caso y el descanso mensual.
Resumen: La sentencia recurrida excluyó del ámbito de aplicación del I CC de la madera de la Comunidad Valenciana al subsector de la serrería. Recurren en casación común los sindicatos y una de las asociaciones actoras. La sala IV, tras declarar que tal asociación está legitimada para recurrir, estima en parte la modificación fáctica instada por ésta. Consta que en las provincias de Castellón y Valencia han coexistido dos convenios con distintos ámbitos funcionales: el general de la madera y el de serrerías. Los negociadores del nuevo convenio decidieron cambiar la unidad negocial, pasando a un ámbito autonómico e incorporando al convenio de carpintería la actividad de serrería. Razona la sala IV que un cambio en la unidad de negociación sólo será posible cuando el convenio previo no está vigente, lo que sucede en el caso enjuiciado, por lo que no puede exigirse el mantenimiento de las unidades negociales del subsector de la serrería. Ahora bien, como no se incorporaron a la unidad negociadora las asociaciones representantes del subsector de la serrería, no puede producirse el cambio funcional para incluir al citado subsector en el ámbito del CC autonómico de la madera. Se estima el recurso de la Asociación demandante, con modificación del relato fáctico y se desestiman los recursos de los sindicatos demandados.
Resumen: La sentencia se dicta en procedimiento de conflicto colectivo en impugnación de la decisión empresarial de modificación unilateral del sistema de vacaciones implantado en la empresa durante años, y si se trata de una condición más beneficiosa de disfrute colectivo, lo que estima la sentencia tras apreciar en este punto la contradicción, de acuerdo con la doctrina establecida por la Sala para la delimitación de dicha instituto, por cuanto según resulta del relato de hechos probados, los trabajadores han venido disfrutando sus vacaciones anuales a su elección hasta el año 2015 de forma constante, repetida y reiterada en el tiempo sin limitación alguna, de lo que resulta la voluntad inequívoca de la empresa de mantener estable y permanentemente tal condición, que por ello se ha incorporado al nexo contractual.
Resumen: La sentencia de instancia recurrida declara el derecho del personal laboral de la Agencia Madrileña de Atención Social al disfrute como permiso retribuido y no recuperable de 6 días correspondientes al año 2017, subsumiéndose estos días en el cómputo de la jornada anual con la consideración de tiempo de trabajo efectivo. La sala IV, en la sentencia comentada, indica las sentencias previas que se han pronunciado a favor y en contra de la recuperación del permiso por asuntos particulares. Y, partiendo de que en el cálculo de la jornada laboral para el año 2017 no se han descontado los seis días por asuntos particulares, pero no considerados como días de trabajo efectivo. Efectuados los cálculos y teniendo en cuenta, descontando de los 365 días del año, las 140 jornadas correspondientes al descanso semanal, festivos y vacaciones anuales ?pero no los días de asuntos particulares-, obtendríamos un total de 225 jornadas de trabajo que, a 7,5 horas diarias de prestación de servicios, supone un total de 1.695 horas anuales, excediendo de la jornada de 1.650 horas anuales colectivamente pactada. En consecuencia, los seis días de permiso por asuntos particulares no son recuperables. Se desestima el recurso de la Comunidad de Madrid
Resumen: La cuestión que se suscita en la sentencia anotada es la relativa a determinar si los miembros del comité de empresa, elegidos en elecciones sindicales, cuya acta electoral no ha sido registrada porque se impugnaron las elecciones, ostentan la condición plena de miembros del comité de empresa con todas sus competencias y garantías, y en consecuencia está el comité legitimado para negociar el acuerdo alcanzado ante el SERCLA. La Sala de suplicación, con revocación de la decisión judicial de instancia, desestima la demanda sobre conflicto colectivo rectora de autos, al considerar que el registro electoral no es requisito constitutivo y los representantes electos gozan de todos los derechos desde su elección, con independencia de que se impugnen dichas elecciones. Dicho parecer es compartido por la Sala Cuarta. Se funda esta decisión en la STS 11/05/2016 (rec. 187/15), en la que se afirma la legitimación del comité para negociar acuerdos de eficacia general, aunque no se haya inscrito el acta electoral por la impugnación de las elecciones sindicales, porque el registro definitivo del acta no es constitutivo para el desempeño de sus funciones. En consecuencia se desestima el recurso y confirma la decisión recurrida.
Resumen: La Sala IV, rectifica doctrina previa, y en consecuencia declara la competencia del orden Social para conocer de la pretensión formulada, consistente en que se declare la obligación de CRTVE de incluir en los pliegos de condiciones, para la prestación de servicios en la Corporación, una cláusula que imponga la subrogación de los trabajadores de las empresas de servicios en el supuesto de cambio de la titularidad de las contratas. También es competente para conocer del conflicto planteado, cuyo objeto es que se declare que no es ajustada a derecho la decisión de la demandada de no incluir en un determinado pliego de condiciones la cláusula de subrogación de los trabajadores afectados por la licitación de la nueva adjudicataria del servicio. No se aprecian elementos relevantes que conduzcan a otorgar distinto tratamiento a uno y otro conflicto en orden a la competencia para conocer del mismo. Los mismos argumentos utilizados para declarar la competencia del orden social para conocer del conflicto en un supuesto han de ser aplicados para resolver la competencia de este orden social para conocer del otro conflicto. La imposición de dicha cláusula lo es en cumplimiento del apartado quinto del Acuerdo de 12 de julio de 2006, suscrito por las centrales sindicales y la empresa, Acuerdo asimilable a un convenio colectivo y que deriva de una relación jurídica nacida entre empresarios y trabajadores, competencia, por lo tanto, del orden social, a tenor del artículo 2 a) LRJS.
