Resumen: El Pleno de la Sala Primera ha resuelto en esta sentencia el recurso interpuesto por un consumidor que se había subrogado en un préstamo concedido para la financiación de una promoción de viviendas de protección oficial. En la escritura de compraventa y subrogación se había especificado que el tipo de interés era el resultante de añadir 0,10 puntos al interés establecido en el RD 801/2005, de 1 de julio, para los préstamos hipotecarios que tuvieran por objeto la financiación de viviendas de protección oficial, que se calculaba sobre el índice IRPH-Entidades. El prestatario solicitó la nulidad de esta cláusula por considerar, entre otras razones, que no cumplía los parámetros del control de transparencia. Esta pretensión fue desestimada en ambas instancias y el Pleno de la Sala, por unanimidad, ha desestimado el recurso de casación. El recurrente alegaba, para justificar la falta de transparencia de la cláusula, que no fue advertido de la posibilidad de obtener una financiación distinta a la contratada. Para desestimar el recurso, la Sala aplica la doctrina del TJUE y su propia jurisprudencia, según la cual la transparencia de las cláusulas que definen el objeto principal del contrato está vinculada con la información que permite al consumidor prever, sobre la base de criterios precisos y comprensibles, la carga jurídica y económica del contrato, pero esto no supone que la entidad bancaria tenga una obligación de asesoramiento sobre las distintas posibilidades de financiación.
Resumen: El Pleno de la Sala 1ª se pronuncia sobre la validez de un documento que contiene una reducción de la cláusula suelo con la contrapartida de renuncia al ejercicio de acciones por el consumidor, teniendo en cuenta la STJUE de 9/7/2020. Deniega la suspensión del recurso hasta que se pronuncie de nuevo el TJUE sobre otras cuestiones prejudiciales pendientes. Una cláusula potencialmente nula puede ser modificada, pero si ha sido predispuesta por el banco debe cumplir los requisitos de transparencia. La reducción del ?suelo? cumple dichos requisitos: la prestataria conocía la cláusula suelo, su potencial nulidad por falta de transparencia y la incidencia que había tenido, por la puesta a disposición de la evolución del índice, que además es objeto de publicación oficial, y por la repercusión en las cuotas anteriores. La cláusula de renuncia de acciones, si se hubiera limitado a las acciones relativas a la cláusula suelo, podría ser tenida en consideración para analizar si la información suministrada era suficiente para comprender las consecuencias jurídicas de la renuncia. Pero, en la medida en que abarca cuestiones ajenas a la controversia que subyace al pretendido acuerdo transaccional, no puede reconocerse su validez. Se estima en parte el recurso de casación, se declara la validez de la estipulación que modifica la cláusula suelo originaria (solo será válida la cláusula suelo rebajada, no la original) y se confirma la nulidad de la renuncia genérica de acciones.
Resumen: Demanda contra entidad bancaria en la que pide además de la nulidad de la cláusula relativa a los intereses de demora incluida en el préstamo hipotecario en el que se subrogó, la nulidad por vicio en el consentimiento y dolo contractual del contrato de novación modificativa del préstamo inicial y la nulidad por falta de transparencia de la cláusula suelo/techo contenida en el contrato de préstamo hipotecario y la condena a restituir las cantidades cobradas en exceso. En primera instancia se estimó en parte la demanda, declaró la nulidad de la cláusula de interés moratorio y absolvió a la demandada del resto de pretensiones. Razonó que la demandante no podía alegar desconocimiento o incomprensión del contenido y alcance de la cláusula suelo contenida en el contrato de novación porque lo firmó con la única finalidad de modificarla y en el mismo contrato afirmaba conocer y entender que el tipo de interés de su préstamo nunca sería inferior al suelo fijado en la novación y que la actora había hecho renuncia expresa de acciones. La demandante apeló la sentencia y la Audiencia estimó el recurso. Declaró que la renuncia no era válida y que la falta de información inicial no se subsana por más que se modifique el préstamo, de manera que se arrastra el defecto inicial en las sucesivas novaciones, estando ante un supuesto de error excusable y la nulidad de la cláusula suelo por falta de transparencia. El banco interpone recurso de casación que se desestima por causa de inadmisión.
