Resumen: Demanda en la que varios compradores de viviendas sobre plano reclaman las cantidades entregadas a cuenta más los intereses legales desde la entrega de los anticipos. Las sentencias de primera y segunda instancia obligaron a restituir las cantidades anticipadas, pero la sentencia de segunda instancia declaró que los intereses se devengaban desde las correspondientes reclamaciones judiciales y extrajudiciales; recurren en casación los demandantes y la controversia queda reducida únicamente al momento del devengo de los intereses de las cantidades entregadas a cuenta. Reiteración de doctrina jurisprudencial: la garantía prestada con arreglo a la Ley 57/1968 comprende los intereses legales de los anticipos como frutos del dinero entregado en su momento y, en consecuencia, los intereses que deben restituirse legalmente (en el presente caso, el interés legal, por aplicación de la disposición adicional 1.ª de la Ley de Ordenación de la Edificación) son remuneratorios de las cantidades entregadas y, por tanto, exigibles desde su entrega. La estimación del recurso de casación comporta la confirmación de la sentencia de primera instancia.
Resumen: Demanda de nulidad de distribución de títulos nobiliarios, declaración de vacancia de los dos títulos objeto de aquella y, en consecuencia, declaración del mejor derecho del demandante a poseer los mismos. La sentencia de primera instancia desestimó la demanda y en apelación se confirmó. El demandante interpone los recursos de casación y en extraordinario por infracción procesal, que son desestimados. Motivación suficiente de la sentencia. Distribución de títulos nobiliarios: el requisito de la posesión del título nobiliario en el momento de proceder a su distribución trata de asegurar la efectividad de dicho acto en tanto que, si se procediera a distribuir con inclusión de un título que finalmente no se posee, ello afectaría al resto de los títulos incluidos en la distribución en cuanto supondría un vicio del negocio jurídico en su integridad al ignorarse en tal caso cuál sería realmente la voluntad distributiva; pero una interpretación acorde al espíritu y finalidad de la norma -evitar la acumulación de títulos en la primogenitura- permite y exige una interpretación según la cual en estos casos debe respetarse la voluntad del primitivo poseedor, sancionada con la aprobación real, cuando, existiendo una expectativa seria e incontestable de adquisición de un título nobiliario, se incluye el mismo en la distribución, que definitivamente cumple su función por la consolidación de dicho título en quien la realiza. Se confirma la sentencia recurrida.
Resumen: La Sala estima el recurso de casación, que se fundamenta en la disconformidad del comprador-recurrente en el plazo de prescripción aplicado por el tribunal sentenciador a la acción contra la aseguradora de la devolución de los anticipos, y fijada ya doctrina por esta sala a partir de su sentencia de pleno 320/2019, de 5 de junio, en el sentido interesado en el recurso de casación (aplicación del plazo de prescripción general del art. 1964 CC -quince años en su redacción aplicable- en lugar del previsto en el art. 23 LCS ), plazo al que no se opone la aseguradora. Por tanto, se estima el recurso de casación, sin necesidad de resolver el recurso por infracción procesal, al referirse este a la falta de motivación de la sentencia recurrida, y se casa la sentencia recurrida, ya que cuando se interpuso la demanda no habían transcurrido quince años ni tan siquiera desde la fecha contractualmente establecida para la entrega de la vivienda. Se remiten las actuaciones al tribunal de apelación para que dicte nueva sentencia en la que, no pudiendo tener ya la acción civil por prescrita, se pronuncie sobre todas las cuestiones planteadas respecto del fondo del asunto.
