Resumen: La cuestión sobre la que se entiende existe interés casacional objetivo para la formación de jurisprudencia consiste en determinar si a efectos de la actuación ante órganos judiciales unipersonales, la designación de letrado por el turno de oficio excluye la exigencia de otorgamiento de la representación mediante poder o comparecencia apud acta. Se trata de matizar o corregir el criterio sentado en la STS de 30 de junio de 2011 8(Rec. interés de Ley 76/2009) sobre interpretación no rigorista de presupuestos procesales (acreditación de representación) en atención a las circunstancias concretas como pueda ser la la dificultad acreditada de comunicación del Letrado designado de oficio con su representado,ampliándose un plazo suplementario para subsanación, dada la existencia de pronunciamientos judiciales contradictorios.
Resumen: Admisión. La cuestión sobre la que se entiende existe interés casacional objetivo para la formación de jurisprudencia consiste en determinar si la Administración sanitaria que realiza correcta y adecuadamente un acto sanitario debe responder de las lesiones causadas a un paciente como consecuencia de la utilización de un producto sanitario defectuoso, cuya toxicidad se descubre y alerta con posterioridad a su utilización previamente autorizada por la autoridad competente (Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios) o si por el contrario, la responsabilidad deber recaer en el productor o, en su caso, en la Administración con competencias para autorizar y vigilar los medicamentos y productos sanitarios. Identificar como normas jurídicas que, en principio, serán objeto de interpretación, sin perjuicio de que la sentencia haya de extenderse a otras si así lo exigiere el debate finalmente trabado en el recurso, los artículos 139 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, 18.11 de la Ley 14/1986, de 25 de abril, General de Sanidad y 32 del Real Decreto 1591/2009, de 16 de octubre.
Resumen: Admisión. La cuestión sobre la que se entiende existe interés casacional objetivo para la formación de jurisprudencia consiste en determinar cuáles son los mecanismos que permiten dar por cumplido el requisito estipulado en el artículo 32.4 de la Ley 40/15, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, a efectos de instar válidamente la acción de responsabilidad patrimonial prevista en dicho precepto.
Resumen: Admisión. La cuestión sobre la que se entiende existe interés casacional objetivo para la formación de jurisprudencia consiste en determinar: si la Administración sanitaria que realiza correcta y adecuadamente un acto sanitario debe responder de las lesiones causadas a un paciente como consecuencia de la utilización de un producto sanitario defectuoso, cuya toxicidad se descubre y alerta con posterioridad a su utilización previamente autorizada por la Administración competente (Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios) o si por el contrario, la responsabilidad deber recaer en el productor o, en su caso, en la Administración con competencias para autorizar y vigilar los medicamentos y productos sanitarios.
Resumen: Auto de admisión en el que la cuestión sobre la que se entiende existe interés casacional objetivo para la formación de jurisprudencia consiste en determinar: si la Administración sanitaria que realiza correcta y adecuadamente un acto sanitario debe responder de las lesiones causadas a un paciente como consecuencia de la utilización de un producto sanitario defectuoso, cuya toxicidad se descubre y alerta con posterioridad a su utilización previamente autorizada por la Administración competente (Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios) o si por el contrario, la responsabilidad deber recaer en el productor o, en su caso, en la Administración con competencias para autorizar y vigilar los medicamentos y productos sanitarios. Y las normas jurídicas que, en principio, serán objeto de interpretación, sin perjuicio de que la sentencia haya de extenderse a otras si así lo exigiere el debate finalmente trabado en el recurso, los artículos 32 y 34 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, 135 a 138 del Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios, 9, 10 y 11 Ley 29/2006, de 26 de julio, de garantías y uso racional de los medicamentos y productos sanitarios, 7 del Real Decreto 1275/2011, de 16 de septiembre, por el que se crea la Agencia Española de Medicamentos y productos sanitarios.