Resumen: Demanda de impugnación de acuerdos de la junta de propietarios. La sentencia de primera instancia desestimó la demanda y la audiencia la confirmó. Recurren en extraordinario por infracción procesal y casación los demandantes y la sala desestima ambos recursos. Respecto del recurso extraordinario por infracción procesal considera que el hecho de denegar la práctica de alguna prueba, por sí misma no genera indefensión a la parte y, además, la interpretación de los estatutos no es una cuestión de prueba, sino que afecta al fondo del asunto y es, por tanto, materia propia del recurso de casación. Respecto del recurso de casación, también resulta desestimado; en primer lugar porque debe prevalecer la interpretación de los estatutos que realiza la audiencia al no ser ilógica ni arbitraria y, en segundo lugar, porque no existe vulneración de los actos propios de la comunidad de propietarios ya que el acto propio de esta consistió simplemente en autorizar a los demandantes al "uso" del elemento común controvertido "tras varias deliberaciones" -lo que no habría sido necesario si se tratara de un derecho estatutario- autorización que en modo alguno puede considerarse perpetua, pues establecer la exclusividad con tal carácter supondría un acto de disposición sujeto a unanimidad en cuanto afectante al título. La desestimación de los recursos comporta la confirmación de la sentencia recurrida.
Resumen: No es posible pretender la extinción del contrato de arrendamiento primitivo (suscrito en 1977), que lo estaría por aplicación de Disposición Transitoria Tercera de la LAU 1994, cuando, con posterioridad a dicha fecha y pese a concurrir causa legal de extinción, las partes han realizado actos reveladores de su voluntad de continuar con la relación arrendaticia. En el caso, atendidas las circunstancias concurrentes, estamos ante una nueva situación que afecta a la relación jurídica entre las partes que no se puede reconducir, por obra exclusiva de la demandante, a la procedencia de declarar la extinción del arrendamiento inicialmente concertado en el año 1977, pues los propios actos de la parte arrendadora revelan que no fue esta su intención; el arrendador no puede ahora -por posibles diferencias entre dichas partes- pretender hacer valer sus derechos de conformidad a la Disposición Transitoria Tercera de la LAU 1994. Resuelto el recurso de casación, carece de trascendencia lo planteado en el recurso extraordinario por infracción procesal.
Resumen: Error judicial. No es una nueva instancia para la revisión de un previo enjuiciamiento. El error judicial, para que lo sea a los efectos del art. 293 LOPJ, debe ser algo manifiestamente contrario al ordenamiento jurídico o que conste dictado con manifiesta arbitrariedad. La mera revocación o anulación de las resoluciones judiciales no presupone por sí sola derecho a la indemnización. Admitir otros supuestos de error implicaría utilizar el trámite para reproducir el debate sobre las pretensiones planteadas cual si se tratara de una nueva instancia o de un recurso en detrimento de la fuerza de cosa juzgada de las decisiones judiciales y de la independencia reconocida a los tribunales. En el presente caso, más allá del empleo de los adjetivos que se utilizan para enfatizar la gravedad del error no se llega a concretar ninguna equivocación clara y flagrante que pueda apreciarse sin llevar a cabo una revisión de todos los hechos y pruebas a modo de una nueva instancia procesal, reproduciendo el debate sobre lo ya planteado, lo que no es propio del procedimiento de error judicial. Los errores acumulativos que se denuncian no dejan de ser apreciaciones jurídicas y valoraciones de hechos.
