• Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Contencioso
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: MARIA DE LA ESPERANZA CORDOBA CASTROVERDE
  • Nº Recurso: 4280/2019
  • Fecha: 16/07/2020
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: A la luz de la reforma operada en el texto refundido de la Ley del impuesto sobre sociedades, aprobado por Real Decreto Legislativo 4/2004, de 5 de marzo, con la aprobación de la Ley 35/2006, de 28 de noviembre, del impuesto sobre la renta de las personas físicas y de modificación parcial de las leyes de los impuestos sobre sociedades, sobre la renta de no residentes y sobre el patrimonio, la aplicación de los incentivos fiscales para empresas de reducida dimensión del Capítulo XII del Título VII de dicho texto refundido, hemos de responder que ya no se puede condicionar a la realización de una verdadera actividad económica por el sujeto pasivo, entendiendo por tal la que reúna los requisitos previstos en el artículo 27 de la citada Ley del impuesto sobre la renta de las personas físicas, cuando se trate de la actividad económica de alquiler de inmuebles, de forma que a partir de entonces sólo se requiere que el importe neto de la cifra de negocios habida en el período impositivo inmediato anterior sea inferior a la establecida por el artículo 108 del mencionado texto refundido de la Ley del impuesto sobre sociedades.
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Contencioso
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: FRANCISCO JAVIER BORREGO BORREGO
  • Nº Recurso: 1700/2016
  • Fecha: 16/07/2020
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: La Sala inadmite el recurso de casación interpuesto contra la sentencia que desestimó su recurso formulado en relación con la impugnación del anuncio de licitación y los pliegos de cláusulas administrativas particulares y pliegos de prescripciones técnicas del servicio de inspección y recogida de muestras de las estaciones depuradoras de aguas residuales públicas, licitación convocada por la Agencia Catalana del Agua. Declara la inadmisibilidad del recurso, por ser de cuantía inferior a 600.000 euros, con arreglo a lo dispuesto en el art. 86.2.b LJCA anterior a la reforma de la casación por la LO 7/2015, razonando que: la Sala, reiteradamente, ha dicho que a los efectos de la cuantía, es irrelevante que se haya tenido por preparado el recurso por el tribunal de instancia, o que se ofreciera al tiempo de notificarse, en este caso, rectificarse, la resolución recurrida, pues corresponde a la Sala, con arreglo al art. 93.2.a LJCA, rectificar fundadamente la cuantía inicialmente fijada; y que el contrato administrativo licitado se divide en cuatro lotes, con licitación independiente, y con cuantía propias que ninguna excede de 600.000 euros, siendo el importe estimado de cada lote, con posibilidad de concurrencia y adjudicación separadas, el que ha de servir de cuantía para el recurso -entre otros, autos de 19 de febrero de 2009, rec. 3773/2008, de 21 de mayo de 2009, rec. 720/2008 de 15 de marzo de 2011, rec. 5232/2011; y de 27 de junio de 2013, re. 3877/2012-.
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Contencioso
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: CESAR TOLOSA TRIBIÑO
  • Nº Recurso: 8265/2019
  • Fecha: 16/07/2020
  • Tipo Resolución: Auto
Resumen: Admisión a trámite del recurso de casación. Las cuestiones sobre las que se entiende existe interés casacional objetivo para la formación de jurisprudencia consisten en determinar, en relación con una solicitud de autorización de residencia temporal por circunstancias excepcionales de arraigo laboral recogida en el 124.1 del Real Decreto 557/11, de 20 de abril, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley Orgánica 4/2000, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social, tras su reforma por la Ley Orgánica 2/2009: -si resulta aplicable y en qué términos lo dispuesto en el artículo 69.1.e) del Real Decreto 557/11, de 20 de abril, precisando si la mera existencia de antecedentes policiales desfavorables puede ser causa de denegación de la referida solicitud. -Asimismo, en el caso de existir antecedentes penales, si incide y cómo, el que se trate de antecedentes penales antiguos, cumplidos o incluso cancelados/cancelables. -Y cómo debe interpretarse la exigencia de acreditar la relación laboral y su duración, a la que se refiere el artículo 124.1 del Real Decreto 557/11, de 20 de abril, precisando si debe referirse a un periodo temporal determinado.
