Resumen: En el supuesto que examina la sentencia anotada, la empresa demandada presentó escrito de interposición del recurso de suplicación en el que formuló cinco motivos suplicacionales, incluyendo uno en el que solicitaba la revisión del relato histórico de instancia y otro que denunciaba la infracción del art. 52 del ET en relación con las causas objetivas justificadoras del despido objetivo. El Tribunal Superior de Justicia omitió examinar ambos motivos. Esta omisión afectó a una cuestión controvertida que, de haber sido examinada, pudiera haber conducido a un fallo distinto: el Tribunal de suplicación debió analizar los motivos que hubieran podido llevar a la valoración del despido como ajustado a derecho, incurriendo en incongruencia omisiva. Por ello, el TS aprecia la infracción procesal alegada al no resolver la sentencia recurrida todos los motivos formulados en el escrito de interposición del recurso de suplicación, lo que determina la nulidad de lo actuado, retrotrayendo las actuaciones al momento anterior a dictar sentencia en suplicación para que el Tribunal Superior de Justicia, dicte nueva sentencia pronunciándose sobre estos motivos casacionales.
Resumen: La Sala IV desestima la demanda en impugnación de modificación sustancial de las condiciones de trabajo de carácter colectivo. Al efecto, realiza las siguientes consideraciones: 1.- Desestima la incongruencia omisiva por cuanto la sentencia recurrida se ha pronunciado cumplidamente sobre las causas de injustificación, que se llevaron a debate en la demanda, concluyendo que las mismas no permitían declarar injustificada la medida. 2.- Rechaza las modificaciones fácticas pretendidas. 3.- En cuanto a la nulidad de las medidas por fraude, no prospera porque, aunque en el procedimiento previo concurriera fraude de ley, no se ha probado ni concurre en éste al quedar acreditada la causa organizativa. 4.-El incumplimiento de las normas del RD 836/12 se desestima por tratarse de una cuestión nueva. 5.- En cuanto al fondo del asunto se declara justificada la medida, por causas organizativas, una vez acreditadas disfunciones en la plantilla de conductores y ayudantes, que justifica razonable y adecuadamente las medidas impuestas. Las medidas impuestas, eran razonables y adecuadas a la intensidad de la causa, cumpliéndose, por tanto, las exigencias de la jurisprudencia, sin que los demandantes, centrados en la defensa de la nulidad, hayan discutido que no concurrían dichas causas.
Resumen: Se plantea en el recurso, como núcleo del debate, determinar si, en un procedimiento de conflicto colectivo, ante la pérdida de vigencia de un convenio colectivo de empresa por finalización del tiempo convenido y la aplicación por parte de aquélla del convenio sectorial de ámbito superior de conformidad con lo previsto en el art. 86.3 ET, tienen derecho los trabajadores a conservar determinadas condiciones laborales del convenio de empresa que finalizó su vigencia. La Sala 4ª declara la falta de contradicción al entender que no concurre la identidad sustancial de hechos, fundamentos y pretensiones que exige el art. 219 LRJS. En la sentencia recurrida se pretende la conservación de determinadas condiciones del convenio de empresa que ha sido denunciado por los trabajadores y perdida su vigencia, ante lo que la empresa aplica el sectorial de ámbito superior. La sentencia de contraste, en cambio, contempla un supuesto distinto, en el que no existe convenio colectivo de ámbito superior y además se trata de un procedimiento de modificación sustancial de condiciones de trabajo.
Resumen: Se cuestiona si procede la compensación y absorción del plus de trabajos penosos, tóxicos y peligrosos con el incremento del salario base y pagas extraordinarias establecido por Acuerdo de empresa. El recurrente alega que no puede entenderse que el plus tenga naturaleza de salario ordinario, por percibirse aunque el puesto no sea penoso, tóxico o peligroso, ya que las partes acordaron considerar tóxicos, penosos o peligrosos trabajos realizados por determinadas categorías de trabajadores, reconociéndoles el derecho a su percibo. El plus por trabajaos penosos, tóxicos y peligrosos, que se reconoce en el artículo 15 del Convenio Colectivo no depende de las circunstancias o tiempo de trabajo que realizan los trabajadores, sino que en un acuerdo de fin de huelga, lo que significa que la denominación del plus no responde a su verdadera naturaleza, y no retribuye las especiales características de un puesto de trabajo sino que se abona a todos los trabajadores que ostentan una determinada categoría, con independencia de las circunstancias concretas en que desarrollen su trabajo, por lo que nos encontramos ante un concepto salarial ordinario. Procede la compensación y absorción de los pluses de trabajos penosos tóxicos o peligrosos con el incremento del salario base y pagas extraordinarias efectuado por la demandada mediante Acuerdo de empresa, al tratarse de conceptos homogéneos.
