Resumen: UGT interpone demanda de despido colectivo, en la que solicita que se declare la nulidad de los despidos efectuados por la demandada durante el mes de Octubre de 2019 porque las extinciones individuales efectuadas por la empresa superaron los umbrales del art. 51.1 del ET. La Audiencia Nacional desestimó la demanda. La recurrente discute la forma de cálculo de los 90 días, para apreciar la existencia de fraude de ley. En este caso en los 90 días posteriores al despido cuestionado no consta que se haya efectuado ninguna extinción y en los 90 anteriores tampoco. Tampoco se ha alcanzado en ninguno de los centros de trabajo un número de al menos igual a 20 trabajadores a que se refiere el art. 1, ap. 1, pfo. primero,, letra a), inciso II, de la Directiva 98/59. Tampoco puede llegarse a la conclusión de que los despidos formen parte de una estrategia fraudulenta, pues no consta que obedezcan a las mismas causas. No concurren las circunstancias para aplicar la norma antifraude (art. 51.1 último párrafo ET). La sentencia recurrida no infringe los preceptos denunciados, imponiéndose la desestimación del recurso.
Resumen: Se cuestiona si debe considerarse válida y eficaz el alta en seguridad social cursada por la empresa, el mismo día en el que debía iniciarse la prestación laboral, y tras haber sufrido el trabajador un accidente mientras se desplazaba hacia la empresa. La sentencia del juzgado atribuye a la Mutua la responsabilidad en el pago de las prestaciones derivadas del accidente, porque considera que la relación laboral no había llegado a iniciarse con anterioridad al accidente, en tanto que el trabajador se dirigía precisamente a las instalaciones de la empresa para formalizar el contrato de trabajo y comenzar ese día la prestación laboral. A lo que añade que el trabajador accidentado estuvo de alta en seguridad social por cuenta de otra empresa hasta el día anterior al accidente, con lo que se evidencia que no prestaba anteriormente servicios para la demandada, y no se pretendía burlar fraudulentamente la normativa de seguridad social que obliga a las empresas a presentar la solicitud de alta en seguridad social con carácter previo al comienzo de la prestación de servicios. La sentencia recurrida desestima el recurso de suplicación de la Mutua y confirma en sus términos la sentencia de instancia. En el Auto de 7/4/2016, rcud. 2627/2015 hemos negado la existencia de contradicción en una situación jurídica absolutamente idéntica a la del presente asunto, en la que se invocaba la misma sentencia de contraste. La inexistencia de contradicción impone la desestimación del recurso.
Resumen: La sentencia anotada reitera que es procedente la compensación y absorción de lo percibido en concepto de "complemento personal convenido" con los incrementos salariales devengados por los conceptos de "promoción profesional" y "antigüedad", de acuerdo con el XVI Convenio Colectivo Estatal de Empresas de Consultoría y Estudios de Mercado y de la Opinión Pública, que rige las condiciones laborales de la empresa demandada ( Atos It Solutions And Services Iberia SL). Y ello porque es posible que la compensación o absorción operen sobre conceptos heterogéneos, cuando así está previsto en el convenio colectivo o cuando ese complemento personal fue reconocido con esa condición. En el caso, existe un marco convencional pactado que excluye el requisito de homogeneidad y habilita la compensación y absorción con las mejoras de cualquier tipo que vinieren satisfaciendo las empresas, lo que impide considerar que pudiere haberse ganado por los trabajadores una condición más beneficiosa inmune a la aplicación de este mecanismo. Por otra parte, resulta que esta cuestión está unificada por reiterada doctrina de la Sala que impide prosperar la excepción de cosa juzgada aunque por anteriores sentencias se haya resuelto otra cosa que contradiga la doctrina unificada, aunque hayan recaído en proceso de conflicto colectivo. Y respecto de la sentencia ofrecida de contraste del TSJ/Madrid se aprecia la inexistencia de contradicción.
