Resumen: La sentencia casa y anula la de instancia la de instancia para desestimar la excepción de cosa juzgada, devolviendo actuaciones al órgano de instancia para que se pronuncie sobre el fondo, teniendo en cuenta que se planteó demanda de conflicto colectivo en que se pretendía la inaplicación por ilegalidad de los arts. 29, 141 bis, 123 y 124 del II Convenio Colectivo Profesional de Controladores de Tránsito Aéreo. Argumenta la Sala 4ª, que no se acredita implantación suficiente del sindicato en el ámbito del conflicto, sin que sirva como medio de acreditación un acta de protocolización ante notario. Añade al respecto que para acreditar la implantación puede valer tanto el nivel de afiliación como la constatación del número de miembros de que dispone en los órganos de representación unitaria y sistematiza la jurisprudencia sobre la cuestión. En cuanto a la existencia de cosa juzgada, respecto de lo resuelto por SAN 12-01-2018 (autos 310/2017), que no puede apreciarse cuando dicha sentencia no entró a conocer sobre el fondo, señalando que la pretensión debería formularse con sometimiento al art. 163.4 LRJS, que es lo que se hace ahora, sin que quepa acoger la solución de la sentencia de instancia que aplicó el efecto de cosa juzgada entendiendo que no había hechos ni fundamentos jurídicos nuevos, y aunque las sentencias sobre cuestiones procesales que ponen fin al proceso también producen efecto de cosa juzgada, sólo lo hacen respecto de la cuestión procesal y no sobre el fondo
Resumen: La sentencia recurrida, del TSJ de Andalucía, Sevilla, estima el recurso frente a la del JS que estima parcialmente la demanda en la que los actores reclaman las cantidades correspondientes al plus de penosidad, toxicidad y peligrosidad recogido en el art. 15 del Convenio colectivo de pequeñas y medianas empresas del metal de la provincia de Cádiz. Los recurrentes manifiestan que debe aplicarse el mecanismo de la absorción y compensación por ser homogéneos los conceptos comparados, se examina el motivo al apreciarse la existencia de contradicción. La Sala IV, tras apreciar la existencia de contradicción, al amparo del art. 1283 CC, atendiendo principalmente a los actos de los negociadores coetáneos y posteriores al contrato, interpreta el art. 15 del convenio conforme a un Acuerdo que puso fin a una huelga, posteriormente ratificado por la Comisión Negociadora del mismo Convenio, en el que se acordó considerar tóxicos, penosos y peligrosos los trabajos realizados por determinadas categorías de trabajadores. Concluye la Sala 4ª que el plus admite la compensación, y absorción, pues nos encontramos ante la homogeneidad de conceptos a que se refiere el art. 26.5 ET y procede la desestimación del recurso.
Resumen: La Sala IV casa y anula la sentencia recurrida y con ello estima la demanda y declara el derecho de los trabajadores del Banco de Sabadell que deben obtener el certificado EFPA, niveles EIA, EIP y EFA, en comercialización de productos de inversión y el certificado en asesoramiento financiero a que el tiempo de formación para su obtención se considere tiempo de trabajo efectivo con todas las consecuencias legales. La cuestión a resolver en este caso estriba en determinar si la formación que la empresa implanta, dentro del programa tendente a obtener las acreditaciones exigidas por el art. 25 de la Directiva 2014/65, puede entenderse incluida en el supuesto al que se refiere el precepto legal transcrito. Dicha formación debe correr a cargo de la empresa y ser considerada tiempo de trabajo efectivo, puesto que se trate de una formación necesaria que trae causa de la existencia de modificaciones en el puesto de trabajo, de suerte que la empresa debe proveer al trabajador destinado a dicho puesto las herramientas formativas que le permitan seguir manteniendo su desempeño en el puesto modificado. La formación queda claramente impuesta a los trabajadores con carácter obligatorio en la medida en que su puesto de trabajo requiera de esa formación para la cual se impone la realización de una prueba en un determinado plazo máximo. Este supuesto es diferente al resuelto en las STS 20/2/19 (rec. 210/17) y 6/3/19 (rec. 23/2018), dictadas en relación con otras dos entidades bancarias.
