• Tipo Órgano: Audiencia Nacional. Sala de lo Social
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: MARIA CAROLINA SAN MARTIN MAZZUCCONI
  • Nº Recurso: 21/2020
  • Fecha: 07/05/2020
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: Elecciones a miembros de la comisión de control de un plan de pensiones de empleo.se pide se declare vulnerado el derecho a la igualdad y a la libertad sindical de un sindicato, declarándose, nulo, el proceso electoral, retrotrayendo dicho proceso al momento de proclamación de candidaturas, en el cual se debió haber entregado a la central sindical la información solicitada, consistente en los datos personales de los partícipes y beneficiarios del Plan que se encuentren en el censo electoral, tales como nombre, apellidos, dirección postal, teléfono móvil y/o correos electrónicos, a fin de realizar la campaña electoral. Se estima parcialmente la demanda ,se declara que la comisión de control ha vulnerado el derecho de libertad sindical del sindicato demandante y la nulidad del proceso electoral,retrotrayéndolo al momento de proclamación de candidaturas y se condena al abono de una indemnización de 626 € por los daños y perjuicios derivados de tal vulneración. La función supervisora de la comisión de control implica disponer de información, que en ocasiones, exige el acceso a datos personales, familiares y económicos de los partícipes y beneficiarios.El artículo 11.2.a) de la L.O 15/1999, de Protección de Datos de Carácter Personal , señala que la comisión de control puede ser usuario autorizado para acceder a la información necesaria para el ejercicio de sus funciones, cesión que debe realizarse para el desempeño de la función supervisora y con el deber de confidencialidad.
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Social
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: RICARDO BODAS MARTIN
  • Nº Recurso: 2800/2017
  • Fecha: 07/05/2020
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: El demandante, profesor de religión católica, presentó demanda de reclamación de cantidad solicitando el abono del complemento de formación permanente (sexenios), que le fue denegada por cuanto al equipararse por normativa autonómica los profesores de religión católica a los funcionarios interinos y preverse la percepción de sexenios sólo por los funcionarios de carrera, no puede percibirse por los primeros. La Sala IV casa y anula dicha sentencia, por entender que ya la propia Sala IV había fallado en el sentido de que se debían equiparar los profesores de religión católica a los funcionarios interinos a falta de regulación específica en las normas convencionales, y en el presente supuesto, los profesores de religión se hallan excluidos del convenio colectivo del personal de dicha administración, por lo que teniendo en cuenta que no existe ninguna justificación objetiva para negar el complemento de formación permanente a los funcionarios interinos respecto de los de carrera, y equiparándose a los primeros los profesores de religión, procede el abono del complemento reclamado.
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Social
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: ROSA MARIA VIROLES PIÑOL
  • Nº Recurso: 2627/2017
  • Fecha: 07/05/2020
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: La Sala examina nuevamente la cuestión consiste en determinar el alcance del silencio administrativo positivo sobre el reconocimiento de cuantías que el Fondo de Garantía Salarial alega exceden de los límites de responsabilidad previstos para el mismo. La sentencia reitera la doctrina de la Sala en el sentido de que el citado organismo está obligado a resolver en el plazo previsto en su propia norma de funcionamiento (Real Decreto 505/1985), y que si no lo hace es la propia ley (LRJPAC) la que establece que la solicitud del interesado ha de considerarse estimada por silencio administrativo - resolución tácita equiparable legalmente a la expresa-, sin que dicha resolución pueda luego dejarse sin efecto por la propia Administración mediante una resolución extemporánea, al prohibirlo nuevamente la citada LRJPAC.