Resumen: Se cuestiona el derecho los trabajadores de ADIF a percibir la denominada clave 113 por realización de funciones docentes, además de su retribución fija y variable como mando intermedio y cuadro. Los actores son personal docente de ADIF y ostentan la categoría de Mando Intermedio y Cuadro, conforme a las Disposiciones Transitorias del marco regulador de Mando Intermedio y Cuadro del XII Convenio Colectivo de Renfe. Se denuncia en el recurso de casación unificadora, entre otras, la infracción del art. 436 del X Convenio Colectivo de RENFE en relación con el art. 4.2.f ET. La sentencia reitera doctrina de la Sala Cuarta. Los actores vienen impartiendo la actividad docente con posterioridad a su integración en el grupo de mandos intermedios y cuadros y el derecho que demandan está afectado por la incompatibilidad de su régimen retributivo, porque si la gratificación docente se suma como parte de la retribución, lo es para determinar el punto de arranque del sistema retributivo de la categoría, por cuanto los MIC pasan a estar sometidos a una regulación específica y distinta. Por tanto, el salario del personal MIC ya no está estructurado en la forma en que venía estándolo en la anterior categoría. La gratificación docente forma parte de una distribución de conceptos salariales ajena a quienes pasan a estar incluidos en el colectivo de los mandos intermedios. Se desestima el recurso de los actores
Resumen: La controversia suscitada en la sentencia anotada versa sobre la repercusión de la adhesión por los actores a un Acuerdo del Gobierno de Canarias, por el que se dejó sin efecto la reducción de jornada de trabajo y proporcional de retribuciones prevista en la LPG de la CCAA para 2013, sobre la retribución de las horas realizadas por los trabajadores para recuperar la jornada que fue objeto de la reducción. Pero, la Sala IV considera que no concurre el requisito de contradicción, porque ni las pretensiones deducidas fueron sustancialmente las mismas, ni lo fue el debate de suplicación, toda vez que solo en la sentencia recurrida se debatió sobre cuál era la naturaleza y cómo debían retribuirse las horas efectuadas con posterioridad para recuperar las que no se realizaron en el periodo enero-abril 2013, es decir, examinó la naturaleza de dicho tiempo de trabajo, así como la repercusión sobre ello de la adhesión al acuerdo del Gobierno de Canarias. Por el contrario, la sentencia de contraste no abordó dicho debate, lo que impide apreciar la existencia de divergencia judicial alguna que necesite ser unificada.
Resumen: La sentencia analizada confirma la de instancia desestimatoria de la demanda de tutela de derechos fundamentales formulada por el sindicato actor frente a la empresa demandada y al sindicato también demandado. Funda la parte actora la vulneración de derechos fundamentales en el hecho de que su delegada sindical no fue convocada a las reuniones de la comisión negociadora del 2º convenio de empresa. La sala IV rechaza en primer lugar la modificación de los hechos probados instada por el sindicato actor y recurrente. Tras recordar la doctrina jurisprudencial sobre los requisitos y límites para la modificación del relato fáctico en el recurso de casación común, considera que no se puede admitir la revisión fáctica pretendida por la recurrente, al no identificarse los documentos de los que se desprende el error en la valoración de la prueba y por fundarse la misma en prueba testifical que resulta inhábil a tales efectos. En cuanto al fondo de la cuestión planteada, la sala IV se remite a lo recogido en el art. 182.1 de la LRJS, que otorga la carga de la prueba de los indicios de vulneración de derechos fundamentales a la parte actora. En el caso de autos los indicios son inconsistentes y la demandada acredita que su actuación fue proporcionada, justificada, ajustada a derecho y desconectada de cualquier móvil discriminatorio o vulnerador del derecho fundamental. En efecto, consta que la delegada sindical fue citada a las reuniones por la misma vía que el resto de los sindicatos.
Resumen: Se recurre en casación unificadora la sentencia del TSJ que, con revocación de la de instancia, desestima la demanda en reclamación de IPA para toda profesión. Ante la Sala IV son dos las cuestiones debatidas: en primer lugar, suscita la vinculación del TSJ a los hechos declarados probados de la sentencia de instancia, que no fueron combatidos ni revisados en sede de suplicación; motivo respecto del cual se aprecia la inexistencia de contradicción. En segundo término, plantea la vulneración del derecho fundamental a la tutela judicial efectiva por indefensión al incurrir la sentencia recurrida en error patente e incongruencia omisiva o ex silentio, al no haberse pronunciado sobre la pretensión subsidiaria. Y el TS acoge en este concreto extremo el recurso pues pese a pedirse por el demandante subsidiariamente la declaración de IPT, la resolución dictada en suplicación no entró a analizarla ni la enjuició, con la quiebra aparejada del deber de decidir sobre «todos los puntos litigiosos que hayan sido objeto del debate». En consecuencia, se anula la sentencia recurrida, a fin de que dicte nueva sentencia en la que resuelva sobre el grado de IPT subsidiariamente pretendido.
