• Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Penal
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: ANDRES MARTINEZ ARRIETA
  • Nº Recurso: 20769/2018
  • Fecha: 27/07/2020
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: El recurso de revisión penal. El artículo 957 LECrim. El recurso de revisión penal al amparo de lo dispuesto en el art. 954.1.c) tras la modificación llevada a efecto por la Ley 41/2015, de 5 de octubre "cuando sobre el mismo hecho y encausado hayan recaído dos sentencias firmes". La Sala II, en supuestos similares, se ha inclinado por acordar la nulidad de la sentencia posterior, manteniendo la dictada en primer lugar.
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Penal
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: JULIAN ARTEMIO SANCHEZ MELGAR
  • Nº Recurso: 2402/2018
  • Fecha: 23/07/2020
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: Delito de homicidio. Autoría y participación. Complicidad. El recurso de casación por infracción de Ley, al amparo de lo dispuesto en el artículo 849.2 LECrim., por error en la valoración de la prueba. La prueba indiciaria. El control de la razonabilidad del discurso, esto es, de la solidez de la inferencia puede llevarse a cabo tanto desde el canon de su lógica o coherencia (siendo irrazonable cuando los indicios constatados excluyan el hecho que de ellos se hace derivar o no conduzcan naturalmente a él), como desde el de su suficiencia o carácter concluyente (excluyéndose la razonabilidad por el carácter excesivamente abierto, débil o indeterminado de la inferencia).
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Penal
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: MANUEL MARCHENA GOMEZ
  • Nº Recurso: 10703/2019
  • Fecha: 21/07/2020
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: El TS estima parcialmente el recurso. No concurre alevosía en el delito de asesinato. Este se comete de forma subsiguiente a un delito de agresión sexual, por ello, el TS examina la circunstancia del artículo 139.1.4º CP y afirma que el legislador ha querido que el delito de asesinato cometido con vocación de impunidad, cuando es subsiguiente a un delito contra la libertad sexual, sea castigado con la máxima pena prevista en el Código Penal. Ha asociado la pena de prisión permanente revisable a la mayor reprochabilidad que representa la convergencia de un ataque prácticamente simultáneo a bienes jurídicos del máximo rango axiológico, la libertad sexual y la vida. De todos aquellos asesinatos cualificados por haber servido como instrumento para facilitar u ocultar un delito precedente, el legislador ha estimado que si el delito inicial es un delito contra la libertad sexual, la respuesta penal sea la más severa. La Sala es consciente de que sólo una interpretación restrictiva de ese juego de preceptos tan mal combinados, puede ofrecer respuestas ajustadas a la gravedad del hecho y que no desborden la medida de la culpabilidad. Es previsible, por tanto, que la exacerbación punitiva que ha querido el legislador sea contemplada conforme a criterios restrictivos que descarten el riesgo de afectación del principio de proporcionalidad.
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Penal
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: EDUARDO DE PORRES ORTIZ DE URBINA
  • Nº Recurso: 10677/2019
  • Fecha: 21/07/2020
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: En el Acuerdo de Pleno de 16/12/2008 declaramos que "la persona que ha sido juzgado por unos hechos y con posterioridad acude al juicio de otro imputado para declarar sobre esos mismo hechos, declara en el plenario como testigo y, por tanto, su testimonio debe ser valorado en términos racionales para determinar su credibilidad". Pero precisando ese Acuerdo, en la STS 881/2012, de 28 de septiembre, se analizó si la declaración del copartícipe que ya ha sido juzgado tiene la naturaleza de prueba testifical o de declaración de coacusado. Esta Sala consideró que lo determinante era si el sujeto en cuestión había participado en los hechos porque, en tal caso, los intereses y sentimientos derivados de la coparticipación eran muy relevantes para valorar su credibilidad, por tal razón concluyó declarando que aun cuando una mera concepción formal de la condición de coimputado conllevaría que la exigencia de la mínima corroboración de su declaración sólo fuese aplicable a quien fuese juzgado simultáneamente en el mismo proceso, esto es, a quien tiene la condición formal de coacusado, hemos de extender esta garantía de la mínima corroboración de la declaración incriminatoria también a los supuestos en los que tal declaración se presta por quien fue acusado de los mismos hechos en un proceso distinto y que, por esta razón, comparece como testigo en un proceso posterior en el que se juzga a otra persona por su participación en la totalidad o parte de estos hechos, como ocurre en el caso.