Resumen: La Sala IV confirma la desestimación de la demanda de conflicto colectivo en la que se solicitaba se declare el derecho de todo el personal en plantilla al 31/12/2016 a percibir 6/4 de paga según el nivel profesional y antigüedades que ostentara a esa fecha, así como la parte proporcional de su permanencia en la empresa si fuese inferior a 1 año, tal y como viene establecido en el artículo 23 del XXIII Convenio Colectivo de Banca, con condena al abono a los trabajadores afectados de la diferencia entre el importe abonado en la nómina de abril de 2017 y los seis cuartos de paga. Se rechaza la modificación del relato fáctico ya que los documentos invocados no acreditan el hecho que la parte pretende adicionar. En cuanto al fondo del asunto, se declara, en interpretación de aquel precepto, que para tener derecho a dicha parte de paga es preciso que el Resultado de Actividad de Explotación (RAE-empresa), referido a la actividad bancaria en España, considerando su perímetro homogéneo de comparación, según el dato que conste en los informes financieros oficiales, sea superior al 30%, en comparación con el dato RAE empresa del ejercicio precedente. En el caso no consta cual es la variación interanual del RAE en España entre 2015 y 2016 ya que aparece plasmado junto con los resultados del Banco en sus sucursales del extranjero, por lo que no se han cumplido los requisitos establecidos en el art 23 del Convenio. La demandante no ha acreditado los hechos en los que apoya su demanda.
Resumen: La cuestión suscitada es la relativa a la determinación de la cuantía en el proceso de reclamación de cantidad para el acceso al recurso de suplicación art. 191.2 g)- cuando en la demanda se reclama una cantidad inferior a los 3000 euros, pero en ampliación posterior de la pretensión principal y antes del juicio oral se reclama también la cantidad de 4256,86 euros en concepto de daños materiales y perjuicios. La Sala IV pone de manifiesto la innecesariedad de examinar la contradicción cuando se suscita el tema relativo al acceso al recurso de Suplicación por razón de la cuantía. Seguidamente reitera doctrina al afirmar que: a) La normativa procesal, regida por el principio de legalidad, la cuantía de un proceso viene determinada por la solicitud de la demanda y a su vez condiciona -si supera el tope de 3000 euros- el acceso al recurso de Suplicación [art. 191.2 LRJS], sin que se contemple en nuestras normas procesales una cuantía para la demanda y otra distinta para el recurso. b) Es inasumible la sinonimia entre cantidad litigiosa y cantidad controvertida, por lo que ha estarse a una concepción amplia del término "litigiosa", referida a cuantía reclamada, o sea, integrante del "petitum" de la demanda. c) la solicitud se refiere a la cifra que finalmente sea objeto de reclamación en el trámite de alegaciones o conclusiones.
Resumen: Se solicita en la demanda de Conflicto Colectivo que se declare que los descuentos, realizados por el ejercicio del derecho de huelga fueron desproporcionados y se declaren nulos, por vulneración del derecho de huelga y por vulneración del art. 14 CE. Aún siendo cierto que la empresa concede un diferente trato a los trabajadores a tiempo parcial y a los trabajadores con jornada reducida y a los trabajadores a tiempo completo que incide de forma negativa en los primeros, no se aprecia discriminación, atendiendo a las diferencias entre ambos colectivos respecto a la jornada para la que fueron contratados y días de descanso y la diferencia de horas anuales de trabajo que establece el convenio colectivo aplicable para el personal de servicio a bordo, que es inferior al establecido con carácter general; porque la característica distintiva más relevante reside precisamente en la desigual jornada de trabajo. El hecho de que existan más mujeres que hombres con contrato a tiempo parcial o con reducción de jornada, no implica sin más la discriminación denunciada. No consta en las actuaciones que con anterioridad a la fecha de la convocatoria de huelga la empresa tuviera conocimiento de la nueva convocatoria procediendo a los descuentos con motivo de la huelga ya realizada y ajenos a una nueva convocatoria de huelga.
