• Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Civil
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: IGNACIO SANCHO GARGALLO
  • Nº Recurso: 3607/2017
  • Fecha: 08/10/2020
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: Cláusulas abusivas. Control de incorporación: para que puedan considerarse incorporadas al contrato, las condiciones generales han de ser claras, concretas, sencillas y comprensibles directamente en atención al producto que se comercializa. En el caso, la cláusula supera el control de incorporación (está redactada en términos comprensibles, aparece en la oferta vinculante de forma sencilla y directa y se expresa en términos que resulta sencilla su lectura y comprensión, toda la información financiera se ofrece en una sola hoja, aislada, en la que de un golpe de vista puede reconocerse la información más importante sobre las condiciones financieras del préstamo hipotecaria, entre la que se encuentra la cláusula suelo). Reiteración de la doctrina jurisprudencial sobre el control de transparencia: cabe el control de abusividad de una cláusula relativa al precio y a la contraprestación si no es transparente; tiene por objeto que el adherente pueda conocer con sencillez la "carga económica" (onerosidad) que realmente supone para él el contrato y la "carga jurídica" (posición jurídica); importancia para el consumidor de disponer, antes de la celebración del contrato, de la suficiente información; valoración de la intervención del notario. En el caso, la inclusión de la cláusula suelo en la escritura de préstamo y la oferta vinculante no basta para entender cumplidas las exigencias de que el consumidor sea informado sobre la incidencia de esa cláusula en la economía del contrato.
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Civil
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: PEDRO JOSE VELA TORRES
  • Nº Recurso: 826/2018
  • Fecha: 06/10/2020
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: Recurso de casación admisible: se citan las normas sustantivas que se consideran infringidas, se exponen las razones por las que se entiende que han sido vulneradas, se identifican las sentencias en las que se basa el interés casacional y no se altera la base fáctica; inexistencia de mutatio libelli derivada de la cita de preceptos en el recurso de casación que no fueron invocados en la demanda (son cuestiones diferentes la fundamentación jurídica de la demanda y la denuncia que la demandante haga posteriormente en un recurso de casación sobre supuestas infracciones legales cometidas por la sentencia recurrida); inexistencia de cuestión nueva. Falta de oposición del banco demandado al recurso de casación. Estimación del recurso de casación: la sentencia impugnada se opone a la doctrina jurisprudencial sobre control de transparencia de la cláusula suelo en supuestos de subrogación del consumidor en el préstamo concedido al promotor; cita de precedentes jurisprudenciales. Asunción de la instancia: desestimación del recurso de apelación del banco demandado y confirmación de la sentencia de primera instancia; imposición de las costas de apelación al banco demandado en aplicación de la doctrina jurisprudencial fijada a partir de la sentencia de pleno. 419/2017, de 4 de julio (interpretación de las normas sobre imposición de costas conforme al principio general del vencimiento en relación con los principios de no vinculación y efectividad).
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Civil
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: ANTONIO SALAS CARCELLER
  • Nº Recurso: 4686/2017
  • Fecha: 05/10/2020
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: Cumplimiento de contrato de compraventa. Falta de legitimación activa de la sociedad mercantil codemandante que no fue parte en el contrato: solo es parte procesal legítima quien, por su relación con el objeto del proceso -consumación, en este caso, de un contrato de compraventa- puede exigir el cumplimiento de las obligaciones derivadas del mismo, lo que solo corresponde -como comprador- a una de las codemandantes (contrato celebrado por una persona que, como comprador, solo actúa en nombre de una sociedad aunque la demanda de cumplimiento contractual se formula por dos sociedades, aquella en cuyo nombre actuó y otra más que es de su propiedad y que había otorgado a terceros -designados por el vendedor- ciertas escrituras de compraventa de otros inmuebles que formaban parte del precio); inexistencia de pago por tercero. Doctrina de los actos propios: tiene su fundamento en la protección de la confianza y en el principio de la buena fe; han de ser inequívocos, en el sentido de crear, definir, fijar, esclarecer, modificar o extinguir una determinada situación que afecta jurídicamente a su autor; no es de aplicación cuando los hechos que se invocan son ambiguos o inconcretos (en el caso, atendidas las circunstancias concurrentes, no es aplicable). Interpretación del contrato: los actos anteriores, coetáneos y posteriores al contrato como elemento de interpretación solo pueden referirse a los que ligan a las propias partes intervinientes en el contrato y no a los de terceros.
