• Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Civil
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: IGNACIO SANCHO GARGALLO
  • Nº Recurso: 4041/2017
  • Fecha: 24/09/2020
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: Se desestima el recurso de casación interpuesto por los prestatarios de una hipoteca multidivisa; de acuerdo con la actual jurisprudencia, al no ser de aplicación la normativa sobre el mercado de valores la contratación objeto de este pleito, la sentencia apelada no puede haber infringido esa normativa que se denuncia vulnerada en el primer motivo. Respecto al segundo motivo, igualmente se desestima no solo porque contradice la base fáctica la sentencia recurrida, al presuponer que los prestatarios desconocían el riesgo que asumían en la contratación de la hipoteca multidivisa, cuando se ha declarado probado que fueron suficientemente informados sobre ese riesgo por haberlo reconocido uno de ellos; sino también porque en el presente caso resulta irrelevante, a la vista del suplico de la demanda, en la que se solicitaba la nulidad parcial por error en el consentimiento basado en el desconocimiento de los riesgos que entrañaba haber referenciado el préstamo a la moneda del franco suizo. Conforme a la jurisprudencia de esta sala, si el error pudiera ser calificado de sustancial, relevante e inexcusable, viciaría la totalidad del contrato, pero no solo la parte correspondiente a la divisa en que se concertó el préstamo, con la subsistencia del resto del contrato. De ahí la falta de relevancia de la infracción denunciada, en el hipotético caso de que llegara a apreciar.
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Civil
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: JOSE LUIS SEOANE SPIEGELBERG
  • Nº Recurso: 984/2018
  • Fecha: 21/09/2020
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: Bonos estructurados. Deber de información de las entidades financieras. Incumplimiento contractual inexistente. De la sentencia de la Audiencia resulta que está probado que los actores contaban con previa experiencia inversora en productos similares. Igualmente se estimó acreditado que se les aportó documentación en la que se hacía referencia expresa a los riesgos de la inversión, y, dentro de éstos, de manera destacada, en negrilla y subrayado, de la posibilidad real de la pérdida de la totalidad de lo invertido, así como, en la precitada documentación, se analizaban distintos escenarios de mercado. La información no se limitó a la entrega de dichos documentos contractuales, sino que se completó con las explicaciones suministradas por el agente del banco, que era asesor personal de la familia, sobre las características y riesgos del producto adquirido. Las advertencias de pérdida total de lo invertido o los ejemplos de los distintos escenarios de evolución del producto otorgan una información sobre sus características y riesgos que no constituyen menciones predispuestas de conocimiento. No es posible revisar la valoración de la prueba en su conjunto para sustituir el criterio del tribunal sentenciador por el propio de la parte recurrente. No se ha interpuesto, además, el recurso extraordinario por infracción procesal (factible tan solo en casos de error patente, valoración arbitraria o infracción de normas tasadas de prueba) para impugnar la valoración de la prueba.
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Civil
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: FRANCISCO MARIN CASTAN
  • Nº Recurso: 2466/2017
  • Fecha: 21/09/2020
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: Compraventa de viviendas para uso residencial. Ley 57/1968. Reclamación de cantidades entregadas a cuenta del precio de la vivienda e ingresadas en la cuenta del promotor por un tercero. En primera instancia se estimó la demanda y se declaró la responsabilidad legal de la entidad demandada conforme al art. 1.2 Ley 57/1968 y la condena al pago de la cantidad efectivamente depositada en la cuenta abierta en la entidad demandada más el interés legal desde la fecha de la entrega. Recurrida en apelación por la demandada, la audiencia desestimó su recursoi. Recurrida en infracción procesal y casación, la sala desestima el primero al no apreciar error en la valoración de la prueba sino una discrepancia con la valoración jurídica acerca de la responsabilidad del banco propia del recurso de casación. Estima el recurso de casación al considerar que no incurre en la responsabilidad del art. 1-2.ª la entidad de crédito que no consta conociera ingresos de los compradores en una cuenta del promotor en dicha entidad, que fueron hechos por una sociedad limitada. Reiteración de la doctrina sentada, entre otras, por las sentencias 189/2020, de 19 de mayo, 147/2020, de 4 de marzo, y 1/2020, de 8 de enero, en casos sustancialmente iguales. «Residencial Fortuna Hills Golf Resort».
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Civil
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: FRANCISCO JAVIER ARROYO FIESTAS
  • Nº Recurso: 3798/2017
  • Fecha: 10/09/2020
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: La sala estima el recurso de casación interpuesto frente a una sentencia que acogió una pretensión de indemnización de daños por responsabilidad contractual en la adquisición de títulos de participaciones preferentes y obligaciones subordinadas y condenó a la devolución del importe de la inversión, con los intereses legales computados desde la suscripción de los distintos títulos. La sala reitera su jurisprudencia y estima el recurso porque los intereses fijados por la sentencia de apelación son más propios de una acción de nulidad, no siendo compatibles con una acción de responsabilidad contractual que es la que se estimó. Por esta razón, los intereses legales que se habrán de abonar a la demandante se computan desde la interposición de la demanda (arts. 1101 y 1108 CC).