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Contencioso
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: DIMITRY TEODORO BERBEROFF AYUDA
  • Nº Recurso: 635/2020
  • Fecha: 16/07/2020
  • Tipo Resolución: Auto
Resumen: La cuestión que presenta interés casacional objetivo para la formación de jurisprudencia consiste en: Determinar desde qué momento procede reconocer intereses de demora al sujeto pasivo del Impuesto sobre el Valor Añadido que no ha podido hacer efectivas las deducciones originadas en un periodo de liquidación por el procedimiento de compensación, por exceder de las cuotas devengadas, al haber estado incurso en un procedimiento penal que concluye con sentencia absolutoria firme a su favor: desde que venció el plazo para presentar la autoliquidación en que pudo ejercitar el derecho a la compensación o desde el ejercicio efectivo por el sujeto pasivo de tal derecho.
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Contencioso
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: DIMITRY TEODORO BERBEROFF AYUDA
  • Nº Recurso: 1382/2020
  • Fecha: 16/07/2020
  • Tipo Resolución: Auto
Resumen: La cuestión que presenta interés casacional objetivo para la formación de la jurisprudencia consiste en: Determinar, en primer lugar, si la suspensión de la prescripción de la acción administrativa sancionadora cuando existe actuación penal, es o no aplicable a la interrupción justificada de actuaciones inspectoras por remisión del expediente al Ministerio Fiscal. Y, en segundo lugar, dilucidar si superado el plazo de doce meses para la finalización de las actuaciones inspectoras (tras descontar las dilaciones imputables al sujeto pasivo y la interrupción justificada por remisión del expediente al Ministerio Fiscal), la consecuencia es que tales actuaciones interrumpen o no la prescripción hasta el día de notificación de la liquidación.
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Contencioso
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: JOSE MANUEL BANDRES SANCHEZ-CRUZAT
  • Nº Recurso: 238/2019
  • Fecha: 15/07/2020
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: La retribución a la operación pretende lograr una situación de equilibrio entre los ingresos procedentes del mercado de electricidad y otros ingresos estimados. Para calcular los costes de explotación se tienen en cuenta una serie de costes que figuran de forma enunciativa, entre otros, el coste de los derechos de emisión de CO2 no obtenidos por asignación gratuita. El art. 14.4 LSE establece dos grupos de tecnologías a los efectos de la actualización de los valores de retribución a la operación. De un lado, las tecnologías cuyos costes de explotación no dependan del precio del combustible, para las que el precepto no prevé ninguna actualización en todo el período regulatorio, y de otro lado, las tecnologías cuyos costes dependan del precio del combustible, para las que el artículo 14.4 establece una actualización al menos anual. Nada establecen de forma expresa los artículos 14.4 LSE y 20.3 RD 413/2014 sobre si la actualización debe extenderse al resto de los costes de explotación enunciados en el Preámbulo de la Orden IET1045/2014, más allá del precio del combustible, por lo que no puede incluirse el coste de los derechos de emisión de CO2. Corresponde a la orden el desarrollo del mandato legal, pero, la Orden 1345/2015 no lo incluye, sin que la Sala comparta que el coste de los derechos de emisión de CO2 debe ser incluido en la referencia del "coste de la materia prima". por último, recuerda la Sala el carácter restrictivo del control de las omisiones reglamentarias.
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Contencioso
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: JORGE RODRIGUEZ-ZAPATA PEREZ
  • Nº Recurso: 6071/2018
  • Fecha: 15/07/2020
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: Se confirma en casación una sentencia que condenó al Ayuntamiento de Barcelona al abono de una indemnización por las lesiones sufridas durante el ejercicio de sus funciones por un agente de policía, al declararse insolvente la agresora, condenada a la pena de dos años de prisión con responsabilidad civil. El Alto Tribunal confirma la doctrina establecida en la sentencia 956/2020, de 8 de julio, recaída en el recurso de casación 2519/2018, de forma que la indemnización a los policías locales por lesiones sufridas en acto de servicio, que siguieron una vía penal, se subsume en el principio general de resarcimiento o indemnidad del funcionario, que se encuadra en la materia de función pública. Esos daños no son imputables a una Administración pública porque la causa de la lesión o daño que sufre el agente no ha sido una actuación normal o anormal de un servicio público imputable a la actuación administrativa, ni ha sido ésta la que produce una lesión resarcible que el perjudicado no tenga la obligación de soportar. Ello determina que la sentencia impugnada, procedente de un Juzgado, sea susceptible de recurso de casación, al ser estimatoria y susceptible de extensión de efectos. Aprecia la Sala identidad de razón en la aplicabilidad a los policías locales del régimen de indemnidad de los mozos de escuadra, pese al silencio de la Ley autonómica de policías locales. Ese principio tampoco es ajeno al Derecho estatal, aplicable supletoriamente.
