Resumen: La cuestión se centra en determinar el derecho del trabajador a ser repuesto en el anterior puesto y categoría ostentado antes de la recolocación como medidas adoptadas en expediente de despido colectivo que fue declarado nulo cuando existe una sentencia dictada en proceso de conflicto colectivo, con alcance de cosa juzgada. Se denuncia la infracción de los arts. 160.5 de la LRJS y 222 de la LEC y la doctrina de esta Sala, relativa a la eficacia de la cosa juzgada. La cuestión objeto de debate ha sido ya resuelta por esta Sala. Los procesos individuales que vengan referidos a la misma cuestión están afectados por lo que en el proceso de conflicto colectivo se haya resuelto y desestimándose la cuestión de fondo, lo mismo debe decidirse en aquéllos. La aplicación de esta doctrina al caso que nos ocupa nos lleva a casar la sentencia recurrida al encontrarnos ante un trabajador afectado por las medidas alternativas de referencia, objeto del proceso de despido colectivo y del posterior conflicto colectivo en la que se impugnaron.La AN no declaró la nulidad de las medidas alternativas en el proceso de conflicto colectivo sino que entendió que la valoración jurídica de las mismas fueron examinadas en el proceso de despido colectivo con el resultado que indica y aquí hemos recogido y por ello consideró que el debate que traía el conflicto colectivo ya estaba resuelto en el proceso de despido. Y ese alcance es el que, por la vía de cosa juzgada excluyente, confirmó la Sala.
Resumen: Recurre UTE MANTENIMIENTO DIRECCIÓN GENERAL DE LA POLICÍA CENTRO LEY mediante dos motivos la sentencia que desestimó el recurso de suplicación frente al auto, dictado tras el incidente de readmisión, que declaró extinguida la relación laboral entre el trabajador ejecutante, y la UTE ejecutada, con efectos de dicha resolución, 8/04/2016. El 20/04/2016 por se solicita por la UTE aclaración del Auto que fue denegada el 12/05/216. El primer motivo tiene por objeto determinar el "dies a quo" para el cómputo de los plazos cuando ha recaído auto de aclaración de la sentencia, resolviendo si ha de ser el día de notificación de la sentencia o el de dicho auto de aclaración, cuestión que ya ha sido resuelto por la Sala 4ª en varios autos de queja 12-09-2018 (Rec. 18/2018), 21/01/2020 (Rec. 34/2019), que concluyen que los plazos para recurrir se contarán desde el día siguiente al de la notificación de la resolución que se recurra, o, en su caso, a la notificación de su aclaración o de la denegación de ésta. En el segundo motivo de contradicción, que tiene por objeto resolver si en el incidente de no readmisión ha de figurar, además de la empleadora del trabajador, la empresa que ha sucedido a ésta en la contrata de mantenimiento, la Sala no aprecia la existencia de contradicción ya que las sentencias parten de diferentes hechos y aplican distintos convenios colectivos.
Resumen: La cuestión que se plantea se ciñe a determinar si ha de ser calificado como nulo el despido de una trabajadora indefinida no fija a la que su empleador cesa por finalización del contrato, cuando en esa misma fecha se han extinguido treinta contratos computables, a efectos de determinar si estamos en presencia de un despido colectivo. La Sala IV no entra a conocer del fondo del asunto al no concurrir las identidades exigidas por el art 219 LRJS. En la sentencia recurrida consta que el número de contratos extinguidos en el periodo de noventa días, computables a estos efectos, superan los treinta, en la de contraste figura que no consta como probado que los trabajadores cesados en la misma fecha que el actor, en total nueve, lo fueran sin causa lícita, partiendo de tales datos la sentencia recurrida declara la nulidad del despido, por no haberse seguido los trámites del despido colectivo, en tanto la de contraste resuelve que no procede declarar la nulidad del despido.
