• Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Civil
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: FRANCISCO MARIN CASTAN
  • Nº Recurso: 3319/2018
  • Fecha: 24/06/2020
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: Demanda de rectificación presentada por un magistrado respecto de un artículo de opinión que criticaba su decisión de no declarar secretas unas actuaciones penales. En primera instancia se desestimó la demanda ya que se consideró que el artículo publicado contenía una crítica del periodista a la actuación judicial del magistrado por no haber declarado el secreto del sumario que instruía y lo que se pretendía era hacer una réplica a la crítica del periodista. Recurrida en apelación por el demandante se desestimó el recurso salvo en materia de costas. Interpuesto recurso de casación, se plantea como cuestión jurídica si la sentencia recurrida es o no conforme con la jurisprudencia sobre el control judicial del escrito de rectificación y de la decisión del medio de no publicarlo. Siguiendo la doctrina del Tribunal Constitucional sobre la configuración legal del derecho de rectificación, se desestima el recurso, ya que en el artículo publicado se analizaban desde la perspectiva del periodista las consecuencias de la decisión judicial, predominando los elementos valorativos, y en el escrito de rectificación se pretendía justificar la decisión del magistrado como si fuera un derecho automático de réplica y obligara al medio a incorporar de modo automático la versión que el afectado le ofreciera. Escrito no no es tanto de rectificación de hechos como de réplica a la crítica del periodista.
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Civil
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: JUAN MARIA DIAZ FRAILE
  • Nº Recurso: 2318/2017
  • Fecha: 24/06/2020
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: Existencia de enriquecimiento injusto derivada de la obtención de un crédito hipotecario por unos cónyuges casados en régimen de separación de bienes, cuyo importe se invierte en la compra de un local de negocios por parte exclusivamente del marido, tras perder la vivienda hipotecada al formalizar una dación en pago para extinguir la deuda derivada del crédito. En primera instancia se estimó la demanda al considerar que con el préstamo hipotecario concertado se produjo un empobrecimiento de la demandante al perder la titularidad de la finca de la que era copropietaria junto con el demandado con la dación en pago que este hizo para cubrir la deuda derivada del crédito garantizado con la hipoteca, mientras que el demandado vio incrementado su patrimonio, pues dicho crédito le permitió adquirir un inmueble de titularidad exclusiva. Recurrida en apelación, se estimó el recurso y se revocó la sentencia al entender que no concurrían los requisitos exigidos jurisprudencialmente para la apreciación de enriquecimiento injusto. Interpuestos recursos extraordinario por infracción procesal y de casación, se desestima el primero al rechazar la incongruencia, alteración de la causa de pedir y error en la valoración de la prueba alegados, y se estima el de casación. Doctrina jurisprudencial sobre la prohibición del enriquecimiento sin causa y su carácter subsidiario. En el caso, analizados los desplazamientos patrimoniales producidos, concurren los requisitos.
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Civil
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: PEDRO JOSE VELA TORRES
  • Nº Recurso: 3627/2017
  • Fecha: 24/06/2020
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: Honorarios de abogados. La doctrina de los actos propios impone un comportamiento futuro coherente a quien en un determinado momento ha observado una conducta que objetivamente debe generar en el otro una confianza en esa coherencia. Para que sea aplicable, debe existir contradicción entre la conducta anterior y la pretensión posterior, pero, también, que la primera sea objetivamente valorable como exponente de una actitud definitiva en determinada situación jurídica. El demandante contravino sus propios actos porque en el incidente de tasación de costas se aquietó con una determinada cuantía litigiosa, en función de la cual, precisamente, se habían calculado los honorarios respecto del cliente. Argumentalmente es correcto distinguir entre la obligación de pago de las costas (cuyo crédito frente al condenado a su abono corresponde al cliente y no al abogado) y la obligación del cliente de pagar los servicios de su abogado (relación de arrendamiento de servicios), pero la razón decisoria de la sentencia recurrida no reside en dicha distinción, sino en que el abogado aceptó una determinada cuantía litigiosa y un concreto importe de sus honorarios por su trabajo que posteriormente pretendió ignorar. Las normas colegiales pueden tener un carácter orientativo, a falta de pacto, para cuantificar el precio del arrendamiento de servicios, cuando se utilizan de manera conjunta con otros datos (complejidad del asunto, los motivos del recurso u otras circunstancias).
