Resumen: Se pretende la nulidad de la Orden al no actualizar el valor del coste de los derechos de emisión de CO2. Desestimación del recurso. Corresponde al desarrollo reglamentario del mandato legal la determinación de aquellos concretos valores que habrán de ser actualizados, y la Orden 1345/2015, que llevó a cabo dicho desarrollo, únicamente estableció fórmulas de actualización de los distintos tipos de combustible utilizados en las instalaciones tipo, sin incluir ninguna previsión de actualización de ningún otro valor de la retribución a la operación. No se considera procedente incluir los derechos de emisión en el concepto de materia prima. Es cierto que la fórmula de revisión del artículo 4.2 de la Orden 1345/2015 tiene en cuenta el coste de los derechos de emisión, pero ello no supone que todos los parámetros tenidos en cuenta se actualicen semestralmente, sino que la actualización se limita únicamente en la fórmula del artículo 4.2 al precio del combustible y al coste de los peajes de acceso. Impugnación indirecta de la Orden IET/1345/2015 por no incluir la revisión de los costes de CO2:tras rechazar las causas de inadmisión por extemporaneidad y por acto consentido y firme, recuerda la Sala el carácter restrictivo del control de las omisiones reglamentarias, de manera qu eúnicamente cabe apreciar una omisión controlable jurisdiccionalmente cuando la ausencia de previsión suponga un incumplimiento legal o cree una situacíon contraria a la CE.
Resumen: Se pretende la nulidad de la Orden al no actualizar el valor del coste de los derechos de emisión de CO2. Desestimación del recurso. Corresponde al desarrollo reglamentario del mandato legal la determinación de aquellos concretos valores que habrán de ser actualizados, y la Orden 1345/2015, que llevó a cabo dicho desarrollo, únicamente estableció fórmulas de actualización de los distintos tipos de combustible utilizados en las instalaciones tipo, sin incluir ninguna previsión de actualización de ningún otro valor de la retribución a la operación. No se considera procedente incluir los derechos de emisión en el concepto de materia prima. Es cierto que la fórmula de revisión del artículo 4.2 de la Orden 1345/2015 tiene en cuenta el coste de los derechos de emisión, pero ello no supone que todos los parámetros tenidos en cuenta se actualicen semestralmente, sino que la actualización se limita únicamente en la fórmula del artículo 4.2 al precio del combustible y al coste de los peajes de acceso. Impugnación indirecta de la Orden IET/1345/2015 por no incluir la revisión de los costes de CO2: tras rechazar las causas de inadmisión por extemporaneidad y por acto consentido y firme, recuerda la Sala el carácter restrictivo del control de las omisiones reglamentarias, de manera que únicamente cabe apreciar una omisión controlable jurisdiccionalmente cuando la ausencia de previsión suponga un incumplimiento legal o cree una situación contraria a la CE.
Resumen: Orden TEC/427/2019, de 5 de abril. Se pretende la nulidad de la Orden al no actualizar el valor del coste de los derechos de emisión de CO2. Desestimación del recurso. Corresponde al desarrollo reglamentario del mandato legal la determinación de aquellos concretos valores que habrán de ser actualizados, y la Orden 1345/2015, que llevó a cabo dicho desarrollo, únicamente estableció fórmulas de actualización de los distintos tipos de combustible utilizados en las instalaciones tipo, sin incluir ninguna previsión de actualización de ningún otro valor de la retribución a la operación. No se considera procedente incluir los derechos de emisión en el concepto de materia prima. Es cierto que la fórmula de revisión del artículo 4.2 de la Orden 1345/2015 tiene en cuenta el coste de los derechos de emisión, pero ello no supone que todos los parámetros tenidos en cuenta se actualicen semestralmente, sino que la actualización se limita únicamente en la fórmula del artículo 4.2 al precio del combustible y al coste de los peajes de acceso. Impugnación indirecta de la Orden IET/1345/2015 por no incluir la revisión de los costes de CO2:tras rechazar las causas de inadmisión por extemporaneidad y por acto consentido y firme, recuerda la Sala el carácter restrictivo del control de las omisiones reglamentarias, de manera qu eúnicamente cabe apreciar una omisión controlable jurisdiccionalmente cuando la ausencia de previsión suponga un incumplimiento legal o cree una situacíon contraria a la CE.