Resumen: Se desestima el recurso por infracción procesal y el de casación. La entidad arrendataria no puede solicitar la aplicación de una norma, como la del artículo 4.1 LAU 1964, que se refiere al inquilino, su cónyuge o pariente de uno u otro hasta el tercer grado, pues dicha norma viene a regular el posible ejercicio -por las personas físicas a que se refiere- de una profesión, función pública o pequeña industria doméstica, sin que resulte de aplicación al supuesto en que la arrendataria sea una persona jurídica, como ocurre en este caso. Por ello, tampoco puede basar el motivo de casación en una norma que se refiere a un supuesto bien distinto del ahora examinado, bajo una afirmación -que en absoluto puede ser compartida- en el sentido de que eran arrendatarios tanto la persona jurídica, como la persona física. Es frecuente la contratación del arrendamiento por una persona jurídica para destinar la vivienda para alojamiento de directivos o empleados, pero tal contratación -precisamente por la sucesión de ocupantes- no ha de estar sujeta a la legislación sobre arrendamientos urbanos en cuanto a los beneficios que comporta para el arrendatario, sin perjuicio de que -sin aplicación necesaria de la normas imperativas- las partes puedan establecer los pactos y cláusulas que estimen convenientes. La entidad arrendataria, ahora recurrente, carece de legitimación para defender la posición jurídica de quien no es parte en el contrato, ni trae causa de dicha entidad.
Resumen: Es posible la adopción de un acuerdo con los votos de los tres quintos de los copropietarios cuando se trata de la creación o mantenimiento de un servicio o de interés general, pues el legislador ante la existencia de visiones enfrentadas en las comunidades de propietarios introdujo esta posibilidad para impedir la petrificación de las mismas, posibilitando la instalación de servicios de interés general como el de ascensor, portería, conserjería, vigilancia y otros. En el caso: no se trata de la creación de un servicio, sino de mantenerlo mediante la compra a la empresa que ha venido prestando el servicio de agua caliente y calefacción de las instalaciones; atendidas las circunstancias concurrentes que se describen, la sentencia recurrida ha ponderado adecuadamente los intereses en litigio, siendo de indudable interés general. La creación de servicios comunes de interés general, supongan o no la modificación del título constitutivo, solo exigen el voto favorable de los tres quintos de los comuneros.
Resumen: La Ley 57/1968, de 27 de julio, sobre percibo de cantidades anticipadas en la construcción y venta de vivienda, no es aplicable a las compraventas de viviendas con finalidad no residencial, sean o no profesionales los compradores (la referencia de la norma a "toda clase de viviendas" no es equiparable a "toda clase de compradores" para, así, extender la protección a los profesionales del sector inmobiliario o a los compradores especuladores, pues entonces no se entendería el carácter irrenunciable de los derechos que esa Ley reconoce). Alcance del pacto entre las partes sobre la constitución de garantías cuando la compra esté destinada a inversión, con la sujeción de la garantía a lo establecido en la Ley 57/1968: la sujeción del aval al régimen de dicha Ley provendrá de lo pactado entre las partes, no de la propia ley ni de su interpretación jurisprudencial. Si hay pacto entre el comprador inversor y la promotora, en el que esta se obliga a garantizar la devolución de las cantidades anticipadas, la garantía se rige por lo pactado y no por Ley 57/1968 y su jurisprudencia, lo que implica que no sea aplicable al comprador inversor la doctrina jurisprudencial sobre la efectividad de las pólizas colectivas en ausencia de aval individual; el pacto estrictamente privado entre un profesional del sector inmobiliario y una promotora-vendedora por el que se acuerde entre ambos la aplicación de la Ley 57/1968 no vincula al banco.
Resumen: Una asociación de consumidores formuló demanda contra un banco, solicitando determinados pronunciamientos en relación con negocios de inversión, por importe de más de cinco millones de euros. En casación se planteó de oficio la falta de legitimación activa ad causam de la entidad demandante, dado que constituye un presupuesto del proceso y de la prosperabilidad de las pretensiones deducidas en el mismo, en tanto que la ley únicamente permite la defensa del derecho en juicio, y la consiguiente formulación de las peticiones derivadas del mismo, a quien actúa como titular de tal derecho o, en su caso, a otros mediante su oportuna habilitación legal. Cabe su apreciación de oficio al integrar un presupuesto de validez del proceso y afectar a la eficacia de la cosa juzgada. Aplicación del criterio de una sentencia anterior que, ante un supuesto similar, apreció la falta de legitimación de la demandante al no tratarse, fundamentalmente por la cuantía de la inversión, de productos o servicios destinados a consumidores y, por tanto, de uso común, ordinario y generalizado.
