Resumen: La Federación Estatal de Servicios Movilidad y Consumo de la Unión General de Trabajadores, formuló demanda ante la Sala de lo Social de la AN, sobre conflicto colectivo, en la que solicitaba la declaración del derecho de los trabajadores del GRUPO RENFE pertenecientes al Grupo Profesional de Estructura de Apoyo que ostenten las categorías de Técnico de Ingreso, Técnico de Entrada, Técnico y Técnico Especialista y presten sus servicios con una interrupción de la jornada superior a una hora e inferior a tres y cuyo inicio se produzca entre las 13:30 horas y las 15:00 horas a ser retribuidos al menos con la cantidad que para el concepto de Jornada Partida se reflejan en las tablas salariales para el Grupo Profesional de Mando Intermedio y Cuadro. La SAN apreció de oficio la excepción de inadecuación de procedimiento y desestimó la demanda. Recurrió UGT en casación ordinaria en dos motivos, en los que cuestiona la infracción procesal y la cuestión de fondo de la demanda. La Sala IV desestima el recurso en cuanto al primer motivo, lo que determina que no se pueda entrar a conocer el segundo. Razona que el proceso de conflicto colectivo resulta apto cuando no se intenta, modificar el orden preestablecido o implantar nuevas condiciones de trabajo, o de otra naturaleza, hurtando a las partes negociadoras del convenio lo que sólo a ellas compete regular, sino que lo pretendido por el demandante es la aplicación de una normativa existente sobre cuya interpretación difiere la demandada
Resumen: Se confirma la sentencia de instancia que estimó la demanda de conflicto colectivo presentada por los sindicatos, declarando el derecho de los trabajadores de la empresa Adecco ETT SAU, legalmente cedidos a la empresa Airbus Operations SL, en los centros de Getafe-Madrid, Illescas-Toledo y Puerto Real-Cádiz, que prestaron servicios en el año 2017 a percibir el importe de los beneficios que cobraron los trabajadores de la empresa Airbus Operations SL en el mes de mayo de 2018 cuando se cumplieran los requisitos establecidos para dichos trabajadores. Argumenta la Sala IV: 1) Que no cabe apreciar la inadecuación de procedimiento, ya que no se alegó en el acto de juicio y la demanda cumple las exigencias del art.153.1 LRJS; 2) Que no se ha causado indefensión a la ETT por quebrantamiento de las formas esenciales del procedimiento, al no estarse en presencia de una demanda vaga, ni haberse incluido a lo largo del procedimiento hechos que concluyen con una sentencia que no tiene que ver con lo demandado, además de que no se pide la nulidad de la sentencia; 3) Que sí tiene la obligación la ETT de satisfacer la paga aunque no esté incluida en el convenio colectivo de ETT, ya que tras la Ley 29/1999, se equipara retributivamente a los trabajadores puestos a disposición respecto de los contratados directamente por las empresas usuarias, lo que incluye, también, las retribuciones que surjan de cualquier acuerdo colectivo o decisión general.
Resumen: Se trataba de resolver en el recurso de casación que examina la sentencia comentada si los técnicos y técnicos especialistas de ADIF que presten servicios con una interrupción de la jornada superior a una hora e inferior a tres, y cuyo inicio se produzca entre las 13.30 y las 15:00 horas, tienen derecho a ser retribuidos con la cantidad que para el concepto de jornada partida se refleja en las tablas salariales del convenio colectivo aplicable para el nivel 9. La sentencia confirma la dictada en la instancia que declaró la inadecuación de procedimiento de conflicto colectivo, porque lo que se pretende es la alteración del convenio colectivo y no su interpretación, ya que las tablas salariales del convenio no contemplan la indemnización por jornada partida para la referida categoría, con lo que se trata de un conflicto de intereses - y no de un conflicto jurídico – excluido del ámbito del art. 153.1 LRJS.