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Social
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: MARIA LUISA SEGOVIANO ASTABURUAGA
  • Nº Recurso: 1835/2017
  • Fecha: 07/05/2020
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: La sentencia desestima el primer motivo del RCUD en que se discutía si la empresa adquirirte de la unidad productiva de otra en concurso, responde de las deudas salariales de los trabajadores que extinguieron sus contratos antes del concurso, por no apreciar la existencia de contradicción con la sentencia de contraste, puesto que en la recurrida se condenó a una empresa, dictándose auto ampliando la ejecución frente a otra que había adquirido la unidad productiva autónoma de la primera en fase de liquidación del concurso, mientras que en la sentencia de contraste la ejecución está suspendida por estar la empresa en concurso, siendo competencia del juez del concurso conocer de la ejecución, sin que el Juez Social pueda reabrir la ejecución. Acoge el segundo motivo, tras rechazar la alegación de falta de firmeza de la sentencia de contraste por cuanto la misma sí era firme a la fecha de interposición del RCUD conforme al art. 221.3 LRJS, sin que tampoco acoja la alegación de que la sentencia de contraste fue revocada, por cuanto no se resolvió nada sobre la cuestión alegada. En cuanto al fondo, sigue la jurisprudencia que determinó que cuando una empresa adquiere la unidad productiva en el seno de un concurso y se ha declarado la nulidad del despido de uno de los trabajadores incluidos en el despido colectivo, ha de condenarse a la readmisión y abono de salarios de tramitación a la empresa concursada y a la adjudicataria, ya que existe subrogación del art. 44 ET
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Social
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: ANTONIO VICENTE SEMPERE NAVARRO
  • Nº Recurso: 4631/2017
  • Fecha: 07/05/2020
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: En la demanda rectora de las actuaciones reclama el actor a la empresa demandada la cantidad abonada a la AEAT como consecuencia de la liquidación del IRPF efectuada tras haber alcanzado con la empresa demandada acuerdo conciliatorio en el SMAC en el que se reconocía la improcedencia del despido del actor y se abonó la cantidad correspondiente a la indemnización, saldo, finiquito y salarios de tramitación. La sentencia de suplicación, con revocación de la de instancia, desestima la demanda. Interpuesto recurso de casación unificadora por el demandante, la Sala IV desestima el mismo al considerar que no concurre el requisito de la contradicción entre sentencias. Y ello, en primer lugar, porque la sentencia recurrida basa su decisión en el contenido del finiquito suscrito por las partes, mientras que tal razón de decidir es inédita en la sentencia referencial. Además, en la sentencia impugnada no consta, al contrario de lo que sucede en la referencial, que la empresa acudiera a la AEAT para plantear sus tesis en relación con las retenciones fiscales efectuadas. Finalmente, en el caso de autos la cuestión relativa al derecho a indemnización mínima y exenta de IRPF en la relación laboral de alto cargo es debatida, mientras que tal cuestión no es parte del litigio en el caso referencial.
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Social
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: MARIA LUISA SEGOVIANO ASTABURUAGA
  • Nº Recurso: 121/2018
  • Fecha: 07/05/2020
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: La Sala IV confirma la desestimación de la demanda de conflicto colectivo en la que se solicitaba se declare el derecho de todo el personal en plantilla al 31/12/2016 a percibir 6/4 de paga según el nivel profesional y antigüedades que ostentara a esa fecha, así como la parte proporcional de su permanencia en la empresa si fuese inferior a 1 año, tal y como viene establecido en el artículo 23 del XXIII Convenio Colectivo de Banca, con condena al abono a los trabajadores afectados de la diferencia entre el importe abonado en la nómina de abril de 2017 y los seis cuartos de paga. Se rechaza la modificación del relato fáctico ya que los documentos invocados no acreditan el hecho que la parte pretende adicionar. En cuanto al fondo del asunto, se declara, en interpretación de aquel precepto, que para tener derecho a dicha parte de paga es preciso que el Resultado de Actividad de Explotación (RAE-empresa), referido a la actividad bancaria en España, considerando su perímetro homogéneo de comparación, según el dato que conste en los informes financieros oficiales, sea superior al 30%, en comparación con el dato RAE empresa del ejercicio precedente. En el caso no consta cual es la variación interanual del RAE en España entre 2015 y 2016 ya que aparece plasmado junto con los resultados del Banco en sus sucursales del extranjero, por lo que no se han cumplido los requisitos establecidos en el art 23 del Convenio. La demandante no ha acreditado los hechos en los que apoya su demanda.
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Social
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: MARIA LUZ GARCIA PAREDES
  • Nº Recurso: 4233/2017
  • Fecha: 07/05/2020
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: La sentencia estima el recurso de casación para la unificación de doctrina interpuesto por ATECH BPO S.L. y AYESA ADVANCED TECHNOLOGIES S.A. y anula parcialmente la sentencia recurrida, con devolución de las actuaciones a la Sala de procedencia para que resuelva el segundo motivo del recurso de suplicación interpuesto por las empresas recurrentes. El recurso de casación unificadora se articula en dos motivos, el primero tiene por objeto determinar si ostenta un interés jurídicamente tutelable en vía de suplicación a pesar de haber sido absuelto en la sentencia objeto del recurso. La sentencia de instancia absuelve a la parte demandada de la pretensión de despido que se había formulado por la parte actora al apreciar la existencia de sucesión de empresa, a pesar de haber rechazado la demanda por caducidad en la sentencia. Las empresas, a las que se les califica de sucesoras, interponen recurso de suplicación que es resuelto no entrando a valorar sobre el motivo relativo a la sucesión empresarial por no existir interés tutelable. La Sala 4ª declara que el art. 17.5 de la LRJS, citado como infringido, debe interpretarse en el sentido de entender legitimado a todo aquel que en el proceso ostente un interés directo o indirecto, derivado del pronunciamiento. Al estimar el primer motivo se considera innecesario entrar a valorar el segundo punto de contradicción.
