Resumen: Demanda de revisión se sentencia firme basada en la obtención de nuevos documentos y maquinación fraudulenta frente a la sentencia dictada en un juicio verbal en la que se condenaba a la ahora demandante a pagar cierta cantidad de dinero a una comunidad de propietarios. Naturaleza extraordinaria del recurso de revisión. Desestimación de la demanda sin entrar a resolver sobre los concretos motivos de revisión alegados al apreciarse que, aunque se hubieran tenido a la vista los documentos de que se trata o se hubiere conocido la maquinación fraudulenta de la parte, no se podría haber resuelto de forma distinta a como se hizo en el juicio precedente. En el presente caso, basta acudir a la ratio decidendi de la sentencia objeto de revisión para comprobar como la misma no podría verse afectada en caso de que se acreditara la concurrencia de los motivos de revisión alegados, ya que la estimación de la reclamación económica interesada por la comunidad de propietarios se fundó en el hecho de que la demandante en revisión no impugnó los acuerdos comunitarios por los que se liquidó la deuda ahora reclamada, dando valor ejecutivo a dichos acuerdos.
Resumen: Acción colectiva de cesación: tiene como presupuesto que en el proceso no se hacen valer derechos o intereses de titularidad del demandante, sino de terceros ajenos, los consumidores. La acción colectiva no se refiere a relaciones contractuales concretas, sino a clausulados genéricos predispuestos, con independencia de su efectiva utilización. Su objetivo no es la declaración de nulidad de las condiciones generales, sino la condena a eliminarlas y la prohibición de volver a utilizarlas. Esta acción opera como si la cláusula enjuiciada tuviera un carácter normativo, autónomo, al margen del acuerdo de voluntades en que se inserta, en cuanto tiene, como condición general, vocación de generalidad. Control abstracto y preventivo: se hace al margen tanto de la información particularizada sobre el alcance y contenido de la cláusula que haya podido recibir el adherente con carácter previo a la suscripción del contrato, como del resultado de su aplicación en la práctica por la entidad financiera. Control de transparencia. Dificultades cuando se trata de contratos complejos como los swaps. No puede negarse que sea posible realizar un control de transparencia con ocasión de una acción colectiva, pero sí cabe advertir que su admisibilidad queda reducida a la concurrencia de prácticas estandarizadas de comercialización muy claras que pongan en evidencia la falta de transparencia y dejen poco margen a concluir que se hayan podido incumplir las exigencias de información previa.
Resumen: La Sala desestima el recurso de casación dimanante de un procedimiento en el que se ejercitó la acción de reembolso respecto del préstamo personal solidario suscrito por ambos cónyuges, casados en separación de bienes, con la garantía hipotecaria de una vivienda cuya propiedad proindiviso pertenecía en 75% a la demandante y un 25% al demandado. El Juzgado entendió que la obligación de cada cónyuge era proporcional a la cuota participativa en la vivienda y desestimó la demanda. En cambio, la Audiencia, según la interpretación que hizo del contrato de préstamo, no tuvo por acreditado un pacto entre los cónyuges que implicara un porcentaje desigual en el cumplimiento de la obligación. Concluyó, por ello, que la deuda se dividía por partes iguales y estimó la demanda. El recurso de casación del demandado no combate por el cauce adecuado la interpretación realizada por la Audiencia, por lo que se limita el debate al ámbito del art. 1145 CC. La solidaridad desaparece con el cumplimiento de la obligación, y desde ese momento, en el ámbito interno, cada deudor se convierte en deudor exclusivo de la parte de deuda en que, a esos efectos internos, se ha fraccionado la inicial. El deudor que paga tiene acción de regreso contra sus codeudores y en el supuesto de pago parcial de la deuda, como es el caso, podrá reclamar de los restantes codeudores el exceso en proporción a la cuota que a cada uno corresponda en la obligación y que, en este caso, se ha entendido que era del 50%.
