Resumen: La Sala IV confirma la sentencia que, tras desestimar la inadecuación de procedimiento/falta de acción, estima parcialmente la demanda de conflicto colectivo declarando el derecho de los trabajadores afectados - personal de Sala de Operaciones del Organismo Autónomo 112 de la CAM - a que los días por vacaciones que por antigüedad les puedan corresponder no se les compensen a efectos del cumplimiento de la jornada ordinaria de trabajo. Sin embargo, se desestima la pretensión respecto a los días adicionales de permiso por asuntos propios, vista la distinta naturaleza con las vacaciones y al constar acreditado que se ha realizado la compensación con la menor jornada anual que realiza el colectivo afectado de trabajadores a turnos del 112 que, tienen un déficit de jornada. La Sala IV rechaza, asimismo, la incongruencia extrapetita alegada por la CAM y también la falta de acción del demandante para plantear el conflicto. Y ello porque el conflicto reúne los requisitos que permite su planteamiento por el cauce procesal del conflicto colectivo, puesto que el mismo extiende su ámbito territorial a la Comunidad de Madrid a los trabajadores que prestan sus servicios en la sala de operaciones del Organismo Autónomo Madrid 112, que son aproximadamente 180, y, la pretensión afecta a los intereses generales de un grupo genérico de trabajadores.
Resumen: RCO: Los trabajadores percibían las pagas de junio y diciembre calculadas semestralmente (de enero a junio y de julio a diciembre), mientras que en la actual empleadora el cómputo es anual (de julio a junio y de enero a diciembre). La empresa abonó a los afectados la paga extraordinaria de diciembre de 2017 calculándola a partir de agosto de dicho año, según el Acuerdo colectivo de 14-6-2017, denominado de homogeneización, cuyos efectos se producían a partir de 1-8-2017, lo que provocó que la cuantía de dicha paga fuera de 5/12 del salario mensual, en lugar de 5/6. La STSJ rechaza declarar el derecho de los trabajadores a mantener el mismo sistema de cálculo semestral, pero acoge la condena al pago de la diferencia económica sufrida en el mes de diciembre de 2017. El TS señala que ambos cómputos son perfectamente ajustados a derecho; lo que aquí se dilucida es el modo en que la empresa lleva a cabo la transición de uno a otro, lo que afecta a la primera paga abonada tras el Acuerdo. Sostiene la empresa que el nivel retributivo se mantiene porque las pagas serían iguales a partir de la de junio de 2018, que es cuando se completaría la anualidad correspondiente. Pero el TS señala que es indubitado que la controvertida paga de diciembre de 2017 fue de cuantía inferior y que, por consiguiente, en dicha anualidad hubo una disminución retributiva cuya compensación no puede admitirse diferida al futuro. El recurso empresarial se desestima.
Resumen: En el marco de un conflicto colectivo se discute si las dos empresas demandadas deben limitar la contratación de cooperativistas a un máximo del 15% de la plantilla, lo que pende del modo en que se interprete lo previsto en el convenio sectorial, en particular si deben ver restringida la posibilidad de externalizar su actividad en los términos previstos por el convenio para el año 2004.La Sala IV confirma la desestimación de la demanda en interpretación del art. 62 del Convenio Colectivo para mataderos de aves y conejos. Tras recordar los criterios generales para la interpretación de los convenios, se desestima el recurso con arreglo a los mismos. La norma es "confusa y difícilmente interpretable", pero de su literalidad no se desprende que pueda exigirse nada más allá del año 2004, pues solo contempla determinados años; se tienen en cuenta los antecedentes (recurso habitual en el sector, admisión jurisprudencial). Además, no consta que la intención de las partes fuera la de extender la vigencia más allá del año 2004 y como se trata de una restricción a la lícita opción descentralizadora, la limitación debiera haber sido clara, sin perjuicio de su alcance por ser inhábil para legitimar cesión ilegal en porcentaje alguno. Los promotores no han efectuado una mínima actividad probatoria tendente a dejar constancia de que en el resto de empresas del sector el convenio se aplica como pretenden.