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Civil
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: FRANCISCO MARIN CASTAN
  • Nº Recurso: 2136/2017
  • Fecha: 03/09/2020
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: Compraventa de viviendas para uso residencial. Ley 57/1968. Comprador de cinco viviendas de la misma promoción. La Ley 57/1968 no es aplicable a quienes adquieran la vivienda con finalidad no residencial, sean o no profesionales. Si la empresa promotora y el comprador que adquiere para un fin no residencial pactan la sujeción al régimen de garantías de dicha ley, las garantías se rigen por lo pactado y, en consecuencia, no por la Ley 57/1968, en el sentido en que ha sido interpretada por la jurisprudencia que protege al comprador de vivienda para uso residencial. Así, los avales individuales otorgados en virtud de ese pacto entre comprador y vendedora suponen la responsabilidad de la avalista solo por el límite cuantitativo indicado en ellos, pues al no darse la finalidad residencial los avales podían tener la fuerza ejecutiva que les asignaba la Ley 57/1968, pero al margen de su literalidad no era aplicable en contra del banco avalista la doctrina jurisprudencial sobre la improcedencia de oponer el límite cuantitativo del aval. Cosa juzgada: inexistencia. Incongruencia y falta de motivación: inexistencia. Carga de la prueba: la sentencia recurrida no atribuye indebidamente al comprador las consecuencias de no haber probado que no fuera un inversor, sino que, muy al contrario, funda su decisión precisamente en la existencia de cumplida prueba de que las viviendas se compraron con una finalidad no residencial.
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Civil
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: JUAN MARIA DIAZ FRAILE
  • Nº Recurso: 1053/2018
  • Fecha: 24/07/2020
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: Contrato de préstamo hipotecario con consumidores. Nulidad de la cláusula que atribuye todos los gastos a los prestatarios por abusiva, ya que si no existiera la cláusula controvertida, el consumidor no tendría que pagar todos los gastos e impuestos de la operación. La introducción de dicha estipulación implica un desequilibrio importante entre los derechos y las obligaciones de las partes en el contrato. La apreciación del carácter abusivo de dicha cláusula conlleva su inaplicación y debe tener como consecuencia el restablecimiento de la situación de hecho y de Derecho en la que se encontraría el consumidor de no haber existido dicha cláusula. La jurisprudencia de esta sala ha distinguido entre aquellos gastos cuyo pago, conforme a las disposiciones de Derecho nacional aplicables en defecto de tal cláusula, correspondía al consumidor y aquellos cuyo pago correspondía al banco, doctrina cuya corrección ha resultado plenamente confirmada por el TJUE al resolver la cuestión prejudicial que le fue planteada sobre esta materia. Impuesto sobre Actos Jurídicos Documentados: la declaración de nulidad de la cláusula no puede conllevar la atribución de este gasto al banco prestamista, pues el principal sujeto pasivo obligado al pago de este tributo era el prestatario. Gastos notariales: deben repartirse por mitad. Gastos registrales: la obligación de satisfacer estos gastos corresponde al banco prestamista.
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Civil
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: FRANCISCO MARIN CASTAN
  • Nº Recurso: 1405/2017
  • Fecha: 23/07/2020
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: Acción de restitución de cantidades anticipadas con base en la condición de depositaria de la entidad bancaria demandada, que fue estimada al considerarse que conforme al artículo 1.2 de la Ley 57/1968 el banco debía responder ("bajo su responsabilidad") por haber admitido ingresos de los compradores-recurridos en una cuenta de la promotora sin asegurarse de que la cuenta era especial y estaba debidamente garantizada. Admisibilidad del recurso de casación: es suficiente para superar el test de admisibilidad la correcta identificación del problema jurídico planteado y una exposición adecuada que ponga de manifiesto la consistencia de las razones de fondo del recurso partiendo del respeto a los hechos probados. Desestimación del recurso por infracción procesal por falta de cita de norma infringida sobre prueba, falta de identificación del medio de prueba, y por plantear cuestiones de fondo como lo es la cuestión relativa a si el banco conoció o pudo conocer, y por tanto, controlar los pagos. La responsabilidad de las entidades de crédito conforme al artículo 1-2.ª de la Ley 57/1968 nace del incumplimiento de su deber de control sobre los ingresos en cualesquiera cuentas del promotor, siendo lo relevante si conoció o tuvo que conocer la existencia de esos ingresos. En otros casos sobre viviendas de la misma promoción se consideró que el banco no podía controlar los pagos hechos por una sociedad limitada en una cuenta de la promotora.
