Resumen: La afectación general no resulta apreciable por la posible proyección general de un litigio, sino que es preciso que esa proyección se traduzca en un nivel de litigiosidad relevante y actual sobre el problema que se debate, de forma que no cabe confundir el número de destinatarios potenciales de la norma aplicable con el nivel de litigiosidad sobre la misma, que es el que ha de tenerse en cuenta a efectos de la afectación general. Para apreciar la existencia de tal afectación no es necesario que se hayan incoado muchos procesos judiciales a consecuencia de la cuestión que la produce, sino que basta con la existencia de la situación de conflicto generalizado
Resumen: La cuestión a resolver consiste en determinar si debe computarse como cotizado el periodo de percepción de prestaciones de desempleo como consecuencia de la suspensión del contrato de trabajo en ERTE covid por fuerza mayor, a efectos de percibir una nueva prestación de desempleo. Y el TS, reiterando doctrina (TS 16-11-2023, rec 5326/22 ) da tal cuestión una respuesta negativa, y declara que en las prestaciones por ERTE COVID por fuerza mayor el periodo de desempleo no puede computar a efectos de ampliar la duración de la prestación no estando contemplado este derecho en la normativa especial de la pandemia (RD-Ley 8/20), siendo aplicable la regla general del art. 269 LGSS que la excluye. Reconoce que hay particularidades relevantes para la prestación por desempleo COVID pero no alteran la norma que impide el cómputo de las prestaciones percibidas como tiempo cotizado para generar un nuevo periodo de desempleo, no recogiendo que el periodo de percepción de prestaciones pueda computarse y generar derecho a nueva prestación como si de ocupación cotizada se tratase. La situación jurídica queda en los mismos términos que el art. 273.2 LGSS, evita que sea periodo carente de cotizaciones empresariales. No genera para el desempleo más beneficios mantiene los derechos del trabajador. Se exige efectiva realización de ocupación cotizada.
Resumen: La cuestión suscitada en la sentencia anotada es la relativa a determinar si en fase de ejecución de títulos judiciales procede condenar en costas al ejecutado condenado, en concreto, las relativas a los honorarios del letrado. Pero, el TS declara de oficio la falta de competencia funcional de la sala de suplicación al no tener los autos dictados en ejecución de sentencia en relación con las costas ocasionadas por los honorarios del letrado ejecutante acceso al recurso de conformidad con el art. 191.4 d) de la LRJS.
Resumen: Prestaciones de la Seguridad Social (viudedad): se considera acreditada la situación de violencia de género al tiempo de la separación judicial o el divorcio, teniendo en cuenta que la denuncia y posterior orden de alejamiento y protección se produjeron un año y medio después de la disolución del matrimonio. Concurren indicios suficientes para atribuir la realidad de una violencia de género durante la vigencia de aquel cuando se acredita la difícil situación familiar derivada de las adicciones del demandado, la atribución de la guarda y custodia de la menor a la demandante, y el establecimiento de un restrictivo régimen de visitas supeditado siempre a la presencia de la abuela paterna de la niña.
Resumen: La sentencia del Tribunal Supremo (n.º 811/2024) resuelve un recurso de casación para la unificación de doctrina presentado por el Instituto Nacional de la Seguridad Social contra la sentencia previa del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, que había reconocido el derecho del demandante a percibir una prestación por nacimiento y cuidado de menor tras el fallecimiento intrauterino de su hija. En el caso, el tribunal analiza si en situaciones de óbito fetal después de más de 180 días de gestación, el progenitor no gestante tiene derecho a la prestación por nacimiento y cuidado de menor. El Tribunal Supremo sostiene que, conforme a la normativa vigente (art. 48.4 del Estatuto de los Trabajadores y la Ley General de la Seguridad Social), no se reconoce este derecho al padre en casos de fallecimiento del feto antes del nacimiento. La sentencia fundamenta su decisión en la protección exclusiva de la salud de la madre gestante y en la corresponsabilidad de cuidados que solo aplica tras el nacimiento efectivo de un hijo. Además, enfatiza que la normativa actual no contempla el reconocimiento de prestaciones en casos de fallecimiento fetal, diferenciando las situaciones de la madre biológica y del progenitor no gestante. Por tanto, se estima el recurso del INSS, se anula la sentencia del TSJ de Cataluña, y se confirma la decisión del Juzgado de lo Social, que había denegado la prestación solicitada por el actor, sin imposición de costas.