Resumen: Planteada como cuestión sobre la que se entiende existe interés casacional objetivo para la formación de jurisprudencia la de determinar si a los efectos de aplicar el art. 71.6 RD 557/2011, cuando no se hayan acreditado algunos de los requisitos exigidos para la renovación de la autorización de residencia temporal y trabajo por cuenta ajena, se requiere necesariamente el informe positivo de la Comunidad Autónoma a que se refiere el precepto o la exigencia de la integración puede suplirse por otros medios, recuerda el TS que dicho precepto desarrolla la previsión contenida en el art. 31.7 en relación con el art. 2, ambos de la LOEX. Declara que la cuestión se sitúa en el ámbito del derecho a la prueba pues de lo que se trata, en definitiva, es de resolver sobre el modo de acreditar el esfuerzo de integración al que se alude en los preceptos mencionados, que en ningún momento indican que sea aquél el único medio de prueba posible de dicho esfuerzo ni prohíbe ni excluye expresamente una prueba diferente del mismo. Y partiendo del valor instrumental de la renovación de la residencia para la integración del extranjero, resuelve que es posible acreditar el esfuerzo de integración, en los términos descritos por la ley y el reglamento, por cualquier medio válido y no exclusivamente mediante el informe positivo de la Comunidad Autónoma a que se refiere el precepto. Ello conduce a la estimación del recurso y revocación de la sentencia recurrida.
Resumen: Impuesto sobre sociedades.- Errores en la cuantificación de la base imponible.- Compensación de bases imponibles negativas.- Rectificación de autoliquidaciones de ejercicios tributarios prescritos con ocasión de la solicitud de rectificación de un ejercicio no prescrito.- Plazo para solicitar la rectificación de autoliquidaciones.- Posibilidad de extender las facultades de comprobación de la Administración sobre ejercicios prescritos a los contribuyentes en relación con la rectificación de autoliquidaciones.- Íntegra regularización en el impuesto sobre sociedades.
Resumen: La cuestión que presenta interés casacional objetivo para la formación de jurisprudencia consiste en: Precisar si, a tenor del apartado 3 del artículo 70 del Reglamento del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados(39) , aprobado por el Real Decreto 828/1995, de 29 de mayo, interpretado con relación al artículo 31.2 del texto refundido de la Ley del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados(40) , aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/1993, de 24 de septiembre, las operaciones de segregación de fincas integran el hecho imponible del Impuesto sobre Actos Jurídicos Documentados.
Resumen: Orden TEC/427/2019, de 5 de abril. Se pretende la nulidad de la Orden al no actualizar el valor del coste de los derechos de emisión de CO2. Desestimación del recurso. Corresponde al desarrollo reglamentario del mandato legal la determinación de aquellos concretos valores que habrán de ser actualizados, y la Orden 1345/2015, que llevó a cabo dicho desarrollo, únicamente estableció fórmulas de actualización de los distintos tipos de combustible utilizados en las instalaciones tipo, sin incluir ninguna previsión de actualización de ningún otro valor de la retribución a la operación. No se considera procedente incluir los derechos de emisión en el concepto de materia prima. Es cierto que la fórmula de revisión del artículo 4.2 de la Orden 1345/2015 tiene en cuenta el coste de los derechos de emisión, pero ello no supone que todos los parámetros tenidos en cuenta se actualicen semestralmente, sino que la actualización se limita únicamente en la fórmula del artículo 4.2 al precio del combustible y al coste de los peajes de acceso. Impugnación indirecta de la Orden IET/1345/2015 por no incluir la revisión de los costes de CO2:tras rechazar las causas de inadmisión por extemporaneidad y por acto consentido y firme, recuerda la Sala el carácter restrictivo del control de las omisiones reglamentarias, de manera que únicamente cabe apreciar una omisión controlable jurisdiccionalmente cuando la ausencia de previsión suponga un incumplimiento legal o cree una situación contraria a la CE.