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Civil
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: EDUARDO BAENA RUIZ
  • Nº Recurso: 4903/2019
  • Fecha: 21/07/2020
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: Se desestima el recurso de casación en un supuesto en el que el objeto de la demanda era la impugnación de la resolución de la DGRN que había confirmado la denegación de una inscripción de nacimiento fuera de plazo, por entender que no constaban acreditadas la filiación, la fecha y el lugar de nacimiento invocados por la demandante, que alegaba haber nacido en el Sahara en 1953. En primera y segunda instancia se desestimó la demanda; en segunda instancia se entendió que no estaba acreditado ni el nacimiento en el Sahara, ni la residencia en territorio saharaui en 1976. La recurrente hace supuesto de la cuestión, porque pretende sustentar su recurso en el hecho de haber nacido en el territorio del Sahara Occidental en el año 1953, cuando la sentencia recurrida niega ese dato de naturaleza fáctica. No es posible, en el marco de un recurso de casación, plantear cuestiones propias del recurso extraordinario por infracción procesal, como sería, en su caso, el error patente en la valoración de la prueba sobre ese extremo. Además, incluso si se admitiera que la recurrente nació en el Sáhara Occidental en 1953, la reciente doctrina jurisprudencial (STS 207/2020 de 29 de mayo) establece que “no son nacidos en España quienes nacieron en un territorio durante la etapa en que [dicho territorio] fue colonia española", por lo que la demanda tendría que ser desestimada en todo caso.
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Civil
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: MARIA DE LOS ANGELES PARRA LUCAN
  • Nº Recurso: 3099/2017
  • Fecha: 20/07/2020
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: Daños por productos defectuosos. Prótesis de cadera defectuosa. Grupos de empresas. Levantamiento del velo. Responsabilidad de la distribuidora que pertenece al mismo grupo que la fabricante. Productor aparente. El legislador europeo fijó la responsabilidad en la persona del productor (fabricante), dejando fuera al distribuidor (proveedor o suministrador) del producto defectuoso, al considerar que carece de la posibilidad de intervenir en el producto y no tiene los conocimientos ni la oportunidad para inspeccionar los bienes con los que comercia. El distribuidor responde excepcionalmente, solo en el caso de que el productor (fabricante) no pueda ser identificado y el distribuidor no lo identifique, o no identifique a quien, a su vez, le suministró el producto a él mismo. En el presente caso la distribuidora cumplió su obligación de informar al demandante sobre la identidad del fabricante de la prótesis en el plazo de tres meses desde que se le reclamó por los daños. La mera pertenencia a un mismo grupo empresarial no determina, por sí sola, que se extienda a la distribuidora la responsabilidad que la fabricante pudiera tener por los daños causados por los defectos de sus productos. No puede considerarse que la inclusión en las etiquetas de las prótesis del nombre del fabricante en el que se hace referencia a que es una empresa del grupo Johnson and Johnson haya creado la apariencia de que la fabricante es Johnson and Johnson S.A., filial española del mismo grupo.
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Civil
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: FRANCISCO MARIN CASTAN
  • Nº Recurso: 239/2017
  • Fecha: 20/07/2020
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: En el presente litigio los compradores de dos viviendas en construcción bajo el régimen de la Ley 57/1968 reclamaron de dos entidades avalistas colectivas la devolución de las cantidades entregadas a cuenta del precio. La controversia se reduce en casación a determinar si las demandadas deben responder como avalistas de las cantidades anticipadas por los demandantes y previstas en el contrato, pero no ingresadas en ninguna cuenta de la promotora. Se reitera la doctrina expresada en la sentencia 8/2020 para un supuesto sustancialmente idéntico. Conforme a la misma, la responsabilidad de la entidad avalista no es la que incumbe como depositaria a la entidad de crédito no avalista, sino la derivada de dicha garantía". En consecuencia, la entidad avalista o aseguradora, aun cuando falten los avales o certificados individuales, responde de todas las cantidades anticipadas, incluyendo sus intereses y sin que proceda respetar los límites cuantitativos del aval o de la póliza de seguro. Además, su responsabilidad respecto de las cantidades anticipadas previstas en el contrato no depende de que se ingresen o no esas cantidades en una cuenta bancaria ni al carácter de la cuenta en que se ingresen. Como la razón decisoria de la sentencia recurrida consiste en condicionar la efectividad de las garantías colectivas a que los anticipos de los compradores se ingresaran en una cuenta de la promotora, se infringe la citada doctrina. Se estima el recurso de casación.

Parece que no tiene configurado el plugin para ver el pdf embebido... puede descargar la resolución aquí.