Resumen: La Sala IV desestima la demanda de error judicial con fundamento en la indebida entrega, en el marco de una ejecución definitiva de despido, de una cantidad al ejecutante. Tras recordar las características de este procedimiento, reitera que el concepto de error judicial ha de dimanar de una resolución judicial firme, injusta o equivocada, viciada de un error patente, indubitado e incontestable y no constituye un remedio que permita la revisión de las resoluciones judiciales. Por ello, se resalta que la entrega de cantidad al trabajador se hizo en el marco de una ejecución definitiva de despido. Y, si bien la sala de Sevilla posteriormente acordó la procedencia de abrir un incidente a efectos de determinar la cuantía adeudada, cuando se dicta auto por el Juzgado fijando el importe indebidamente percibido por el ejecutante, éste había fallecido insolvente y sin herederos. A lo que se suma que por sentencia firme se ha eximido de responsabilidad al Estado con respecto al reintegro de la cantidad, pues no estamos ante una ejecución provisional. Además, en la decisión judicial no se aprecia la comisión de un error patente e injustificado, pues mediante el sistema de recursos u la actuación judicial se dio respuesta a lo solicitado por la demandante, sin que pudiera reintegrarse la cantidad por el fallecimiento del trabajador. Y la falta de herederos o la insolvencia pudieron provocar la intervención del Estado como eventual heredero, pero no como garante del reintegro.
Resumen: La cuestión planteada se centra en decidir si procede el abono de la indemnización de 20 días por año trabajado por la extinción válida del contrato de interinidad por vacante. En este caso se da la circunstancia de que con anterioridad a la referida extinción se había declarado el carácter indefinido no fijo de la relación laboral por sentencia del Juzgado de lo Social, que devino firme una vez agotados los recursos interpuestos contra ella, por lo que la sentencia ahora comentada aprecia el efecto positivo de la cosa juzgada del art. 222.4 LEC, y desestima el recurso interpuesto por la Junta de Andalucía, toda vez que la indemnización reconocida en la sentencia recurrida de 20 días por año trabajado corresponde a la extinción de los contratos indefinidos no fijos, si bien por razones distintas a las esgrimidas por la sentencia impugnada.
Resumen: Se cuestiona la corrección jurídica de la inadmisión de un recurso de suplicación por considerar la sentencia recurrida que había incurrido en falta absoluta de consignación de la cantidad objeto de condena (artículo 230 LRJS). La sentencia de instancia había reconocido el derecho del demandante a percibir una prestación de IT por un período determinado condenando a las demandadas a estar y pasar por dicha declaración y a FIIAPP a abonar al actor la cantidad correspondiente cuya concreta cuantía debería determinarse en ejecución de sentencia, sin perjuicio del deber de anticipo de la cantidad resultante por la codemandada Asepeyo y del derecho de repetición de la Mutua frente a la citada Fundación empleadora, con la responsabilidad subsidiaria del INSS y TGSS, para el caso de insolvencia de las anteriores. La sentencia de instancia fue recurrida por FIAPP y Asepeyo y la sala de suplicación inadmitió el recurso de Asepeyo al entender que no había efectuado la consignación, incumpliendo lo establecido en el artículo 230.2 LRJS y aplicando los efectos del artículo 230.4 LRJS. La sentencia concluye que no existe divergencia doctrinal entre la sentencia de recurrida y la sentencia de contraste, por lo que no cabe apreciar que exista contradicción entre ellas pues no han llegado a pronunciamientos distintos o a solución diferente y tampoco en el motivo del recurso que denuncia la incongruencia omisiva.
