• Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Civil
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: EDUARDO BAENA RUIZ
  • Nº Recurso: 781/2019
  • Fecha: 17/06/2020
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: Familia. Guarda y custodia compartida. Carencia de motivación de la sentencia. En estos recursos solo puede examinarse si el juez a quo ha aplicado correctamente el principio de protección del interés del menor, motivando suficientemente, a la vista de los hechos probados, la conveniencia del sistema. El recurso de casación en la determinación del régimen de la guarda y custodia no puede convertirse en una tercera instancia, a pesar de las características especiales del procedimiento de familia. Se ha de huir de una protección del menor que sea aparente, puramente formalista y estereotipada, y no fruto de un riguroso estudio y análisis para indagar cuál sea el interés de aquel. Informe psicológico: no basta con asumirlo, los informes deben ser analizados y cuestionados jurídicamente. En el caso, no se valoró el resultado de la exploración del menor. Para que la tensa situación entre los progenitores aconseje no adoptar el régimen de guarda y custodia compartida, será necesario que sea de un nivel superior al propio de una situación de crisis matrimonial. El interés del menor es la suma de varios factores, y no tiene que ver solo con las circunstancias personales de los progenitores o necesidades afectivas de los hijos. Prueba en segunda instancia: vulneración del principio de contradicción en procesos de familia. El artículo 752 LEC no es tan laxo como para que se pueda vulnerar ese principio.
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Civil
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: JOSE LUIS SEOANE SPIEGELBERG
  • Nº Recurso: 2971/2017
  • Fecha: 17/06/2020
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: En una acción de responsabilidad contra el procurador que no se personó ante la Audiencia y provocó que el recurso de apelación se declarara desierto, se formuló una primera demanda en reclamación de daño patrimonial, de la que luego se desistió. En esta segunda demanda se reclamaba, por los mismos hechos, por daño patrimonial y por daño moral. La Audiencia desestimó la reclamación por daño patrimonial, porque el juicio prospectivo sobre las posibilidades de éxito de la segunda instancia frustrada era enteramente negativo, y aplicó el principio de preclusión del art. 400 a la reclamación por daño moral. Se estima el recurso por infracción procesal por incorrecta aplicación de esta norma, ya que el primer proceso no finalizó por sentencia firme de fondo que generara cosa juzgada material negativa, sino por auto de desistimiento. La estimación del recurso determina el análisis de la procedencia de la indemnización por daño moral, objeto del recurso de casación. La acción frustrada tenía una clara naturaleza patrimonial; en el juicio prospectivo sobre las posibilidades de éxito de la segunda instancia frustrada, la Audiencia la ha considerado como inviable y sin oportunidad de prosperar. Descartado el daño patrimonial, puesto que una segunda instancia de nula efectividad para el éxito de la pretensión únicamente generaría gastos adicionales, no se ha producido ningún daño moral resarcible con identidad propia que pudiera ser indemnizable. Se desestima el recurso de casación.
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Civil
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: MARIA DE LOS ANGELES PARRA LUCAN
  • Nº Recurso: 4279/2017
  • Fecha: 17/06/2020
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: Tras un incumplimiento resolutorio las partes de una compraventa pactaron un nuevo plazo, pero con el pacto de que el vendedor retendría lo ya pagado por el comprador si este no cumplía en plazo, lo que finalmente aconteció. La sentencia de segunda instancia moderó de oficio la cantidad que el vendedor podía retener. Inexistencia de incongruencia, al no ser cierto lo alegado de que en su recurso de apelación la demandante dejara fuera de debate la posibilidad de discutir a quién le era imputable el incumplimiento ni las consecuencias que se derivaban del mismo, además de que la moderación de la pena pactada no incurre en el vicio de incongruencia según doctrina jurisprudencial que, atendiendo al carácter imperativo de la norma, ha admitido la procedencia de su aplicación por los tribunales cuando no se apartan de los hechos aportados por las partes y deben decidir sobre las consecuencias restitutorias vinculadas a la resolución de una relación contractual. Admisibilidad del recurso de casación: la correcta o incorrecta aplicación de la norma citada es cuestión jurídica. En el presente caso, la cláusula penal se pactó precisamente para el incumplimiento que tuvo lugar, el no otorgamiento de la escritura en el nuevo plazo pactado. La cláusula penal se previó específicamente para el caso del incumplimiento futuro de la compradora y este fue total, porque no pagó nada del precio. No cabe moderar una pena que las partes conocían y consideraban ajustada a las circunstancias.
