Resumen: Admisión. La cuestión que presenta interés casacional objetivo para la formación de jurisprudencia es la siguiente: determinar cómo haya de computarse el plazo de interposición del recurso contencioso-administrativo -a salvo del procedimiento para la protección de los derechos fundamentales- cuando en dicho plazo concurre el mes de agosto.Identificar como norma jurídica que, en principio, debe ser objeto de interpretación las siguientes: artículos 128.2 de la Ley 29/1998 de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso Administrativa (LJCA) y 9.3, 14 y 24 de la Constitución Española.
Resumen: La cuestión que presenta interés casacional objetivo para la formación de jurisprudencia consiste en determinar la extensión de la remisión efectuada en el artículo 25.2 (solicitud de protección internacional presentada en un Centro de Internamiento para Extranjeros) al artículo 21 (solicitud de protección internacional presentada en un puesto fronterizo), ambos de la Ley 12/2009, de 30 de octubre, reguladora del derecho de asilo y de la protección subsidiaria, a efectos de concretar cuáles son las consecuencias jurídicas de la superación del plazo fijado en el artículo 21, especialmente del fijado para denegar la solicitud de protección internacional por concurrir algunos de los supuestos en él establecidos, cuando se trate de una solicitud de protección internacional presentada en un CIE. La Sección Primera considera concurrentes las circunstancias de interés casacional objetivo previstas en el art. 88.2.c) y 3.a) LJCA. Existen precedentes de admisión: autos de 2 de noviembre de 2018 (RCA 1059/2018) y de 14 de enero de 2019 (RCA 6538/2018), entre otros.
Resumen: La cuestión que presenta interés casacional objetivo para la formación de jurisprudencia consiste en determinar la extensión de la remisión efectuada en el artículo 25.2 (solicitud de protección internacional presentada en un Centro de Internamiento para Extranjeros) al artículo 21 (solicitud de protección internacional presentada en un puesto fronterizo), ambos de la Ley 12/2009, de 30 de octubre, reguladora del derecho de asilo y de la protección subsidiaria, a efectos de concretar cuáles son las consecuencias jurídicas de la superación del plazo fijado en el artículo 21, especialmente del fijado para denegar la solicitud de protección internacional por concurrir algunos de los supuestos en él establecidos, cuando se trate de una solicitud de protección internacional presentada en un CIE. La Sección Primera considera concurrentes las circunstancias de interés casacional objetivo previstas en el art. 88.2.c) y 3.a) LJCA. Existen precedentes de admisión: autos de 2 de noviembre de 2018 (RCA 1059/2018) y de 14 de enero de 2019 (RCA 6538/2018), entre otros.
Resumen: Se admite a trámite el recurso de casación presentado en el que se precisa que la cuestión sobre la que se entiende existe interés casacional objetivo para la formación de jurisprudencia consiste en: Determinar qué incidencia tienen la STC 8/2017, de 19 de enero, así como la STEDH de 16 de febrero de 2016 (asuntos acumulados Vlieeland Boddy y Marcelo Lanni C. España), en el régimen jurídico relativo a la aplicación del artículo 294.1 de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) y en los presupuestos que deban concurrir para declarar la responsabilidad patrimonial por prisión provisional, en los casos en que haya recaído sentencia absolutoria, teniendo en cuenta además la reciente STC 85/2019, de 19 de junio. Las normas jurídicas que, en principio, serán objeto de interpretación, sin perjuicio de que la sentencia haya de extenderse a otras si así lo exigiere el debate finalmente trabado en el recurso, los artículos 294.1 de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial y 14 y 24.2 de la Constitución Española en relación con el 6.2 del Convenio Europeo de los Derechos Humanos.
Resumen: Admisión. Precisar que la cuestión sobre la que se entiende existe interés casacional objetivo para la formación de jurisprudencia consiste en: Determinar qué incidencia tienen la STC 8/2017, de 19 de enero, así como la STEDH de 16 de febrero de 2016 (asuntos acumulados Vlieeland Boddy y Marcelo Lanni C. España), en el régimen jurídico relativo a la aplicación del artículo 294.1 de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) y en los presupuestos que deban concurrir para declarar la responsabilidad patrimonial por prisión provisional, en los casos en que haya recaído sentencia absolutoria, teniendo en cuenta además la reciente STC 85/2019, de 19 de junio. Las normas jurídicas que, en principio, serán objeto de interpretación, sin perjuicio de que la sentencia haya de extenderse a otras si así lo exigiere el debate finalmente trabado en el recurso, los artículos 294.1 de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial y 14 y 24.2 de la Constitución Española en relación con el 6.2 del Convenio Europeo de los Derechos Humanos.
