Resumen: La trabajadora venía prestando servicios en una residencial municipal en virtud de doce contratos de interinidad. Reclama en su demanda el abono de la indemnización de 20 días por año de servicios prestados, en aplicación de la doctrina sentada en la STUJE de 14/9/2016. La sala de suplicación estimó la demanda, reconociendo el derecho de la actora a percibir la indemnización de 20 días por despido. La sala IV, tras declarar la recurribilidad de la sentencia de instancia por ser notoria la afectación general de la cuestión debatida, estima el recurso de la demandada, relativo al derecho de la actora a la indemnización por fin del contrato, y, reiterando pronunciamientos previos, refiere la evolución del TJUE sobre el particular, concluyendo que este ha reconducido la cuestión y niega que quepa considerar contraria a la Directiva la norma que permite que la extinción regular del contrato de trabajo de interinidad no dé lugar a la indemnización de los despidos por causas objetivas. Dicha declaración se corresponde con los planteamientos del TS, y lleva a este a precisar que el rechazo a la solución del TSJ debe ser completo, en el sentido de negar que quepa otorgar indemnización alguna por el cese regular del contrato de interinidad; sin que ello suponga discriminación.
Resumen: Reclamándose diferencias retributivas derivadas de la consideración como tiempo de trabajo del trayecto que media entre la zona de fichaje (acceso a la empresa) y la de trabajo efectivo, cuya cuantía no alcanza los 3.000 euros exigidos por el art. 191.3 b) LRJS para acceder al recurso de suplicación, por sentencia de instancia, confirmada en suplicación, se estima la demanda y se condena a AENA a abonar como horas extra dicho tiempo. La Sala 4ª del TS examina de oficio su competencia funcional, y aprecia la existencia de afectación general por existir afectación masiva. En cuanto al fondo, casa y anula la sentencia de suplicación, por considerar que no debe considerarse tiempo de trabajo el que discurre entre que se accede a la empresa hasta que se produce el relevo, y ello por cuanto durante el tiempo que transcurre yendo desde el Bloque Técnico hasta el Parque SSEI, no se está a disposición del empleador sino llevando a cabo tareas preparatorias, sin que el hecho de utilizar una tarjeta magnética de acceso implique que haya comenzado a discurrir el tiempo de trabajo que se trate de un registro de jornada, puesto que el trabajador no puede ser destinado a cometido alguno, tratándose de un desplazamiento rutinario y necesario para acceder al lugar en que comienza a estarse realmente a disposición del empleador
Resumen: Se cuestiona la regulación aplicable a la responsabilidad de FOGASA en caso de concurso de acreedores de la empresa, y la determinación del momento en que nace esa responsabilidad: si al declararse el concurso o cuando se produce la extinción de la relación laboral de lo que depende la aplicación de los nuevos topes legales impuestos por el RDL 20/2012. En el caso, cuando se declara el concurso está en vigor la redacción del art. 33 ET con tope del triple del SMI, mientras que a la fecha de la declaración extintiva ya ha tenido lugar la modificación normativa del RD Ley 20/2012. La Sala IV reitera doctrina y señala que la legislación aplicable –a la vista de la modificación de los límites de responsabilidad operados por el RDL 20/2012- es la vigente cuando se dicta la resolución judicial que extingue la relación laboral, que no la de declaración del concurso de la empresa Lo decisivo para determinar el momento en que ha de fijarse la regulación aplicable, salvo previsión legal expresa, radica en identificar el instante en que nace la obligación que acaba asumiendo el Fondo, en cuanto responsable legal subsidiario. Para que entre en juego la responsabilidad del Fondo, no basta con que exista declaración de concurso, sino que debe mediar asimismo la extinción de los contratos.
Resumen: Banesto y los representantes de los trabajadores firmaron un acuerdo para reemplazar el sistema de participación en los beneficios por una gratificación para toda la plantilla que se abonaría desde 2012 a 2103 y equivalente a una paga y media bruta. Banco de Santander adoptó un acuerdo laboral anticipando a junio de 2013 el pago de la gratificación equivalente a la media paga bruta. El actor se prejubiló y reclama que se abone la totalidad de las paga de beneficios de 2012 y 2013 en proporción al tiempo trabajado. No concurre contradicción entre las sentencias comparadas porque deciden sobre acuerdos suscritos por partes distintas y en términos que no son coincidentes. En el caso de la recurrida el acuerdo dispone que tendrán derecho aquellos empleados que permanezcan en activo a la fecha de su pago. El actor extingue su relación por prejubilación con efectos del 30 de abril de 2013, y el abono de las tres pagas está previsto para el mes de junio de 2013. En la sentencia de contraste se produce una subrogación de plantilla después de que las partes sociales hubieran firmado un acuerdo sobre la cantidad a pagar en concepto de incentivos para 2011 y se tuvo en cuenta que unos trabajadores no llegaron a integrarse en Banca Cívica porque se prejubilaron antes, y el resto no estaban prestando servicios el 31 de julio de 2011 al haberse prejubilado el 15 de julio anterior.
Resumen: Se cuestiona en este caso la posibilidad de que la entidad gestora (INSS) pueda revisar de oficio la resolución de concesión de la pensión de jubilación e iniciar el procedimiento de reclamación de cobro indebido, como consecuencia de la falta de comunicación por el beneficiario del desempeño de un trabajo por cuenta propia con obligación de alta en el RETA, de acuerdo con lo previsto en el art. 146.2 LRJS. La sentencia comentada desestima el recurso del beneficiario por falta de contradicción del art. 219 LRJS, al ser distintos los hechos producidos en las resoluciones comparadas, así como también el tratamiento que una y otra otorgan a la “consciencia inicial de antijuridicidad del reconocimiento solicitado”.