Resumen: Se examina en este caso el recurso de casación ordinaria formulado por la central sindical ELA, frente a la sentencia de instancia que desestimó la demanda sobre conflicto colectivo, en solicitud de declaración de incumplimiento del art. 11 del convenio colectivo, del establecimiento del plus de productividad y del derecho al percibo de éste por los trabajadores de Novaltia Sociedad Cooperativa (resultante de la fusión por absorción de las empresas Aragofar y Vascofar), en los periodos temporales que señala. La sentencia desestima el recurso al considerar que dicha precepto convencional no resulta incumplido, al no concurrir las condiciones previstas en el mismo para el nacimiento del derecho al plus solicitado, por lo que tampoco cabe reconocer su devengo a los trabajadores afectados por el conflicto. Además, rechaza la condición más beneficiosa invocada por su carácter novedoso.
Resumen: La Sala IV confirma la desestimación de la demanda de conflicto colectivo en la que se insta se declare la existencia de una injustificada diferencia de trato retributiva en el complemento de puesto de trabajo entre los titulados superiores del grupo 1B nivel 1 y los ingenieros y arquitectos superiores que prestan servicios para Patrimonio Nacional. Es de aplicación el convenio de la entidad demandada publicado el 23/12/2013. La sala rechaza la invocada discriminación consistente en que el complemento de puesto de trabajo para los arquitectos e ingenieros superiores asciende a 596,60 €/mes, siendo de 28,18 €/mes para los restantes titulados superiores, puesto que ese trato diferenciado tiene una justificación objetiva y plenamente razonable. Además de que la diferencia retributiva deriva de lo recogido en la norma paccionada y no de lo decidido por la demandada unilateralmente, se resalta que consta acreditado que los arquitectos e ingenieros superiores realizan trabajos distintos a los demás titulados de su mismo grupo profesional, no teniendo tales trabajos el mismo valor. Y tal conclusión fáctica no ha sido desmentida ni desvirtuada por los recurrentes. En consecuencia, falta el presupuesto fáctico que pudiere habilitar la sospecha de un injustificado tratamiento desigual y contrario al derecho a la igualdad que consagran los arts. 14 CE y 17 ET.
Resumen: Se cuestiona si un representante legal de los trabajadores –miembro del Comité de Empresa que, a su vez, ha sido designado Delegado Sindical y cumple con todos los requisitos de la LOLS, puede acumular dos créditos horarios y disponer al efecto de la suma de las horas que se le reconocen por ser miembro del Comité de Empresa y las que tiene derecho como Delegado Sindical. Se plantea si la denegación por parte de la empresa implica una lesión de la libertad sindical. La sentencia recurrida se ha atenido plenamente a las pretensiones de la demanda. En cuanto a la interpretación del artículo 10 LOLS, el crédito horario es un derecho instrumental al servicio de la actividad del sindicato y de sus representantes y el hecho de que la LOLS no conceda expresamente dichas garantías a los delegados sindicales que forman parte del comité de empresa se explica porque, en función del ejercicio del cargo de representante legal, ya disfrutan de las aludidas garantías, entre las que se encuentra el crédito horario, por lo que no parece posible que un delegado sindical acumule las horas correspondientes a un miembro del comité de empresa. El art. 10.3.º de la LOLS, concede a los delegados sindicales las mismas garantías que a los miembros del comité de empresa, pero para el supuesto de que no formen parte del mismo, y a «sensu» contrario que cuando ya forman parte de ese comité, no tienen derecho a disponer de un doble crédito horario.
Resumen: La controversia litigiosa radica básicamente en dilucidar si la empresa Global Sales Solutions Line SL ha incumplido su plan de igualdad, firmado en 2013. La sentencia descarta la incongruencia omisiva alegada por la recurrente, porque la sentencia de instancia no omite pronunciarse sobre la pretensión deducida (de forma subsidiaria) en la demanda, al haber apreciado la excepción de inadecuación de procedimiento respecto de ella; rechaza la existencia de “incongruencia interna”, que exige una contradicción en la argumentación decisiva de la sentencia, pues la parte recurrente confunde con dicho vicio procesal su discrepancia con la argumentación desarrollada por la dicha resolución. Pero estima el recurso de casación por considerar que se la sentencia impugnada apreció indebidamente la inadecuación de procedimiento de conflicto colectivo respecto de las pretensiones que no fueron objeto de acuerdo de conciliación ante el SIMA en el conflicto colectivo anterior, por lo que no cabe remitirse a la ejecución de dichos acuerdos adoptados.
