Resumen: La sentencia anotada, recaída en casación ordinaria, versa sobre un litigio referido al sistema de retribución variable en la empresa Ericsson España SA, y en el que se discute si los trabajadores adscritos al sistema de retribución variable tienen derecho a percibir el incentivo con independencia de la calificación personal que hayan obtenido en su evaluación de desempeño, cuestión a la que la sentencia recurrida dio una respuesta negativa. Para la mejor inteligencia del asunto, el TS recuerda el régimen aplicable al sistema de retribución de incentivos a corto plazo [STV], que tiene tres niveles según el grado de consecución de los objetivos, y que la empresa en 2009 procedió a modificar unilateralmente, planteándose diversas demandas colectivas que dieron lugar a las sentencias de la Sala IV que allí se detallan. En el Acuerdo de 24-12-2013 ambas parten fijan el sistema de retribución variable, y el 27-6-2016 la empresa comunica los objetivos a aplicar al sistema STV en 2016. El TS tras una minuciosa argumentación, confirma el fallo combatido, declarando que los acuerdos colectivos y la práctica empresarial muestran que el bono correspondiente está sujeto tanto al logro de objetivos colectivos cuanto al resultado individual sobre evaluación del desempeño. Esta fue la solución alcanzada asimismo en previos pronunciamientos colectivos sobre pretensiones análogas.
Resumen: RCO: El TS confirma la SAN, que desestimó la demanda de conflicto colectivo presentada por el sindicato recurrente contra ADIF; en ella se pretendía se declarase el derecho de los trabajadores que ostentan la categoría de Montador Eléctrico de Instalaciones de Seguridad con Especialización, Montador Eléctrico de Instalaciones de Seguridad y Encargado de Línea Electrificada a percibir el Plus de Peligrosidad. Parte la Sala IV de los preceptos debatidos del X Convenio Colectivo RENFE, arts. 158, 160 y 163, y tras recordar su doctrina sobre la interpretación de los convenios colectivos, concluye que, como señala el art. 158, los diferentes pluses, entre ellos el de peligrosidad, son inherentes a la realización de los cometidos específicos de las categorías a las que se otorgan, lo que impide su extensión a categorías diferentes; así lo reitera el art. 160 cuando reconoce el plus de peligrosidad a quienes "desempeñen funciones propias y características de las categorías" que enumera, y no incluye a aquellas a las que se pretende extender con la demanda, recordando que estamos ante un complemento de puesto de trabajo que retribuye las condiciones en que el mismo se realiza y no otras parecidas; y tampoco cabe la aplicación del art. 163 porque no se ha probado la realización de actividades para las que está previsto el plus de productividad, por los afectados por el conflicto, quienes, según los casos, deben cobrar los pluses de los arts. 166 a 168 del Convenio.
Resumen: Los actores trabajaron en el servicio de Atención al Público en el Aeropuerto de Madrid-Barajas para EFS MANTRES SLU hasta el 28-11-14 que se adjudicó a MULTISERVICIOS AEROPORTUARIOS SA y a partir del 26-05-17 a OHL SERVICIOS INGESAN SL hasta el 25-11-17 en que se adjudica EULEN SA. La STSJ de Madrid de 27-04-16, que es firme declaró respecto a la adjudicación del servicio a que era lícita la supresión del plus de antigüedad que abonaba la saliente en virtud de Acuerdo de 26-11-14 que esta alcanzó con los representantes de los trabajadores, rechazando que existiera una modificación sustancial de las condiciones de trabajo. Nulidad de la SJS por apreciar la excepción de cosa juzgada. Efectivamente se aprecia, pero entra en el fondo del asunto y se pronuncia sobre las cuestiones planteadas, por lo que no causa indefensión y no ha lugar a la nulidad de actuaciones Naturaleza de la relación de los actores. La Sala señala que el Acuerdo de 26-11-14 que puso fin a la huelga, que tiene el valor de convenio colectivo es la fuente de la subrogación y suprime exclusivamente el complemento de antigüedad, pero que no otros derechos no incluidos en él y a los que no podían renunciar por aplicación de lo dispuesto en el artículo 3.5 ET, suponiendo la subrogación el respeto a la naturaleza indefinida de la relación laboral y la antigüedad desde el inicio de la misma, porque la STSJ tiene efectos de cosa juzgada respecto de la sucesión de empresa por existir una sucesión de plantilla.