Resumen: A la luz de la reforma operada en el texto refundido de la Ley del impuesto sobre sociedades, aprobado por Real Decreto Legislativo 4/2004, de 5 de marzo, con la aprobación de la Ley 35/2006, de 28 de noviembre, del impuesto sobre la renta de las personas físicas y de modificación parcial de las leyes de los impuestos sobre sociedades, sobre la renta de no residentes y sobre el patrimonio, la aplicación de los incentivos fiscales para empresas de reducida dimensión del Capítulo XII del Título VII de dicho texto refundido, hemos de responder que ya no se puede condicionar a la realización de una verdadera actividad económica por el sujeto pasivo, entendiendo por tal la que reúna los requisitos previstos en el artículo 27 de la citada Ley del impuesto sobre la renta de las personas físicas, cuando se trate de la actividad económica de alquiler de inmuebles, de forma que a partir de entonces sólo se requiere que el importe neto de la cifra de negocios habida en el período impositivo inmediato anterior sea inferior a la establecida por el artículo 108 del mencionado texto refundido de la Ley del impuesto sobre sociedades.
Resumen: La Sala inadmite el recurso de casación interpuesto contra la sentencia que desestimó su recurso formulado en relación con la impugnación del anuncio de licitación y los pliegos de cláusulas administrativas particulares y pliegos de prescripciones técnicas del servicio de inspección y recogida de muestras de las estaciones depuradoras de aguas residuales públicas, licitación convocada por la Agencia Catalana del Agua. Declara la inadmisibilidad del recurso, por ser de cuantía inferior a 600.000 euros, con arreglo a lo dispuesto en el art. 86.2.b LJCA anterior a la reforma de la casación por la LO 7/2015, razonando que: la Sala, reiteradamente, ha dicho que a los efectos de la cuantía, es irrelevante que se haya tenido por preparado el recurso por el tribunal de instancia, o que se ofreciera al tiempo de notificarse, en este caso, rectificarse, la resolución recurrida, pues corresponde a la Sala, con arreglo al art. 93.2.a LJCA, rectificar fundadamente la cuantía inicialmente fijada; y que el contrato administrativo licitado se divide en cuatro lotes, con licitación independiente, y con cuantía propias que ninguna excede de 600.000 euros, siendo el importe estimado de cada lote, con posibilidad de concurrencia y adjudicación separadas, el que ha de servir de cuantía para el recurso -entre otros, autos de 19 de febrero de 2009, rec. 3773/2008, de 21 de mayo de 2009, rec. 720/2008 de 15 de marzo de 2011, rec. 5232/2011; y de 27 de junio de 2013, re. 3877/2012-.
Resumen: Admisión a trámite del recurso de casación. Las cuestiones sobre las que se entiende existe interés casacional objetivo para la formación de jurisprudencia consisten en determinar, en relación con una solicitud de autorización de residencia temporal por circunstancias excepcionales de arraigo laboral recogida en el 124.1 del Real Decreto 557/11, de 20 de abril, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley Orgánica 4/2000, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social, tras su reforma por la Ley Orgánica 2/2009: -si resulta aplicable y en qué términos lo dispuesto en el artículo 69.1.e) del Real Decreto 557/11, de 20 de abril, precisando si la mera existencia de antecedentes policiales desfavorables puede ser causa de denegación de la referida solicitud. -Asimismo, en el caso de existir antecedentes penales, si incide y cómo, el que se trate de antecedentes penales antiguos, cumplidos o incluso cancelados/cancelables. -Y cómo debe interpretarse la exigencia de acreditar la relación laboral y su duración, a la que se refiere el artículo 124.1 del Real Decreto 557/11, de 20 de abril, precisando si debe referirse a un periodo temporal determinado.