• Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Social
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: ANTONIO VICENTE SEMPERE NAVARRO
  • Nº Recurso: 494/2018
  • Fecha: 18/06/2020
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: El demandante fue sancionado por el SPEE como consecuencia de haber infringido el deber de comunicar las causas de suspensión o extinción de las prestaciones. Se trata de un ciudadano argelino que se ausenta de España por tiempo desconocido, sin comunicar la salida ni atender al requerimiento (primero administrativo, luego judicial) para que acredite su fecha. Se trata de hechos posteriores al RDL 11/13. La Sala IV confirma la desestimación de la demanda en la que se solicitaba la revocación de la resolución del SPEE, por la que se acuerda la extinción del subsidio del que era perceptor el demandante con efectos del 12/09/2013 y la reclamación de cantidades indebidamente percibidas y reconocimiento del derecho del demandante a percibir el subsidio de desempleo en la cuantía y condiciones en que lo venía percibiendo. Argumenta que el trabajador no ha aportado la documentación requerida por el Juzgado a instancia del SPEE y ello “tiene unas consecuencias legales” específicas y diversas a las de “igual ausencia producida en el curso del expediente administrativo”. Corresponde al trabajador comunicar la salida al extranjero y acreditar el tiempo de permanencia fuera de España, lo que no ha sucedido. Los artículos 47.1.b y 3 en conexión con el art. 25.3 LISOS abocan a la confirmación de lo acordado por el SPEE.
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Social
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: SEBASTIAN MORALO GALLEGO
  • Nº Recurso: 124/2018
  • Fecha: 18/06/2020
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: Se interpone por la parte ejecutante recurso de casación contra el auto de la Sala Social del TSJ del País Vasco que desestima los recursos de reposición formulados por ambas partes contra el auto dictado en el incidente de ejecución definitiva de la sentencia firme que declaró la nulidad del despido colectivo realizado por la empresa Zardoya Otis. La resolución recurrida califica como irregular la readmisión de los trabajadores por no haber respetado la empresa el horario, ni las condiciones salariales en el pago de la prima que aplicaba antes del despido, condenando a las demandadas al abono de las diferencias retributivas derivadas de ese impago, pero declara que no constituye readmisión irregular el hecho de que los trabajadores hayan sido reubicados en otro centro de trabajo, porque tan solo dista 20 kilómetros del centro en el que prestaban anteriormente servicio y que ha sido cerrado definitivamente. La Sala IV, tras desestimar la alegación sobre la existencia de incongruencia omisiva y la solicitud de reincorporación del trabajador que acordó la extinción pactada de su relación laboral, concluye que no es irregular la reubicación de los trabajadores en un centro de trabajo que tan solo dista 20 km. del anterior, una vez que ya se ha cerrado definitivamente el mismo, puesto que no exige cambio de residencia y no se aprecia indicio alguno que permita considerar que la actuación de la empresa pretenda eludir la ejecución de la sentencia en sus propios términos.
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Social
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: ANGEL ANTONIO BLASCO PELLICER
  • Nº Recurso: 5/2019
  • Fecha: 16/06/2020
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: La Sala IV desestima la demanda de error judicial con fundamento en la no rectificación de hechos probados por la sentencia de suplicación. Tras recordar las características de este procedimiento, reitera que el concepto de error judicial ha de dimanar de una resolución judicial firme, injusta o equivocada, viciada de un error patente, indubitado e incontestable y no constituye un remedio que permita la revisión de las resoluciones judiciales. Por ello, la valoración de la prueba pertenece al juzgador de instancia por ser quien ha tenido plena inmediación en su práctica y la revisión de sus conclusiones únicamente puede ser realizada cuando un posible error aparezca de manera evidente y sin lugar a dudas de documentos idóneos para ese fin que obren en autos. La denegación de la revisión fáctica por parte de la Sala de Suplicación, debidamente fundada, no implica la existencia del pretendido error judicial. En el caso, hay una discrepancia respecto de la valoración de la prueba efectuada por la sentencia a la que se le imputa el error, lo que no es propio de este extraordinario procedimiento. Además, en la decisión judicial no se aprecia la comisión de un error patente e injustificado, ya que la sentencia ha valorado las pruebas aportadas, motivando adecuadamente la fijación de los hechos, que podrá ser discutida y podrá discreparse o no de ella, pero es una interpretación coherente y razonable de las pruebas aportadas.
