• Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Contencioso
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: RAFAEL FERNANDEZ VALVERDE
  • Nº Recurso: 5312/2019
  • Fecha: 22/07/2020
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: La Sala desestima el recurso. La cuestión sobre si en la actuación ante órganos judiciales unipersonales la designación de letrado por el turno de oficio excluye la exigencia de otorgamiento de la representación mediante poder o comparecencia apud acta- fue resuelta ya por la sentencia de 30 de junio de 2011, dictada en el recurso de casación en interés de ley nº 76/2009, formulado por el Colegio de Abogados de Madrid en el que se solicitaba, precisamente, que se declarara como doctrina legal que la designación de oficio de Abogado conlleva la representación, pretensión que fue rechazada por la Sala. No habiéndose atribuido la representación al letrado firmante de la demanda, no consta la voluntad de interponer el recurso por parte del verdadero legitimado para su interposición. Y esta ausencia de voluntad no puede ser suplida por el Juzgado e impide, asimismo, que pueda activarse el mecanismo de designación colegial de procurador de oficio previsto en el art. 21 de la Ley 1/1996, de Asistencia Jurídica Gratuita, además de no ser imprescindible la intervención de procurador ante los Juzgados de lo Contencioso Administrativo ( art. 23.1 LJCA). la falta de acreditación por el letrado de oficio de la representación que afirmaba ostentar no puede considerarse el incumplimiento de una mera formalidad procesal, sino la ausencia de un verdadero presupuesto del proceso atinente a la postulación procesal que debe cumplirse en la forma prevista por las leyes procesales.
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Contencioso
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: RAFAEL FERNANDEZ VALVERDE
  • Nº Recurso: 3409/2019
  • Fecha: 22/07/2020
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: El auto de admisión fijó como cuestión de interés casacional objetivo para la formación de jurisprudencia la consistente en determinar si, tratándose de un procedimiento de concurrencia competitiva en materia de subvenciones, la impugnación de la aplicación de los criterios de valoración por varios interesados en vía administrativa, puede suponer la anulación de la resolución de concesión, afectando a aquellos beneficiarios no impugnantes, siempre que se les haya dado audiencia en el procedimiento; o si, por el contrario, para anular o modificar las subvenciones de los no impugnantes, debe acudir la Administración a los procedimientos de revisión de oficio o declaración de lesividad. Resuelve el Alto Tribunal que, en la tramitación de los procedimientos de concurrencia competitiva en materia de subvenciones, para dejar sin efecto la inicial adjudicación u otorgamiento de las mismas, no resulta necesario acudir al procedimiento de revisión de oficio o declaración de lesividad, como se expresa en la sentencia impugnada, pues tratándose de un acto que no era firme, se puede dejar sin efecto mediante la resolución de los recursos administrativos procedentes, legalmente tramitados; pues no se trataba de una revisión de una decisión inicial e individual estimatoria, sino una revisión -con carácter de generalidad- contrastando las bases de la convocatoria con el criterio inicialmente seguido, para todos los solicitantes de ayudas.
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Contencioso
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: JOSE MANUEL BANDRES SANCHEZ-CRUZAT
  • Nº Recurso: 267/2019
  • Fecha: 22/07/2020
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: Se pretende la nulidad de la Orden al no actualizar el valor del coste de los derechos de emisión de CO2. Desestimación del recurso. Corresponde al desarrollo reglamentario del mandato legal la determinación de aquellos concretos valores que habrán de ser actualizados, y la Orden 1345/2015, que llevó a cabo dicho desarrollo, únicamente estableció fórmulas de actualización de los distintos tipos de combustible utilizados en las instalaciones tipo, sin incluir ninguna previsión de actualización de ningún otro valor de la retribución a la operación. No se considera procedente incluir los derechos de emisión en el concepto de materia prima. Es cierto que la fórmula de revisión del artículo 4.2 de la Orden 1345/2015 tiene en cuenta el coste de los derechos de emisión, pero ello no supone que todos los parámetros tenidos en cuenta se actualicen semestralmente, sino que la actualización se limita únicamente en la fórmula del artículo 4.2 al precio del combustible y al coste de los peajes de acceso. Impugnación indirecta de la Orden IET/1345/2015 por no incluir la revisión de los costes de CO2:tras rechazar las causas de inadmisión por extemporaneidad y por acto consentido y firme, recuerda la Sala el carácter restrictivo del control de las omisiones reglamentarias, de manera qu eúnicamente cabe apreciar una omisión controlable jurisdiccionalmente cuando la ausencia de previsión suponga un incumplimiento legal o cree una situacíon contraria a la CE.