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Civil
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: ANTONIO SALAS CARCELLER
  • Nº Recurso: 4622/2017
  • Fecha: 16/06/2020
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: Acción de extinción de contrato de arrendamiento de local de negocio por expiración del plazo. El arrendatario falleció y se suborgaron la viuda e hijos de este, quienes fueron sucesivamente falleciendo a excepción de un hijo, que al jubilarse comunicó que se subrogaría su esposa. La demanda se estimó en ambas instancias. Inexistencia de las infracciones procesales denunciadas: inexistencia de abstención, planteamiento de cuestiones sustantivas bajo un supuesto error patente en la valoración de la prueba, supuesta inadecuación del procedimiento relacionada con el fondo, siendo en casación donde ha de determinarse si la cuestión a resolver era la pura extinción legal del contrato o si era necesario valorar la posibilidad de subrogación por parte de la hoy demandada, sin que en cualquier caso quepa apreciar indefensión en la parte demandada por el hecho de haberse sustanciado un juicio verbal, e inexistencia de litisconsorcio pasivo necesario porque en estos pleitos solo está pasivamente legitimado el arrendatario. La constitución de la demandada como arrendataria al amparo de la DT 3 LAU 1994 no es posible porque la norma no contempla este caso: tras el fallecimiento del primer arrendatario en 1981, le sucedió en dicha posición la comunidad formada por la viuda e hijos del mismo y tal situación era la vigente cuando entró en vigor la nueva ley de 1994, de ahí que la subsistencia de dicho contrato en tal fecha nunca pudo suponer que se tratara de un arrendatario persona física.
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Civil
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: JOSE LUIS SEOANE SPIEGELBERG
  • Nº Recurso: 1532/2017
  • Fecha: 16/06/2020
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: En el recurso de apelación cabe una revisión plena de la sentencia de primera instancia, pero con el límite impuesto por la prohibición de la reforma peyorativa, que impide agravar la posición del recurrente, salvo que provenga de otro recurso de apelación o de la impugnación de una parte apelada. En el caso, hay reformatio in peius porque la demandante no apeló la sentencia (que no condenaba a la aseguradora del arquitecto al recargo del art. 20 LCS, sino que le imponía con el resto de demandados una condena de hacer), y la Audiencia, al estimar el recurso de dicha aseguradora, que cuestionaba su condena solidaria sin límite económico, y fijar un límite cuantitativo a su responsabilidad, adicionó de oficio una condena no postulada (la obligación de computar en ese límite los intereses del art. 20). Las excepciones objetivas de la póliza (como la fijación de un capital máximo por siniestro) son oponibles al perjudicado en la acción directa, pero la sentencia recurrida no infringe esta regla porque ha interpretado los términos "siniestro" y "causa original" y, valorando las circunstancias, concluye que hay tres siniestros. La interpretación de los contratos compete a los tribunales de instancia, y no es revisable en casación, salvo que sea contraria a alguna de las normas legales, ilógica o arbitraria. La sentencia recurrida no niega ese régimen de oponibilidad, pero dentro de los términos de la póliza, y no se ha demostrado que la interpretación sea ilógica o arbitraria.
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Civil
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: ANTONIO SALAS CARCELLER
  • Nº Recurso: 3926/2017
  • Fecha: 16/06/2020
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: Demanda de desahucio por precario alegándose que el demandado ocupaba determinadas parcelas propiedad del actor sin título ni contrato alguno, tras haberle requerido de desalojo y negarle una nueva prórroga. La demanda fue estimada en apelación. Idoneidad de la acción: es cierto que no cabe hablar de la existencia de una situación de precario cuando el supuesto precarista posee por razón de un contrato de arrendamiento y la verdadera discusión está en si el mismo continúa o no vigente. Pero al haberse seguido el pleito por precario, y discutido sobre la subsistencia del contrato con práctica de prueba sobre ello, no procede apreciar la inadecuación del procedimiento dado que tampoco se recurrió alegando esta cuestión a través del pertinente recurso por infracción procesal y que, según la Ley de Enjuiciamiento Civil, el juicio verbal es el tipo de juicio que ha de seguirse tanto para el caso de extinción de la relación arrendaticia como para casos de precario. No cabe alegar en casación que el procedimiento haya sido inadecuado, al margen de que, de haberlo sido, tampoco se acredita la existencia de indefensión. La sentencia recurrida no declaró el desahucio por precario sino que ha considerado extinguido el plazo contractual con anterioridad a la interposición de la demanda, y por tanto, ha tratado y resuelto sobre dicha extinción contractual con aplicación de la normas propias para ello.
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Civil
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: MARIA DE LOS ANGELES PARRA LUCAN
  • Nº Recurso: 2629/2019
  • Fecha: 16/06/2020
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: La sala estima los recursos interpuestos frente a una sentencia que confirmó las resoluciones del Ministerio Fiscal y del órgano administrativo, las cuales referían dudas fundadas de la fiabilidad del pasaporte y la partida de nacimiento en relación con la edad del demandante porque, al entrar en territorio español, declaró haber nacido en otra fecha que le haría mayor y porque se negó a realizar pruebas médicas para acreditar tal extremo. Además, procedería el archivo por carencia sobrevenida de objeto pues con posterioridad a la demanda el demandante ha alcanzado sin duda la mayor de edad y ha dejado de existir interés legítimo de obtener la tutela judicial pretendida. La sala rechaza, en primer lugar, esta carencia sobrevenida ya que el recurrente sigue teniendo un interés legítimo en que se declare que la resolución administrativa que le denegó la declaración de desamparo no fue conforme a derecho. En cuanto al fondo, la sala considera que no no se ponderaron adecuadamente las razones por las que se decretó la mayoría de edad. La documentación aportada no presentaba indicios de manipulación, ni había sido desacreditada por las autoridades que la expidieron, tampoco es decisivo el hecho de que el demandante manifestara que era mayor de edad pues es una práctica habitual de los menores que creen que así encontrarán trabajo; además, la apariencia física inicial no resulta determinante y, por último, resultaba justificada su negativa a someterse a las pruebas médicas.