Resumen: En la demanda rectora de las actuaciones el actor impugna la sanción por falta muy grave impuesta por la empresa. La sentencia de instancia estimó caducada la acción, decisión revocada por la sala de suplicación, que desestima tal excepción. Recurre la demandada en casación unificadora planteando dos motivos de recurso. En primer lugar, alega la irecurribilidad de la sentencia de instancia. La sala IV, teniendo en cuenta que la sentencia impugnada desestimó la excepción de caducidad y que, por tanto la sanción impuesta no fue confirmada judicialmente, se plantea si la empresa está legitimada para recurrir en casación unificadora, cuestión vinculada al examen de la cuestión competencial, por lo que la sala es competente para su examen de oficio y con independencia del cumplimiento de la exigencia de contradicción entre sentencias. Y se razona que la apreciación de la caducidad equivale a la firmeza de la sanción, lo que abre la vía de recurso con arreglo a lo recogido en el art. 193.3.f de la LRJS. Concluye la sentencia analizada indicando que el recurso basado en infracciones procesales no podrá extenderse al examen de infracciones de normas sustantivas, a tenor de lo recogido en el art. 193.e de la LRJS, por lo que se desestima el recurso formulado.
Resumen: Se interesa que se declare que los Agentes Locales de Promoción de Empleo de la Provincia de Granada, ostentan la condición de personal laboral fijo. En instancia se desestimó la demanda y en el recurso de casación se articulan siete motivos y el Ministerio Fiscal alega la falta de legitimación activa. No proceden las adiciones interesadas por la recurrente. El TS en un asunto similar ha establecido que no cabe aceptar que un proceso de selección realizado con vistas a suscribir unos contratos de obra y servicio determinados sea suficiente como para que los trabajadores así seleccionados adquieran la condición de fijos. La superación de ese proceso de selección y la conversión de sus contratos en indefinidos hace que la naturaleza y calificación adecuadas sea la de trabajadores indefinidos no fijos. El acceso de los trabajadores se produjo tras superar una entrevista personal y no se estima el efecto de cosa juzgada de sentencias dictadas en impugnación de los despidos porque la cuestión no aparece como antecedente lógico del asunto ; no siendo objeto de dichos pleitos la naturaleza de la relación de los trabajadores con las demandadas. Los trabajadores afectados por el conflicto nunca tuvieron la condición de trabajadores fijos en las UTEDLT sino que la naturaleza de su relación era indefinida no fija y, al producirse la subrogación por el SAE pasaron al nuevo empresario con los mismos derechos y obligaciones que tenían en el anterior.
Resumen: Se denuncia que la sentencia recurrida incurre en incongruencia omisiva por no dar respuesta a las alegaciones hechas en la impugnación del recurso de suplicación, al advertir que el recurso no debiera haberse admitido o que, subsidiariamente, la acción estaba caducada. La Universidad impugnó el recurso de suplicación interpuesto por la trabajadora y sostenía que debía inadmitirse el recurso de suplicación pues éste no procede contra modificaciones individuales de trabajo cual es el caso y añade que la acción habría caducado. La sentencia recurrida da expresa respuesta al recurso de la trabajadora pero no aborda las dos cuestiones planteadas por la impugnante. La sentencia considera que no hay una respuesta clara, ni siquiera implícita, al óbice procesal suscitado por la empleadora y tampoco ha contestado, ni siquiera de forma implícita, a la excepción de caducidad. No parece suficiente con declarar la medida colectiva y nula por no haberse seguido el procedimiento del art 41 ET. Podría pensarse que la sentencia recurrida descarta tácitamente la caducidad pues la misma comienza cuando la empresa notifica modificación colectiva a la representación legal de los trabajadores, aunque estos tengan conocimiento por otras vías, pero lo cierto es que presumir que esa motivación es la asumida por la sentencia recurrida no basta para ocultar una realidad: es explicación ausente y se trata de evaluar si existe ese déficit de explicación judicial, no de valorar el acierto de la decisió
Resumen: El recurso tiene por objeto determinar si procede el abono de la indemnización prevista para el despido por causas objetivas cuando finaliza un contrato de interinidad por vacante como consecuencia de que la plaza es ocupada por quien la ha accedido a ella mediante los procedimientos previstos en el convenio colectivo. Concurre contradicción: en ambos casos, ante un cese de persona que desempeña su actividad a virtud de contrato de interinidad por vacante motivado por la cobertura de la plaza, se concluye de modo diverso. La sentencia recurrida ha considerado no aplicable la doctrina del Tribunal de Justicia de la Unión Europea derivada del caso De Diego Porras, mientras la de contraste la considera plenamente aplicable. La sentencia STS (Pleno) de 13 de marzo de 2019 (R 3970/2016) aborda la solución al caso reseñando que «no es posible confundir entre distintas causas de extinción contractual y transformar la finalización regular del contrato temporal en un supuesto de despido objetivo que el legislador no ha contemplado como tal. El régimen indemnizatorio del fin de los contratos temporales posee su propia identidad, configurada legalmente de forma separada. la sentencia recurrida posee doctrina acertada, por lo que el recurso no puede prosperar en su pretensión de que declaremos que ha existido un despido. Se niega el eventual derecho a percibir una indemnización como consecuencia del cese regular del contrato de trabajo en su modalidad de interinidad por vacante.
