Resumen: La Sala estima el recurso y el contencioso-administrativo. En relación con la interpretación del artículo 124.2º.c) del Reglamento de la Ley de Extranjería, aprobado por Real Decreto 557/2011, de 20 de abril, y con el fin de adaptar la integración del precepto con la situación de reagrupación familiar, se concluye que quien solicite la autorización de residencia temporal por razones de arraigo social basada en vínculos familiares a que se refiere el precepto y párrafos mencionados, debe contar con un contrato de trabajo en las condiciones que el precepto exige, no obstante lo cual, dicha exigencia puede ser sustituida, en base al informe de arraigo a que se refiere el precepto, a lo que resulte del mismo" siempre y cuando acredite que cuenta con medios económicos suficientes"; pero que dichos medios económicos han de concurrir, en todo caso, en el solicitante de la residencia y no en la unidad familiar cuyos vínculos sirve para solicitar el arraigo. No obstante, la Administración al resolver sobre la petición y los Tribunales de lo Contencioso al revisar las resoluciones que se dicten, deben examinar las pruebas sobre dicha exigencia y ponderar las circunstancias personales del solicitante a los efectos de conceder dicha autorización de residencia. La interpretación que se sostiene del artículo 124.2º.c) del Reglamento de la Ley de Extranjería comporta la estimación del recurso de casación.
Resumen: La cuestión que presenta interés casacional objetivo consiste en determinar si el solicitante de asilo, presentada su solicitud, tiene derecho a cambiar su domicilio en España, en este caso desde Melilla a la Península, si bien sometido a la obligación de comunicar el cambio de domicilio que se produzca en él. Señala el TS que la interpretación del art. 18.1 de la Ley 12/2009 no puede ser la denegación del derecho, sin perjuicio de que se trate de un derecho de configuración legal, pues si el solicitante de asilo -mientras dure el procedimiento- asume la obligación de comunicar los cambios de domicilio, solo puede ser porque tiene ese derecho de cambiar el lugar de su residencia y el mismo precepto obliga a interpretar que puede cambiarlo. Por otra parte, no cabe concluir que el Reglamento de Fronteras Schengen no es aplicable en España para las Ciudades Autónomas, sino que su aplicación deberá realizarse de acuerdo a lo pactado en el mencionado Acuerdo de Adhesión, en el que solo se recoge que éstas tendrán un régimen especial. En consecuencia, el TS considera que todo ciudadano extranjero que haya solicitado una protección internacional o asilo en las Ciudades Autónomas tiene derecho a la libertad de movimiento y fijar su residencia en cualquier otra ciudad del territorio nacional, sin que pueda limitarse dicho derecho por su condición de solicitante de la protección internacional y con la obligación de comunicar a la Administración dicho cambio de domicilio.
Resumen: Se fija la siguiente doctrina jurisprudencial determinada por el auto de admisión: para decidir acerca de la solicitud formulada por extranjero de una autorización de residencia de larga duración, se debe considerar, primero, si tiene algún antecedente penal, y si ello ocurre, considerar la gravedad o el tipo de delito contra el orden público por el que el solicitante fue condenado y si representa un peligro para la sociedad por su conducta. Y segundo, se debe examinar, además de lo anterior, si el solicitante tiene vínculos con el país de residencia. Si el solicitante tiene un hijo menor de edad de nacionalidad española, procede examinar la relación del progenitor con el menor, si tiene la guarda y custodia, si está a su cargo, relación con el menor, etc.
Resumen: La resolución decretando la expulsión se atiene al automatismo de la condena penal, sin proceder a la ponderación de las circunstancias del afectado, como se requiere en la actual jurisprudencia. De otra parte y por el contrario, la sentencia recurrida deja constancia de que, en aplicación de los criterios que resultan de la Directiva de 2003, concurren en el originario recurrente circunstancias más que suficientes, a juicio del Tribunal de Madrid, que permiten la ausencia de ese riesgo para el orden o la seguridad pública, sin que se trate de una mera afirmación apodíctica, sino que se procede a un examen detallado y fundado de las circunstancias que concurren en el afectado por la expulsión de las que llegar a aquella conclusión. Criterio que esta Sala comparte y que lleva a la desestimación del recurso. Finalmente, al estar en juego en esta tipología de supuestos una pluralidad de intereses constitucionales (en esta ocasión, vista la patología mental grave concurrente, sobre todo el de la protección de la salud - art. 43.1 CE-, y consiguientemente, de acuerdo con la conexión que realiza nuestra jurisprudencia, también el derecho fundamental a la integridad física - art. 15 CE-), era preciso ponderar todas las circunstancias relevantes en el caso enjuiciado y 'tener en cuenta la gravedad de los hechos'.
