Resumen: Demanda de protección del derecho al honor del ya difunto abuelo del secretario general de un partido político, frente a un periodista, al acusarle en un artículo periodístico de participar en «sacas» durante la Guerra Civil y, más en concreto, de participar el 7 de noviembre de 1936 en el asesinato de un aristócrata y del cuñado de este, siendo falso. En concepto de indemnización por daño moral se pide la suma de 50.000 euros. En primera instancia se estimó en parte la demanda, se declaró la existencia de intromisión ilegítima en el honor del difunto y sus familiares y se condenó al demandado a publicar el fallo de la sentencia y a cesar en la intromisión, condenándole al pago de una indemnización de 12.000 euros por los daños y perjuicios. Interpuesto recurso de apelación, se desestimó dicho recurso. Interpuestos recursos extraordinario por infracción procesal y casación, se desestiman. El primero, por proponer una nueva valoración conjunta de la prueba y no existir la incongruencia alegada. Y el segundo por concurrir el requisito de falta de veracidad: dada la gravedad de las imputaciones, el deber de diligencia del informador no se agotaba escudándose en lo previamente publicado por otros medios, pues el demandado, además de aumentar la gravedad de la conducta atribuida al afectado, tenía a su disposición otras fuentes de las que se desprendían datos contrarios a esas acusaciones cuya consulta, en esas circunstancias, no era una carga exorbitante.
Resumen: El recurso de casación versa exclusivamente sobre el plazo de prescripción aplicado a la acción contra la aseguradora de la devolución de las entregadas a cuenta en la adquisición de viviendas para uso residencial. Se estima el recurso de casación. Doctrina jurisprudencial. Aplicación el plazo general de prescripción en lugar del regulado en la Ley de Contrato de Seguro. La estimación del recurso determina la casación de la sentencia recurrida, dado que cuando se interpuso la demanda no habían transcurrido quince años ni tan siquiera desde la fecha contractualmente establecida para la entrega de la vivienda. Se remiten las actuaciones a la audiencia provincial para que dicte nueva sentencia en la que, no pudiendo tener ya la acción civil por prescrita, se pronuncie sobre todas las cuestiones planteadas respecto del fondo del asunto.
Resumen: Contrato marco de operaciones financieras (CMOF) y contrato de swap ligado a inflación. Demanda de nulidad del contrato por ausencia de consentimiento, subsidiariamente, nulidad por error vicio del consentimiento por falta de información, por falta de objeto y causa, subsidiariamente, resolución de contrato por incumplimiento del deber de información, vencimiento anticipado del contrato y nulidad por infracción de las normas reguladoras de las condiciones generales de la contratación. Estimada la demanda en cuanto a la acción de anulabilidad por vicio del consentimiento, el banco demandado recurrió en apelación alegando la caducidad de esa acción y negando el incumplimiento de los deberes de información. La sentencia de apelación declaró caducada la acción de anulabilidad por error vicio. Interpuestos recursos extraordinario por infracción procesal y de casación, se examina primero el de casación en el que se cuestiona la interpretación que hace la sentencia recurrida en cuanto al momento en que el cliente tuvo conocimiento de la existencia del error, momento de consumación del contrato y dies a quo del plazo de ejercicio de la acción de nulidad. Reiteración de la doctrina jurisprudencial sobre el cómputo del plazo de la acción de nulidad por error vicio del consentimiento den los contratos de swap. Inexistencia de caducidad. Estimación del recurso de casación y confirmación de la sentencia de primera instancia.
Resumen: Acción de tutela del honor por manifestaciones realizadas por un letrado en actuaciones procesales (escritos de contestación a la demanda y de apelación en un pleito anterior sobre responsabilidad civil contractual de abogado). La demanda fue estimada en ambas instancias al considerarse que la libertad de expresión del abogado no ampara el insulto ni la vejación o la humillación. La libertad de expresión del abogado en sus intervenciones en un proceso judicial no es ilimitada. La utilización de expresiones ofensivas desconectadas de la defensa de su cliente y la reiteración y abundancia de expresiones ofensivas en varios escritos determina una desproporción que hace ilegítima la intromisión en el honor del abogado aludido. Es cierto que las expresiones ofensivas objeto de la demanda se vertieron en un contexto de enfrentamiento entre abogados, pero a diferencia de otros casos, en este las expresiones incluyeron inequívocos insultos y descalificaciones personales. La libertad de expresión del abogado justifica el tono vehemente y fuertemente crítico, pero ni siquiera el malestar que sentía el recurrente por la actuación profesional de su colega ni la necesidad de defenderse frente a las pretensiones articuladas en la demanda de responsabilidad civil justificaban el empleo, reiterado además, y por escrito, de expresiones que incluso entrañaban claras imputaciones delictivas. La doctrina de la STEDH (Ravelo contra España) no es aplicable al caso objeto del recurso.