Resumen: La Sala IV desestima el recurso interpuesto por ATESA frente a la SAN que desestima las excepciones de falta de competencia objetiva, falta de acción y de inadecuación de procedimiento alegadas y estima la pretensión subsidiaria de la demanda formulada por el sindicato FeSMC-UGT, contra ATESA, sobre conflicto colectivo y declara injustificadas las medidas adoptadas unilateralmente por la empresa consistentes en ampliar el periodo de disfrute de doce días laborables de vacaciones entre el 1º de julio y el 30 de septiembre, para fijarlo entre el 5 de junio y el 10 de octubre; y el periodo de exclusión de disfrute de vacaciones en los meses de Julio y Agosto, para los empleados de mantenimiento adheridos a Daily Rental y en bases de Estaciones de Tren y Aeropuertos en el Calendario laboral para 2019, y condena a la empresa ATESA a reponer las condiciones de trabajo modificadas. La Sala concluye que la modificación introducida por la empresa unilateralmente que afecta al periodo de disfrute de las vacaciones de determinados trabajadores, que no tiene encaje en la norma convencional que exige la excepcionalidad de la medida en el supuesto que contempla, lo cual no se justifica suficientemente en el caso contemplado, ha de estimarse que es sustancial. Ante la falta de acuerdo la empresa debió acudir al procedimiento previsto en el art. 41 ET.
Resumen: La cuestión que se plantea se limita a decidir si la Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS) puede ser condenada en costas por el criterio del vencimiento, cuando actúa como empleadora. La citada entidad fue condenada por despido improcedente al apreciarse cesión ilegal, y la sentencia recurrida desestimó el recurso de suplicación por ella planteado, con condena al abono de 600 € en concepto de costas. La Sala IV reitera doctrina que establece que la Tesorería General de la Seguridad Social, como servicio común de la Seguridad Social con personalidad jurídica propia, goza por derecho propio del beneficio de justicia gratuita en todo caso, es decir, con independencia de que no actúe aquí en el ámbito de la gestión de los recursos financieros y recaudación, sino en materia de personal, porque el beneficio de justicia gratuita se refiere a toda actuación procesal en su amplitud y en todo caso (artículo 2.b) de la Ley 1/1996, de asistencia jurídica gratuita).
Resumen: La cuestión suscitada se refiere a una solicitud de indemnización por daños y perjuicios por trabajadora que se acoge a la extinción del contrato en el marco de despido colectivo pactado. La Sala IV no entra a conocer del fondo del asunto al no concurrir la contradicción entre las sentencias comparadas porque ni la situación fáctica ni el debate jurídico es el mismo. En el caso de autos, la actora, en el marco de un ERE, con Acuerdo se adhirió a la extinción indemnizada de su contrato, sin que impugnara el despido, y solicita una indemnización por supuesta mala fe de la empresa en la información que le suministró y le llevó a solicitar la extinción. En la sentencia referencial no existe acuerdo en la negociación, dado que había un compromiso previo de no efectuar extinciones de contratos y a pesar de ello se llevó a cabo el despido colectivo, siendo la empresa la que decidió unilateralmente cuáles serían los trabajadores cuyos contratos extinguiría. Además, la fundamentación de la pretensión de sentencia de contraste enlaza con los artículos 51 y siguientes del ET mientras que en la recurrida la pretensión se fundamenta en el artículo 1.101 del Código Civil.