Resumen: La sala estima el recurso de casación interpuesto frente a una sentencia que consideró prescrita la acción, dirigida contra la aseguradora, en reclamación de las cantidades entregadas a cuenta en una compraventa de vivienda para uso residencial, en aplicación de la Ley 57/1968. La sala reitera su doctrina en relación al plazo de prescripción de la acción. Es el general del art. 1964 CC, quince años en su redacción aplicable, y no el de dos años del art. 23 LCS. Cuando se interpuso la demanda no habían transcurrido quince años ni tan siquiera desde la fecha contractualmente establecida para la entrega de la vivienda. Se estima el recurso de casación sin necesidad de resolver el recurso por infracción procesal, al referirse este a la falta de motivación de la sentencia recurrida. Se remiten las actuaciones al tribunal de apelación para que dicte nueva sentencia en la que, no pudiendo tener ya la acción civil por prescrita, se pronuncie sobre todas las cuestiones planteadas respecto del fondo del asunto.
Resumen: Acciones derivadas de contrato de adquisición de bonos. Cesión de la posición contractual de Bankpime en el negocio bancario. Legitimación pasiva de CaixaBank. Caixabank está legitimada pasivamente para soportar las acciones de nulidad, de resolución contractual o de responsabilidad por incumplimiento contractual, ejercitadas por quienes en su día fueron clientes de Bankpime, en virtud de la transmisión del negocio bancario operado entre Bankpime y CaixaBank. La causa de la cesión de los contratos bancarios por Bankpime a Caixabank es la transmisión del negocio bancario como una unidad económica. La estimación del recurso y consiguiente casación de la sentencia impugnada no determina en este caso que la sala resuelva sobre el fondo de la reclamación planteada en la demanda. No siendo en absoluto la casación un nuevo juicio que permita una cognición plena sobre todas las cuestiones de fondo de hecho y de derecho sometidas a debate, y no habiendo sido estas enjuiciadas, en puridad, por ninguna instancia, el pronunciamiento de esta sala se limita a casar la sentencia recurrida para que el tribunal de apelación, como órgano de instancia plenamente facultado para conocer de todas las cuestiones de hecho y de derecho objeto del proceso, las resuelva en sentencia, una vez que se ha declarado la legitimación pasiva de Caixabank.
Resumen: La Sala estima el recurso de casación interpuesto por la prestataria, que tiene la condición de consumidora. No solo es necesario que las cláusulas estén redactadas de forma clara y comprensible, sino también que el adherente pueda tener un conocimiento real de las mismas, de forma que un consumidor informado pueda prever, sobre la base de criterios precisos y comprensibles, la carga jurídica y económica del contrato. El control de transparencia tiene por objeto que el adherente pueda conocer con sencillez tanto la carga económica que realmente le supone el contrato celebrado como la carga jurídica del mismo, es decir, la definición clara de su posición jurídica tanto en los elementos típicos que configuran el contrato celebrado, como en la asignación de los riesgos. En cuanto a la suficiencia de la escritura pública, no basta con la simple claridad gramatical. El examen del documento público revela que la cláusula de limitación del tipo de interés no está resaltada en modo alguno, sino que está incluida como una más entre una serie de estipulaciones relativas a los intereses. Pero, sobre todo, no consta la existencia de una información previa, cuando la información precontractual es la que permite realmente comparar ofertas y adoptar la decisión de contratar. La falta de transparencia de la cláusula suelo determina su carácter abusivo, al privar al consumidor de la posibilidad de comparar entre las diferentes ofertas existentes en el mercado.
Resumen: Compraventa de vivienda para uso residencial: Ley 57/1968. Acción contra aseguradora en reclamación de las cantidades entregadas a cuenta. Plazo de prescripción de la acción: es el general del art. 1964 CC, quince años en su redacción aplicable, y no el de dos años del art. 23 LCS. Cuando se interpuso la demanda no habían transcurrido quince años ni tan siquiera desde la fecha contractualmente establecida para la entrega de la vivienda. Se estima el recurso de casación sin necesidad de resolver el recurso por infracción procesal, al referirse este a la falta de motivación de la sentencia recurrida. Se remiten las actuaciones al tribunal de apelación para que dicte nueva sentencia en la que, no pudiendo tener ya la acción civil por prescrita, se pronuncie sobre todas las cuestiones planteadas respecto del fondo del asunto.