Resumen: Acción colectiva de cesación: tiene como presupuesto que en el proceso no se hacen valer derechos o intereses de titularidad del demandante, sino de terceros ajenos, los consumidores. La acción colectiva no se refiere a relaciones contractuales concretas, sino a clausulados genéricos predispuestos, con independencia de su efectiva utilización. Su objetivo no es la declaración de nulidad de las condiciones generales, sino la condena a eliminarlas y la prohibición de volver a utilizarlas. Esta acción opera como si la cláusula enjuiciada tuviera un carácter normativo, autónomo, al margen del acuerdo de voluntades en que se inserta, en cuanto tiene, como condición general, vocación de generalidad. Control abstracto y preventivo: se hace al margen tanto de la información particularizada sobre el alcance y contenido de la cláusula que haya podido recibir el adherente con carácter previo a la suscripción del contrato, como del resultado de su aplicación en la práctica por la entidad financiera. Control de transparencia. Dificultades cuando se trata de contratos complejos como los swaps. No puede negarse que sea posible realizar un control de transparencia con ocasión de una acción colectiva, pero sí cabe advertir que su admisibilidad queda reducida a la concurrencia de prácticas estandarizadas de comercialización muy claras que pongan en evidencia la falta de transparencia y dejen poco margen a concluir que se hayan podido incumplir las exigencias de información previa.
Resumen: La Sala desestima el recurso de casación dimanante de un procedimiento en el que se ejercitó la acción de reembolso respecto del préstamo personal solidario suscrito por ambos cónyuges, casados en separación de bienes, con la garantía hipotecaria de una vivienda cuya propiedad proindiviso pertenecía en 75% a la demandante y un 25% al demandado. El Juzgado entendió que la obligación de cada cónyuge era proporcional a la cuota participativa en la vivienda y desestimó la demanda. En cambio, la Audiencia, según la interpretación que hizo del contrato de préstamo, no tuvo por acreditado un pacto entre los cónyuges que implicara un porcentaje desigual en el cumplimiento de la obligación. Concluyó, por ello, que la deuda se dividía por partes iguales y estimó la demanda. El recurso de casación del demandado no combate por el cauce adecuado la interpretación realizada por la Audiencia, por lo que se limita el debate al ámbito del art. 1145 CC. La solidaridad desaparece con el cumplimiento de la obligación, y desde ese momento, en el ámbito interno, cada deudor se convierte en deudor exclusivo de la parte de deuda en que, a esos efectos internos, se ha fraccionado la inicial. El deudor que paga tiene acción de regreso contra sus codeudores y en el supuesto de pago parcial de la deuda, como es el caso, podrá reclamar de los restantes codeudores el exceso en proporción a la cuota que a cada uno corresponda en la obligación y que, en este caso, se ha entendido que era del 50%.
Resumen: La sala estima el recurso de casación interpuesto frente a una sentencia que consideró prescrita la acción, dirigida contra la aseguradora, en reclamación de las cantidades entregadas a cuenta en una compraventa de vivienda para uso residencial, en aplicación de la Ley 57/1968. La sala reitera su doctrina en relación al plazo de prescripción de la acción. Es el general del art. 1964 CC, quince años en su redacción aplicable, y no el de dos años del art. 23 LCS. Cuando se interpuso la demanda no habían transcurrido quince años ni tan siquiera desde la fecha contractualmente establecida para la entrega de la vivienda. Se estima el recurso de casación sin necesidad de resolver el recurso por infracción procesal, al referirse este a la falta de motivación de la sentencia recurrida. Se remiten las actuaciones al tribunal de apelación para que dicte nueva sentencia en la que, no pudiendo tener ya la acción civil por prescrita, se pronuncie sobre todas las cuestiones planteadas respecto del fondo del asunto.
Resumen: Acciones derivadas de contrato de adquisición de bonos. Cesión de la posición contractual de Bankpime en el negocio bancario. Legitimación pasiva de CaixaBank. Caixabank está legitimada pasivamente para soportar las acciones de nulidad, de resolución contractual o de responsabilidad por incumplimiento contractual, ejercitadas por quienes en su día fueron clientes de Bankpime, en virtud de la transmisión del negocio bancario operado entre Bankpime y CaixaBank. La causa de la cesión de los contratos bancarios por Bankpime a Caixabank es la transmisión del negocio bancario como una unidad económica. La estimación del recurso y consiguiente casación de la sentencia impugnada no determina en este caso que la sala resuelva sobre el fondo de la reclamación planteada en la demanda. No siendo en absoluto la casación un nuevo juicio que permita una cognición plena sobre todas las cuestiones de fondo de hecho y de derecho sometidas a debate, y no habiendo sido estas enjuiciadas, en puridad, por ninguna instancia, el pronunciamiento de esta sala se limita a casar la sentencia recurrida para que el tribunal de apelación, como órgano de instancia plenamente facultado para conocer de todas las cuestiones de hecho y de derecho objeto del proceso, las resuelva en sentencia, una vez que se ha declarado la legitimación pasiva de Caixabank.