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Contencioso
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: JOSE LUIS REQUERO IBAÑEZ
  • Nº Recurso: 7803/2019
  • Fecha: 15/07/2020
  • Tipo Resolución: Auto
Resumen: La Sala Tercera del Tribunal Supremo declara que la cuestión en la que se entiende que existe interés casacional objetivo para la formación de jurisprudencia es la atinente a si, en el marco de una concesión administrativa, la Administración concedente responde de forma solidaria de aquellos incumplimientos en los que la empresa concesionaria haya incurrido en materia de Seguridad Social, y, en concreto, en lo referido al ingreso de las cotizaciones sociales. Y ello tanto por el hecho de que no existe jurisprudencia en la materia como porque la sentencia recurrida sienta una doctrina que afecta a un gran número de situaciones por trascender del caso objeto del proceso.
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Contencioso
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: RAFAEL FERNANDEZ VALVERDE
  • Nº Recurso: 363/2019
  • Fecha: 15/07/2020
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: Desestima el recurso interpuesto contra el Acuerdo del Consejo de Ministros que dispuso la continuación, en vía judicial, del procedimiento de extradición del recurrente a las autoridades de Venezuela. Recuerda la constante jurisprudencia que ha abordado la naturaleza del procedimiento de extradición, considerando que se trata de un procedimiento mixto, de naturaleza administrativa y judicial, en el que se pueden distinguir tres fases: dos gubernativas, la primera y la última, estando en medio la decisiva fase judicial; razonando que el acuerdo impugnado corresponde a la primera fase y contiene la decisión del Gobierno de continuar con la fase judicial, tratándose de una decisión administrativa de alcance limitado a la continuación del procedimiento, a la vista de los requisitos establecidos en los referidos arts. 2 a 5 de la LEP, pese a lo cual, se trata de un acto con propia sustantividad susceptible de ser recurrido en sede contencioso-administrativa. Rechaza a continuación las alegaciones del recurrente sobre ilegibilidad de la documentación aportada (que no afecta a la decisión tomada y siendo la resolución judicial definitiva la que la enjuicie y valore), falta de legitimidad de las autoridades venezolanas solicitantes de la extradición (sobre lo que no corresponde pronunciarse al Tribunal Supremo) y afectación de la Decisión (PESC) 2018/90 del Consejo, de 22 de enero de 2018 (no encontrándole relación con la solicitud de extradición en este caso).
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Contencioso
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: JOSE LUIS REQUERO IBAÑEZ
  • Nº Recurso: 6450/2019
  • Fecha: 15/07/2020
  • Tipo Resolución: Auto
Resumen: Se admite a trámite el recurso de casación preparado por El Colegio Oficial de Secretarios, Interventores y Tesoreros de Administración Local de la Comunidad de Madrid, contra sentencia que confirmó el nombramiento de la directora de la oficina del secretario de la junta de gobierno y relaciones por el sistema de libre designación. Existe interés casacional objetivo para la formación de jurisprudencia es la siguiente: si las funciones de fe pública en el Ayuntamiento de Madrid están reservadas a los funcionarios con habilitación de carácter nacional, y, en particular, (i) si el artículo 55 de la Ley 22/2006, de 4 de julio, de Capitalidad y de Régimen Especial de Madrid, puede entenderse derogado tácitamente por lo dispuesto en la disposición adicional segunda del EBEP y que no ha recobrado su vigencia, o si, por el contrario, (ii) dicho artículo 55 no sólo mantiene su vigencia sino que resulta de aplicación preferente desde la perspectiva de la especialidad del régimen local de Madrid, al que se remite el artículo 92 bis de la Ley 7/1985, de 2 de abril, introducido por la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local, que derogó la citada disposición adicional segunda del EBEP.

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