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Civil
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: FRANCISCO JAVIER ARROYO FIESTAS
  • Nº Recurso: 2560/2019
  • Fecha: 16/06/2020
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: Demanda de modificación de medidas definitivas en la que el padre solicita, entre otras, la adopción de un régimen de guarda y custodia compartida. La sentencia de primera instancia estimó esta pretensión, si bien y a petición del Ministerio Fiscal, se adoptó un detallado régimen progresivo previo para evitar que el cambio pudiera afectar a los menores. La sentencia de apelación revocó esta decisión al entender que no había circunstancias nuevas, que la edad de los niños no aconseja establecer cambios en las rutinas creadas y que llevan viviendo siempre en la misma casa. Recurre en casación el padre demandante y se estima el recurso. Doctrina jurisprudencial, según la cual, el régimen de guarda y custodia compartida es el normal y deseable y especial trascendencia que ha de tener en estos casos el informe psicosocial. En el presente caso, se declara que concurre un cambio cierto y sustancial en las circunstancias, dada la escasa edad que tenían los menores cuando los padres se divorciaron, el tiempo transcurrido, la posibilidad de vivienda independiente del padre, la reconstrucción de sus vidas afectivas por parte de ambos progenitores, la idoneidad como educadores de ambos y la trascendencia del informe psicosocial que no desaconseja la custodia compartida, todo ello unido a un amplio régimen de visitas preexistente que va a facilitar la transición al actualmente fijado. Se confirma la sentencia de primera instancia.
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Civil
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: MARIA DE LOS ANGELES PARRA LUCAN
  • Nº Recurso: 3819/2017
  • Fecha: 16/06/2020
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: El recurso de casación versa sobre la extinción de un contrato de arrendamiento sobre un caserío que había sido objeto en su día de un contrato de arrendamiento rústico concertado por los antepasados de la actual arrendataria. En las dos instancias se ha ponderado, en atención a las circunstancias, que el contrato que vinculaba a las partes dejó de ser de arrendamiento rústico y pasó a ser un arrendamiento de vivienda y, en consecuencia, aplicando el régimen de las disposiciones transitorias de la Ley de Arrendamientos Urbanos 1994 se considera que el contrato habría quedado extinguido. Recurre en casación la arrendataria y el recurso se desestima al apartarse de la ratio decidendi de la sentencia recurrida que concluye, a la vista de los hechos probados, que el contrato de la demandada no era de arrendamiento rústico porque no pudo subrogarse y porque el objeto del contrato había dejado de ser la explotación agraria. De ahí que no atribuya al silencio la eficacia de alterar la ley aplicable al contrato, ni es contraria a la doctrina del Tribunal Supremo sobre la relevancia del silencio a efectos del consentimiento ni aprecia que se produjera una novación como consecuencia del silencio de la demandada.
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Civil
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: EDUARDO BAENA RUIZ
  • Nº Recurso: 4522/2017
  • Fecha: 15/06/2020
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: Demanda frente al Consorcio de Compensación de Seguros en reclamación de los intereses moratorios de la cantidad reconocida en auto de cuantía máxima que ya se la ha abonado al demandante. Se plantea si concurren circunstancias excepcionales que justificarían la no imposición de intereses y, de estimarse que deben aplicarse intereses, la determinación de la fecha de su devengo. En primera instancia se estimó parcialmente la demanda y se condenó al devengo de intereses no desde la fecha del siniestro sino desde los tres meses siguientes a la reclamación previa, al apreciarse que existió causa justificada del retraso en el pago de la indemnización por el Consorcio de Compensación de Seguros. En segunda instancia se confirmó ese criterio. Interpuestos recursos extraordinario por infracción procesal y de casación, se estiman parcialmente: el primero, al apreciarse el error en la valoración de la prueba en la fijación de un hecho (el momento en que se tuvo conocimiento de que los ciclomotores implicados carecían de seguro obligatorio a la fecha del accidente); el segundo, con reiteración de doctrina jurisprudencial, por apreciarse que no es causa justificada la negativa fundada en la existencia de controversia en torno a la imputación de la culpabilidad determinante del resultado lesivo. Motivos del recurso extraordinario por infracción procesal inadmisibles: vía adecuada para el planteamiento de cuestiones relativas al error en la valoración de la prueba.

Parece que no tiene configurado el plugin para ver el pdf embebido... puede descargar la resolución aquí.