• Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Social
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: IGNACIO GARCIA-PERROTE ESCARTIN
  • Nº Recurso: 4568/2017
  • Fecha: 21/05/2020
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: La Sala IV reitera doctrina relativa al acceso al recurso de suplicación en un supuesto de infracción administrativa en materia de seguridad social, que viene determinado por la cuantía general de 3000 euros, regla del art 191.2 g) LRJS, y no por la cuantía de 18000 euros (artículo 191.3 g) LRJS), que se ciñe a las sanciones en materia laboral. Argumenta que el art 191.3 g) LRJS, que establece el umbral de 18000 euros para el acceso al recurso de suplicación, se ciñe a la impugnación de actos administrativos en «materia laboral», sin extenderse a la impugnación de actos administrativos en materia de seguridad social, lo que conduce a que estos últimos deban regirse por la regla general del artículo 191.2 g) LRJS, que establece el umbral de 3000 euros para el acceso al recurso de suplicación. En el caso analizado, tras la correspondiente acta de infracción, la TGSS impuso una multa a la recurrente por la infracción muy grave tipificada en el artículo 23.1 a) LISOS, precepto que se inserta en el capítulo III de la LISOS sobre «infracciones en materia de seguridad social» y no en el capítulo II sobre «infracciones en materia laboral». La doctrina ha establecido, al ceñirse el artículo 191.3 g) LRJS a la impugnación de actos administrativos en «materia laboral», que a la impugnación de actos administrativos en materia de seguridad social se le ha de aplicar la regla general del artículo 191.2 g) LRJS.
  • Tipo Órgano: Audiencia Nacional. Sala de lo Social
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: EMILIA RUIZ-JARABO QUEMADA
  • Nº Recurso: 123/2020
  • Fecha: 20/05/2020
  • Tipo Resolución: Auto
Resumen: Se formula demanda sobre tutela de derechos fundamentales por un sindicato de policías contra el Gobierno de España y el Ministerio del interior,solicitando se declare la existencia de vulneración de derechos fundamentales y libertades públicas, concretamente del artículo 15 CE, que contiene el derecho a la integridad física. Se pide la adopción de medidas cautelarísimas "inaudita parte ", para el aseguramiento de la efectividad de la Tutela Judicial efectiva por razones de urgencia, para que se acuerde de manera excepcional, anticipadamente, ante la existencia de la situación en la que nos encontramos ante el SARS COVID 19. En el caso que no fuera concedida la medida cautelarisima, solicita la medida cautelar, consistente en la ADOPCIÓN de medidas de Protección de la integridad física de los funcionarios, en concreto:Realizar el test de coronavirus a todos los miembros del Cuerpo Nacional de Policía. Incompetencia de jurisdicción. La AN declara en línea con lo que ha sostenido la STS/3ª de 8 marzo 2017 (rec. 810/2015), de haberse ejercitado una acción tendente a reclamar por infracciones en materia de prevención de riesgos laborales, la competencia para conocer hubiera correspondido al orden social de la jurisdicción, pero ,en la medida que se plantea demanda por tutela de derechos fundamentales de miembros del cuerpo nacional de policía estamos dentro del ámbito de protección definido por el artículo 53.2 de la Constitución y el artículo 114.1 de la LJCA.
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Social
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: SEBASTIAN MORALO GALLEGO
  • Nº Recurso: 16/2017
  • Fecha: 19/05/2020
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: La Sala IV desestima la demanda de error judicial en la que el demandante analiza el error en el que a su juicio incurrió la sentencia y que impidió imputar la responsabilidad derivada de su negligente actuación a la empresa. Consta que la sentencia de suplicación acoge el recurso de las demandadas y revoca la de instancia que reconoció el derecho a indemnización derivada de accidente de trabajo. Por posterior auto se desestima el incidente de nulidad suscitado por el demandante. Se valora que si bien el recurso de casación unificadora fue desestimado por falta de contradicción, esa era la fase procesal adecuada en la que el demandante debiere de haber solicitado la nulidad de la sentencia de suplicación, por los mismos supuestos defectos formales que posteriormente quiso hacer valer para instar su nulidad con la presentación de aquel incidente. Seguidamente, tras poner de relieve las características y requisitos de la demanda de error judicial, se desestima la misma porque no se trata de resoluciones judiciales contrarias a derecho de manera burda, arbitraria o irrazonable, sino perfectamente motivadas y que se acogen a una acertada interpretación de la norma, que no es en absoluto descabellada. No se aprecia un error craso, evidente e injustificado, no siendo este proceso especial una nueva instancia en la que el recurrente insista en su criterio y petición que ya le fueron rechazados judicialmente con anterioridad.