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Civil
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: ANTONIO SALAS CARCELLER
  • Nº Recurso: 1164/2018
  • Fecha: 05/10/2020
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: La controversia jurídica sobre el plazo de prescripción de las reclamaciones dirigidas frente a la entidad aseguradora en el ámbito de la Ley 57/1968 ha sido resuelta por la Sala 1ª en sentencia de pleno 320/2019, de 5 de junio, ratificada por otras posteriores, en la que se fijaba la aplicación del plazo de prescripción general del art. 1964 CC, en lugar del previsto en el art. 23 LCS. La Ley 57/1968 prevé como garantías alternativas tanto el contrato de seguro como el aval solidario, y no tendría sentido que el plazo de prescripción de la acción de los compradores fuese distinto -y considerablemente más corto- en el caso del seguro que en el del aval. Se estima ese motivo de casación y el recurso, sin necesidad de entrar a examinar el resto de los motivos formulados, al carecer además de relevancia la fijación del dies a quo pues, cualquiera que fuere la fecha de inicio del cómputo, no se habría cumplido el plazo de prescripción a la fecha de la demanda. Como en otros casos en que no se entra a conocer en la instancia sobre la pretensión formulada por considerar que la misma lo había sido extemporáneamente (por prescripción o por caducidad), se remiten las actuaciones al tribunal a quo para que dicte sentencia resolviendo sobre el fondo, ya que, de no hacerlo así, el asunto quedaría privado de la segunda instancia y el TS, desnaturalizando su función de órgano de casación, tendría que abordar la revisión total de todos los problemas procesales y probatorios del litigio.
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Civil
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: IGNACIO SANCHO GARGALLO
  • Nº Recurso: 607/2018
  • Fecha: 05/10/2020
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: La sala estima el recurso de casación y desestima el recurso por infracción procesal frente a una sentencia que rechazó una pretensión de nulidad por error en consentimiento y subsidiariamente la nulidad por falta de transparencia del clausulado multidivisa de un préstamo en divisa extranjera. La sentencia recurrida consideró caducada la acción de nulidad por error y negó que hubiera infracción de las exigencias de transparencia impuestas por la normativa de consumidores. La sala reitera su doctrina (STS 417/2020, de 10 de julio) en orden al cómputo del plazo de caducidad de la acción de nulidad por error en el consentimiento de un préstamo multidivisa. El contrato de préstamo bancario en dinero ha de considerarse consumado cuando el prestamista hizo entrega del capital del préstamo; no obstante, el plazo de caducidad no puede comenzar a computarse hasta que aflore el riesgo congénito al negocio cuyo desconocimiento puede viciar el consentimiento prestado, en este caso el derivado del cambio de paridad de la divisa escogida respecto del euro, y esta circunstancia se produjo cuando se novó el préstamo y se referenció a euros. Se estima la acción de nulidad parcial por falta de transparencia, ya que no ha quedado acreditado que, antes de concertarse el préstamo, se hubiera informado a los prestatarios de los riesgos derivados de la depreciación de la divisa escogida en relación con el euro.
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Civil
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: FRANCISCO JAVIER ARROYO FIESTAS
  • Nº Recurso: 1283/2018
  • Fecha: 30/09/2020
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: Se estiman los recursos interpuestos contra una sentencia que había declarado la nulidad de las repercusiones por obras giradas por el arrendador sobre un contrato posterior a la LAU/1964, en el entendimiento de que tal repercusión (prevista en el art. 108 LAU/1964) no era aplicable a los contratos celebrados durante la vigencia de esta ley, sino solo a los anteriores. Se estima el recurso por infracción procesal porque la sentencia recurrida incurre en incongruencia: los términos del debate eran claros y de ellos se deduce que, junto con la fecha de los contratos, se debatió si se trataba de obras impuestas por la Administración, y a ello no se dio respuesta en la sentencia de apelación. Asimismo, se estima el recurso de casación al deducirse de la documental aportada por la demandada que el arrendador firmó con el Ayuntamiento un convenio para la rehabilitación de los edificios, repercutiendo el arrendador la cantidad invertida por él, dentro de los márgenes legales. Por ello, aplicando la doctrina jurisprudencial existente sobre el objeto de la controversia, se declara que al tratarse de obras impuestas por la Administración, aunque fueran ejecutadas a través de convenio, el arrendador estaba facultado para repercutirlas, pese a ser el contrato posterior a la LAU/1964, por lo que se estima el recurso de casación, y asumiendo la instancia, se desestima la demanda interpuesta por los arrendatarios.
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Civil
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: EDUARDO BAENA RUIZ
  • Nº Recurso: 5000/2017
  • Fecha: 29/09/2020
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: Se estima el recurso de casación interpuesto frente a una sentencia que declaró caducada la acción de anulación por error en el consentimiento de un contrato de permuta financiera de tipo de interés, al establecer que el cómputo del plazo de cuatro años para ejercitar la acción se inició desde que el actor tuvo conocimiento de las características del producto y, por tanto, de su error. La sala reitera su doctrina jurisprudencial en esta materia. En los contratos swap, la consumación debe entenderse producida en el momento del agotamiento, esto es, de la extinción del contrato. Como desde esta fecha, que coincide en el caso litigioso con la cancelación anticipada del contrato, hasta que se presenta la demanda no ha transcurrido el plazo de cuatro años, la acción no estaba caducada. Se estima el recurso de casación y se devuelven las actuaciones a la Audiencia Provincial sin asumir la instancia, porque en atención a los términos en que la entidad demandada formuló el recurso de apelación, en el que no solo se plantean cuestiones de valoración jurídica sobre las que existe doctrina de la sala, sino también, de modo relevante, errores en la valoración de la prueba, resulta procedente una revisión por parte del órgano de segunda instancia, por ser una función más propia de la Audiencia que de del TS.