Resumen: La controversia arranca del acuerdo colectivo alcanzado para la modificación sustancial de condiciones de trabajo, que afectaba a un departamento y suponía una equiparación de funciones de su personal con el homólogo de la empresa matriz. El acuerdo contemplaba la equiparación del sistema de retribución variable del personal. La pretensión se centra en combatir la adición del nivel “asociado” (“associate”) que la empresa incluye en la comunicación que llevó a cabo de la descripción del puesto de trabajo con posterioridad al acuerdo. La revisión de un hecho probado no introduce elementos diferenciales relevantes. Se rechaza el argumento de la demandada sobre la inexistencia de conflicto colectivo jurídico porque la controversia versa sobre la interpretación y alcance de lo pactado. Determinar si la empresa dio exacto cumplimiento al acuerdo o se extralimitó es el objeto propio del conflicto colectivo. La posibilidad de que la demanda sea infundada no puede ser confundida con la inadecuación del procedimiento. Se trata de una pretensión de contornos colectivos. La empresa suscita la cuestión relativa al fondo del asunto. La Sala concluye que en el acuerdo no existe expresión alguna sobre bandas o niveles y si la intención era trasladar miméticamente ese sistema de niveles y de retribución debieron reflejarlo en lo pactado.
Resumen: La Sala IV confirma la sentencia que desestima la demanda formulada por un sindicato, al considerar ajustadas a derecho las medidas tomadas por la empleadora, consistentes en suprimir los complementos personales que excedieran de las retribuciones del convenio colectivo, medida razonable que se había tramitado por la vía del art. 41-4 del ET, sin que fuese de aceptar la alegación relativa a que se debió seguir la vía del artículo 82-3 del ET porque con esta excepción, suscitada por primera vez en el acto del juicio, se planteaba una cuestión nueva que suponía una modificación sustancial de la demanda que dejaba indefensa a la contraparte. La Sala IV ratifica dicha modificación sustancial de la demanda porque la alegación de que las modificaciones afectan a condiciones del convenio colectivo y que se debió seguir vía del art. 82-3 del ET supone alterar los términos del debate previo, tanto durante el periodo de consultas, ex art 41-4 ET como el planteado en la demanda porque nunca se suscitó si las medidas a adoptar, la minoración y supresión de complementos retributivos, afectaban a retribuciones convencionales o no, sin que se cuestionara tampoco el procedimiento a seguir. Además, la sentencia recurrida dice que no afecta a condiciones convenio, sino a mejoras del mismo. En cuanto a la procedencia de las medidas existen defectos formales en formulación de ese motivo del recurso por falta de cita y fundamentación de la infracción.
Resumen: La sentencia aplica la doctrina de la Sala y estima parcialmente el recurso de casación ordinaria formalizado en procedimiento de conflicto colectivo, casando y anulando en parte la resolución combatida, declarando el derecho de los trabajadores a quienes se fraccione diariamente su jornada y perciban la gratificación por ese concepto - por jornada fraccionada diaria - seis o más meses de entre los once precedentes (en la misma proporción si la prestación de servicios fuese inferior), a su cómputo promediado en el cálculo de la retribución de vacaciones, junto a los conceptos actualmente ya contabilizados por la empresa.
Resumen: RCO: El TS debe de resolver dos cuestiones: la determinación de la competencia funcional del TSJ de Cataluña para conocer de la demanda de conflicto colectivo; y, caso de entenderse que dicha Sala Social es competente, establecer si el disfrute de los tres días de libre disposición previstos en la cláusula cuarta del XIII CC de RENFE, que se suman a los tres establecidos en el art. 264 de la Normativa Laboral, ha de llevarse a cabo de manera proporcional a los meses trabajados en el año correspondiente, en el caso de los maquinistas de nuevo ingreso en la empresa durante el año 2017. La Sala IV, en cuanto a la competencia, se remite a la doctrina de la STS 20/11/2019 (R. 39/2018), entendiendo que ha de ser la repercusión territorial de la controversia la que ha de servir, en principio, para fijar el órgano judicial competente; lo que en el caso supone la competencia del TSJ de Cataluña. Sobre el fondo, en cuanto a la forma en la que se han de disfrutar los tres días de licencia por asuntos propios, que han de sumarse a los tres días previstos con anterioridad en el art. 264 de la Normativa Laboral, considera que debe hacerse de la misma forma que antes de marzo de 2017, esto es, reconociendo los seis días anuales de libre disposición sin aplicación de regla alguna de proporcionalidad.