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Social
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: RICARDO BODAS MARTIN
  • Nº Recurso: 21/2018
  • Fecha: 19/05/2020
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: La sentencia de suplicación declaró la competencia del orden social para conocer de la demanda de impugnación de la resolución del SPEE que denegó al actor la ayuda a trabajadores desempleados contemplada en el Programa de recualificación profesional para personas que agotaron la prestación de desempleo (Programa Prepara). Recurre el Abogado del Estado en casación unificadora a los únicos efectos de insistir en la competencia del orden contencioso-administrativo para conocer de la pretensión. Y tal motivo de recurso es estimado por la sala IV que, tras un exhaustivo análisis de la naturaleza de la ayuda solicitada y con remisión a las SSTCO 22/14, de 13/2 y 179/16, de 20/10, considera que la ayuda reclamada no es ni una prestación de desempleo, ni tampoco forma parte de la acción protectora del desempleo, puesto que se integra en las medidas de acompañamiento de un programa de empleo unitario, cuya finalidad es el fomento del empleo, vinculado a lo dispuesto en el art. 149.1.13 CE y cuya gestión se encomienda el SPEE. Todo lo cual determina que la jurisdicción competente para conocer de la pretensión rectora de las actuaciones es la contenciosa-administrativa.
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Social
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: RICARDO BODAS MARTIN
  • Nº Recurso: 3366/2017
  • Fecha: 19/05/2020
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: La sentencia confirma la de suplicación que devolvió las actuaciones para que le juzgado de instancia se pronunciara sobre el fondo de la demanda de conflicto colectivo por no tratarse de una impugnación del art. 40 CC Provincial de la Industria, los Servicios y las Tecnologías del Sector del Metal 2013-2016, sino de una reclamación de trabajadores sin centros de trabajo, desplazados diariamente desde sus domicilios a la central de la empresa donde les recoge un vehículo empresarial que les lleva a su lugar de trabajo y los devuelve a la central, de que se compute como jornada de trabajo el tiempo de desplazamiento, por no apreciar la existencia de contradicción con la sentencia invocada de contraste, ya que no existe identidad en los hechos probados, puesto que en la sentencia de contraste ese desplazan con sus propios medios al domicilio del cliente y vuelven desde éste a sus domicilios, ni hay coincidencia en los convenios colectivos aplicables ni en las pretensiones, puesto que en la de contraste se reclama se compute como tiempo de trabajo desde la salida del núcleo urbano de la población de residencia, ni en las causas de pedir.
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Social
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: ROSA MARIA VIROLES PIÑOL
  • Nº Recurso: 15/2019
  • Fecha: 19/05/2020
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: Se pronuncia la sentencia comentada sobre la demanda de revisión planteada en un proceso de despido que fue declarado procedente por la Sala de suplicación; sentencia que adquirió firmeza al desestimarse el recurso de casación unificadora por auto de 13/12/2018. La demanda de revisión se funda en el Auto firme del Juzgado de Instrucción número 11 de Sevilla (Diligencias Previas 506/16), por el que se acordó el sobreseimiento y archivo de la querella criminal formulada por el demandado frente al demandante de revisión. La Sala, remitiéndose a la doctrina jurisprudencial y constitucional, entiende, en primer lugar, que el auto penal, al contrario que la sentencia laboral, no niega los hechos ni la intervención del demandante, sino que no considera probados los hechos que han dado lugar a la formación de la causa. En segundo lugar, no tiene la consideración el auto penal de "documento recobrado" en los términos establecidos en el art. 510.1 de la LEC, pues es de fecha posterior a la sentencia cuya revisión se pretende. Por todo ello, se desestima la demanda.