Resumen: La Sala estima el recurso de casación interpuesto por la prestataria, que tiene la condición de consumidora. No solo es necesario que las cláusulas estén redactadas de forma clara y comprensible, sino también que el adherente pueda tener un conocimiento real de las mismas, de forma que un consumidor informado pueda prever, sobre la base de criterios precisos y comprensibles, la carga jurídica y económica del contrato. El control de transparencia tiene por objeto que el adherente pueda conocer con sencillez tanto la carga económica que realmente le supone el contrato celebrado como la carga jurídica del mismo, es decir, la definición clara de su posición jurídica tanto en los elementos típicos que configuran el contrato celebrado, como en la asignación de los riesgos. En cuanto a la suficiencia de la escritura pública, no basta con la simple claridad gramatical. El examen del documento público revela que la cláusula de limitación del tipo de interés no está resaltada en modo alguno, sino que está incluida como una más entre una serie de estipulaciones relativas a los intereses. Pero, sobre todo, no consta la existencia de una información previa, cuando la información precontractual es la que permite realmente comparar ofertas y adoptar la decisión de contratar. La falta de transparencia de la cláusula suelo determina su carácter abusivo, al privar al consumidor de la posibilidad de comparar entre las diferentes ofertas existentes en el mercado.
Resumen: Compraventa de vivienda para uso residencial: Ley 57/1968. Acción contra aseguradora en reclamación de las cantidades entregadas a cuenta. Plazo de prescripción de la acción: es el general del art. 1964 CC, quince años en su redacción aplicable, y no el de dos años del art. 23 LCS. Cuando se interpuso la demanda no habían transcurrido quince años ni tan siquiera desde la fecha contractualmente establecida para la entrega de la vivienda. Se estima el recurso de casación sin necesidad de resolver el recurso por infracción procesal, al referirse este a la falta de motivación de la sentencia recurrida. Se remiten las actuaciones al tribunal de apelación para que dicte nueva sentencia en la que, no pudiendo tener ya la acción civil por prescrita, se pronuncie sobre todas las cuestiones planteadas respecto del fondo del asunto.
Resumen: Demanda en la que se solicita la devolución de las cantidades entregadas por los compradores a cuenta para la compra de viviendas en construcción de uso residencial; las cantidades anticipadas se ingresaron en una cuenta de la promotora vendedora no por los compradores, sino por medio de una sociedad interpuesta. La sentencia de primera instancia estimó la demanda y la sentencia de segunda instancia la confirmó. Recurre en extraordinario por infracción procesal y en casación la entidad bancaria demandada y se estima el segundo de los recursos. Reiteración del criterio de doctrina: al ser la ordenante de las transferencias una sociedad mercantil, no cabía exigir a la entidad bancaria demandada una labor de investigación sobre todos y cada uno de los abonos que se efectuaran en la cuenta de una promotora que llevaba a cabo varias promociones simultáneamente; en definitiva, no puede pretenderse que unos compradores representados desde un principio por profesionales desplacen sobre la entidad de crédito meramente receptora de cantidades la responsabilidad por la pérdida de sus anticipos cuando resulta que, por las razones que fuesen, no se garantizó su devolución ni los pagos se ajustaron a lo previsto en el contrato. Se estima el recurso de casación, lo que determina la estimación de del recurso de apelación y la desestimación de la demanda. Desestimación del recurso extraordinario por infracción procesal: planteamiento de una cuestión de valoración jurídica ajena a su ámbito.