• Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Civil
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: FRANCISCO JAVIER ARROYO FIESTAS
  • Nº Recurso: 4609/2017
  • Fecha: 22/06/2020
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: Demanda de reclamación de cantidades correspondientes a facturas de obra y al importe del aval en garantía de la misma, ejecutado por la demandada conforme a lo pactado, más los intereses legales de dichas facturas. La demandada se opuso a la demanda, considerando que la cantidad reclamada debe ser reducida en aplicación de la cláusula de penalización por retraso en la ejecución de la obra, por defectos en la ejecución de las obras, resultando improcedentes los intereses de las cantidades reclamadas por la demandante. La sentencia de primera instancia estimó en parte la demanda y la de apelación estimó en parte el recurso de apelación, reduciendo la suma reconocida en primera instancia. Recurre en extraordinario por infracción procesal y en casación la demandada y se estima el segundo de ellos. El recurso extraordinario por infracción procesal se desestima al plantear una cuestión sustantiva y el recurso de casación, referido a la interpretación del contrato, se estima pues se considera que se infringe norma de interpretación contractual, al ser la interpretación manifiestamente errónea, dado que las partes establecieron en el contrato una fecha concreta, para entender terminada la obra, que es la del acta de recepción de la obra, no apreciándose razones justificadas para adelantar dicha fecha a la de la certificación final de obra, cuando además resulta que en la fecha de la certificación no estaban terminadas las obras. Se confirma la sentencia de primera instancia.
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Civil
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: JUAN MARIA DIAZ FRAILE
  • Nº Recurso: 4764/2017
  • Fecha: 22/06/2020
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: Cláusula suelo en préstamo hipotecario suscrito por el promotor en el que se subrogó el comprador. La demanda de los compradores en ejercicio de acción de nulidad se desestimó en ambas instancias. Se concluyó que en caso de subrogación no se puede exigir a la entidad de crédito el cumplimiento de los requisitos de información y transparencia. Jurisprudencia sobre el control de transparencia de la cláusula suelo en caso de subrogación en el préstamo hipotecario con el promotor. El préstamo inicialmente concertado entre el banco y el promotor y la subrogación posterior por parte de un comprador-consumidor, junto con la novación de determinadas condiciones financieras, son operaciones diferentes. Como quiera que la segunda operación, la subrogación por parte del comprador en la obligación personal derivada del préstamo hipotecario, con el consentimiento del prestamista, es un negocio jurídico de consumo, está sometido al control de transparencia. Interdependencia entre las relaciones jurídicas derivadas del contrato de compraventa. Cuando la subrogación en el préstamo (asunción de deuda), pactada en la compraventa, es simultanea al consentimiento del acreedor a la novación subjetiva (subrogación), por su intervención en el otorgamiento de la escritura de compraventa, se produce una interdependencia entre las relaciones jurídicas derivadas del contrato de compraventa y del préstamo. Obligación del banco de informar al consumidor, que cuenta con soporte normativo.
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Civil
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: EDUARDO BAENA RUIZ
  • Nº Recurso: 3611/2017
  • Fecha: 22/06/2020
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: Los herederos de una persona reclaman indemnizaciones a los herederos de otra que le había quitado la vida de forma violenta. En primera instancia se desestimó la demanda al entender que la actora había ejercitado solo la acción de responsabilidad ex delicto que precisa de una condena penal previa que no se había producido al haberse sobreseído la causa penal incoada y declarase extinguida, a causa de la muerte del inculpado, la responsabilidad criminal en la que pudiera haber incurrido. En apelación se estimó el recurso de la demandante y la demanda. Para ello se basa en la jurisprudencia que acepta la posibilidad de ejercitar con éxito una acción de responsabilidad ex delicto sin sentencia penal condenatoria previa cuando los hechos ya habían sido declarados constitutivos de delito en el proceso penal. Además para el caso de que no se aceptase lo anterior se apoya en la acción de responsabilidad extracontractual al considerar que los hechos que sustentan ambas acciones son los mismos. Interpuesto recurso extraordinario por infracción procesal y de casación, se desestiman por no apreciarse incongruencia extra petita, ya que el tribunal de apelación no resolvió el pleito estimando una acción de responsabilidad civil extracontractual no ejercitada en la demanda, ni incurrió en mutatio libelli, ni se vulneró el derecho a la presunción de inocencia aceptando, tras analizar la demanda, las alegaciones aclaratorias de la parte actora en la audiencia previa.