Resumen: El actor fue despedido por causas económicas. Se debate si la situación económica de la empresa le impedía poner a disposición del trabajador despedido la indemnización de veinte días de salario por año de servicio prevista en el art. 53 del Estatuto de los Trabajadores. La empresa alegó falta de liquidez. El empleado interpuso demanda de despido contra esta empresa. El Juzgado de lo Social desestimó la demanda de despido. El actor interpuso recurso de suplicación, que fue desestimado. No concurre la contradicción exigida porque en la recurrida se declaró probado que la fundación contaba con 58.492,87 euros en la cuenta en el momento de la comunicación, y comunicó el mismo día el despido a otros ocho trabajadores de la fundación, con un importe indemnizatorio global sin incluir al actor superior a 150.000 euros. En la recurrida el empleador carecía de liquidez para abonar la indemnización por despido y en la de contraste no se considera probado que la empresa tuviera falta de liquidez. Así, aunque ambos pleitos enjuician extinciones laborales acordadas en el seno del mismo despido colectivo, el Tribunal Superior de Justicia está vinculado por los hechos probados de instancia junto con las revisiones fácticas en suplicación, por lo que en este caso existe una discrepancia esencial entre el sustrato fáctico de la sentencia recurrida y el de la sentencia referencial que impide concluir que concurra el presupuesto procesal de contradicción exigido por el art. 219.1 LRJS.
Resumen: En el marco de una contratación temporal llevada cabo por un Ayuntamiento que se celebra "para la realización de una obra o servicio incluida en la subvención concedida por la Consejería de Empleo de la Comunidad de Madrid, en el Programa de inserción laboral para personas desempleadas de larga duración que hayan agotado las prestaciones por desempleo, orden (10859/2013) 13549/2014, de 31 de julio", contrato financiado con cargo a los fondos recibidos del SPEE, se dirime la cuestión relativa a las retribuciones que debieron abonarse al trabajador demandante, y por ende, el derecho a percibir las diferencias salariales interesadas. El TS recuerda que dicha problemática fue abordada por TS 6-5-19, Rec 608/18 y 445/17, y declara que se debe aplicar el Convenio del Ayuntamiento de Aranjuez, y no las retribuciones fijadas en contrato. No en vano la subvención es sólo una ayuda económica para el mantenimiento de una actividad y el fomento de empleo, pero no puede amparar el incumplimiento de la normativa laboral en materia de retribuciones, sin que exista razón fáctica alguna que permita entender que la relación laboral del demandante con el Ayuntamiento esté fuera del ámbito personal del Convenio Colectivo de la Corporación Local cuando no hay rastro alguno de que exista un Convenio entre ella y el SPEE, sin que como tal se pueda tener la Orden 7210/2013. Se condena al Ayuntamiento a abonar las diferencias salariales.
Resumen: La sentencia no entra a conocer de la cuestión relativa a si lo previsto en materia de jubilación parcial del apartado 2 c) de la DF 12ª Ley 27/2011, de 1 de agosto, sobre actualización, adecuación y modernización del sistema de Seguridad Social, es o no aplicable a los trabajadores del Ayuntamiento de Gavá que procedían de determinados organismos autónomos municipales, por no apreciar la existencia de contradicción con la sentencia invocada de contraste, por cuanto en la sentencia de contraste existía un acuerdo colectivo de empresa sobre jubilación parcial comunicado al INSS en el plazo legalmente establecido, y lo que se trataba de determinar era si la no inclusión de 5 concretos trabajadores en la relación nominal de afectados presentada al INSS e incluidos posteriormente alegando un error administrativo, constituía un error subsanable, mientras que en la sentencia recurrida el debate está en si existía o no un plan de jubilación parcial así como una certificación de la empleadora ajustados a las previsiones legales, estando claramente identificados los trabajadores afectados, sin que se alegara que se había producido un error en la no inclusión de alguno de ellos, y sin que se debatiera si el error es o no subsanable.