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Social
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: ANTONIO VICENTE SEMPERE NAVARRO
  • Nº Recurso: 1742/2018
  • Fecha: 16/06/2020
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: La cuestión suscitada versa sobre las consecuencias del allanamiento por parte de la entidad empleadora del trabajador recurrente. Dicho allanamiento se produce cuando el recurso de casación unificadora ya ha sido interpuesto, e incluso remitido al Ministerio Fiscal para su Informe. En el mismo, el Ayuntamiento acepta en su totalidad lo pedido por el recurso de casación; El escrito presentado por la entidad recurrida no solo es claro en su manifestación, sino que fundamenta la razón de ello; La sentencia referencial aportada por el recurso, en su segundo motivo, acoge la petición del trabajador del caso en términos idénticos a la formulada por el ahora recurrente y el propio escrito interesando el allanamiento interesa que dictemos sentencia acogiendo la pretensión del recurrente. La Sala IV analiza el alcance del allanamiento tanto en el proceso civil como en el social, para concluir que se viene admitiendo, el juego del allanamiento (tanto total como parcial) en el ámbito del proceso laboral. Se exige que la manifestación de conformidad con la demanda ha de ser clara; su existencia juega en contra del carácter controvertido de lo reclamado y aceptado; cabe el allanamiento parcial; cuando acaece, ha de tenerse presente en las sucesivas fases procesales. Cumpliéndose estas exigencias en el caso analizado, se dicta sentencia estimando el recurso de casación unificadora, sin que ello comporte en esta ocasión fijar una determinada doctrina sobre el fondo de lo debatido.
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Social
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: ANTONIO VICENTE SEMPERE NAVARRO
  • Nº Recurso: 69/2019
  • Fecha: 16/06/2020
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: La Sala IV confirma la sentencia recurrida que estima la demanda presentada por la Asociación de Empresas de Producción Independiente del País Vasco (Ibaia) y declara carente de eficacia general por no ser estatuario el acuerdo sobre materia concreta de la comunidad autónoma del País Vasco en el ámbito de la producción audiovisual, suscrito el 27/2/2018, dada la insuficiente representatividad de la asociación patronal firmante. En casación, se denuncia la incongruencia omisiva de la sentencia de instancia, que no prospera, al entender que la misma ha dado respuesta, negativa, a la pretensión, sin que se haya generado indefensión. Tampoco prospera la revisión de hechos instada por los tres recurrentes, por no cumplirse las exigencias establecidas en la LRJS ni en la doctrina de la Sala. Seguidamente y tras efectuar diversas precisiones sobre la finalidad y alcance de los recursos de casación, desestima los motivos de denuncia jurídica por ausencia de las infracciones jurisprudenciales o legales invocadas, por presuponer supuestos diversos al concurrente o referirse a temas intrascendentes para el fallo de la sentencia recurrida. En definitiva, el Acuerdo fue suscrito por asociación que no cumple con las exigencias de los arts 87.3.c y 88.2 ET y ha quedado acreditado que existe, tanto falta de legitimación para negociar de AVESAT, como una falta de proporción de la necesaria representatividad de AVESAT para constituir la mesa negociadora,
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Social
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: CONCEPCION ROSARIO URESTE GARCIA
  • Nº Recurso: 19/2019
  • Fecha: 16/06/2020
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: En la sentencia examinada se formulaba demanda revisoria al amparo del art. 510 LEC frente a la sentencia del juzgado de lo social que desestimó la demanda empresarial de impugnación del acto de conciliación judicial. La sentencia desestima la demanda, tras recordar la doctrina que declara el carácter excepcional del proceso de revisión de sentencias, en primer lugar, porque no se cumple en el caso el requisito de subsidiariedad que exige el agotamiento previo de todos los recursos judiciales previstos por la ley a fin de que la sentencia pueda considerarse firme, pues cabía interponer recurso de suplicación frente a la sentencia cuya revisión se pretende. En segundo lugar, no determina la demandante con claridad el «dies a quo» para el cómputo del plazo de 3 meses –caducidad corta- y así acreditar que el recurso se ha interpuesto en tiempo hábil. Sólo indica que en ese plazo tuvo conocimiento de determinados hechos relativos a una falsedad documental que dieron lugar al inicio de un proceso penal; proceso que no ha terminado y que no dio lugar a la suspensión del proceso laboral por mor de lo establecido en el art. 86.2 LRJS. Por ambos motivos, se desestima la demanda.