Resumen: Se reclama el derecho de los TCP, cuyas programaciones en las líneas a Tokio o Shangái comporten un recorrido en la dirección opuesta sobre cuatro o más husos horarios, a disfrutar de seis días naturales de descanso completos, sin que puedan solaparse con el día de descanso adicional que prevé el punto Sexto del Acuerdo adoptado por la Reunión Extraordinaria de la Comisión de Interpretación y Vigilancia del XVII Convenio Colectivo de TCP. Se desestima dicha pretensión, porque fue siempre intención de los negociadores, que los días se contasen de hora en hora y no en días naturales, por lo que se considera que los 6 días, reflejados en el precepto, no son días de descanso. Voto particular.
Resumen: Recurre la empresa su condena por diferencias salariales y en el devengo en plan de pensiones (suscrito en el contexto de un ERTE posteriormente anulado por sentencia firme de conflicto colectivo). La Sala (reiterando doctrina de suplicación) mantiene que el acuerdo colectivo alcanzado con posterioridad a la misma decide extender a toda la plantilla los efectos de dicha sentencia, independientemente de si se instó o no por los trabajadores o sindicatos su ejecución colectiva o individual dentro de plazo; sin que pueda desconocerse el efecto negativo del instituto de la cosa juzgada en lo que respecta a la injustificación de la medida empresarial. Por lo que desde su firmeza los trabajadores afectados disponen de un año para reclamar las sumas adeudadas como consecuencia de haberse dejado sin efecto la supresión del complemento de productividad acordado. Se advierte también que no estamos ante la ejecución de una sentencia recaída en proceso de MSC sino ante una reclamación de cantidad; independientemente de que el derecho se derive de la declaración de nulidad de la medida. Rechazándose una prescripción que habría de computarse desde la impugnación colectiva de la medida empresarial. Se mantiene la condena por intereses en aplicación jurisprudencial del criterio objetivo de devengo para las deudas salariales.
Resumen: La sentencia desestima el RCUD interpuesto en que se planteaba la cuestión relativa a si produce efecto positivo de cosa juzgada una sentencia firme e conflicto colectivo en que se ordena que en la concreción de las retribuciones básicas de los actores que habiendo sido contratados temporalmente se convirtieron en fijos, se tengan presentes los servicios prestados antes de adquirir la condición de fijos de plantilla, por no apreciar, como ya se afirmó en sentencias anteriores, la existencia de contradicción con las sentencias invocadas de contraste respecto de los dos motivos de casación unificadora: 1) Respecto del primero, en que plantea que no debe aplicarse el efectivo positivo de cosa juzgada, por cuanto en la recurrida se opone la cosa juzgada por la existencia de un cambio normativo a través de un cambio jurisprudencial, planteamiento rechazado por la Sala de suplicación, y en la de contraste se declara el derecho a ostentar 6 años de permanencia en la empresa y abono de cantidades en concepto de antigüedad, siendo distintas las sentencias precedentes respecto de las que se pretende la aplicación de la cosa juzgada; 2) Respecto del segundo motivo en que se alega vulneración del principio de igualdad de trato, por no existir identidad en los hechos probados de ambas sentencias, ya que en la de contraste consta que otra trabajadora de la empresa con idéntica pretensión fue incluida entre los trabajadores a los que la sentencia del TS les regularizó el nivel retributivo
Resumen: La sentencia anotada, recaída en casación ordinaria, confirma el fallo combatido que con estimación de la demanda, declaró el derecho de los jubilados de la demandada [Logista], a percibir íntegramente el llamado complemento de compensación económica por la obligación de entrega de tabaco, o "complemento de regalía", condenando a la empresa a pagar el importe de ese complemento, incluso el pago de las cantidades no abonadas a raíz de la unilateral supresión de ese pago. La Sala IV hace suyas las argumentaciones vertidas en TS 19-4-18 [rec. 61/2017] donde se interpretaban los mismos preceptos en aquel caso en relación a los jubilados parciales, y reitera el derecho a percibir el "complemento de compensación económica por la extinción del tabaco de regalía" ya que aparece contemplado en los sucesivos Acuerdos y Convenios Colectivos de la demandada, concluyendo que no procede que la empresa descuente cantidad alguna en los salarios, ya que no cabe compensación por no ser una deuda vencida, líquida y exigible.