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Contencioso
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: RAFAEL TOLEDANO CANTERO
  • Nº Recurso: 128/2019
  • Fecha: 22/07/2020
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: Real Decreto 184/2015, de 13 de marzo, por el que se modifica el Real Decreto 184/2015, de 13 de marzo, por el que se regula el catálogo homogéneo de equivalencias de las categorías profesionales del personal estatutario de los servicios de salud y el procedimiento de su actualización, a fines de incorporar las categorías profesionales correspondientes al personal sanitario técnico superior. Se insta la nulidad del Anexo del citado Real Decreto por no ser correcto el Grupo o Subgrupo de clasificación profesional aplicado a los Técnicos Superiores Sanitarios, no incluidos en el Grupo B. La pretensión anulatoria excede el objeto de la norma impugnada, que se limita a fijar las equivalencias de las categorías profesionales de los distintos servicios de salud a fines de garantizar la movilidad de su personal en todo el territorio nacional, y no tanto el encuadramiento de determinado personal en un grupo concreto, cuestión reservada a norma con rango legal y que no es objeto de la disposición recurrida, conforme a precedente jurisprudencial reseñado.
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Contencioso
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: JOSE DIAZ DELGADO
  • Nº Recurso: 2764/2018
  • Fecha: 22/07/2020
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: La sentencia recurrida en casación ha interpretado de manera errónea el ordenamiento jurídico al considerar que el artículo 17 de la Sexta Directiva no autoriza a limitar la deducción de las cuotas de IVA relativo a los vehículos automóviles al grado efectivo de utilización de esos vehículos en la actividad empresarial o profesional del contribuyente. El artículo 95 LIVA no impide o limita en absoluto las posibilidades de acreditación de la afectación real del vehículo a la actividad de la empresa, permitiendo tal constatación -en relación con el contribuyente- "por cualquier medio de prueba admitido en derecho", sin restricción alguna salvo una lógica: no será medio de prueba suficiente -dice el precepto- "la declaración-liquidación presentada por el sujeto pasivo ni la contabilización o inclusión de los correspondientes bienes de inversión en los registros oficiales de la actividad empresarial o profesional". La deducción superior o inferior al 50% depende de la prueba, que no resulta ser de difícil o imposible práctica, del "grado efectivo de utilización de los bienes en el desarrollo de la actividad empresarial o profesional", en los términos que resulten de la actividad probatoria desarrollada en el litigio.
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Contencioso
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: ANGEL RAMON AROZAMENA LASO
  • Nº Recurso: 242/2019
  • Fecha: 22/07/2020
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: Se pretende la nulidad de la Orden al no actualizar el valor del coste de los derechos de emisión de CO2. Desestimación del recurso. Corresponde al desarrollo reglamentario del mandato legal la determinación de aquellos concretos valores que habrán de ser actualizados, y la Orden 1345/2015, que llevó a cabo dicho desarrollo, únicamente estableció fórmulas de actualización de los distintos tipos de combustible utilizados en las instalaciones tipo, sin incluir ninguna previsión de actualización de ningún otro valor de la retribución a la operación. No se considera procedente incluir los derechos de emisión en el concepto de materia prima. Es cierto que la fórmula de revisión del artículo 4.2 de la Orden 1345/2015 tiene en cuenta el coste de los derechos de emisión, pero ello no supone que todos los parámetros tenidos en cuenta se actualicen semestralmente, sino que la actualización se limita únicamente en la fórmula del artículo 4.2 al precio del combustible y al coste de los peajes de acceso. Impugnación indirecta de la Orden IET/1345/2015 por no incluir la revisión de los costes de CO2:tras rechazar las causas de inadmisión por extemporaneidad y por acto consentido y firme, recuerda la Sala el carácter restrictivo del control de las omisiones reglamentarias, de manera que únicamente cabe apreciar una omisión controlable jurisdiccionalmente cuando la ausencia de previsión suponga un incumplimiento legal o cree una situación contraria a la CE.