Resumen: Admisión. Las normas jurídicas que, en principio, serán objeto de interpretación, sin perjuicio de que la sentencia haya de extenderse a otras si así lo exigiere el debate finalmente trabado en el recurso, los artículos 294. 1 de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) y 24. 2 de la Constitución Española (CE) en relación con el 6. 2 del Convenio Europeo de los Derechos Humanos (CEDH). La sección de admisión aprecia que el escrito de preparación presentado cumple con carácter general las exigencias que impone el art. 89.2 de la LJCA, y, en relación específicamente con lo dispuesto en el art. 89.2.f), que se ha realizado el imprescindible esfuerzo argumental, con singular referencia al caso, de la concurrencia del supuesto previsto en el art. 88.2.c) y e) LJCA, considerando procedente admitir el recurso de casación y precisando que la cuestión sobre la que se entiende existe interés casacional objetivo para la formación de jurisprudencia consiste en: determinar qué incidencia tienen la STC 8/17, de 19 de enero, así como la STEDH de 16-2-16 (asuntos acumulados Vlieeland Boddy y Marcelo Lanni C. España), en el régimen jurídico relativo a la aplicación del art. 294.1 de la LOPJ y en los presupuestos que deban concurrir para declarar la responsabilidad patrimonial por prisión provisional, en los casos en que haya recaído sentencia absolutoria, teniendo en cuenta además la reciente STC 85/2019, de 19 de junio.
Resumen: La cuestión sobre la que se entiende existe interés casacional objetivo para la formación de jurisprudencia consiste en determinar si a efectos de la actuación ante órganos judiciales unipersonales, la designación de letrado por el turno de oficio excluye la exigencia de otorgamiento de la representación mediante poder o comparecencia apud acta. Considera la Sección Primera que resulta conveniente reafirmar, reforzar o completar o, en su caso, cambiarlo o corregirlo, el criterio que sobre la cuestión fijó esta Sala en la sentencia de 30 de junio de 2011, dictada en el recurso de casación en interés de la ley nº 76/2009. En dicho recurso se declaró la necesidad de realizar una interpretación del art. 23 LJCA basada en el principio "pro actione" (STC 125/2010, de 29 de noviembre) en el sentido de que el órgano judicial, aunque no puede excepcionar el cumplimiento del presupuesto procesal referido a la postulación, sí que, atendiendo a las circunstancias concretas, derivadas de la dificultad acreditada de comunicación del Letrado designado de oficio con su representado, pueda habilitar un plazo suplementario para la subsanación de este defecto procesal y formular la petición del beneficio de asistencia jurídica gratuita, con la finalidad de no impedir injustificadamente la obtención de una resolución de fondo.
Resumen: La cuestión que presenta interés casacional objetivo para la formación de la jurisprudencia consiste en determinar si la suspensión del plazo prevista en el artículo 37.1.a) LDC queda reservada para la reclamación de documentos necesarios y específicos del caso concreto, que no se pudieron recabar en el plazo ordinario, o si ampara también el requerimiento de actuaciones establecidas como obligatorias por las normas de competencia para el procedimiento sancionador, y que pudieron realizarse en el período ordinario. Añade la Sección Primera podría también resultar necesario un pronunciamiento de la Sección de Enjuiciamiento de esta Sala acerca de los requisitos para acordar la ampliación del plazo pues, si bien es cierto que existe jurisprudencia sobre la motivación de la ampliación de plazos y los efectos de la caducidad en los procedimientos administrativos sancionadores, dicha circunstancia no impide un nuevo pronunciamiento de la Sala a fin de reforzar, clarificar, matizar o revisar la jurisprudencia existente; nuevo pronunciamiento que en este caso estaría encaminado a determinar si, ante un expediente único, la complejidad o falta de complejidad del mismo se comunica a todas las partes intervinientes, en este caso, a la Administración y a las empresas investigadas.
Resumen: Admisión. La cuestión planteada en el recurso que presenta interés casacional objetivo para la formación de la jurisprudencia consiste en determinar si la suspensión del plazo prevista en el artículo 37.1.a) LDC queda reservada para la reclamación de documentos necesarios y específicos del caso concreto, que no se pudieron recabar en el plazo ordinario, o si ampara también el requerimiento de actuaciones establecidas como obligatorias por las normas de competencia para el procedimiento sancionador, y que pudieron realizarse en el período ordinario.
Resumen: El TS considera que tiene interés casacional objetivo determinar si ha de reputarse indeterminada o determinable la cuantía de un recurso contencioso-administrativo en relación con el reconocimiento y cuantificación de los derechos económicos de los empleados públicos; y, de ser determinable, qué conceptos han de ser tomados en consideración para el cálculo y fijación de la cuantía del recurso. Esta cuestión parte de un pleito en que varios empleados públicos solicitaban el reconocimiento de un grado de carrera profesional con efectos económicos desde la fecha de la solicitud inicial. Puesto que la Administración alegó como causa de inadmisibilidad en apelación la cuantía insuficiente para acceder a dicho recurso, la Sala territorial la rechaza al diferenciar, por un lado, el reconocimiento inicial del grado de carrera profesional como el reconocimiento de un derecho que en sí mismo no es susceptible de cuantificación económica, con la cuantificación económica del mismo, por otro, razón por la que consideró el recurso c-a como de cuantía indeterminada. El TS entiende que en estos casos podría deducirse una mera pretensión de reconocimiento de un derecho desligada de su concreta cuantificación (en este caso, un derecho de contenido económico previsiblemente inferior a los 30.000 euros), quedando así expedito el grado de apelación, al considerarse irremisiblemente como de cuantía indeterminada.