Resumen: ¿El artículo 27.2 de la LJCA atribuye la posibilidad de que el Tribunal Superior de Justicia, en segunda instancia, se pronuncie directamente sobre la legalidad de la disposición general impugnada indirectamente ante el Juzgado de lo Contencioso Administrativo cuando éste ha estimado que la misma era ajustada a derecho? ¿El importe de las tasas por la prestación de un servicio de expedición de una licencia de apertura de establecimientos puede exceder, en su conjunto, del coste real del servicio fijado en el informes técnico-económicos incluido en el expediente de aprobación de la tasa, o en su defecto, puede exceder notoriamente del valor real de mercado de la prestación recibida?
Resumen: La cuestión que presenta interés casacional es determinar si con ocasión de la impugnación indirecta de una ordenanza fiscal cabe alegar la ausencia absoluta de la memoria económica-financiera, o su insuficiencia o falta de corrección, por tratarse del incumplimiento de un requisito determinante de un elemento esencial del tributo, o si, por el contrario, no cabe tal invocación por tratarse de un mero vicio formal del procedimiento y, como tal, no susceptible de alegación en la impugnación indirecta de una disposición general.
Resumen: Auto de admisión del recurso de casación. Liquidación del Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras. Anulación por sentencia del TS de la Orden de 15/12/2009 y restablecimiento de la Orden de 05/06/2001 que declaraba la exención del impuesto. Revocación del artículo 219 de la Ley General Tributaria. Cuestiones semejantes a las planteadas en los RRCA 126/2019 y 442/2019.
Resumen: Impuesto sobre Impuesto sobre el Valor Añadido.- Liquidación del impuesto.- Modelo 390.- Declaración-resumen anual.- ¿Su presentación constituye un supuesto de interrupción de la prescripción del derecho de la Administración a determinar la deuda tributaria? Relacionado con los RRCA/5962/2017, 3378/2018 y 3578/2018, admitidos por autos de 9 de abril de 2018 (ES:TS:2018:3548A), 18 de julio de 2018 (ES:TS:2018:8130A) y 10 de octubre de 2018 (ES:TS:2018:10650A). Cuestión sustancialmente idéntica a la resuelta por la sentencia de 18 de mayo de 2020 (RCA/5962/2017; ES:TS:2020:987).
Resumen: La cuestión sobre la que se entiende existe interés casacional objetivo para la formación de jurisprudencia consiste en determinar si, a efectos de la renovación de las autorizaciones de residencia temporal y trabajo por cuenta ajena, la percepción por el extranjero de una prestación económica asistencial de carácter público como renta de ingresos o inclusión social o análoga, puede considerarse como prestación destinada a lograr su inserción social o laboral.
Resumen: Admisión del recurso de casación preparado en el que la cuestión de interés objetivo casacional a dilucidar consistirá en determinar: si la Orden 3/11, de 16 de noviembre, de la Consellería de Agricultura, Pesca y Alimentación de la Comunidad Valenciana, que modifica la Orden 13/2011, de 20 de mayo, de la Consellería de Agricultura, Pesca y Alimentación, por la que se aprueba el texto del reglamento y pliego de condiciones de la Denominación de Origen Protegida Valencia y su consejo regulador, en concreto, su artículo 4 que modifica el Anexo II de la Orden 13/2011, consistente en el pliego de condiciones de la Denominación de Origen Valencia, referido a la demarcación de la zona geográfica de la DOP Valencia, y en lo relativo a la inclusión de terrenos situados en las Zonas Utiel- Requena y Alicante, resulta conforme a la normativa comunitaria de aplicación, precisando si una denominación de origen puede incorporar, y en ese caso en qué condiciones, terrenos correspondientes a otra denominación de origen.