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Contencioso
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: CESAR TOLOSA TRIBIÑO
  • Nº Recurso: 6796/2019
  • Fecha: 22/07/2020
  • Tipo Resolución: Auto
Resumen: Admisión a trámite del recurso de casación. La cuestión que presenta interés casacional objetivo para la formación de jurisprudencia es determinar si la obtención fraudulenta de una autorización de residencia temporal proyecta la concurrencia de la causa extintiva a las ulteriores renovaciones temporales o de larga duración que traen causa de la misma y, en consecuencia, si las autorizaciones de residencia otorgadas al amparo de la LO 4/2000 son o no autorizaciones de tracto continuo.
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Contencioso
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: CESAR TOLOSA TRIBIÑO
  • Nº Recurso: 1913/2020
  • Fecha: 22/07/2020
  • Tipo Resolución: Auto
Resumen: La Sala admite el recurso del Ayuntamiento. Precisar que la cuestión que presenta interés casacional objetivo para la formación de jurisprudencia es determinar si el plazo de prescripción de la acción para exigir la responsabilidad patrimonial derivada de la declaración de nulidad de una licencia que conlleva la demolición de lo ilegalmente construido, debe situarse en el momento en que se dicta resolución judicial firme y ejecutiva que ordena la demolición de lo construido, o en el momento en que se notifica a la parte la sentencia que declara su nulidad.Identificar como normas jurídicas que, en principio, deben ser objeto de interpretación: el art. 67 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, y el art. 32 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, sin perjuicio de que la sentencia haya de extenderse a otras si así lo exigiere el debate finalmente trabado en el recurso. La Sala inadmite el recurso del particular en aplicación del artículo 90.4.b) en relación al 89.2.d) LJCA -por falta de fundamentación suficiente y singularizada de la concurrencia de los supuestos -invocados- previstos en el artículo 88.2.a) y c), que permiten apreciar interés casacional objetivo y la conveniencia de un pronunciamiento de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Supremo.
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Contencioso
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: CESAR TOLOSA TRIBIÑO
  • Nº Recurso: 2374/2020
  • Fecha: 22/07/2020
  • Tipo Resolución: Auto
Resumen: La Sala admite el recurso. Precisar que la cuestión que presenta interés casacional objetivo para la formación de jurisprudencia consiste en determinar: "si, en el recurso contencioso administrativo interpuesto en los casos previstos en el art. 30 de la LJCA, transcurrido el plazo ahí establecido sin obtener respuesta de la Administración, y transcurrido también el plazo del art. 46.3 LJCA, y manteniéndose la situación de ocupación ilegal, si efectuado un nuevo requerimiento o reclamación contra esa misma ocupación, comienzan a computarse de nuevo los plazos, habilitando así la posibilidad de interposición de un nuevo recurso contencioso administrativo contra dicha ocupación o el recurso resultaría en tal caso extemporáneo". Identificar como normas jurídicas que, en principio, será objeto de interpretación: los arts.30 y 46.3 LJCA, ello sin perjuicio de que la Sala de enjuiciamiento pueda extenderse a otras, si así lo exigiese el debate procesal finalmente trabado (art. 90.4 LJCA).
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Contencioso
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: CESAR TOLOSA TRIBIÑO
  • Nº Recurso: 2442/2020
  • Fecha: 22/07/2020
  • Tipo Resolución: Auto
Resumen: La sección de Admisión considera que el escrito de preparación presentado cumple con las exigencias del artículo 89.2 LJCA, habiéndose efectuado el imprescindible esfuerzo argumental, con singular referencia al caso, del supuesto previsto en el art. 88.3.a) LJCA -cuando en la resolución impugnada se hayan aplicado normas en las que se sustente la razón de decidir sobre las que no exista jurisprudencia-, cuya concurrencia se aprecia, así como del supuesto previsto en el art. 88.2. a) LJCA -interpretación de los arts. 6.2 y 31.2 de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de Evaluación Ambiental, que realiza la sentencia de instancia contradictoria con la fijada por el TSJ de Madrid, en sus Sentencias 52/2019, 579/2019, 684/2019 y 799/2019, que consideran que al menos, los Estudios de Detalle han de someterse a Evaluación Ambiental Estratégica-. Admite el recurso de casación, precisando que la cuestión que presenta interés casacional objetivo para la formación de jurisprudencia consiste en determinar, atendidas las circunstancias del caso y la vista de la normativa estatal reseñada como infringida, si los Estudios de Detalle han de someterse a Evaluación Ambiental Estratégica simplificada, en base al artículo 6.2 de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de Evaluación Ambiental, y una vez sea determinada, en su caso, la sujeción, si ésta, de conformidad con la referida normativa estatal, puede ser excepcionada en supuestos determinados.

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