Resumen: La sentencia confirma la de suplicación que revocando la de instancia estimó la demanda declarando la improcedencia del despido por causas objetivas del actor que había suscrito un acuerdo de condiciones de expatriación, por entender que existía un error inexcusable en la puesta a disposición de la indemnización teniendo en cuenta que el plus de expatriación tenía naturaleza salarial. Desestima el recurso de casación para la unificación de doctrina por cuanto: 1) No es idónea la sentencia invocada de contraste para el primer motivo de casación unificadora en que se discutía la determinación del carácter extrasalarial de las dietas por suplidos por los gastos realizados por la expatriación, por cuanto la misma no era firme a la fecha de interposición del recurso; y 2) No existe contradicción con la sentencia invocada de contrate para el segundo motivo en que se planteaba la existencia de error excusable en la puesta a disposición de la indemnización, por cuanto en la sentencia de contraste no constaba la existencia de un documento de expatriación
Resumen: La sentencia confirma la de suplicación que revocando la de instancia desestimó la demanda presentada por el trabajador en que solicitaba el abono de la gratificación por formación/gratificación docente, por haber desarrollado labores formativas con posterioridad a su integración en el grupo profesional de mandos intermedios y cuadros del XII CC de Renfe. Reitera abundante jurisprudencia anterior en que se afirmó que el sistema retributivo que regía la prestación de servicios del demandante era la definida en el apartado II punto IV del Marco Regulador de Mando Intermedio y Cuadro del XII CC de Renfe, configurándose como una retribución con componente fijo y variable, estableciéndose un complemento de puesto, y concretándose en la norma convencional que dicha forma de retribución es incompatible con cualquier otra compensación salarial, por lo que es incompatible la gratificación docente con el sistema retributivo de los mandos intermedios y cuadros, puesto que el complemento se suma como parte de la retribución de los trabajadores de dicha categoría, conclusión congruente con la partida consolidable del componente retributivo, al mantenerse sin posibilidad de compensación o absorción siendo posible sólo su revalorización, y al alejarse del sistema retributivo común.
Resumen: Se cuestiona en el recurso de casación para la unificación de doctrina el derecho de la actora al percibo de la paga extraordinaria por antigüedad prevista en el art 122 del XIV Convenio colectivo general de centros y servicios de atención a personas con discapacidad. El precepto condiciona su devengo al compromiso de la administración educativa correspondiente. En el caso, la Junta de Andalucía suscribió acuerdo con los sindicatos y las organizaciones patronales de enseñanza privada concertada de fecha de 24/10/2007, en cuya segunda parte se hacía referencia al profesorado de los centros privados concertados de educación especial. La Sala IV entiende que el sentido literal del citado acuerdo es claro, desprendiéndose del mismo que la administración autonómica se comprometió al abono de la paga de antigüedad a los docentes de los centros concertados de educación especial, estimando por ello el recurso interpuesto.
Resumen: En la demanda rectora de las actuaciones reclama la actora la suma de 3083,15 € por diversos conceptos salariales. En el actor de juicio la empresa reconoció adeudar la suma de 1.604,14 € correspondientes al plus de penosidad. La sentencia de suplicación inadmitió el recurso por falta de cuantía. Recurre la actora en casación unificadora a efectos de que la sala IV se pronuncie acerca de la competencia funcional de la sala de suplicación. La Sala IV pone de manifiesto la innecesariedad de examinar la contradicción cuando se suscita el tema relativo al acceso al recurso de Suplicación por razón de la cuantía. Seguidamente, reitera doctrina al afirmar que: a) La normativa procesal, regida por el principio de legalidad, la cuantía de un proceso viene determinada por la solicitud de la demanda y a su vez condiciona -si supera el tope de 1803 euros- el acceso al recurso de Suplicación [art. 189.1 LPL], sin que se contemple en nuestras normas procesales una cuantía para la demanda y otra distinta para el recurso. b) Es inasumible la sinonimia entre cantidad litigiosa y cantidad controvertida, por lo que ha estarse a una concepción amplia del término "litigiosa", referida a cuantía reclamada, o sea, integrante del "petitum" de la demanda. c) la solicitud se refiere a la cifra que finalmente sea objeto de reclamación en el trámite de alegaciones o conclusiones.
Resumen: La cuestión objeto de debate radica en si, en el supuesto de que se soliciten las prestaciones del Fogasa, de forma genérica y sin especificar una cuantía concreta, y de que el Fogasa no responda en el plazo legalmente establecido, las obligaciones del Fogasa se hallan limitadas o no por las cuantías establecidas en el artículo 33 ET. La Sala 4ª declara que, si bien en ambas sentencias se presentó solicitud ante el Fogasa y que dicha solicitud no fue resuelta dentro del plazo legal, la sentencia recurrida limita el importe de la responsabilidad del Fogasa a los límites o topes legales porque los trabajadores no habían precisado en su solicitud las cantidades concretas (y superiores a aquellos topes) que reclamaban, por lo que no se puede otorgar algo que no se ha pedido. Sin embargo, no fue este el debate en la sentencia de contraste, porque lo que allí se pidió del Fogasa era el 40 por ciento de la indemnización correspondiente a la extinción del contrato de trabajo (que era el tope o límite de la responsabilidad del Fogasa), sin que se planteara, en consecuencia, si se estaba pidiendo del Fogasa una cantidad superio Esta diferencia impide apreciar que exista contradicción entre la sentencia recurrida y la sentencia referencial, y en consecuencia desestima el recurso.
Resumen: La sentencia recurrida, del TSJ de Andalucía, Sevilla, estima el recurso frente a la del JS que estima parcialmente la demanda en la que los actores reclaman las cantidades correspondientes al plus de penosidad, toxicidad y peligrosidad recogido en el art. 15 del Convenio colectivo de pequeñas y medianas empresas del metal de la provincia de Cádiz. Los recurrentes manifiestan que debe aplicarse el mecanismo de la absorción y compensación por ser homogéneos los conceptos comparados, se examina el motivo al apreciarse la existencia de contradicción. La Sala IV, tras apreciar la existencia de contradicción, al amparo del art. 1283 CC, atendiendo principalmente a los actos de los negociadores coetáneos y posteriores al contrato, interpreta el art. 15 del convenio conforme a un Acuerdo que puso fin a una huelga, posteriormente ratificado por la Comisión Negociadora del mismo Convenio, en el que se acordó considerar tóxicos, penosos y peligrosos los trabajos realizados por determinadas categorías de trabajadores. Concluye la Sala 4ª que el plus admite la compensación, y absorción, pues nos encontramos ante la homogeneidad de conceptos a que se refiere el art. 26.5 ET y procede la desestimación del recurso.