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Penal
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: EDUARDO DE PORRES ORTIZ DE URBINA
  • Nº Recurso: 4187/2018
  • Fecha: 20/07/2020
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: Se aprecia acoso del artículo 173.1, párrafo 2º CP en concurso real con prevaricación en la incoación de expediente disciplinario a una Interventora municipal que denunció acoso sexual. A consecuencia de esa denuncia el Alcalde, considerando que su presencia en el Ayuntamiento no era oportuna, formula querella criminal por injurias graves y le abre expediente disciplinario por la comisión de un delito doloso (el denunciado previamente) a pesar de que el hecho se declaró falta y finalmente se dictó sentencia absolutoria. Sabiendo que el hecho no era delito, acordó la suspensión de empleo y sueldo y continuó con el expediente a pesar de que la medida cautelar fue anulada por violación de derechos fundamentales. Además, comunicó públicamente el requerimiento para que se fuera del Ayuntamiento, la expulsó de la sede también de forma pública y, cuando se reintegró, le quitó el móvil, las llaves del Ayuntamiento, la firma electrónica. También la cambió de despacho y contrató a un economista para que hiciera las funciones de intervención, iniciando también una campaña de desprestigio en la prensa. Se desestima una pretensión de recusación extemporánea, que no fue planteada en la instancia conforme a lo que previene la LOPJ y se analiza los requisitos del delito de acoso laboral. Se entiende que entre el delito de prevaricación y el de acoso hay una relación de concurso real.
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Penal
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: JULIAN ARTEMIO SANCHEZ MELGAR
  • Nº Recurso: 4161/2018
  • Fecha: 20/07/2020
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: La existencia de grupo criminal no exige la previa condena de todos y cada uno de los integrantes de la organización o grupo, bastando con que el hecho probado describa y afirme la concurrencia de un número de personas superior a dos en la perpetración de los delitos de que se trate. Para calificar los hechos en el subtipo agravado del art. 570 ter apartado 2, letra b), por disponer de armas o instrumentos peligrosos, tendría que haberse imputado la acusación por el delito de organización criminal en el apartado 2, letra b), con idéntico contenido, pero al haberse ejercitado la acusación por el apartado 3, y no por el 2, se ha vulnerado el principio acusatorio, en tanto que no han podido defenderse de tal subtipo agravado, que no estaba incluido en el acta de acusación, sino en la comisión de delitos contra la vida, integridad de las personas, libertad, indemnidad sexual o trata de seres humanos. El concepto de arma prohibida es de carácter normativo y su determinación corresponde al órgano de enjuiciamiento que no está supeditado a la calificación que al respecto pueda contener la pericial practicada sobre las armas en cuestión. Las armas cuya tenencia se prohíbe penalmente son las que sean materialmente armas (pues no todos los objetos prohibidos con ese nombre en la norma administrativa lo son), cuya tenencia se prohíba por una norma extrapenal, que posea una especial potencialidad lesiva, y que la tenencia se produzca en condiciones que la conviertan en peligrosa.