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Civil
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: IGNACIO SANCHO GARGALLO
  • Nº Recurso: 4208/2017
  • Fecha: 24/06/2020
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: Concurso en el que el informe provisional de la administración concursal reconoció a Bankia un crédito con privilegio especial por garantías pignoraticias sobre obligaciones de deuda subordinada como garantía en el cumplimiento de varias pólizas de crédito. Tras la intervención por el FROB de la entidad emisora de la deuda subordinada (Bankia), la Comisión Rectora del FROB dictó una resolución, que ordenaba el canje obligatorio de estas obligaciones en acciones de la entidad. El recurrente sostiene que el canje obligatorio de las obligaciones emitidas por Bankia en acciones de esta misma entidad supuso la extinción de la prenda que los titulares de esas obligaciones hubieran constituido a favor de la propia Bankia en garantía de otras obligaciones financieras. La sala considera, con desestimación del recurso de casación interpuesto que, si las obligaciones de deuda subordinada estuvieran pignoradas por su titular y a favor de un tercero para garantizar el cumplimiento de una obligación, una resolución como la adoptada de canje obligatorio, no podía perjudicar los derechos de esos terceros. Con el término tercero la normativa concursal se refiere a todos aquellos que tengan un derecho válidamente constituido sobre los instrumentos híbridos de capital y de deuda subordinada, ajeno a la propia suscripción de estos productos, como podía ser una prenda constituida con posterioridad sobre estos derechos en garantía de otras obligaciones.
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Civil
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: ANTONIO SALAS CARCELLER
  • Nº Recurso: 3744/2017
  • Fecha: 23/06/2020
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: La Sala estima el recurso de casación en un asunto en el que se debate sobre la prescripción de la acción civil, existiendo un previo proceso penal en el que la recurrente renunció a la acción penal ejercitada, con reserva de acciones civiles. Se declaró la firmeza de la sentencia penal el de 8/2/2015 y la demanda civil se presento el 4/2/2016. La Audiencia consideró que había de estarse a firmeza de la sentencia penal, con independencia de cuándo se declarara dicha firmeza. La Sala considera que no cabe, atendiendo al principio de seguridad jurídica que justifica la prescripción, afirmar que carece de efecto alguno la notificación del auto de firmeza de la resolución final del proceso penal, ya que la parte perjudicada puede entender de modo justificado que será a partir de dicho momento cuando se inicie el plazo de prescripción. No se justifica un tratamiento distinto según el caso y en atención a los avatares del proceso penal. La seguridad jurídica impone una solución uniforme, estando facultadas las partes para instar del órgano judicial la declaración de firmeza a fin de que pueda quedar objetivado, mediante la correspondiente notificación, el arranque del plazo de prescripción para el ejercicio de la acción civil. En el caso presente no se discute que dicho plazo no llegó a completarse desde la notificación de la firmeza hasta la interposición de la demanda, por lo que no puede considerarse prescrita la acción. Se devuelven las actuaciones a la Audiencia.
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Civil
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: MARIA DE LOS ANGELES PARRA LUCAN
  • Nº Recurso: 4691/2017
  • Fecha: 23/06/2020
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: La Sala desestima el recurso por infracción procesal y estima el recurso de casación interpuestos frente a una sentencia que calificó la preterición de los demandantes de intencional, al no haber mencionado el testador de propósito en el testamento a sus dos hijos, y consideró que solo tenían derecho a la reducción de la institución de heredero para cubrir su legítima estricta. En relación al recurso por infracción procesal la conclusión a la que llega la sentencia recurrida, con apoyo en la declaración de un testigo, acerca de que el causante era sabedor de que los demandantes eran hijos biológicos suyos, no incurre en arbitrariedad ni en error patente. Que la sentencia haya otorgado más valor de convicción a la declaración del testigo que a los datos que tiene en cuenta la sentencia de 1ª instancia para sostener la conclusión contraria, no convierte la valoración de la Audiencia en arbitraria, ni constituye un error notorio. Declarada intencional la preterición, la audiencia concluye que la legítima de los legitimarios preteridos es la corta, lo que es acorde con la posición doctrinal y de la sala para cuando el preterido intencionalmente concurre con otros hijos o descendientes no preteridos. La clave interpretativa es que contra la voluntad del causante, solo se tiene derecho a la legítima estricta. Sin embargo, en el supuesto litigioso, al concurrir con no legitimarios (sobrinos) sus derechos son de dos tercios, como también ha declarado la jurisprudencia de la sala.
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Civil
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: JUAN MARIA DIAZ FRAILE
  • Nº Recurso: 5156/2017
  • Fecha: 23/06/2020
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: La sala estima el recurso de casación interpuesto frente a una sentencia que rechazó la nulidad de una cláusula suelo al considerar que no se podía exigir a la entidad bancaria que informara sobre las características del préstamo hipotecario, porque se trataba de una subrogación en un préstamo previamente concedido a los vendedores, y porque en la escritura se incluyó una cláusula en la que los compradores declararon conocer y aceptar el contenido del préstamo inicial. La sala considera aplicable su doctrina sobre el control de transparencia de las cláusulas suelo en los casos de subrogación del comprador en un préstamos al promotor al caso litigioso, en el que el vendedor no se dedicaba a la actividad inmobiliaria. Aunque para este caso no son aplicables las normas que garantizan el deber de información en la subrogación de préstamos al promotor, sí son aplicables las normas sobre transparencia. En los casos en que la compraventa con subrogación se hace con intervención del banco, a los efectos de consentir la sustitución de un deudor (vendedor) por otro (comprador), liberando de responsabilidad a aquél, y en su caso novando alguna/s de las condición/es del préstamo, no hay razones para eximir al prestamista del deber de proporcionar a quien, en virtud de dicha subrogación, va a quedar vinculado con él en una relación jurídica relevante y de larga duración, toda la información pertinente a fin de que conozca la carga jurídica y económica que el contrato va a suponerle.
