• Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Contencioso
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: WENCESLAO FRANCISCO OLEA GODOY
  • Nº Recurso: 269/2018
  • Fecha: 27/07/2020
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: Impugnándose el RD 210/18, de 6 de abril, por el que se aprueba el Programa de Prevención y Gestión de Residuos y Recursos de Cataluña "PRECAT20", la sala comienza rechazando el reparo procesal de falta de competencia objetiva para conocer del recurso aducido por ambas partes demandadas -Administración del Estado y Generalidad de Cataluña- razonando en esencia que dicha cuestión ya fue aducida y resuelta previamente en el mismo proceso por auto de 15-1-19 que, a su vez, acogía el criterio ya establecido en el anterior auto de 28-11-18, dictado en el recurso 636/18, criterio mantenido asimismo en otros procesos, considerando que el Tribunal Supremo es el competente para conocer de la impugnación de disposiciones reglamentarias dictadas por el Gobierno en sustitución de las instituciones de Cataluña, al amparo de lo autorizado por el Senado conforme al art. 155 de la Constitución. Mantiene, a continuación, la misma decisión adoptada en otro recurso -268/18- en el que se impugnaba el mismo precepto y párrafo, aunque diferentes parágrafos, y objetivos, por los mismos motivos, entre otros, que se invocan en este recurso, anulándolos, argumentando, en esencia, que las disposiciones impugnadas fijaban objetivos que excedían de los fijados para el conjunto del Estado, sin que estuviera autorizado ex art.31.3º de la Ley 22/2011, de 28 de julio, de Residuos y Suelos Contaminados, pues el Consejo de Ministros al aprobar el RD impugnado actuaba potestades autonómicas.
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Contencioso
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: WENCESLAO FRANCISCO OLEA GODOY
  • Nº Recurso: 271/2018
  • Fecha: 27/07/2020
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: Impugnándose el RD 210/18, de 6 de abril, por el que se aprueba el Programa de Prevención y Gestión de Residuos y Recursos de Cataluña "PRECAT20", la sala comienza rechazando el reparo procesal de falta de competencia objetiva para conocer del recurso aducido por ambas partes demandadas -Administración del Estado y Generalidad de Cataluña- razonando en esencia que dicha cuestión ya fue aducida y resuelta previamente en el mismo proceso por auto de 15-1-19 que, a su vez, acogía el criterio ya establecido en el anterior auto de 28-11-18, dictado en el recurso 636/18, criterio mantenido asimismo en otros procesos, considerando que el Tribunal Supremo es el competente para conocer de la impugnación de disposiciones reglamentarias dictadas por el Gobierno en sustitución de las instituciones de Cataluña, al amparo de lo autorizado por el Senado conforme al art. 155 de la Constitución. Mantiene, a continuación, la misma decisión adoptada en otros recursos -268/18, 269/18, 273 y 448- en los que se impugnaban el mismo precepto del Real Decreto -art. 6.3º.5ª a) y b)- y determinados objetivos recogidos en el PECAT20 por idénticos motivos que los que se suscitan en este proceso, anulándolos, argumentando que las disposiciones impugnadas fijaban objetivos que excedían de los fijados para el conjunto del Estado, sin que estuviera autorizado ex art.31.3º de la Ley 22/2011, de 28 de julio, de Residuos y Suelos Contaminados, pues el Consejo de Ministros actuaba potestades autonómicas.
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Contencioso
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: INES MARIA HUERTA GARICANO
  • Nº Recurso: 899/2019
  • Fecha: 27/07/2020
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: La cuestión que presenta interés casacional objetivo consiste en determinar si la concurrencia de cosa juzgada formal puede actuar como causa de inadmisibilidad del recurso contencioso-administrativo interpuesto contra un acto presunto por silencio administrativo, dejando imprejuzgado el debate jurídico de fondo. Declara el TS que en el presente caso no concurre la excepción de cosa juzgada formal alegada pues la primera sentencia se limitó a acoger una causa de inadmisibilidad (por defecto en el poder) dejando por tanto imprejuzgado el debate, siendo entonces de aplicación la jurisprudencia constitucional que declara que cuando el recurso se deduce frente a una desestimación presunta la acción no está sometida a plazo de caducidad de ninguna clase -dado que el plazo de seis meses establecido en el referido art. 46.1 LJCA ha sido materialmente derogado-. En consecuencia, la respuesta del TS a la cuestión planteada es que cabe la interposición de un nuevo recurso -sin sujeción a plazo- frente a la desestimación presunta en tanto no recaiga resolución administrativa expresa, siempre que el primero -con idéntico objeto- hubiera concluido con sentencia firme de inadmisibilidad por apreciar una excepción procesal, procediendo por consiguiente retrotraer las actuaciones al momento inmediato anterior para que la Sala de Madrid se pronuncie sobre las otras causas de inadmisibilidad planteadas, resolviendo, en su caso, la pretensión actora.