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Civil
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: MARIA DE LOS ANGELES PARRA LUCAN
  • Nº Recurso: 3198/2017
  • Fecha: 22/06/2020
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: Se desestima el recurso extraordinario por infracción procesal, pues en el motivo se acumulan un conjunto de alegaciones variadas que se refieren a la valoración conjunta de la prueba y a la cuestión sustantiva o de fondo y lo que se pretende es una tercera instancia. El recurso de casación igualmente se desestima, pues la sentencia recurrida, al apreciar incumplimiento resolutorio, no es contraria a la doctrina de la Sala. Así en la sentencia impugnada, partiendo del hecho probado de que la compradora no fue informada por los vendedores de que no habían solicitado la licencia requerida por la legislación urbanística para hacer las obras de segregación y división que se llevaron a cabo y de las que resultaron, entre otras, la vivienda adquirida, concluye que como consecuencia de la situación irregular de la vivienda, aun en el caso de que hubiera caducado la posibilidad de proceder a la demolición de lo construido, tal caducidad no implica una legalización de las obras y existe sobre la vivienda litigiosa una grave limitación de las facultades de aprovechamiento. Por tanto, no se puede exigir a la compradora que se mantenga en un contrato cuando la vivienda adolece de unas irregularidades que frustran la finalidad esperable de su adquisición, y ello por causa imputable exclusivamente a los vendedores, que no solicitaron como debieron la oportuna licencia para hacer las obras y dividir su vivienda originaria en otras cuatro.
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Civil
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: IGNACIO SANCHO GARGALLO
  • Nº Recurso: 4092/2017
  • Fecha: 18/06/2020
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: La Sala estima el recurso por infracción procesal interpuesto por uno de los administradores de la sociedad concursada que había sido condenado como persona afectada por la calificación a una genérica indemnización de daños y perjuicios. La Sala considera que la sentencia recurrida incurre en incongruencia porque condena a una genérica indemnización de daños y perjuicios que no había sido solicitada, pues dicho pronunciamiento no se corresponde con la petición de condena a la cobertura por mitad del déficit concursal. Se reitera la jurisprudencia sobre la distinción entre la condena a la cobertura del déficit concursal y la condena a la indemnización de daños y perjuicios. Irregularidades contables: si se pretende que la falta de provisión de un crédito constituya una irregularidad contable relevante a los efectos del art. 164.2º.1 LC, es preciso aportar información que justifique el deterioro de ese valor financiero. En el caso, el informe de la administración concursal omite esta justificación, pero se aprecia carencia de efecto útil, porque se confirma otra irregularidad contable que por sí misma es relevante para distorsionar la percepción externa de la situación patrimonial de la compañía. Una enajenación fraudulenta, si ha sido realizada fuera del plazo de dos años, aunque no puede fundar la calificación culpable basada en la causa específica, sí puede justificar la calificación culpable en la causa general del art. 164.1 si concurren sus requisitos específicos.
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Civil
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: JUAN MARIA DIAZ FRAILE
  • Nº Recurso: 2765/2017
  • Fecha: 18/06/2020
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: La sala estima el recurso casación interpuesto frente a una sentencia que, en un procedimiento en el que se interesaba el cumplimiento de un acuerdo comunitario de demolición del cerramiento de una plaza de garaje, estimó la demanda por el carácter subsanable de los acuerdos contrarios a los estatutos de la comunidad y su sanación al haber caducado la acción para su impugnación. Tanto los estatutos como el título constitutivo permitían esos cerramientos; los demandados no impugnaron el acuerdo comunitario que les conminaba a la retirada del mismo. La sala desestima la infracción de los arts. 3, 5 y 17.6 LPH, ya que, aunque el acuerdo de demolición era contrario a los Estatutos, al no haber sido impugnado tenía plena validez y eficacia. Sin embargo, aplica la doctrina de los actos propios y estima el recurso de los comuneros. Los demandados eran adquirentes de la plaza de garaje y no meros usuarios, y el régimen de propiedad horizontal autorizaba de forma expresa y clara la facultad del cierre de la plaza de aparcamiento; por otro lado, la comunidad de propietarios no adoptó un acuerdo tendente a modificar esta previsión estatutaria, sin perjuicio, si quiera, de analizar si le hubiera sido posible adoptar ese acuerdo sin consentimiento del comunero. La junta adoptó el acuerdo contrario a los Estatutos después de ejecutadas las obras de cerramiento, que se realizaron al amparo de la norma estatutaria, por lo que se vulnera la doctrina de los actos propios y de la buena fe.
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala Especial
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: EDUARDO ESPIN TEMPLADO
  • Nº Recurso: 20/2019
  • Fecha: 18/06/2020
  • Tipo Resolución: Auto
Resumen: En caso de que un paciente no acepte el alta hospitalaria, la dirección del centro -previa comprobación del informe clínico correspondiente y con audiencia del paciente-, si este persiste en su negativa, lo ha de poner en conocimiento del juez para que confirme o revoque su decisión de alta, conforme a lo dispuesto en el art. 21.2 de la Ley básica regulagora de la autonomía del paciente. El juez a que se refiere el precepto es el juez civil. Las competencias que se atribuyen al juez de lo contencioso-administrativo en la materia se refieren a la autorización o ratificación judicial de las medidas que las autoridades sanitarias consideren urgentes y necesarias para proteger la salud pública cuando puedan implicar privación o restricción de la libertad o de otro derecho fundamental, conforme se desprende del art. 8.6, párrafo segundo LJCA. En el caso, el paciente -cuyo derecho a la salud ya fue plenamente atendido durante su estancia hospitalaria- no presenta cuadro contagioso o infeccioso alguno, pues su negativa a aceptar el alta hospitalaria se basa en las dificultades que tiene para buscar un alojamiento. No se está, en consecuencia, ante ninguna medida urgente que afecte a la salud pública ni que implique privación o restricción de la libertad u otro derecho fundamental. Por lo tanto, ha de resolverse el conflicto atribuyendo la competencia para conocer al juez del orden civil.