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Civil
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: MARIA DE LOS ANGELES PARRA LUCAN
  • Nº Recurso: 353/2018
  • Fecha: 28/09/2020
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: La sala desestima el recurso de casación frente a una sentencia que rechazó la pretensión de la demandante de nulidad de una hipoteca constituida sobre su vivienda, en virtud de un poder general otorgado en favor de su hijo. La sala, en primer lugar, reitera su doctrina sentada en la sentencia del pleno 642/2019, de 27 de noviembre, conforme a la cual, en un poder general (como el del caso litigioso) en el que se especifican actos de riguroso dominio, como es hipotecar, no es preciso que se designen los bienes concretos sobre los que el apoderado puede realizar las facultades conferidas. La validez y suficiencia de un poder no impide que los tribunales puedan apreciar la falta de eficacia o de validez del negocio celebrado en representación cuando, en atención a las circunstancias (por ejemplo: la relación subyacente existente entre las partes y sus vicisitudes, la intención y voluntad del otorgante en orden a la finalidad para la que lo dispensó y en relación a las circunstancias concurrentes, el conocimiento que de todo ello tuvo o debió tener el tercero, etc.)se aprecie que se ha hecho un uso abusivo del poder. Sin embargo, tales circunstancias no concurren en esta caso, pues la autorización de los padres estaba dirigida a apoyar al hijo en sus negocios, garantizando con sus bienes la financiación que necesitaba y la hipoteca impugnada garantizaba un crédito que se destinó, en su mayor parte, a amortizar un préstamo hipotecario anterior cuya nulidad no se ha pedido.
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Civil
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: MARIA DE LOS ANGELES PARRA LUCAN
  • Nº Recurso: 421/2018
  • Fecha: 28/09/2020
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: En un supuesto de pérdida de la mercancía en el almacén de depósito temporal del aeropuerto de destino, se plantea si es aplicable el Convenio para la unificación de ciertas reglas para el transporte aéreo internacional, hecho en Montreal el 28 de mayo de 1999, que establece una limitación de la cuantía de la indemnización cuando el transporte fue contratado sin declaración especial del valor de la carga y sin el pago de una suma suplementaria. En la demanda se ejercita acción subrogatoria de la aseguradora que pagó a su asegurado frente a la empresa de almacén contratada por el transportista aéreo a quien considera responsable por su falta de diligencia en el correcto control y custodia de las mercancías. En primera instancia se estimó la demanda al considerar la actuación de la demandada poco diligente, como mera depositaria de los bienes, sin intervención en el transporte aéreo y sin que pueda pedir la aplicación del Convenio de Montreal. En apelación se estima el recurso de la demandada, a quien se considera como empresa de handling, declara procedente la aplicación del Convenio de Montreal y, en particular de la limitación a la cuantía de la indemnización. Interpuestos recursos extraordinario por infracción procesal y de casación se desestiman. El primero por no apreciar indefensión por la falta de traducción al castellano de un documento aportado en inglés y el segundo, por confirmar la aplicación del Convenio de Montreal a la responsabilidad de la empresa de handling.
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Civil
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: IGNACIO SANCHO GARGALLO
  • Nº Recurso: 4041/2017
  • Fecha: 24/09/2020
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: Se desestima el recurso de casación interpuesto por los prestatarios de una hipoteca multidivisa; de acuerdo con la actual jurisprudencia, al no ser de aplicación la normativa sobre el mercado de valores la contratación objeto de este pleito, la sentencia apelada no puede haber infringido esa normativa que se denuncia vulnerada en el primer motivo. Respecto al segundo motivo, igualmente se desestima no solo porque contradice la base fáctica la sentencia recurrida, al presuponer que los prestatarios desconocían el riesgo que asumían en la contratación de la hipoteca multidivisa, cuando se ha declarado probado que fueron suficientemente informados sobre ese riesgo por haberlo reconocido uno de ellos; sino también porque en el presente caso resulta irrelevante, a la vista del suplico de la demanda, en la que se solicitaba la nulidad parcial por error en el consentimiento basado en el desconocimiento de los riesgos que entrañaba haber referenciado el préstamo a la moneda del franco suizo. Conforme a la jurisprudencia de esta sala, si el error pudiera ser calificado de sustancial, relevante e inexcusable, viciaría la totalidad del contrato, pero no solo la parte correspondiente a la divisa en que se concertó el préstamo, con la subsistencia del resto del contrato. De ahí la falta de relevancia de la infracción denunciada, en el hipotético caso de que llegara a apreciar.

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