Resumen: La Sala desestima el recurso de casación dimanante de un procedimiento en el que la administración sanitaria reclamaba a la aseguradora la indemnización a que había sido condenada en vía contencioso-administrativa por un siniestro derivado de intervención quirúrgica. Habían pactado en la póliza que surtiría efecto por daños cuyo hecho generador tuviera lugar a partir del 1/1/2000 y cuya responsabilidad fuera reclamada durante la vigencia de la póliza, que finalizó el 31/12/2005, y la reclamación del perjudicado se realizó fuera de dicha vigencia. En el recurso la administración sanitaria cuestiona la validez de la cláusula claim made por incumplimiento del art. 3 LCS. La Sala considera que las partes calificaron el contrato de seguro como de grandes riesgos, sujeto a lo pactado y solo supletoriamente a la LCS. Fueron ambas partes las que decidieron libremente incluir dicha cláusula en la póliza inicial, definir su alcance dentro de los límites de la autonomía de la voluntad y mantenerla en las sucesivas prórrogas; no es aplicable la LCS y, aunque lo fuera, la cláusula sería válida, porque cumple los requisitos establecidos por la jurisprudencia para las cláusulas claim made retrospectivas. La interpretación que hace la Audiencia sobre lo que debe entenderse por "reclamación" según la póliza, excluyendo que lo fuera el escrito del director del hospital a la Administración sanitaria, no es ilógica ni arbitraria.
Resumen: Información periodística que hacía alusión a una noticia, publicada por otro periódico, en la que se manifestaba que la empresa adjudicataria de un contrato público era de la demandante, cuando solamente la dirigía, con referencias a una causa penal que ya estaba sobreseída. Se reitera la doctrina sobre el reportaje neutral, que se aplica cuando el medio informativo es mero transmisor de declaraciones ajenas que imputan hechos lesivos para el honor, limitándose el medio a narrarlas, sin alterar la importancia que tengan en el conjunto de la noticia y sin reelaboración de la noticia. En el caso, pese a apreciarse alguna diferencia entre los titulares de las dos informaciones, el grado de reelaboración por parte del medio demandado fue mínimo. Tampoco el uso de la fotografía de la demandante, que gozaba de notoriedad, altera esa neutralidad. Las "etiquetas" que permitían enlazar noticias vinculadas son reseñas de uso habitual en las páginas web y enlazaban con datos cuya veracidad no se ha discutido y, en todo caso, no se ha invocado el derecho al olvido ni se ha pedido la cancelación de datos personales. Aunque no se mencionara expresamente el sobreseimiento de la causa penal, indirectamente se transmitía esa idea, mediante tiempos verbales en pasado. En todo caso, la sentencia recurrida, que desestimó la demanda, realiza correctamente el juicio de ponderación y estima que dicha información presentaba interés y era veraz. Se desestima el recurso de casación.
Resumen: Dies a quo del plazo de las acciones de anulación de swaps por error vicio. En relaciones contractuales complejas como son con frecuencia las derivadas de contratos bancarios, la consumación del contrato, a efectos de determinar el momento inicial del plazo de ejercicio de la acción de anulación del contrato por error o dolo, no puede quedar fijada antes de que el cliente haya podido tener conocimiento de la existencia de dicho error o dolo. De esta doctrina no resulta que el cómputo del plazo de la acción deba adelantarse a un momento anterior a la consumación del contrato por el hecho de que el cliente que padece el error pueda tener conocimiento de este. La consumación de los contratos de swaps debe entenderse producida en el momento del agotamiento, de la extinción del contrato por ser entonces cuando tiene lugar el cumplimiento de las prestaciones por ambas partes y la efectiva producción de las consecuencias económicas del contrato. La incorporación de la normativa MiFID al Derecho español acentuó las obligaciones de dichas entidades con respecto a sus clientes, pero no supuso una regulación realmente innovadora. El déficit informativo puede hacer presumir el error. La obligación de informar es activa, no de mera disponibilidad. No es suficiente el contenido de la documentación contractual ni el aviso genérico sobre los riesgos. Para excluir el error son necesarios conocimientos especializados. El error no se convalida por la percepción de liquidaciones negativas.
