Resumen: Consta que el recurrente expresamente en el curso de procedimiento de expropiación, ya advirtió al Ayuntamiento del error en la ubicación del inmueble; lo que además hizo valer ante el Jurado de expropiación y ante la Sala judicial sentenciadora. Siendo evidente, porque así lo recoge la sentencia impugnada, que la cuestión estuvo presente en la controversia, de suerte que se discutió si se encontraba el piso en una o en dos áreas de reparto con uno u otro aprovechamiento aplicable, decantándose la Sala por considerar que se encontraba en dos pues nada se decía en el informe pericial aportado por la recurrente, pero lo cierto que el documento referido poniendo de manifiesto el error sufrido al identificar el inmueble expropiado no conformó en ningún momento el expediente, sin que en el expediente remitido por la demandada estuviera completo al faltar el citado documento que se antojaba esencial y decisivo para el éxito, al menos parcial, de la impugnación, en tanto que el valor que se acogió fue el dictaminado por los servicios técnicos del Ayuntamiento. La parte recurrente justifica el porqué no se aportó el informe del arquitecto municipal, elaborado a petición del interesado y en el que se reconoce el error cometido, en el momento procesal adecuado, afirmando que tuvo conocimiento después de la sentencia, al ser retenido el documento retenido en contra de la voluntad del interesado, por causa que, desconocida, solo puede imputarse a las Administraciones actuantes.
Resumen: Impuesto sobre la Renta de no Residentes.- Solicitud de devolución del exceso de las retenciones sobre dividendos de fuente española, ejercicio 2012, formalizada por un fondo de inversión residente en EEUU, por considerar contrarias al Derecho de la Unión Europea las retenciones del 15% practicadas, conforme al CDI España/EEUU, al constituir una restricción prohibida a la libre circulación de capitales, ya que los fondos de inversión residentes en España tributan al 1% en el Impuesto sobre Sociedades.-¿El análisis de comparabilidad se debe realizar con la legislación española de fuente interna sobre instituciones de inversión colectiva o con la Directiva 2009/65/CE?- ¿El examen de la suficiencia de los mecanismos de intercambio de información para confirmar el cumplimiento por los fondos de inversión residentes en EEUU de los requisitos exigidos para su comparabilidad debe buscar la identidad con los que España tiene con otros Estados miembros de la Unión Europea o la mera equiparación y la efectividad de los mismos para el fin pretendido? El planteamiento de la parte recurrente ha sido acogido en las sentencias de la Sección Segunda de esta Sata Tercera del Tribunal Supremo de 13 de noviembre de 2019 (RCA/3023/2018; ES:TS:2019:3675) y 14 de noviembre de 2019 (RCA/1344/2018; ES:TS:2019:3838).
Resumen: La cuestión suscitada en el recurso que presenta interés casacional objetivo para la formación de jurisprudencia consiste en interpretar los artículos 19.3 y 24.3 de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre , de transparencia, acceso a la información y buen gobierno, a fin de aclarar y deslindar sus ámbitos de aplicación, así como su relación en aquellos casos en que durante el procedimiento de tramitación de una solicitud de información se hubiera omitido lo dispuesto en el artículo 19.3 de la citada Ley. Se trata de aclarar cuál es la relación entre los dos trámites de audiencia previstos en los artículos 19.3 y 24.3 LTBG; en particular, en aquellos casos en los que, sin haberse dado cumplimiento a lo previsto en el artículo 19.3 LTBG, la denegación de acceso a la información solicitada (basada en la posible afectación de intereses comerciales e industriales) es recurrida ante el CTBG; y cuáles son las consecuencias que, de dicha relación, se derivan en el ámbito de los eventuales recursos ante la jurisdicción contencioso-administrativa y la eventual retroacción de actuaciones a fin de dar cumplimiento a la exigencia de audiencia a terceros interesados. La Sección de Admisión considera que concurre la presunción prevista en el art. 88.2.a) y c) LJCA.
Resumen: La sala considera que el escrito de preparación presentado cumple las exigencias que impone el art. 89. 2 de la LJCA, habiéndose justificado suficientemente y con singular referencia al caso la concurrencia de los supuestos previstos en el artículo 88.2 LJCA, por entender que la Audiencia Nacional ha aplicado de forma errónea el art. 294. 1 LOPJ a la vista de los recientes pronunciamientos del Tribunal Constitucional sobre el asunto litigioso, lo cual hace aconsejable que la Sala se pronuncie sobre la cuestión planteada. La cuestión sobre la que se entiende existe interés casacional objetivo para la formación de jurisprudencia consiste en determinar qué incidencia tienen la STC 8/2017, de 19 de enero, así como la STEDH de 16 de febrero de 2016 (asuntos acumulados Vlieeland Boddy y Marcelo Lanni C. España), en el régimen jurídico relativo a la aplicación del artículo 294.1 LOPJ y en los presupuestos que deban concurrir para declarar la responsabilidad patrimonial por prisión provisional, en los casos en que haya recaído sentencia absolutoria, teniendo en cuenta además las recientes SSTC 85/2019, de 19 de junio, y 125/2019, de 31 de octubre. Sobre una cuestión relacionada, constan admitidos, entre otros, los recursos de casación nº 3847/2018, nº 311/2019, nº 339/2019, nº 2932/2019, nº 2987/2019, nº 3575/2019, nº 4332/2019, nº 4587/2019 y nº 5393/19.