Resumen: Demanda en la que se solicita la devolución de las cantidades entregadas por los compradores a cuenta para la compra de viviendas en construcción de uso residencial; las cantidades anticipadas se ingresaron en una cuenta de la promotora vendedora no por los compradores, sino por medio de una sociedad interpuesta. La sentencia de primera instancia estimó la demanda y la sentencia de segunda instancia la confirmó. Recurre en extraordinario por infracción procesal y en casación la entidad bancaria demandada y se estima el segundo de los recursos. Reiteración del criterio de doctrina: al ser la ordenante de las transferencias una sociedad mercantil, no cabía exigir a la entidad bancaria demandada una labor de investigación sobre todos y cada uno de los abonos que se efectuaran en la cuenta de una promotora que llevaba a cabo varias promociones simultáneamente; en definitiva, no puede pretenderse que unos compradores representados desde un principio por profesionales desplacen sobre la entidad de crédito meramente receptora de cantidades la responsabilidad por la pérdida de sus anticipos cuando resulta que, por las razones que fuesen, no se garantizó su devolución ni los pagos se ajustaron a lo previsto en el contrato. Se estima el recurso de casación, lo que determina la estimación de del recurso de apelación y la desestimación de la demanda. Desestimación del recurso extraordinario por infracción procesal: planteamiento de una cuestión de valoración jurídica ajena a su ámbito.
Resumen: Demanda formulada en reclamación de los daños corporales sufridos en accidente aéreo contra la entidad titular de la avioneta y su compañía de seguros. En primera instancia se estimó parcialmente la demanda y se consideró que la cláusula que fijaba el límite de la indemnización correspondiente para la tripulación era una condición general limitativa, que no cumplía los requisitos legales. En segunda instancia se consideró que la condición general que regula la cobertura de accidentes personales, conforme a la cual se obliga a indemnizar la muerte o la incapacidad permanente absoluta para cualquier profesión u oficio de los tripulantes/pasajeros asegurados, como consecuencia de accidente sufrido a bordo de la aeronave no es limitativa sino delimitadora del riesgo, toda vez que no opera para restringir, condicionar o modificar el derecho del asegurado a la indemnización, una vez se produce el riesgo objeto del seguro. Consideró al instructor y a los alumnos como ocupantes y por tanto cubierto por el seguro de responsabilidad civil de ocupantes suscrito, con el límite de los cinco millones de euros y, tras entrar a analizar el daño corporal sufrido por los demandantes, redujo el montante indemnizatorio. La aseguradora interpuso recurso de casación que se estima al considerarse, como alegaba la recurrente, que el instructor ostentaba la condición de piloto al mando y como tal tripulante, y se aplica la indemnización prevista para tal supuesto.
Resumen: Demanda de reclamación de cantidad entregada anticipadamente para la adquisición de vivienda en el ámbito de la Ley 57/168, cuya devolución había sido asegurada por la constructora. La sentencia de primera instancia desestimó la demanda por considerar que la acción estaba prescrita por el transcurso del plazo de dos años previsto en la normativa del contrato de seguro. Interpuesto recurso de apelación este fue desestimado íntegramente. La cuestión jurídica planteada se refiere a la acción contra la aseguradora en reclamación de cantidades entregadas a cuenta en la compraventa de vivienda para uso residencial y al plazo de prescripción de la misma y su cómputo. La sentencia recurrida establece que tal plazo es el de dos años contemplado en la normativa del contrato de seguro y que en cuanto a la concreción del dies a quo no puede dejarse de tomar en consideración lo convenido al concertarse el contrato de seguro. El demandante interpone recurso extraordinario por infracción procesal y de casación. El primero se desestima al no apreciarse falta de motivación sino motivación desfavorable al recurrente ni valoración ilógica o irracional de la prueba al fijar el día de inicio del cómputo de la prescripción. El de casación cuestiona la inaplicación del plazo de prescripción de las acciones personales. Se estima el recurso aplicando la doctrina jurisprudencial según la cual es aplicable el plazo general de prescripción de acciones personales.