Resumen: Se debate en la sentencia analizada el derecho de la actora al reconocimiento de la condición de trabajadora fija de plantilla de un Hospital público. La sentencia de suplicación estima en parte la demanda, calificando la relación existente entre las partes de indefinida no fija. La demandada recurre en casación unificadora alegando que los contratos de interinidad por sustitución que articulaban la relación entre las partes eran válidos. La Sala IV considera que no concurre la necesaria contradicción y ello porque son dispares las cuestiones debatidas. En efecto, en la sentencia recurrida no se entra a analizar si los contratos suscritos por las partes fueron válidos, que es la cuestión debatida en la sentencia referencial y planteada en el recurso de casación unificadora.
Resumen: Ante la cuestión de si en un proceso de despido improcedente es posible debatir el salario aplicable a efectos de las consecuencias del despido, y en particular, si debe estarse al que estuviera percibiendo el trabajador en el momento del despido o el que tuviera derecho a percibir conforme a la categoría del convenio colectivo que entiende sería aplicable, la sentencia declara la nulidad de la sentencia de suplicación que consideró que excede del ámbito del proceso de despido la discusión de la categoría profesional y convenio colectivo aplicable, para que se resuelva la cuestión relativa al convenio colectivo aplicable y categoría profesional del actor a efectos de indemnizaciones. Entiende la Sala 4ª del Tribunal Supremo que es jurisprudencia constante que en procedimiento de despido se puede alegar y probar el salario al que el trabajador tiene derecho. Matiza la Sala que no se está discutiendo la categoría profesional del trabajador, ni tampoco cuál deba ser el convenio colectivo aplicable, sino sólo que se tenga en cuenta el salario que se establece en el convenio colectivo a efectos de fijar la indemnización. La sentencia no entra a conocer del segundo motivo de casación en torno a la realización de horas extra, por no apreciar contradicción con la sentencia de contraste, al no concretarse el dato de las horas extra realizadas en la recurrida.
Resumen: La Sala IV reitera que es procedente la compensación y absorción de lo percibido en concepto de "complemento personal convenido" con los incrementos salariales devengados por los conceptos de "promoción profesional" y "antigüedad", de acuerdo con el XVI Convenio Colectivo Estatal de Empresas de Consultoría y Estudios de Mercado y de la Opinión Pública, que rige las condiciones laborales de la empresa demandada ( Atos It Solutions And Services Iberia SL). Y ello porque es posible que la compensación o absorción operen sobre conceptos heterogéneos, cuando así está previsto en el convenio colectivo o cuando ese complemento personal fue reconocido con esa condición. En el caso, existe un marco convencional pactado que excluye el requisito de homogeneidad y habilita la compensación y absorción con las mejoras de cualquier tipo que vinieren satisfaciendo las empresas, lo que impide considerar que pudiere haberse ganado por los trabajadores una condición más beneficiosa inmune a la aplicación de este mecanismo. Por otra parte, resulta que esta cuestión está unificada por reiterada doctrina de la Sala que impide prosperar la excepción de cosa juzgada aunque por anteriores sentencias se haya resuelto otra cosa que contradiga la doctrina unificada, aunque hayan recaído en proceso de conflicto colectivo
Resumen: La trabajadora prestó servicios para diversas empresas de limpieza por subrogación. Reclama cuantías salariales no abonadas por la última empresa saliente a ésta, CLENET, y a la entrante, CLECE. En instancia se condenó solidariamente a ambas; lo que es confirmado en suplicación. La Sala IV desestima el recurso de CLECE. La cuestión debatida estriba en determinar si la mercantil que resulta adjudicataria del servicio de limpieza responde solidariamente con su antecesora de las deudas contraídas por ésta con la actora. La Sala, tras declarar que concurre en el caso la preceptiva contradicción entre las sentencias comparadas, rectifica su anterior doctrina, a la luz de lo establecido en la STJE de 11/7/18, que define las situaciones en las que debe entenderse que existe sucesión empresarial, conforme a la legislación comunitaria. Tras recordar la doctrina previa sobre la transmisión de empresa y la subrogación empresarial, analizar el convenio provincial de limpieza de León aplicable y la sentencia del TJUE citada, concluye que resulta de aplicación a la sucesión de contratas la previsión del art. 44 ET cuando se transmite una entidad económica y en supuestos de "sucesión de plantillas", siempre que lo relevante para la prestación del servicio sea la mano de obra. No obstante, el que la asunción de parte esencial de la plantilla derive de lo estipulado en convenio no impide la aplicación de la anterior doctrina.
Resumen: La cuestión planteada en el presente recurso de casación unificadora consiste en determinar qué debe hacer el Tribunal de suplicación cuando estima que el finiquito firmado no tiene valor liberatorio, y los hechos probados son insuficientes para resolver el fondo del recurso de suplicación si este no contiene petición al respecto, ni motivo alguno en el que se analice fundamentación de la reclamación y su cuantía. La sentencia recurrida en un proceso de reclamación de cantidad por diferencias en la indemnización cobrada en un despido colectivo y conceptos no abonados durante la tramitación del despido, ha acordado la desestimación del recurso de suplicación por falta de prueba de la realidad de las cuantías reclamadas y defectos en la articulación del recurso, al no pedirse en él la revisión de los hechos, ni concretarse las cantidades demandadas, ni la razón de la pretensión, pues se limitó a la validez o no del finiquito. Ese pronunciamiento, es recurrido en el presente recurso de casación unificadora, al entender las recurrentes que se debió anular la sentencia de instancia para que se dictara nueva sentencia resolviendo el fondo de la reclamación. Las sentencias comparadas, pese a que puedan tener alguna similitud, no son contradictorias en los términos requeridos por el art. 219 de la LJS.