Resumen: Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas.- Ganancias y pérdidas patrimoniales.- Intereses por demora en la resolución definitiva del justiprecio.- Ejercicio al que han de imputarse: ¿al ejercicio en que se dicta el auto que precisa los parámetros que se han de tener en cuenta para su determinación, auto que adquiere firmeza, o al ejercicio en que se dicta el auto por el que se practica su liquidación y se fija la cantidad exacta a pagar por tal concepto? Similar a RRCA 6088/2019 y 6111/2019.
Resumen: Se admite el recurso de casación preparado por considerar que presenta interés casacional objetivo, y a tal efecto se indica que la cuestión que presenta interés casacional objetivo para la formación de jurisprudencia es determinar, de una parte, si lo dispuesto en la Disposición Adicional Segunda del Real Decreto-ley 10/2017, de 9 de junio, por el que se adoptan medidas urgentes para paliar los efectos producidos por la sequía en determinadas cuencas hidrográficas y se modifica el texto refundido de la Ley de Aguas, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio, excluye la aplicación de lo previsto en el artículo 68 de dicho Real Decreto Legislativo 1/2001, esencialmente en lo referente a la identificación expresa de los predios que el cedente renuncia a regar y, de otra parte, si en el caso de resultar de aplicación los requisitos formales de la Ley de Aguas en el contrato de cesión de aguas, el requisito de la identificación de los predios resulta susceptible de subsanación.
Resumen: Admisión a trámite del recurso de casación. La cuestión en la que existe interés casacional objetivo para la formación de jurisprudencia consiste en determinar si a los efectos de acordar la expulsión de ciudadano extranjero que haya sido condenado fuera de España por una conducta dolosa que constituya, en nuestro país, delito sancionado con pena privativa superior a un año, resulta necesario que conste en fase administrativa cual sea el tipo penal español en que dicha conducta se subsume.
Resumen: La sentencia recurrida estima la alegación en cuanto a la no procedencia de la inadmisión por parte del Jurado Provincial de Expropiación de Valencia de la solicitud de determinación del justiprecio por ministerio de la ley, condenando a la Administración a la retroacción de actuaciones del expediente seguido ante dicho órgano tasador a fin de que por éste se determine el justiprecio por la expropiación por ministerio de la Ley. El Ayuntamiento de valencia prepara recurso de casación que se estima presenta interés casacional consiste en determinar si el consentimiento del acto administrativo denegatorio de la procedencia de la expropiación por ministerio de la ley enerva el inicio del expediente expropiatorio, impidiendo por tanto la presentación de la hoja de aprecio con virtualidad para iniciar "ope legis" la expropiación, o si, por el contrario, dicho acto denegatorio de expropiación por ministerio de la ley carece de efectos preclusivos, equivaliendo en última instancia al rechazo de la hoja de aprecio, permitiendo de este modo continuar el expediente de expropiación por ministerio de la ley.
Resumen: Auto de admisión. Precisar que la cuestión en la que entendemos que existe interés casacional objetivo para la formación de jurisprudencia consiste en determinar si por la vía de la responsabilidad patrimonial de la Administración puede exigir la devolución de las cantidades entregadas en virtud de un convenio urbanístico de planeamiento en caso de incumplimiento del mismo, o si resulta necesario instar su rescisión por incumplimiento para solicitar la devolución de las cantidades entregadas por su formalización. Identificar como normas jurídicas que, en principio, serán objeto de interpretación: el artículo 35.a) del Real Decreto Legislativo 2/2008, de 20 de junio, por el que se aprueba la Ley del Suelo de 2008.
Resumen: Auto de admisión en que el que la cuestión casacional consiste en determinar los supuestos en que procede la responsabilidad patrimonial de la Administración por los daños derivados de la demora o denegación injustificada de una licencia urbanística. Y determinar si, partiendo de los hechos consignados en la resolución impugnada, concurren los requisitos para estimar la procedencia de la responsabilidad patrimonial. Las normas que serán objeto de interpretación son los artículos 34 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público y 48 apdo. d) del Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el Texto refundido de la Ley del Suelo y Rehabilitación Urbana.