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Social
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: SEBASTIAN MORALO GALLEGO
  • Nº Recurso: 11/2019
  • Fecha: 16/06/2020
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: trabajadora y declaró la nulidad de la actuación empresarial consistente en alterar el
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Social
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: CONCEPCION ROSARIO URESTE GARCIA
  • Nº Recurso: 31/2016
  • Fecha: 16/06/2020
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: La Sala IV desestima la demanda de revisión al no concurrir los requisitos exigidos. El carácter excepcional de este recurso supone que solo sea viable por la concurrencia de alguna de las causas que de manera taxativa establece la ley, cuya interpretación no puede ser extensiva, y por la confluencia inexcusable de los requisitos exigidos. En el caso, la demanda de revisión formulada se basa en que la sentencia se ha ganado por una maquinación fraudulenta. En esencia, por mor de notificaciones incorrectas y sin haberse agotado todas vías posibles para su efectividad, llegando a la notificación por edictos, y por la mala fe de la contraparte. En las presentes actuaciones es precisamente el plazo denominado de caducidad corta, 3 meses, el que no se ha cumplido. El 25/11/2015, el demandante suplica del juzgado copia de las actuaciones, tanto en su fase declarativa como ejecutiva, manifestando que había tenido conocimiento de la existencia de «unos Autos de ejecución», y el 2 de diciembre testimonio de los particulares que señala, lo cual es cumplimentado por el órgano judicial. Por ello, y aunque se tomare en consideración este último hito procesal, a los efectos de fijar la fecha de conocimiento de lo actuado, de los hechos en los que se sustenta la causa revisoria, habría trascurrido en exceso el referido plazo de caducidad hasta la interposición de la presente demanda, lo que necesariamente ha de malograr el éxito de la misma.
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Social
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: MARIA LUZ GARCIA PAREDES
  • Nº Recurso: 3621/2017
  • Fecha: 16/06/2020
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: La Sala IV reitera doctrina que reconoce el derecho a la indemnización de 20 días por año de servicio cuando se extingue una relación laboral indefinida no fija por cobertura reglamentaria de la plaza, en atención a la especial naturaleza de este tipo de relación laboral que trae causa de la irregular contratación temporal del trabajador en fraude de ley, y en analogía con la indemnización prevista para la extinción de los contratos de trabajo por causas objetivas. Tal derecho a la indemnización no surge de lo declarado en la STJUE de 14 septiembre 2016, cuya dificultosa y problemática interpretación ha sido corregida, tanto por las STJUE de 5 junio 2018 (Montero Mateos -C-677/16 - y Grupo Norte Facility - C-574/16 -), como, de manera específica, por la STJUE de 21 noviembre de 2018 (C-619/17 ) -segunda de las dictadas por el Tribunal de la Unión en ese mismo caso-. La acción de despido ejercitada en la demanda permite el reconocimiento de la indemnización que legalmente corresponda si la extinción del contrato de trabajo indefinido no fijo lo ha sido conforme a derecho, y que en este supuesto, lleva aparejado el derecho indemnizatorio que debe ser de 20 días por año de servicio, teniendo en consideración que la declarada relación laboral indefinida no fija, por irregularidades y fraude de ley, arranca del contrato suscrito el 1/12/ 2008.
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Social
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: SEBASTIAN MORALO GALLEGO
  • Nº Recurso: 31/2019
  • Fecha: 16/06/2020
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: La sentencia aplica la doctrina de la Sala para desestimar la demanda de revisión de una sentencia que declaró procedente el despido disciplinario, porque la sentencia penal alegada no absuelve al trabajador por inexistencia del hecho o de la falta de participación del sujeto en el mismo, sino en aplicación de la presunción de inocencia, en un asunto en el que la condena se sustenta en la declaración de un testigo de referencia que la Sala considera insuficiente para acreditar el hurto por el que había sido condenado en la sentencia del juzgado de lo penal.

Parece que no tiene configurado el plugin para ver el pdf embebido... puede descargar la resolución aquí.