Resumen: La Sala 4ª casa y anula la sentencia de la AN, dictada en procedimiento de conflicto colectivo, para declarar que respecto del permiso por matrimonio del art. 27 a) V CC Estatal de ETT, la fecha del matrimonio debe estar incluida en los 15 días que concede el convenio, salvo cuando la celebración de la ceremonia se realice en día no laborable para el trabajador, en cuyo caso el plazo comenzará a contar desde el primer día laborable inmediato siguiente. Rechaza la Sala 4ª el recurso de la asociación empresarial en que entendía que el dies a quo debía fijarse en el del hecho causante aunque fuera festivo, ya que el permiso sólo tiene sentido si se proyecta sobre un periodo de tiempo en que exista obligación de trabajar, de ahí que sean retribuidos. Acoge sin embargo la Sala 4ª los recursos de los sindicatos, entendiendo que la fecha del matrimonio debe estar incluida en los 15 días que concede el convenio, salvo cuando la celebración se realice en día no laborable, en cuyo caso el plazo contará desde el primer día laborable, sin que ello invalide lo dispuesto en el art. 37.2 a) ET, que habla de 15 días naturales, ya que ello sólo significa que en el cómputo, una vez iniciado su devengo, no pueden excluirse los que no sean laborales para el trabajador. Añade que si el trabajador ha optado por fijar en uno de los 15 días la ceremonia, dicho día no puede ser computado dentro de los 15 a que tiene derecho.
Resumen: La sentencia confirma la de instancia que desestimó la demanda de conflicto colectivo en que se solicitaba que se declarara el derecho de los TMAZ de Iberia Lae Operadora a percibir en la retribución de sus vacaciones el promedio de los pluses de manutención, desayudo, comida cena, del art. 128 a) 1.19 anexo I punto I XX CC de Iberia, con condena a la empresa., por considerar que a los trabajadores afectados por el conflicto, cuando prestan servicios en turnos, se les abonan las denominadas dietas de manutención todos los días en que el trabajador acude al centro de trabajo y en idéntica cuantía, ahora bien, de una interpretación conjunta del art 152 (vacaciones) y 128 (dietas desayunos, comida, cena), que remiten al anexo III de la norma convencional, se concluye que en los periodos de vacaciones, dicho concepto retributivo tiene un carácter compensatorio para gastos del trabajador cuando presta servicios en régimen de turnos, siendo la misma variable según coincida con las horas de desayuno, comida o cena, lo cual evidencia que no retribuye trabajo efectivo teniendo naturaleza extrasalarial
Resumen: La sentencia recurrida declaró la nulidad íntegra del convenio colectivo de la empresa. El recurso de la empresa sostiene que la norma convencional ha sido negociada y aprobada siguiendo los trámites y requisitos legalmente establecidos. La recurrente argumenta que la organización de la empresa se circunscribe a un solo centro de trabajo constituido en la sede en que se encuentra su unidad productiva y administrativa, pero los hechos declarados acreditados corroboran una realidad muy distinta motivando necesariamente su fracaso. Manifiesta la recurrente que el proceso de negociación y aprobación del convenio colectivo de la empresa ha cumplido fielmente los requisitos legales y jurisprudenciales, describiendo pormenorizadamente aquél, sin embargo la sala constata que el ámbito de actuación del órgano de representación de los trabajadores no se corresponde estrictamente con el de la pretendida afectación del convenio colectivo, teniendo éste un perímetro de proyección estatal. Respecto de la falta de negativa expresa y justificada a iniciar el proceso negociador, se acoge el criterio de la sentencia de instancia al recordar la obligación de negociar bajo el principio de buena fe, llegando a imponer una multa por su quebrantamiento. A la denuncia de prioridad aplicativa del convenio de empresa sobre el convenio colectivo sectorial, se concluye que ningún efecto jurídico puede conllevar un texto que se ha declarado nulo.
Resumen: En la sentencia anotada se trata de resolver si los profesores de la enseñanza privada concertada que prestan sus servicios docentes en la Comunidad Autónoma de Galicia, y que han solicitado el abono de la paga de antigüedad en el año 2010, tienen derecho a percibirla. El TS confirma el fallo combatido adverso a la pretensión deducida en demanda, con sustento en la previa sentencia dictada en proceso de conflicto colectivo [TS 11-6-13, rec 65/12]. La Sala se remite a sentencias anteriores en las que establece la doctrina de que la fecha que ha de tenerse en cuenta es la de reclamación administrativa previa a la demanda judicial (fecha que, por cierto, no consta en la sentencia de contraste esgrimida en el presente recurso), lo que conduce a descartar, en consecuencia, que la fecha pueda ser la de la inicial solicitud a la administración pública correspondiente. Como subrayan en particular las sentencias de 14 de diciembre de 2018 (rcud. 988/2017) y de 23 de enero de 2019 (rcud. 3456/2016), en los años en los que se reclamó en vía administrativa y posteriormente en la vía judicial el abono de la paga extraordinaria de antigüedad, se habían dictado ya "normas prohibitivas" que prohibían "expresamente" dicho abono en esos ejercicios.