Resumen: Impugnado, por el procedimiento de conflicto colectivo, un acuerdo transitorio sobre créditos horarios complementarios de la representación sindical institucional en el sector de banca, porque distribuyó los liberados con base a la representatividad acreditada al momento de constituirse la comisión negociadora del convenio precedente y no con arreglo a la representatividad actual, entendiéndose que dicho acuerdo vulnera el derecho a la libertad sindical en su vertiente funcional a la actividad sindical y a la negociación colectiva. Se desestima dicha pretensión, porque el sindicato demandante no acreditó indicios razonables de preterición, entendiéndose por la Sala que, si los negociadores del convenio pactaron que la finalidad principal de la liberación era la gestión, administración y ejecución del convenio en ultraactividad, al igual que en el acuerdo precedente, cuya finalidad era esencialmente la misma, sin que fuera impugnado, se justifica sobradamente que la liberación pivotara sobre los firmantes del convenio, entre los cuales no estaba el demandante.
Resumen: Acoge la sentencia la subsidiaria pretensión de improcedencia rechazando la nulidad del despido al no acreditar la trabajadora su condición de delegada de personal como tampoco la vulneración que denuncia de un derecho fundamental en su vertiente de garantía indemnidad. Tras recordar los requisitos de formalización exigibles al recurso extraordinario de suplicación (tanto desde la vertiente de una petición de nulidad de sentencia como de la revisión de sus hechos probados) la modificación que de los mismos se solicita (al considerar que la empresa reconoció que los hechos recogidos en la carta no eran ciertos; por lo que habría sido despedida como represalia por el ejercicio de sus derechos) se advierte como en la carta de despido se advierte que su trabajo lo desarrolla con una actitud obstaculizadora al cumplimiento de la tarea encomendada al tiempo que se le reconoce el derecho de expresar su opinión pero sin incitar a los demás trabajadores a ralentizar el ritmo de trabajo. Lo que, según la Sala, no expresa indicio de vulneración. Y en relación a su condición de delegada se indica que si bien la norma estatutaria contempla (con carácter general) la conservación del mandato representativo en el presente caso no se ha producido propiamente un cambio de titularidad al no haberse cedido (tras la nueva adjudicación del servicio) los elementos materiales de la explotación en los términos convencionalmente previstos.
Resumen: La sentencia de instancia estima la demanda interpuesta por la trabajadora y condena a la empleadora, a abonarle lo detraído indebidamente por reducción salarial, reducción de jornada, conversión salarial y aportaciones al plan de pensiones con sustento en expediente de regulación de empleo que después fue anulado por sentencia, ya firme, en proceso de conflicto colectivo. El vigente criterio de objetiva y automática aplicación de los intereses para toda clase de deudas laborales, y que concretamente, en el supuesto de que no ostenten naturaleza salarial han de indemnizarse en el porcentaje previsto en el CC. La prescripción extintiva una institución no fundada en principios de estricta justicia, sino en los de seguridad jurídica y presunción de abandono del derecho objetivo, por tal razón debe ser objeto de tratamiento cautelar y aplicación restrictiva.El plazo de un año se computa desde que la acción pudiera ejercitarse y eso no lo podía hacer el demandante mientras no se resolviera la impugnación colectiva de la medida empresarial, que es lo que subyace en la interrupción de la prescripción de las acciones individuales.