Resumen: El trabajador del BBVA con contrato suspendido percibe cantidad según acuerdo de suspensión desde 2006 hasta 2020, reclama el derecho al percibo de la cantidad pactada pese a su jubilación anticipada en 2018 hasta el cumplimiento de los 65 años de edad, se descuenta cantidad abonada con posterioridad a la jubilación. El JS desestimó y TSJ revocó y reconoce cantidad. El banco cuestiona en cud si el derecho al percibo de las cantidades acordadas hasta la edad de 65 años se mantienen en caso de jubilación anticipada y percibo por el trabajador de pensión de jubilación, al haberse extinguido el contrato y si puede el banco reclamar las cantidades que recibió tras la jubilación anticipada. La Sala IV remite a los rcuds. 1654, 178 y 896/20, se trata de acuerdo suspensivo del contrato durante el cual el banco abona cantidad siendo la suspensión del contrato la que obliga al abono de las compensaciones indemnizatorias acordadas que hacen las veces del salario que se deja de percibir, por el prejubilado. No es posible interpretar que extinguido el contrato por jubilación anticipada art. 49.1 f) ET conserve el derecho, el contrato se ha extinguido y percibe pensión, las rentas que suple el acuerdo son los salarios, no hubo intención de duplicar rentas cuando acontece la jubilación. No es argumento que se pacta hasta la edad de 65 años porque la jubilación anticipada extingue el contrato no siendo razonable de deba continuar el abono. Aplica la doctrina y estimó
Resumen: La cuestión casacional que plantea la parte actora consiste en determinar si sufrió una diferencia de trato cuando, estando contratada al amparo de un programa de empleo, no fue retribuida conforme a lo previsto en el convenio colectivo del personal laboral del Ayuntamiento de Almería y así como su derecho a las diferencias salariales, teniendo en cuenta que el Ayuntamiento no puede excluir de la aplicación de la norma paccionada al personal laboral temporal contratado con financiación conseguida mediante subvención. Argumenta la sentencia apuntada que el Ayuntamiento no puede excluir al personal temporal que no percibe su salario con cargo al capítulo de los presupuestos de la entidad por no venir relacionado en los puestos de trabajo y no habiendo justificado de forma objetiva y razonable la diferencia retributiva, vulnera el derecho de igualdad por infracción de la cláusula cuarta de la Directiva/CE 1999/70 y la doctrina fijada por la STJUE de 22/12/2010, sobre discriminación retributivas con el personal fijo en relación con el art. 14 CE, por cuanto ha quedado acreditado que el Ayuntamiento demandado ha retribuido a la demandante en una cuantía muy inferior a los trabajadores fijos que desarrollaban su mismo trabajo sin que se haya acreditado la concurrencia de circunstancias objetivas que justifiquen de manera idónea, razonable y proporcionada dicho trato diferenciado.
Resumen: Complemento de maternidad por aportación demográfica. Procedimiento de tutela DDFF. Reclama el derecho a no ser discriminado por razón de sexo. EL JS estima la excepción de litispendencia sin entrar sobre el fondo. Recurre el actor. El TSJ, estima en parte el recurso y declara la existencia de vulneración del derecho fundamental del actor a no ser discriminado por razón de sexo, condenando al Instituto Nacional de la Seguridad Social a que le abone una indemnización por daño moral por importe de 300,00 €, más otra adicional por daños materiales por un importe total de 278,30 €. El INSS, recurre en unificación. Y el TS rechaza el recurso advirtiendo que a pesar de que tiene reconocido el derecho a percibir una indemnización por los daños y perjuicios que permita compensar íntegramente los perjuicios efectivamente sufridos como consecuencia de la discriminación, incluidas las costas y los honorarios de abogado en que el interesado haya incurrido con ocasión del procedimiento judicial -STJUE 14 de septiembre de 2023 (C-113/22)-, en este supuesto no se los puede conceder más cantidad que lo reclamado en su demanda.