Resumen: RCO: El Comité de empresa de los Consorcios de UTEDLT prov. de Jaén, incorporados al Servicio Andaluz de Empleo (SAE), reclaman los incentivos de los años 2015, 16 y 17 previstos en el CC UTEDLT. El TS remite a su STS de 26-2-2019 (R. 185/17), relativo a la prov. de Granada, donde se dijo que el SAE se subrogó completamente en la posición contractual de cada Consorcio UTEDLT, lo que implica que asumió sus obligaciones, incluidas las previstas en el CC, cuya vigencia no ha sido puesta en duda; y se aplica el efecto positivo de la cosa juzgada al apreciar la Sala las identidades requeridas por el artículo 222.4 LEC porque la STS 18 de febrero de 2014 (R. 228/13) abordó el derecho al percibo de los incentivos que ahora se reclaman, por anualidades diferentes. El hecho de que las funciones que realizan los trabajadores en el SAE sean distintas de las que realizaban en los Consorcios no es más que una afirmación genérica, a la que le falta un adecuado reflejo en los hechos probados, que por sí misma no excluye de la obligación de cumplir el CC. Estima el recurso del Comité de Empresa, y estima parcialmente la demanda, limitando el percibo de los incentivos al período en el que el CC haya estado vigente.
Resumen: RCUD: La SJS desestimó la demanda de conflicto colectivo formulada por ELA-STV frente a Sociedad Estiba y Desestiba del Puerto de Bilbao. La STSJ estimó el recurso del sindicato y declaró no ajustada a derecho la práctica de la empresa consistente en recurrir a trabajadores con relación laboral especial que no pertenecen al Grupo Profesional I Especialista a realizar funciones propias del mismo. Ante la Sala IV se plantea si ha habido incongruencia omisiva en la STSJ, que resolvió sobre el fondo, pero no dio respuesta a tres excepciones desestimadas en la instancia, que se volvieron a plantear por la empresa en la impugnación del recurso de suplicación: falta de legitimación activa del sindicato demandante, no agotamiento de la vía previa y el incumplimiento de las exigencias procedimentales previstas en la normativa colectiva aplicable. La Sala IV tras referir doctrina del TS y del TC sobre la exigencia de congruencia en las sentencias, concluye que tales cuestiones, al ser reproducidas en el escrito de impugnación al recurso de suplicación, debieron ser expresamente contestadas fundadamente por la Sala, que no lo hizo, infringiendo el derecho a la tutela judicial efectiva de la entidad recurrida. En consecuencia, declara la nulidad de la sentencia recurrida para que pronuncie sobre las cuestiones formuladas por la entidad recurrente.
Resumen: La Sala IV confirma la calificación de huelga legal y confirma la desestimación de la demanda planteada por la organización patronal en la que se pretendía la ilegalidad de la huelga convocada por el sindicato demandado y celebrada el 8/11/17 por tener un objetivo político. La Sala IV comienza por confirmar la inadmisión de la prueba audiovisual propuesta por la demandante por tratarse de un audio que contiene la declaración de una persona que pudo ser citada como testigo. A continuación, rechaza la revisión del relato fáctico y declara que el sindicato estaba legitimado para convocarla, por constar su implantación en el ámbito del conflicto. Se deniega asimismo la denuncia de falta de preaviso con la suficiente antelación, al constar que el preaviso se comunicó el 20/1017 y que el primer día de convocatoria fue el 30/10/17. Finalmente, examinados los 5 motivos de convocatoria de la huelga, se concluye que los motivos 2º y 3º aluden específicamente a derechos de los trabajadores, por lo que no puede entenderse que la misma tenga exclusivamente una finalidad política. Tampoco se aprecia el carácter abusivo de la huelga, al no haber acreditado la demandante que tal abuso de derecho se haya producido.