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Contencioso
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: WENCESLAO FRANCISCO OLEA GODOY
  • Nº Recurso: 3522/2019
  • Fecha: 27/07/2020
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: La resolución decretando la expulsión se atiene al automatismo de la condena penal, sin proceder a la ponderación de las circunstancias del afectado, como se requiere en la actual jurisprudencia. De otra parte y por el contrario, la sentencia recurrida deja constancia de que, en aplicación de los criterios que resultan de la Directiva de 2003, concurren en el originario recurrente circunstancias más que suficientes, a juicio del Tribunal de Madrid, que permiten la ausencia de ese riesgo para el orden o la seguridad pública, sin que se trate de una mera afirmación apodíctica, sino que se procede a un examen detallado y fundado de las circunstancias que concurren en el afectado por la expulsión de las que llegar a aquella conclusión. Criterio que esta Sala comparte y que lleva a la desestimación del recurso. Finalmente, al estar en juego en esta tipología de supuestos una pluralidad de intereses constitucionales (en esta ocasión, vista la patología mental grave concurrente, sobre todo el de la protección de la salud - art. 43.1 CE-, y consiguientemente, de acuerdo con la conexión que realiza nuestra jurisprudencia, también el derecho fundamental a la integridad física - art. 15 CE-), era preciso ponderar todas las circunstancias relevantes en el caso enjuiciado y 'tener en cuenta la gravedad de los hechos'.
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Contencioso
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: JOSE DIAZ DELGADO
  • Nº Recurso: 80/2018
  • Fecha: 23/07/2020
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: Impugnación directa del apartado 11 del artículo primero del Real Decreto 1070/2017, de 29 de diciembre, por el que se introduce en el Reglamento General de las actuaciones y procedimientos de gestión e inspección tributaria aprobado por Real Decreto 1065/2007, de 27 de julio, un nuevo artículo 54 ter, que regula la “Obligación de informar sobre la cesión de uso de viviendas con fines turísticos”. NULIDAD POR NO NOTIFICAR SU TRAMITACION A LA COMISION EUROPEA. La doctrina del TJUE es inequívoca, estamos ante una disposición general que establece una serie de obligaciones a las entidades colaborativas prestadoras de servicio de la información, que aun siendo legítimas desde el punto de vista del ordenamiento jurídico interno, suponen un reglamento técnico de desarrollo de la Ley de trasposición de la directiva de información , y en consecuencia debería haber notificado el Estado español a la Comisión Europea la intención de aprobar la norma reglamentaria que ahora se impugna, lo que no ha hecho, por lo que se producen los efectos que se derivan de dicho incumplimiento formal, y en consecuencia, procede dar lugar al recurso contencioso-administrativo y anular y dejar sin efecto el reglamento impugnado por ser contrario a Derecho.
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Contencioso
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: DIMITRY TEODORO BERBEROFF AYUDA
  • Nº Recurso: 6212/2019
  • Fecha: 23/07/2020
  • Tipo Resolución: Auto
Resumen: La cuestión que presenta interés casacional es determinar si con ocasión de la impugnación indirecta de una ordenanza fiscal cabe alegar la ausencia absoluta de la memoria económica-financiera, o su insuficiencia o falta de corrección, por tratarse del incumplimiento de un requisito determinante de un elemento esencial del tributo, o si, por el contrario, no cabe tal invocación por tratarse de un mero vicio formal del procedimiento y, como tal, no susceptible de alegación en la impugnación indirecta de una disposición general.