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Civil
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: JOSE LUIS SEOANE SPIEGELBERG
  • Nº Recurso: 4600/2017
  • Fecha: 22/06/2020
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: La sala desestima, por defectuosa formulación, un recurso de casación frente a una sentencia que había estimado una demanda de reclamación de los daños causados por el demandado en la furgoneta de alquiler propiedad de la demandante, al haber colisionado contra la viga del aparcamiento de un hipermercado, sin respetar una señal de prohibición. Se aprecian defectos formales en la interposición del recurso. El recurso de casación por interés casacional no se puede fundamentar con apoyo en una única sentencia de una Audiencia Provincial, sino que requiere, como presupuesto de admisibilidad, la existencia de jurisprudencia contradictoria entre Audiencias Provinciales evidenciada, de un lado, al menos, en dos sentencias firmes de una misma Sección de una Audiencia, que decidan colegiadamente con un criterio contradictorio al de la resolución impugnada y, de otro, la cita, al menos, de otras dos sentencias de una misma Sección de una Audiencia Provincial, diferente de la primera, que se adhieran al criterio mantenido en la resolución impugnada. Además, la sentencia se basa en la obligación del arrendatario de entregar la cosa en el estado en que se recibió y el recurso se funda en la infracción del art. 3 LCS que presupone una relación contractual de seguro para accionar y aquí no se demanda a la aseguradora. Por esta razón, la normativa alegada no guarda relación con la cuestión litigiosa. La causa de inadmisión se convierte en causa de desestimación del recurso.
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Civil
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: JOSE LUIS SEOANE SPIEGELBERG
  • Nº Recurso: 3591/2017
  • Fecha: 22/06/2020
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: Acción de responsabilidad civil extracontractual por daños personales sufridos por persona internada no voluntariamente en clínica psiquiátrica al intentarse fugar de la misma aprovechando que una ventana se encontraba abierta con motivo de las labores de limpieza. En apelación se acogió la excepción de prescripción, al considerarse que el plazo anual debía computarse cuando concluyó el tratamiento rehabilitador, finalizaron las posibilidades terapéuticas, y las lesiones se consolidaron, no cuando fue dado del alta por el traumatólogo. Admisibilidad del recurso de casación por interés casacional. Doble dimensión (fáctica y jurídica) de la prescripción. En la formulación del recurso se respetan los hechos probados, se citan las normas sustantivas infringidas aplicables, y la jurisprudencia que justifica el interés casacional. En materia de prescripción, los daños personales tienen dos peculiaridades: no es posible determinar su alcance exacto en el momento en que fue causado, y el cómputo del plazo no se inicia hasta el conocimiento definitivo de las consecuencias lesivas. Normalmente ese momento coincide con el alta médica, por ser cuando se estabilizan las lesiones y concretan las secuelas. El argumento en contra de la sentencia de segunda instancia no es aceptable, ya que cuando acabó el tratamiento rehabilitador el perjudicado no podía saber si se habían agotado las posibilidades de tratamiento y curación, ni si las lesiones se habían consolidado.
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Civil
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: MARIA DE LOS ANGELES PARRA LUCAN
  • Nº Recurso: 4112/2017
  • Fecha: 22/06/2020
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: Responsabilidad civil del propietario y de la aseguradora de una furgoneta por las lesiones sufridas por el acompañante que, cuando estaba durmiendo bajo los efectos del alcohol en el interior de la furgoneta, correctamente estacionada en una zona de aparcamiento, cayó "a plomo" al suelo tras abrir la puerta. Con independencia de la amplitud con la que la jurisprudencia del Tribunal Supremo y la doctrina del Tribunal de Justicia de la Unión Europea han venido interpretando respectivamente los conceptos de "hecho de la circulación" y "circulación de vehículos", se considera que, en el caso examinado, el evento dañoso se produjo por la propia actuación del lesionado. De esta forma, se concluye que, atendidas las circunstancias concurrentes, las lesiones del demandante no se produjeron por el riesgo vinculado a la circulación de la furgoneta y que, por tanto, ni por aplicación de la normativa sobre la materia, ni por aplicación de la doctrina de la responsabilidad por riesgo, procede declarar la responsabilidad de los demandados.

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