Resumen: Consta en la sentencia analizada que el 29/10/12 la empresa Eltec y la representación legal de trabajadores suscribieron, en el periodo de consultas para la modificación sustancial de condiciones de trabajo, acuerdo de reducción salarial en el que se incluye una cláusula de transformación de la citada reducción en salario variable vinculada a la consecución de determinados resultados de una segunda mercantil integrada en el mismo grupo empresarial que Eltec. La sentencia de instancia estimó en parte la demanda del sindicato actor, declarando el derecho de los trabajadores afectados por el conflicto, en un pago único devengado en 2016, el 25% de la reducción salarial acordada en 2012. La Sala IV desestima el recurso de la empresa. Tras rechazar la alegada falta de fundamentación del mismo realizada en la impugnación e interpretando el acuerdo citado conforme a los criterios establecidos en el CC, concluye que estamos ante una obligación condicional dependiente de la acreditación de los resultados de una determinada empresa. Y es a la recurrente a la que le incumbe la carga de probar cuáles fueron los resultados presupuestados, que es la condición que genera el derecho de los trabajadores a la transformación de la reducción salarial en retribución variable. Al no haberlo hecho así, debe tenerse por cumplida la condición recogida en el acuerdo.
Resumen: La trabajadora demandante, que era redactora de CRTVG y que habitualmente presentaba el programa Galicia, Noticias Mediodía, había secundado la huelga convocada el día 8 de marzo de 2018 para reivindicar la igualdad de las mujeres en el mundo laboral, siendo sustituida ese día por su superior, que solía suplirle con ocasión de sus permisos, vacaciones, bajas médicas u otras situaciones similares, sin que el referido programa se encontrara afectado por los servicios mínimos. La sentencia confirma la dictada en la instancia que estimó la demanda al considerar que la trabajadora huelguista fue sustituida por le empresa haciendo uso del esquirolaje interno;, acudiendo a la sustitución de trabajadores huelguistas mediante otros pertenecientes a la misma empresa, provocando así un vaciamiento del derecho de huelga que resulta contrario al art. 28.1 CE, de acuerdo con la doctrina que cita.
Resumen: La sentencia anotada, recaída en casación ordinaria, confirma el fallo combatido que desestimó la demandada en la que se suscitaba la licitud de la exclusión de los jefes de equipo del ámbito personal del VII Convenio Colectivo de Iberdrola Grupo. Dicha norma colectiva excluye a las personas que ocupan plazas de directores, jefes de departamento, técnicos especialistas asimilados a jefes de departamento y jefes de equipo. El TS hace suyas las argumentaciones de la Sala de origen y declara que de la inmodificada versión judicial de los hechos se infiere que no se vulneró la libertad sindical en su vertiente de negociación colectiva, al haber negociado con los sindicatos la inaplicación del convenio colectivo a los jefes de equipo. Se declara asimismo la legitimación de los representantes de los trabajadores para negociar el ámbito personal del convenio y acordar la exclusión de los jefes de equipo. Tampoco se vulnera el principio de igualdad ante la ley por excluir del convenio a los trabajadores que integran el equipo directivo. Se desestima en consecuencia el recurso.
Resumen: La sentencia anotada, recaída en casación ordinaria, confirma el fallo combatido estimatorio en parte de la pretensión deducida frente a Tragsatec, y en la que se reconoce el derecho de todo trabajador a pedir su reclasificación si entiende que realiza funciones de superior categoría, aunque tenga informe desfavorable de su superior, el derecho de la parte social de la Comisión de Reclasificación a examinar y debatir sobre cada una de dichas solicitudes, la función de la Comisión de resolver sobre las reclasificaciones solicitadas y, en caso de acordar la reclasificación, la obligación de la empresa de solicitar el preceptivo informe al Ministerio de Hacienda -ex art. 23 de la Ley 3/2017- debiendo señalar que únicamente si se cumplen estos requisitos se condena a la empresa a abonar a los trabajadores reclasificados las cantidades pendientes de pago no prescritas. El TS hace suyas las argumentaciones de la Sala de origen, y desestima la alegada falta de acción, al acreditarse un interés real y actual frente a la conducta de la empresa de no convocar a la comisión de reclasificación, y no efectuar reclasificación alguna durante los años allí consignados. Suerte adversa corrió asimismo el motivo destinado a denunciar la imposibilidad de obviar los límites y requisitos legales en materia salarial, porque no hay condena alguna al pago de cantidades si previamente no se solicita y obtiene informe del Ministerio de Hacienda.