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Social
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: MARIA LUISA SEGOVIANO ASTABURUAGA
  • Nº Recurso: 2911/2017
  • Fecha: 19/05/2020
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: La sentencia recurrida en casación unificadora confirma la nulidad del despido impugnado, pero revoca la condena al abono de la indemnización por vulneración del derecho fundamental a ocupar cargo público. La actora prestaba servicios para la entidad demandada, habiendo permanecido en situación de excedencia para ocupar el cargo de concejala del Ayuntamiento de Alicante. Solicitado el reingreso, la demandada denegó el mismo por inexistencia de vacante, dando por extinguida la elación laboral. La sentencia analizada, tras confirmar que la demandada ha vulnerado el derecho fundamental contemplado en el art. 23 de la CE y desestimar por tanto el recurso de la empresa, para a analizar si procede la condena al abono de la indemnización por daños y perjuicios reclamada por la actora. Y la sala IV, recogiendo la evolución jurisprudencial, tiene por acreditados tanto el daño moral como los daños económicos y profesionales derivados de la pérdida del empleo, lo que determina el derecho de la actora a ser indemnizada. Y respecto a la cuantía indemnizatoria, se indica que la sentencia de instancia condenó al abono de la suma de 48.080 €, aplicando la sanción prevista en el RDL 5/2000, LISOS, para las infracciones muy graves, en su grado medio. Y, a la vista de las circunstancias concurrente, se modula tal condena indemnizatoria, entendiendo que procede la condena al abono de una indemnización de 3.000 €, correspondiente a la sanción por infracciones graves en su grado medio.
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Social
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: MARIA LUZ GARCIA PAREDES
  • Nº Recurso: 1650/2018
  • Fecha: 19/05/2020
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: Declarada por sentencia firme la improcedencia del despido de trabajador y habiendo optado la Junta de Andalucía por el abono de la indemnización y la extinción del contrato, instó ejecución el demandante. Por auto del juzgado de lo social recaído en fase de ejecución, se acordó dejar sin efecto el descuento de la cantidad principal por la que se despachó ejecución del importe de la indemnización por fin de contrato temporal. La sentencia de suplicación confirmó dicho auto por dos razones: en primer lugar, porque la ejecutada no impugnó el auto despachando ejecución y, en segundo, porque la deducción de lo ya abonado al actor debió plantearse en el acto de juicio. Recurre en casación unificadora la Administración ejecutada insistiendo en el mencionado descuento. La Sala IV aprecia la falta de contradicción entre las sentencias comparadas porque la recurrente en casación unificadora no impugna la cuestión relativa a si es posible alterar la cantidad reflejada en el auto firme despachando ejecución y la sentencia ofrecida de contraste no aborda dicha materia litigiosa.
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Social
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: ANTONIO VICENTE SEMPERE NAVARRO
  • Nº Recurso: 1617/2017
  • Fecha: 19/05/2020
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: La sentencia comentada desestima el RCUD, por apreciar la inexistencia de contradicción con la primera sentencia invocada de contraste y por no estar citada la segunda sentencia referencial en el escrito de preparación del recurso. Se plantea la cuestión relativa a la validez de las contrataciones temporales entre la actora y la Universidad demandada. Consta que se suscribieron primero contratos administrativos y luego contratos laborales como ayudante, el último de los cuales finalizó el 31/8/2015. La sentencia no aprecia contradicción con las primera sentencia invocada de contraste, por cuanto ambas aplican la misma doctrina a situaciones diferentes, dado que se trata de profesores pertenecientes a categorías profesionales distintas (ayudantes y asociados) y son dispares las causas del cese. Con respecto a la segunda materia de contradicción (derecho a la indemnización por fin de contrato) se declara que no es idónea a efectos del examen de la contradicción por no haber sido citada en la preparación del recurso.
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Social
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: MARIA LUISA SEGOVIANO ASTABURUAGA
  • Nº Recurso: 229/2018
  • Fecha: 19/05/2020
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: La sentencia anotada, recaída en casación ordinaria, confirma el fallo combatido desestimatorio de la demanda de impugnación de convenio colectivo, y en la que, se interesaba se declarara nulos y sin efecto los acuerdos adoptados por CAIXABANK, SECPE y CCOO, en el seno de la Comisión Paritaria de Seguimiento que modifican el Acuerdo de 28 de abril de 2017 por haberse vulnerado el derecho a la libertad sindical de la parte actora. El TS descarta la concurrencia del vicio de incongruencia y la falta de motivación de la decisión impugnada, así como la vulneración de la libertad sindical y el principio de la buena fe en las relaciones laborales y en la negociación colectiva y la jurisprudencia relativa a las Comisiones negociadoras y aplicadoras, al no existir datos que permitan afirmar que existe un eventual contenido modificativo del Acuerdo de 28 de abril de 2017, por lo que, si su contenido no es modificativo, no procede la declaración de nulidad de los citados Acuerdos de la Comisión de Seguimiento por haber sido adoptados sin la presencia de los Sindicatos recurrentes. Se desestima el recurso.

Parece que no tiene configurado el plugin para ver el pdf embebido... puede descargar la resolución aquí.