Resumen: La sentencia anotada, recaída en casación ordinaria, confima el fallo combatido desestimatorio de la pretensión deducida por la Central Sindical actora, interesando que se declare que el Acuerdo Marco de la Mesa General de Negociación Común del personal Funcionario, Estatutario y Laboral de la Junta de Andalucía para la mejora del empleo, se incorpore al Convenio Colectivo de VEIASA. El TS tras recordar las exigencias formales del recurso de casación, y declarar que las mismas no se respetan en la formulación del 4º motivo del recurso, confirma el parecer de la Sala de origen. Razona al respecto que de conformidad con los arts. 82 y 83 del ET, únicamente es posible incorporar un determinado Acuerdo a un Convenio Colectivo si las partes negociadoras así lo acuerdan. En el caso, no solo no ha habido un acuerdo de dichas partes negociadoras, sino que expresamente han rechazado incorporar el Acuerdo de la Mesa General de Negociación de 13-7-2018 al Convenio Colectivo, tal y como resulta de las reuniones habidas el 21-9-2018 y 25-10-2018. Por lo tanto, se desestima el recurso
Resumen: Se trata de determinar cuál es el régimen jurídico aplicable a las relaciones laborales entabladas entre la Universidad y aquellos con los que suscribe contratos temporales acogidos formalmente a los denominados como “predoctorales” y cuyo objeto es la realización de tareas de investigación en el ámbito de un proyecto específico y novedoso teniendo la condición de personal investigador predoctoral en formación. Y si son una concreción específica del contrato para obra o servicio determinado o si se trata de una modalidad contractual autónoma y distinta de las que regula el catálogo de contratos temporales del ET. La Sala IV sostiene, en el caso, la acomodación de la efectiva prestación de servicios a los requisitos exigidos por el art. 23 de la Ley 14/2011, hallándonos, por tanto, ante una verdadera relación de carácter predoctoral. En cuanto a las consecuencias de la finalización de estos contratos, no existe disposición alguna en el marco jurídico que dibuja la indicada ley. De ahí que lo que plantee el conflicto colectivo confronta con el dilema sobre si la remisión al ET debe abarcar un reenvío al régimen general de finalización de la contratación temporal recogido en el art. 49.1 c) ET. Extrapolando la conclusión de la STJUE 21/11/2018, De Diego Porras II, concluye que no procede la indemnización por finalización del contrato, al no haber sido fijada por el legislador y no ser aplicable la que el art. 49.1 c) ET fija para el contrato para obra y servicio dete
Resumen: El recurso denuncia la aplicación indebida de las normas de interpretación de los contratos y reclama una exégesis distinta del acuerdo suscrito entre Cajastur y la representación de los trabajadores en el punto relativo a las retribuciones del personal adscrito a la escala de niveles; reclamando una interpretación distinta que conllevaría la desestimación de la demanda. La Sala considera que se ha de verificar que la exégesis del precepto convencional efectuada por la sentencia recurrida se adecúa a las reglas de interpretación que se derivan de los artículos 3 y 1281 y ss. CC. La argumentación de la sentencia recurrida descansa en las manifestaciones del único testigo que depuso en el acto del juicio oral y que resultó ser una persona que intervino en las negociaciones y en la consecución del pacto sobre el Acuerdo cuya interpretación aquí se cuestiona. Igualmente, la sala de instancia apoyo su interpretación en la literalidad de las cláusulas explicando detalladamente el por qué la redacción del pacto permitía la interpretación acogida. También ha tenido en cuenta los actos coetáneos y posteriores de las partes; y, finalmente se apoyó en una interpretación conjunta de las cláusulas examinadas. Tal forma de proceder implica una total adecuación interpretativa de la sala de instancia a las pautas y criterios consolidados normativa y jurisprudencialmente e impide que pueda considerarse irrazonable o ilógica, sino que, al contrario, debe ser mantenida en esta sede casacional.