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Penal
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: JUAN RAMON BERDUGO GOMEZ DE LA TORRE
  • Nº Recurso: 20552/2019
  • Fecha: 20/07/2020
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: La escritura pública que declara la existencia de una pareja de hecho supone un medio de prueba válido -en un sistema de prueba libre- que como tal ha de poder ser valorado; de ahí que la Instrucción 4/2005 no puede condicionar la interpretación del art. 45 RP y exigir en todo caso -a modo de prueba tasada- una prueba epistolar o de solicitud de comunicaciones por locutorios de 6 meses de duración a quienes -pese a estar inscritos como parejas de hecho a partir de una determinada fecha- hayan celebrado otras comunicaciones vis a vis con anterioridad con persona distinta a la solicitada, sino que, la citada escritura ha de poder ser valorada, en un régimen de prueba libre y no tasada, como un elemento con potencialidad para acreditar -salvo supuestos de fraude de ley- la existencia de la relación de pareja entre los solicitantes de la comunicación vis a vis. Por ello, la interpretación de los términos "allegados" o " familiares" del art. 45 del RP no puede ser ceñida, respecto de quienes con anterioridad han mantenido una comunicación vis a vis con un tercero, solamente a aquellas personas que demuestren mediante comunicaciones en locutorio durante los 6 meses previos la relación con el solicitante del vis a vis, sino que ha de entenderse que cualquier medio de prueba de la existencia de una relación de pareja (entre ellos el otorgamiento de escritura pública notarial de pareja de hecho) puede ser valorado para acreditar a efectos penitenciarios la referida relación.
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Penal
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: JULIAN ARTEMIO SANCHEZ MELGAR
  • Nº Recurso: 3923/2018
  • Fecha: 17/07/2020
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: Delito de acoso laboral. Artículo 173.1 del Código Penal. Falta de lesiones del artículo 617.1 del Código Penal (derogado por LO 1/2015). El auto de transformación de las diligencias previas a procedimiento abreviado: el artículo 779.1.4º de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. La determinación del objeto del proceso y el contenido delimitador del auto de transformación para las acusaciones. El recurso de casación por vulneración del derecho a la presunción de inocencia: ámbito del control casacional respecto a la prueba practicada en la instancia. La prescripción del delito. La determinación de la responsabilidad civil derivada del delito. El recurso de casación por error en la valoración de la prueba (artículo 849.2 LECRIM.): requisitos de prosperabilidad.
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Penal
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: PABLO LLARENA CONDE
  • Nº Recurso: 4058/2018
  • Fecha: 17/07/2020
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: Corresponde al Juez de Instrucción fijar el órgano judicial competente para el enjuiciamiento de la causa. Improcedencia de que la Audiencia Provincial rechace la competencia y, de oficio, dicte auto remitiendo las actuaciones al Juzgado de lo Penal para su enjuiciamiento. Doctrina de la Sala.
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Penal
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: SUSANA POLO GARCIA
  • Nº Recurso: 3819/2018
  • Fecha: 17/07/2020
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: Como dice el TC, la llamada instrucción de recursos no forma parte del decisum de la sentencia y, por tanto, no supone una decisión que cierre el paso al recurso ni que fije de manera definitiva las condiciones en que deba interponerse. Además, hay que distinguir las situaciones creadas por la mera omisión de la indicación de recursos contra una resolución concreta, de aquellas otras en las que se da una instrucción errónea que induzca a error al litigante, pues la omisión en una resolución de los recursos utilizables -como información prescrita legalmente- no impide en modo alguno la posibilidad de recurrir; ahora bien, mientras la equivocada instrucción de recursos es susceptible de provocar un error excusable en el litigante sobre el régimen de recursos aplicables que le conduzca a adoptar una postura procesalmente incorrecta y que debe ser ponderada de acuerdo con las circunstancias concurrentes en el caso, singularmente, en atención a si se estaba o no asistido de Letrado o a la mayor o menor claridad o ambigüedad de los textos legales, para evitar que los errores de los órganos judiciales puedan producir efectos negativos en la esfera jurídica del ciudadano, la omisión del régimen de recursos procedentes contra la resolución notificada, al ser fácilmente detectable, debe producir normalmente la puesta en marcha de los mecanismos jurídicos ordinarios para que sea suplida por la propia diligencia procesal de la parte, especialmente si cuenta con la asistencia de Letrado.

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