Resumen: Se cuestiona si la demandante, que se adhirió voluntariamente a un Acuerdo del Gobierno de Canarias y se comprometió a recuperar las jornadas no realizadas en determinado periodo en aplicación de una DA de los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma, declarada inconstitucional, tiene o no tiene acción para reclamar que las jornadas recuperadas se retribuyan con arreglo a las diferencias entre las cantidades abonadas y el precio de las horas extraordinarias. La Sala considera que no concurren los requisitos de contradicción, porque aunque ambas trabajadoras reclamaron con carácter principal que se les abonara nuevamente la cantidad ya abonada en concepto de indemnización por los perjuicios sufridos, la demandante reclamó subsidiariamente que se le retribuyeran como horas extraordinarias las jornadas recuperadas y subsidiariamente que se le abonaran las diferencias entre lo abonado y el precio por las horas extraordinarias, lo que no se reclamó en la sentencia de contraste. La demandante desistió de su petición principal, que quedó limitada a las reclamaciones subsidiarias lo que dio lugar a la estimación de la última de ellas. Por el contrario, la sentencia de contraste estimó la excepción de falta de acción sin hacer pronunciamiento alguno sobre la naturaleza de las horas recuperadas, ni sobre el derecho a percibir la diferencia entre lo abonado y el precio de las horas extraordinarias.
Resumen: La demanda impugnaba un despido colectivo. Se desestima la denuncia de incongruencia omisiva porque la sentencia ha dado respuesta a la cuestión planteada con sustento en la prueba que desglosa y en cuanto a la exclusión del sindicato demandante de la comisión de seguimiento, la cuestión no resultó configurada en esos concretos términos en la demanda inicial. En cuanto a la denuncia de error en la apreciación de la prueba, tras desestimar las revisiones fácticas propuestas, se aborda la denuncia de infracción del art. 12 del Convenio Colectivo de Banca, y del 51 ET. La sala se remite a lo ya manifestado en la sentencia del Pleno en la que se analizó el precepto convencional y su alcance, enseñando que constituye propiamente una consulta en los términos establecidos en el art. 4 de la Directiva 2002/14/CE, traspuesta a nuestro ordenamiento jurídico por el art. 64.6 ET, y una manifestación concerniente a la negociación colectiva. Se concluye que tras las reuniones se redujo muy significativamente el número de trabajadores y se colige la negociación de buena fe, con análoga referencia al informe de la Inspección de Trabajo sobre el cumplimiento de las previsiones legales y la correlativa inexistencia de una conducta fraudulenta o de engaño en dicha negociación. En cuanto a los criterios de selección, las afirmaciones de la recurrente no gozan de soporte probatorio, y es extemporánea la denuncia final, por infracción de los arts. 14, 28.1 y 37.1 de la Const.
Resumen: El objeto del presente recurso de casación unificadora consiste en determinar si la relación, que une a la demandante con la empresa, debe considerarse de carácter fijo discontinuo desde el primer contrato, de manera que deba tenerse en cuenta dicha fecha, para computar la antigüedad de la trabajadora en la empresa a todos los efectos. El recurso de casación para la unificación de doctrina insiste en la infracción del art. 15 ET y 217 LEC, art. 4.2.) RD 2720/1998. La Sala considera que no concurren aquí las identidades, exigidas por el art. 219.1 LRJS, aunque en ambos casos se trate de trabajadoras de IBERIA, porque las sentencias difieren en las modalidades contractuales, suscritas por ambas trabajadoras, habiéndose producido, al menos, dos quiebras en la unidad de vínculo en la sentencia recurrida por la suscripción de los contratos de interinidad. Por otra parte, en la sentencia recurrida se listan los contratos, suscritos por la demandante e Iberia, así como la modalidad utilizada, sin concretar cuál fue el objeto de dichas contrataciones, a diferencia de la sentencia de contraste, donde se reproduce expresamente el objeto de cada uno de ellos, donde puede constatarse que los contratos se limitan a reproducir la fórmula genérica establecida en el art. 15.1.b ET sin concretar en ninguno de ellos en que consistían las circunstancias mencionadas, no siendo cierto que la sentencia recurrida tenga por reproducidos los contratos.