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Contencioso
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: FRANCISCO JAVIER BORREGO BORREGO
  • Nº Recurso: 2452/2019
  • Fecha: 23/07/2020
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: La Sala, en respuesta a la cuestión de interés casacional objetivo formulada, sostiene que la designación de letrado de turno de oficio ante órganos unipersonales no excluye la exigencia legal, arts. 22.3 LO 4/2000; 23 y 24 LEC y 23.1 LJCA, de otorgamiento de la representación mediante poder notarial o conferido apud acta por comparecencia personal o electrónica. Razona que si el escrito de interposición del recurso está firmado solamente por el letrado que fue nombrado de oficio para "Juzgado: Comisaría de Figueroa", es preciso acreditar la representación de la parte actora, que debe manifestar expresamente su voluntad de recurrir en vía contenciosa, otorgando poder de representación. Señala que el Tribunal Constitucional se ha pronunciado en numerosas ocasiones sobre la imprescindibilidad, para actuar en representación de otro en un proceso, del consentimiento e inequívoco del representado, conferido a través del instrumento de poder notarial (ATC 276/01, de 29 de octubre, FJ 3), o del poder apud acta (STC 205/01, de 15 de octubre, FJ 5), estando la importancia de la representación del interesado constantemente presente en su doctrina, así SSTC 205/01, de 15 de octubre; 19/03, de 30 de enero; 153/08, de 24 de noviembre, etc. Y recuerda que la jurisprudencia de la Sala es clara y reiterada en tal sentido, con mención de la STS de 30-6-11, RIL nº 76/09, así como de las de la misma Sala y Sección de 10-2-20, rec. 531/19, 26-2-20, rec. 153/19, y 16-7-20, rec. 2196/19.
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Contencioso
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: DIMITRY TEODORO BERBEROFF AYUDA
  • Nº Recurso: 5691/2019
  • Fecha: 23/07/2020
  • Tipo Resolución: Auto
Resumen: ¿El artículo 27.2 de la LJCA atribuye la posibilidad de que el Tribunal Superior de Justicia, en segunda instancia, se pronuncie directamente sobre la legalidad de la disposición general impugnada indirectamente ante el Juzgado de lo Contencioso Administrativo cuando éste ha estimado que la misma era ajustada a derecho? ¿El importe de las tasas por la prestación de un servicio de expedición de una licencia de apertura de establecimientos puede exceder, en su conjunto, del coste real del servicio fijado en el informes técnico-económicos incluido en el expediente de aprobación de la tasa, o en su defecto, puede exceder notoriamente del valor real de mercado de la prestación recibida?
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Contencioso
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: EDUARDO ESPIN TEMPLADO
  • Nº Recurso: 266/2019
  • Fecha: 23/07/2020
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: Se pretende la nulidad de la Orden al no actualizar el valor del coste de los derechos de emisión de CO2. Desestimación del recurso. Corresponde al desarrollo reglamentario del mandato legal la determinación de aquellos concretos valores que habrán de ser actualizados, y la Orden 1345/2015, que llevó a cabo dicho desarrollo, únicamente estableció fórmulas de actualización de los distintos tipos de combustible utilizados en las instalaciones tipo, sin incluir ninguna previsión de actualización de ningún otro valor de la retribución a la operación. No se considera procedente incluir los derechos de emisión en el concepto de materia prima. Es cierto que la fórmula de revisión del artículo 4.2 de la Orden 1345/2015 tiene en cuenta el coste de los derechos de emisión, pero ello no supone que todos los parámetros tenidos en cuenta se actualicen semestralmente, sino que la actualización se limita únicamente en la fórmula del artículo 4.2 al precio del combustible y al coste de los peajes de acceso. Impugnación indirecta de la Orden IET/1345/2015 por no incluir la revisión de los costes de CO2:tras rechazar las causas de inadmisión por extemporaneidad y por acto consentido y firme, recuerda la Sala el carácter restrictivo del control de las omisiones reglamentarias, de manera que únicamente cabe apreciar una omisión controlable jurisdiccionalmente cuando la ausencia de previsión suponga un incumplimiento legal o cree una situación contraria a la CE.
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Contencioso
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: ISAAC MERINO JARA
  • Nº Recurso: 35/2019
  • Fecha: 23/07/2020
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: Se estima la pretensión de declaración de error judicial, bien que limitada a su función de requisito previo a la eventual pretensión de responsabilidad patrimonial a ejercitar, en su caso, contra el Estado. La pretensión de declaración de error judicial se contrae a la exclusiva finalidad de constituir presupuesto inexcusable, junto con la sentencia dictada en proceso de revisión, de una ulterior acción resarcitoria, por responsabilidad patrimonial del Estado Juez, sin que, por tanto, la situación jurídica declarada o reconocida por la sentencia a la que se imputa dicho error se vea alterada o modificada por una declaración de existencia en la misma de error judicial.

Parece que no tiene configurado el plugin para ver el pdf embebido... puede descargar la resolución aquí.