Resumen: Admisión. La Sección de admisión considera que el escrito de preparación presentado cumple con carácter general las exigencias que impone el art. 89.2 LJCA, y, en relación específicamente con lo dispuesto en el art. 89.2.f), que, en cuanto a la alegada infracción del artículo 118.1 TRLA, la recurrente ha realizado el imprescindible esfuerzo argumental, con singular referencia al caso, de la concurrencia del supuesto previsto en el art. 88.2.a) LJCA, pues, aunque la recurrente invoca la contradicción con una STS, alega la necesidad de refuerzo, matización o incluso corrección de la doctrina consignada y además otra STS, de 15-10-09, rec. 272/05, fue invocada en la instancia por la recurrente y rechazada su aplicación en la sentencia impugnada, lo que -según la Sección de admisión- determina que la necesidad de refuerzo, matización o corrección de dicha doctrina quede justificada. La cuestión sobre la que se entiende existe interés casacional objetivo para la formación de jurisprudencia consiste en determinar si la obligación de reposición de las cosas a su estado anterior, consignada en el art. 118.1 TRLA, como consecuencia anudada a las sanciones impuestas a su tenor, es susceptible de imposición en un expediente sancionador en el que se resuelva la prescripción de las infracciones que lo causan o, por el contrario, en tales casos la imposición de la obligación de reposición exige la incoación de un nuevo expediente. La norma jurídica a interpretar es el art.118.1 TRLA.
Resumen: El objeto del recurso seguido en la instancia es el decreto de 2 de marzo de 2017, del Delegado de Área de Gobierno de Desarrollo Urbano Sostenible, del Ayuntamiento de Madrid, por el que aprueba la Instrucción 1/2017, aclaratoria sobre los artículos 8.1.22, 8.1.23 y 8.1.28 de las Normas Urbanísticas del Plan General de Ordenación Urbana de Madrid de 1997. Según la Sala en realidad, se trata de una modificación de las Normas Urbanísticas del Plan General de Madrid, con una finalidad de alteración de las mismas concreta y específica, y que su funcionalidad no puede quedar limitada, por las razones que expresa la sentencia de instancia, a una simple función interpretativa. Y concluye que en supuestos como el de autos, los Grupos Municipales, cuentan con legitimación suficiente para la impugnación jurisdiccional de decisiones municipales como la adoptada por el Concejal Delegado del Área de Desarrollo Urbano Sostenible del Ayuntamiento de Madrid, al tratarse de una decisión unipersonal, por tanto, sin posibilidad de ser votada por los integrantes del Grupo Municipal en ninguno de los órganos del Ayuntamiento. Y una decisión, en consecuencia, que, en concreto, tampoco pudo ser votada por los cuatro concejales -pertenecientes al Grupo Municipal recurrente en la instancia- que asistieron a la Comisión Permanente Ordinaria de Desarrollo Urbano Sostenible en la que, simplemente, se les dio cuenta de la Instrucción.
Resumen: Se admite a trámite el recurso de casación preparado contra sentencia que anuló la Resolución del Tribunal Catalán de Contratos del Sector Público que acordó inadmitir el recurso, por no tratarse de un contrato susceptible de recurso especial en materia de contratación, interpuesto contra los pliegos de cláusulas administrativas y prescripciones técnicas que han de regir la licitación de suministro de material fungible necesario para la gestión del servicio de prestación de hemodiálisis ambulatoria y, de forma accesoria, la ejecución de la obra nueva unidad de asistencia nefrológica del hospital que, incluye el suministro y la instalación de equipamientos y la conservación y mantenimiento de la totalidad de las instalaciones necesarias para la prestación de los servicios, mediante la constitución de un derecho de superficie y de vuelo. El TS admite el recurso de casación preparado al no existir pronunciamientos sobre la cuestión planteada en torno a los parámetros de legalidad de los contratos mixtos, esto es, cuales son los presupuestos que hacen posible la fusión de varias prestaciones de diversa índole en un único contrato.
Resumen: El documento esencial que evidencia el error en que habrían incurrido las resoluciones judiciales impugnadas es una sentencia posterior a la que es objeto del presente procedimiento revisión, lo que evidencia que el mismo no es -no puede ser- idóneo para que pueda prosperar la pretensión que se ejercita con la demanda pues, como se ha dicho, no puede entenderse que concurre el primer motivo previsto en la ley cuando el documento que se aporta no ha podido en absoluto ser "decisivo" para la solución del litigio en el que se dictó la sentencia cuya revisión se pretende por la razón esencial de que no existía cuando la misma se dictó y, por tanto, no pudo ser tenido en cuenta por el órgano judicial al resolver -en primera instancia y en apelación- la controversia.
Resumen: Admisión a trámite. La cuestión planteada en el recurso que presenta interés casacional objetivo para la formación de la jurisprudencia consiste en determinar si, iniciado un procedimiento de control de calidad (inspección) y antes de su finalización (con el preceptivo informe y eventuales requerimientos de mejora) -o finalizado, pero antes de transcurrido el plazo para cumplir las recomendaciones impuestas-, la detección de un posible incumplimiento de la normativa de auditoría de cuentas puede dar lugar a la incoación de un expediente sancionador por tales hechos.