Resumen: El plazo establecido por la administración para dar respuestas a las solicitudes de los trabajadores en las que, consecuencia de sentencia dictada en conflicto colectivo, formularon la reclamación de sexenios no constituye un reconocimiento de deuda pero permite hablar de voluntad o animus conservandi del acreedor que se prolonga durante todo el tiempo que la propia deudora ha fijado para dar su respuesta, a modo de una ampliación del espacio de interrupción de la prescripción, que va más allá del legalmente fijado. Reitera doctrina.
Resumen: La sentencia recurrida sustenta su conclusión en el efecto positivo de cosa juzgada con base en un pronunciamiento firme recaído en un proceso previo entre las mismas partes y relativo a un periodo inmediatamente anterior, lo que no ocurre en la sentencia de contraste.
Resumen: El TS desestima los recursos interpuestos tanto por el actor como por la empresa por falta de contradicción. Se planteaba en la sentencia recurrida cuál debía ser la fórmula de cálculo para la determinación del porcentaje aplicable a la base reguladora de la pensión de jubilación y si son computables los días en que se hubiera adelantado la edad de jubilación por bonificaciones ex art. 21 de la Orden 3/4/73, para obtener el porcentaje de prorrata temporis aplicable a la base reguladora, cuestión sobre la que la sentencia de suplicación recurrida razona que deben tenerse en cuenta los días efectivamente cotizados y el periodo asimilado, pero no sumar los días ficticios de cotización reconocidos por la legislación extranjera. Por el contrario, en la referencial se discutió la forma de cálculo para determinar el porcentaje aplicable a la BR desde la perspectiva del cómputo de los días en que se adelantó la edad de jubilación por las bonificaciones de edad. Igual causa de inadmisión concurre con respecto al recurso formulado por la empresa, al ser dispares los datos fácticos relativos a la actividad desempeñada, país de prestación de servicios, bonificaciones y coeficientes aplicables.
Resumen: Se debate en el recurso si debe aplicarse al demandante el convenio colectivo de comercio de Madrid, que es el pactado en su contrato de trabajo, o, por el contrario, debe aplicarse el convenio colectivo de comercio de la provincia de Málaga, que es el lugar donde prestan servicios las actoras. En el contrato de trabajo se pacta la aplicación de un convenio colectivo, dándose la circunstancia de que la actividad preponderante de la empresa no se ajusta a dicho convenio, ni al pretendido por las trabajadoras. El objeto del contrato fue lícito puesto que, al no ser aplicable ningún convenio, nada impide que las partes acuerden la aplicación de uno de ellos. Se acredita que la actividad preponderante de la empresa consiste en la comercialización e intermediación como agente distribuidor entre los diferentes operadores de telecomunicaciones y los clientes finales de los mismos para la realización de ofertas y tramitaciones de altas entre dichos operadores y clientes, dicha actividad no se subsume en ninguno de los convenios citados. En consecuencia, la sumisión contractual al convenio colectivo del comercio de Madrid es válida.
Resumen: Se le plantea a la Sala si debe computarse como cotizado el periodo de percepción de prestaciones de desempleo como consecuencia de la suspensión del contrato de trabajo en ERTE COVID por fuerza mayor, a efectos de percibir una nueva prestación de desempleo. La respuesta a tal cuestión se construye en sentido negativo pues, argumenta la sentencia, de la normativa legal dictada específicamente para regular las prestaciones de desempleo COVID, (arts. 24. 1 y 2 del RD Ley 8/2020, de 17 de marzo, de medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social del COVID-19) no se desprende una excepción que permita considerar que el tiempo de prestación de desempleo percibido por esa causa deba considerarse como cotizado para generar una nueva prestación, debiendo aplicarse la regla general del art. 269.2 LGSS que excluye esa posibilidad. Se estima, por tanto, el recurso de casación unificadora interpuesto por el SPEE.