Resumen: La Sala IV casa y anula la sentencia recurrida y con estimación parcial de la demanda declara el derecho de los trabajadores a tiempo parcial afectados por el conflicto a que en la retribución de sus vacaciones se tengan en cuenta las ampliaciones de jornada que se realicen a lo largo del año, aunque no subsistan en la fecha del disfrute vacacional, de forma que se promedie el salario percibido en los 11 meses correspondientes a la anualidad de cada período vacacional retribuido. Para resolver la cuestión planteada- incidencia sobre la retribución de las vacaciones de las diversas ampliaciones de jornada efectuadas a lo largo del año, a los trabajadores a tiempo parcial- se reitera doctrina elaborada a propósito de la inclusión en la retribución vacacional de determinados complementos salariales, en función o no de su carácter ordinario. Se declara que el trabajador debe percibir en vacaciones la retribución ordinaria y comparable a los períodos de trabajo, lo cual debe ser interpretado cuando, se trata de salario en cuantía variable –en función de la duración de la jornada del contrato a tiempo parcial debido a las aludidas ampliaciones- como derecho a devengar, para el período vacacional la media que hubiera percibido el trabajador durante los 11 meses de la anualidad correspondiente al período vacacional retribuido. Esto es, la retribución de las vacaciones debe integrar la parte proporcional correspondiente a las ampliaciones de jornada efectuadas a lo largo del año
Resumen: Reclamándose en demanda el derecho al disfrute de 14 días festivos, cuya traducción económica no alcanza los 3.000 euros exigidos por el art. 191.3 b) LRJS para acceder al recurso de suplicación, por sentencia de suplicación, revocatoria de la de instancia, se estima la demanda . La Sala 4ª del TS, al hilo de lo interesado por el Ministerio Fiscal, examina su competencia funcional, y aplicando la doctrina relativa a la afectación general, descarta que la misma exista. Y ello porque se trata de reclamación individual en la que no consta acreditada la afectación de un grupo importante de trabajadores. En efecto, no se conoce el número de trabajadores de la empresa afectados, ni el volumen de conflictividad que pudiera haberse generado. Tampoco tal afectación es notoria, pues en sede casacional sólo penden tres recursos. Por ello, se declara la irrecurribilidad de la sentencia de instancia.
Resumen: La Sala IV estima el recurso y declara que la actora se encuentra en situación de incapacidad permanente en grado de gran invalidez, por ceguera, con derecho a percibir la prestación correspondiente. El demandante presenta deficiencias visuales que implican agudeza visual de 0,05 en ojo derecho y cuenta dedos a un metro en ojo izquierdo. Se declara, según doctrina previa, que dichas deficiencias tienen la consideración de ceguera total o pérdida de visión equiparable que reúne las condiciones para calificarla de gran invalidez puesto que a la actora se le han agravado las dolencias que padecía, al punto de perder agudeza visual que se ha situado muy por debajo del 0,1 en ambos ojos, lo que la sitúa, según señalada jurisprudencia en una situación de ceguera.
Resumen: Reitera su jurisprudencia anterior la sentencia en relación a la forma de determinación del periodo a tomar en cuenta para fijar las ausencias laborales computables requeridas en el despido por causas objetivas por faltas de asistencia al trabajo aun justificadas del art. 52 d) ET. Falla en el sentido de que el dies ad quem para el computo del plazo de 12 meses será la fecha del despido que es la que determina la normativa de aplicación, y cumpliéndose en dicho periodo las ausencias que exige el precepto, procede incoar éste y declarar la procedencia del despido. En el supuesto, en el periodo de 12 meses computados siguiendo la regla anterior, las ausencias alcanzaban el 5% de jornada hábiles, e incluso el 20% en dos meses consecutivos. Sigue argumentando la Sala sobre lo dispuesto en el RD-Ley 4/2020 de 18 de febrero por el que se deroga el art. 52 d) ET, señalando que entró en vigor el 19-02-2020, habiéndose declarado por STC 16-10-2019 la constitucionalidad de dicho precepto por no suponer discriminación por razón de discapacidad en aplicación de jurisprudencia comunitaria, por lo que no acreditándose que las dolencias por las que el trabajador inició los procesos de IT que derivaron en su despido son discapacitantes, casa y anula la sentencia de suplicación para, desestimando la demanda, declarar la procedencia del despido.