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Civil
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: JUAN MARIA DIAZ FRAILE
  • Nº Recurso: 3392/2017
  • Fecha: 17/06/2020
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: Demanda en la que se insta la nulidad de una cláusula inserta en un contrato de compraventa que contiene una asunción de todos los gastos e impuestos por parte de la compradora. El contrato de compraventa contenía un pacto de subrogación en el préstamo hipotecario que gravaba la vivienda y la demanda se dirigió frente a la entidad bancaria prestamista, pese a que esta no intervino en el citado contrato. La sentencia de primera instancia desestimó la demanda y fue confirmada por la de segunda instancia. Recurren en casación los compradores demandantes y el recurso se desestima. La interpretación realizada por la sentencia recurrida, al concluir que la entidad bancaria demandada no fue parte en el contrato litigioso ni redactó sus cláusulas, y que por ello carece de legitimación "ad causam", no puede considerarse ilógica o absurda, pues la relación jurídica u objeto litigioso en este caso no reside en alguna o algunas de las cláusulas del contrato del préstamo hipotecario, ninguna de las cuales ha sido impugnada, contrato del que sí fue parte contratante la entidad bancaria demandada, sino en una cláusula (la quinta) incorporada a un contrato (el de compraventa con pacto de subrogación) en el que no intervino. El consentimiento del banco a la novación subjetiva libera al deudor original, pero no convierte a aquel en parte del contrato de compraventa. Confirmación de la sentencia recurrida.
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Civil
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: EDUARDO BAENA RUIZ
  • Nº Recurso: 781/2019
  • Fecha: 17/06/2020
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: Familia. Guarda y custodia compartida. Carencia de motivación de la sentencia. En estos recursos solo puede examinarse si el juez a quo ha aplicado correctamente el principio de protección del interés del menor, motivando suficientemente, a la vista de los hechos probados, la conveniencia del sistema. El recurso de casación en la determinación del régimen de la guarda y custodia no puede convertirse en una tercera instancia, a pesar de las características especiales del procedimiento de familia. Se ha de huir de una protección del menor que sea aparente, puramente formalista y estereotipada, y no fruto de un riguroso estudio y análisis para indagar cuál sea el interés de aquel. Informe psicológico: no basta con asumirlo, los informes deben ser analizados y cuestionados jurídicamente. En el caso, no se valoró el resultado de la exploración del menor. Para que la tensa situación entre los progenitores aconseje no adoptar el régimen de guarda y custodia compartida, será necesario que sea de un nivel superior al propio de una situación de crisis matrimonial. El interés del menor es la suma de varios factores, y no tiene que ver solo con las circunstancias personales de los progenitores o necesidades afectivas de los hijos. Prueba en segunda instancia: vulneración del principio de contradicción en procesos de familia. El artículo 752 LEC no es tan laxo como para que se pueda vulnerar ese principio.
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Civil
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: JOSE LUIS SEOANE SPIEGELBERG
  • Nº Recurso: 2971/2017
  • Fecha: 17/06/2020
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: En una acción de responsabilidad contra el procurador que no se personó ante la Audiencia y provocó que el recurso de apelación se declarara desierto, se formuló una primera demanda en reclamación de daño patrimonial, de la que luego se desistió. En esta segunda demanda se reclamaba, por los mismos hechos, por daño patrimonial y por daño moral. La Audiencia desestimó la reclamación por daño patrimonial, porque el juicio prospectivo sobre las posibilidades de éxito de la segunda instancia frustrada era enteramente negativo, y aplicó el principio de preclusión del art. 400 a la reclamación por daño moral. Se estima el recurso por infracción procesal por incorrecta aplicación de esta norma, ya que el primer proceso no finalizó por sentencia firme de fondo que generara cosa juzgada material negativa, sino por auto de desistimiento. La estimación del recurso determina el análisis de la procedencia de la indemnización por daño moral, objeto del recurso de casación. La acción frustrada tenía una clara naturaleza patrimonial; en el juicio prospectivo sobre las posibilidades de éxito de la segunda instancia frustrada, la Audiencia la ha considerado como inviable y sin oportunidad de prosperar. Descartado el daño patrimonial, puesto que una segunda instancia de nula efectividad para el éxito de la pretensión únicamente generaría gastos adicionales, no se ha producido ningún daño moral resarcible con identidad propia que pudiera ser indemnizable. Se desestima el recurso de casación.

Parece que no tiene configurado el plugin para ver el pdf embebido... puede descargar la resolución aquí.