Resumen: Se interpuso papeleta de conciliación celebrada sin avenencia, oponiéndose la empresa a la reclamación. El JS estimó parcialmente condenó a abono cantidad a la empresa. El TSJ estimó el recurso de la empresa, aprecia que no existe impedimento para alegar la prescripción en acto de juicio aún no anunciada en conciliación, revocando en parte la cantidad objeto de condena. En cud la trabajadora cuestiona si la excepción de prescripción puede oponerse por primera vez al contestar a la demanda en el acto de juicio oral cuando no se invocó en conciliación previa al proceso, alega que se trata de hecho sorpresivo y genera indefensión. La Sala IV diferencia los supuestos de conciliación previa, reclamación previa y vía administrativa previa remite a su doctrina, que niega que pueda alegarse la prescripción en acto de juicio cuando se ha omitido en fase administrativa previa al tratarse de un hecho excluyente, diferencia entre el art. 72 y 85.3 LRJS, la STS de 1/06/16 rcud. 2527/14 ya señaló que la excepción de prescripción alegada por primera vez en acto de juicio no puede el actor precaverse contra ella pues la carga de la prueba incumbe a la demandada. Justifica las diferencias en vía administrativa previa (la administración no puede transigir), en conciliación previa se busca la transacción, siendo posible a la empresa alegar la excepción de prescripción al contestar a la demanda, sin preclusión. La argumentación del demandado en conciliación no sujeta a exigencias formales
Resumen: La primera cuestión a resolver consiste en determinar si, para el nivel salarial o de progresión en la categoría, en el momento inicial de una subrogación regulada por el Convenio sectorial de Handling, se ha de computar el tiempo trabajado en dicha categoría en el sector, o si, por el contrario, cuando en el convenio de las empresas salientes se establecen requisitos adicionales a la mera permanencia temporal en la categoría como condición para la progresión del nivel (tales como la evaluación positiva del trabajo prestado), se ha de atribuir al agente subrogado el nivel de entrada o de progresión inicial cuando no consten aquellos requisitos. La Sala IV, estimando el recurso de los actores, declara que se debe reconocer el derecho a que se le asigne aquel nivel que tenga en cuenta los servicios prestados previamente y no el de trabajadores de nuevo ingreso. También se estima el motivo relativo a la exclusión de la jornada irregular por entender que deben mantenerse las condiciones laborales previas a la subrogación y porque la contratación es previa a la fecha en la que se establece la obligatoriedad de la jornada irregular. Recurre Iberia impugnando la declaración del derecho a la percepción de trienios por los actores y la Sala IV estima en parte el recurso por entender que sólo debe ser reconocido el derecho a trienios cuando tal derecho estuviera contemplado en las empresas cedentes.
Resumen: La cuestión a resolver es la de determinar si los controladores de tránsito aéreo que se encontraban acogidos al sistema de Licencia Especial Retribuida (LER) con anterioridad a la publicación del II Convenio Colectivo de aplicación en 2.011, la retribución que se les ha de respetar es la del mes de diciembre de 2010 o el importe anual de la remuneración de 2010. Se discute, en definitiva, si les resulta de aplicación lo dispuesto el artículo 165 de dicho Convenio Colectivo, que establece que los CTA que con anterioridad al 5/2/2010 ya disfrutaran del sistema de LER regulado en el ICCP podrán continuar acogidos al mismo en los términos y cuantías que lo hayan percibido en diciembre de 2010; o sí por el contrario le resulta de aplicación lo previsto en el art. 124.2 CCol que establece una retribución garantizada, para los CTA con antigüedad anterior a 5/2/2010, de una media salarial de 200.000 euros brutos por CTA operativo y un salario al menos equivalente al percibido durante el año 2010 para los CTA no operativos. La Sala IV recuerda doctrina sobre la interpretación de los convenios, concluyendo que ha de estarse al salario del mes de diciembre de 2010, y no a las retribuciones de toda esa anualidad, ya que la interpretación de los preceptos convencionales objeto de controversia realizada por la sentencia recurrida no se aparta de las normas hermenéuticas aplicables y coincide con la efectuada por la Sala en una ocasión precedente