Resumen: Retracto de comuneros. Demanda desestimada en ambas instancias, según la sentencia de segunda instancia porque la compraventa no llegó a consumarse y porque los retrayentes estaban imposibilitados de subrogarse en las condiciones del contrato, al no tratarse solo de una compraventa sino de un negocio jurídico complejo en cuanto la operación requería la constitución de una sociedad para la explotación hotelera de unas parcelas, lo que hacía imposible que los retrayentes se subrogaran en esa condición. Además, los retrayentes ni siquiera mostraron su voluntad de subrogación pues nada mencionaron al respecto. Una cosa es que la transmisión de una porción indivisa no pueda ser objeto de entrega material y otra distinta que baste el documento privado para la adquisición de la propiedad sin posibilidad, en tal caso, de acceso al registro de la propiedad. Nos encontramos ante la pretensión de hacer valer un derecho de retracto de comuneros cuando, aunque se hubiera consumado la venta, dicho negocio había sido dejado sin efecto por las propias partes que lo celebraron. En todo caso, la sentencia de segunda instancia acertó al señalar que no se consumó la venta, por lo dicho ya que la suscripción de un documento privado de compraventa de una porción indivisa de un inmueble no transfiere por sí sola la propiedad sobre dicha porción.
Resumen: Demanda de reclamación de las cantidades entregadas a cuenta para la construcción de una vivienda frente a la aseguradora que asumió el aseguramiento de la eventual devolución de dichas cantidades. En primera instancia se desestimó la demanda por entenderse que la acción había prescrito, ya que el plazo era el de dos años previsto en la normativa del contrato de seguro y habían transcurrido cinco. Recurrida en apelación, la sentencia de segunda instancia desestimó el recurso. Interpuestos por la demandante recursos extraordinario por infracción procesal y casación. El primero se desestima al no apreciarse falta de motivación ni errónea valoración de las pruebas documental y testifical atendida la ratio decidendi de la sentencia recurrida, que es la apreciación de que la acción estaba prescrita en el momento de su ejercicio. El recurso de casación se estima ya que el plazo aplicable en cuanto a la acción de reclamación de cantidades entregadas anticipadamente por la compra de una vivienda interpuesta contra la aseguradora en virtud de la Ley 57/1968 es el general de prescripción, según doctrina jurisprudencial, y no el establecido en la Ley del Contrato de Seguro, que resultó indebidamente aplicado. Devolución de las actuaciones al tribunal de segunda instancia para que resuelva sobre el fondo, criterio que evita que las partes se vean privadas de una segunda instancia y que se ajusta a la naturaleza de la función del tribunal de casación.
Resumen: Procedencia de la acción declarativa cuando lo que se persigue es integrar un título defectuoso o incompleto de dominio con el fin de acceder al Registro de la Propiedad. En el caso, en la escritura de compraventa firmada por las partes sobre una parcela procedente de una finca matriz, que había sido objeto de diversas segregaciones, se hizo constar que el objeto de la venta era el "resto de la finca matriz", cuando no era así, porque quedaba aún una porción que no se transmitió, que es sobre la que ahora se ejercita la acción declarativa. Las sentencias de primera y segunda instancia desestimaron la demanda por entender que no había interés jurídico en accionar frente a los demandados, que no negaban el dominio del actor sobre esa porción. Se estima el recurso de casación. La acción declarativa es la que procede para que el propietario poseedor haga valer su condición de dueño frente al titular registral que no posee. Por ello, es admisible también cuando lo que se persigue es integrar un título defectuoso o incompleto de dominio con el fin de acceder al Registro. En el caso, el error en el título de adquisición de los demandados implica que el derecho inscrito a su favor, aunque se haga referencia a la superficie realmente adquirida, comprenda además la parcela de la demandante, de modo que el derecho inscrito tiene un contenido diferente al que el Registro publica, por lo que es evidente el interés de la demandante en que se declare su derecho de propiedad.