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Social
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: RICARDO BODAS MARTIN
  • Nº Recurso: 743/2018
  • Fecha: 07/05/2020
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: Consta en la sentencia anotada que el actor viene prestando servicios para la demandada Correos y Telégrafos SA mediante 49 contratos temporales eventuales o de interinidad, con la categoría de operativo de reparto 2 y estando incluido en las bolsas de empleo de Correos. En la demanda rectora de las actuaciones impugna la extinción del contrato eventual suscrito el 1/2/16, tras la cual el actor ha continuado prestando servicios para la demandada en virtud de otro contrato temporal. La sala de suplicación desestima la demanda. Formula recurso de casación unificadora el actor alegando fraude en la contratación, derivado de la invalidez y falta de justificación de la causa de temporalidad consignada en contrato. El TS recuerda la doctrina relativa a los requisitos de la contratación temporal en la Administración Pública y razona, en lo que al litigio afecta, que la contratación eventual puede utilizarse para atender a las necesidades derivadas del déficit de plantilla. Por otra parte el art. III del convenio de Correos es acorde con lo recogido en el art. 15.1.b del ET. Y, lo cierto es que el sistema de contratación colectivamente pactado en Correos, garantiza la existencia de la causa de temporalidad y el acceso al empleo con arreglo a los principios de igualdad, mérito y capacidad. Respecto al motivo dirigido a incorporar un documento [contrato] vía art. 233.1 LRJS, y el relativo a la vulneración de la garantía de indemnidad, se desestiman por falta de contradicción.
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Social
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: IGNACIO GARCIA-PERROTE ESCARTIN
  • Nº Recurso: 279/2018
  • Fecha: 07/05/2020
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: Se cuestiona si para acceder al subsidio de desempleo de mayores de 55 años (52 años tras el Real Decreto-ley 8/2019, de 8 de marzo) del artículo 274.4 LGSS debe equipararse o no la percepción de la llamada Renta Activa de Inserción con la percepción de la prestación por desempleo o del subsidio por desempleo. El recurrente percibió la RAI del 2 de octubre de 2015 al 1 de septiembre de 2016 y con anterioridad había agotado un subsidio por desempleo el 18 de octubre de 2013. Le fue denegado el subsidio por desempleo de mayores de 55 años y formuló demanda contra la resolución del SEPE, que fue desestimada, argumentando que había cumplido 55 años el 31 de enero de 2016 cuando estaba percibiendo la RAI, sin estar en ese momento recibiendo prestación por desempleo o subsidio por desempleo algunos. La sala de suplicación rechazó que la percepción de la RAI pudiera equipararse a estos efectos a la percepción de la prestación por desempleo o de los subsidios por desempleo del art. 274 LGSS. La cuestión ha sido resuelta por esta Sala en las SSTS 27 de marzo de 2019 (rcud. 2966/2017) y 23 de octubre de 2019 (rcud. 2380/2017), dictadas en supuestos sustancialmente iguales estableciendo que «el agotamiento del subsidio propio de la RAI debe asimilarse al de los otros subsidios por desempleo cuando se trata de abrir el acceso al específico para mayores de 55 años».
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Social
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: ROSA MARIA VIROLES PIÑOL
  • Nº Recurso: 3383/2017
  • Fecha: 07/05/2020
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: La actora prestó servicios en una guardería, con categoría de auxiliar infantil, ocupando el puesto de cuidadora, estando en posesión del título de Enseñanza de grado medio de Formación Profesional. Conforme al pliego de cláusulas administrativas particulares y de prescripciones técnicas, en el marco de un concurso público se adjudicó a otra empresa y en las condiciones constaba que la titulación del personal sería como mínimo, el exigido en el Decreto 149/2009, de 12 de mayo de la Consejería de Educación. La empresa no pudo tomar posesión de la escuela infantil porque la anterior adjudicataria. A la actora se le comunicó que tras el concurso público licitado por el Ayuntamiento pasaría a prestar servicios para la nueva adjudicataria y ésta le comunicó que no se encontraba en posesión de la titulación mínima exigida. La nueva adjudicataria se subrogó en 7 de los 10 trabajadores que prestaban servicios en la escuela infantil con anterioridad a su adjudicación, no siendo subrogadas 3 trabajadoras, entre ellas la actora, por carecer del título habilitante. La actora presentó demanda por despido que fue estimada. No se aprecia la existencia de contradicción, porque las circunstancias fácticas sobre las que se efectúa el respectivo análisis difieren sustancialmente, hasta el punto de poder entender que la solución alcanzada en uno y otro caso no es contradictoria sino que atiende a las concretas circunstancias del caso.

Parece que no tiene configurado el plugin para ver el pdf embebido... puede descargar la resolución aquí.