Resumen: El trabajador prestó servicios a una empres y por subrogación para otra, reclamó frente a ambas cantidad por diferencias salariales de CC sectorial aplicable. El JS condena por salarios anteriores y posteriores a la subrogación condenando solidariamente a las dos empresas por el periodo anterior a la subrogación y a la entrante por el posterior. El TSJ en el recurso de saliente absuelve por haber concluido la ultraactividad del convenio, no pudiendo sustentarse en el texto derogado la reclamación salarial y mantiene la condena de la entrante por no recurrir, desestimó aclaración. En cud. la entrante cuestiona la fuerza expansiva de la absolución, si la estimación del recurso de un codemandado frente a la condena solidaria alcanza a otro codemandado que no recurrió en suplicación cuestionando si la absolución determina la del otro codemandado o sólo absuelve al recurrente. La Sala IV apreció concurrencia de gravamen para recurrir art. 448.1 LEC y 17.6 LRJS, doctrina Sala 1 sobre obligaciones solidarias si concurre solidaridad pasiva, la SJS causó gravamen a ambas empresas, STSJ causa gravamen a la recurrente cud mayor que el JS, cabe cud porque TSJ agravó la condena. Sobre el fondo estimó, el éxito del recurso en suplicación aprovecha al resto de condenados solidariamente beneficiando al otro deudor solidario por la fuerza expansiva que la solidaridad comporta, sin alcanzar a cantidad posterior a la subrogación al no recurrir adquiere firmeza parcial. Reitera r. 1554 y 1579/22
Resumen: Se plantea en el recurso si el derecho del progenitor al complemento por aportación demográfica (respecto de su pensión de jubilación, causada el 18 de marzo de 2018) debe percibirse en su totalidad o debe minorarse en atención a que la otra progenitora ha devengado, con efectos de 26 de marzo de 2022, el complemento por brecha de género. La Sala IV considera que en caso de concurrencia de ambos complementos, el importe del referido a la brecha de género debe minorar el reconocido por aportación demográfica, aplicando para ello la DT 33 de la LGSS que así lo establece expresamente (introducida por RDL 3/2021, de 2 de febrero, que dio nueva redacción al art. 60 LGSS, dando así respuesta normativa a la STJUE de 12 de diciembre de 2019 -asunto WA-, que estableció que dicho precepto era discriminatorio para los varones y contrario a la Directiva 79/7/CEE del Consejo, de 19 de diciembre de 1978 por reconocer el derecho a un complemento de pensión por aportación demográfica para las mujeres mientras que los hombres que se encuentran en una situación idéntica no tienen derecho a tal complemento). En consecuencia, el complemento de aportación demográfica reconocido al actor deberá verse minorado en la cuantía del de brecha de género reconocido a su esposa con efectos de 26 de marzo de 2022, por importe de 56 euros mensuales.
Resumen: El debate casacional radica en determinar si la cantidad reclamada por la CNMV a un trabajador en concepto de ayuda de comida y transporte se encuentra afectada por la cosa juzgada, la prescripción o la existencia de causa torpe. Se interpreta el art. 52 y 53 del Acuerdo de 9-12-2010 suscrito entre la CNMV con el Comité de Empresa, sobre ayudas de comida y trasportes. Este acuerdo se dejó en suspenso por la CNMV como consecuencia del informe previo de la IGAE al señalar que era contrario a la legalidad vigente. Posteriormente, previa consulta a la Abogacía del Estado fue anulado por la empresa y se reclamó a todos los trabajadores la restitución de las cantidades recibidas. Frente a esa decisión se planteó demanda de Conflicto Colectivo, que fue estimada por la AN apreciando la prescripción. Ahora, la CNMV reclama al actor por dichos conceptos las cantidades que en su día indebidamente le fueron abonadas. La sentencia de instancia desestima la demanda e interpuesta suplicación, esta fue igualmente desestimada. Ahora en casación el actor discute la competencia funcional, la aplicación de cosa juzgada, la prescripción y la existencia de causa torpe. Se aprecia la competencia funcional por concurrir afectación general. La cosa juzgada se rechaza por falta de contradicción al igual que la falta de prescripción y la causa torpe basada en que la acción de reclamación de devolver las cantidades reclamadas no procede por causa solo imputable a la empresa.
Resumen: La controversia suscitada radica en determinar si las aportaciones empresariales a un Plan de Pensiones, suspendidas desde enero de 2014 a junio de 2017, reclamadas por la parte actora, se someten a la prescripción de un año previsto en el art. 59 ET -como resuelve la Sala de Suplicación-, o al plazo de cinco años del art. 43 LGSS, como defiende el recurrente. La Sala IV pone de relieve los diversos pronunciamientos sobre la cuestión de fondo -reclamación de aportaciones en aquel periodo - centrados en el tenor de la cláusula II.C del Acuerdo de 27/12/2013 y que lleva a concluir que solamente los trabajadores en activo de Liberbank SA que se jubilen o sean despedidos colectiva u objetivamente en el citado periodo temporal, tendrán derecho a percibir esa cantidad. Seguidamente, recuerda la naturaleza salarial de los planes de aportación. Finalmente concluye, con remisión a pronunciamientos previos, con la ineficacia del análisis de la excepción de prescripción dado que el demandante quedó excluido del plan de recuperación en tanto en cuanto se prejubiló antes del inicio del período de suspensión, por lo que carece de derecho a reclamar las aportaciones suspendidas a partir del 1 de enero de 2014 y, a su vez, esto causa como efecto que quede vacía de contenido la alegada prescripción de la acción de reclamación en cuestión por ese período.
