Resumen: Complemento de maternidad: el JS no reconoce al actor el derecho a percibir el complemento (art. 60.4 TRLGSS). Recurre, y el TSJ estima el recurso de suplicación del actor. El INSS recurre la sentencia, y el TS en unificación de doctrina, acuerda la estimación del recurso declarando que no resulta aplicable el complemento de maternidad por aportación demográfica a una pensión de jubilación anticipada voluntaria causada bajo la vigencia del art. 60.4 TRLGSS, en redacción anterior a la modificación operada por el Real Decreto-ley 3/2021, de 2 de febrero. Reitera la doctrina contenida, entre otras, en las SSTS de 15.11.2022, rcud 3036/2019; de 23.11.2022, rcud 1306/2019 y de 30.11.2022, rcud 3800/2021.
Resumen: Liberbank. Trabajador prejubilado en 2012 en aplicación de ERE que preveía la aportación al plan de pensiones por jubilación hasta el cumplimiento de los 64 años. En 2103 se alcanzó acuerdo en nuevo ERE (impugnado y confirmado por STS de 18.11.15) por el que se suspendieron las aportaciones entre 1.6.13 y 31.5.17, reanudándose desde el 1.6.17 con aportaciones adicionales que compensaban las suspendidas. La sala de suplicación condenó al banco a hacer las aportaciones del demandante desde 01.06.2013 a 29.02.2014. La Sala IV estima el recurso del banco reiterando criterio de sus SSTS/IV de 18.01.2023 (Rec. 1805/21) y 19.01.2023 (rec. 86/21) reiterada por la de 30.05.2023 (Rec. 21/21) y 02.10.2023 (Rec. 1920/2021): el actor, prejubilado en 2012, no se encuentra en los 2 supuestos en que se acordó compensar la ausencia de aportaciones (ni continúa en activo en julio/17, ni causó baja durante el periodo de suspensión). La cláusula II.C del Acuerdo de 27 de diciembre de 2013 comprende únicamente a los trabajadores en activo de la empresa que causan baja durante la suspensión de aportaciones o antes de finalizar el plazo de aportaciones extraordinarias. No pueden incluirse los que causaron baja en el año 2011 o 2012. La fecha de la baja es la del cese definitivo del trabajo.
Resumen: La Sala desestima el recurso y confirma la sentencia de instancia, que a su vez desestimó la demanda sobre compatibilidad de pension de gran invalidez y trabajo, porque no nos encontramos ante trabajos específicamente concebidos para posibilitar la integración laboral y social de personas con discapacidad, como ocurre con el trabajo de personas con ceguera por cuenta de la ONCE, sino que, tratándose de otro tipo de actividades, la necesidad de probar la compatibilidad por quien la alega alcanza su plena expresión, sin que pueda reducirse ni entenderse cumplida por meras manifestaciones genéricas sobre el impacto de las nuevas tecnologías en la facilitación del trabajo, considerando que el trabajo docente en una universidad requiere, con toda evidencia, de un alto requerimiento visual, no solo en relación con la actividad investigadora, sino también en el trato y la atención del alumnado, y queda claramente evidenciado que, al denegar la incompatibilidad del reconocimiento de la gran invalidez con el trabajo, la entidad gestora no ha vulnerado derecho fundamental alguno, sino que se ha limitado a aplicar la regla general , al no constarle hechos que pudieran fundar una excepción.
Resumen: Se reconoce subsidio para mayores de 52 años el 15-6- 2018. Comprobado por el SEPE que la actora no reunía a la fecha de la solicitud, el requisito de acreditar un periodo de cotización de 6 años, se presenta demanda en fecha 17-5-2020 solicitando la revocación de la resolución y el reintegro de las prestaciones percibidas. En el presente caso concurre la expectativa en la beneficiaria de recibir y mantener las prestaciones reconocidas por el SEPE dado el tiempo transcurrido entre su concesión y la presentación de la demanda, existió la injerencia a la que se refiere la sentencia del TEDH, pero concurre la proporcionalidad, pues en los hechos probados no constan las rentas existentes en el momento de solicitar el subsidio por desempleo ni las posteriores, no tiene enfermedad que le incapacite para el trabajo, no consta situación familiar complicada y tampoco constan carencias económicas graves o circunstancias que pudieran determinar el acceso a otras prestaciones; todo lo cual hace que no pueda aplicarse la doctrina y las consecuencias del caso Cacarevic vs Coracia, confirmando la extinción del subsidio y el reintegro de lo percibido.
Resumen: Se discute si un hijo que cumple condena en prisión forma parte de la unidad económica de convivencia de la solicitante de una pensión de invalidez no contributiva. La Sala IV argumenta que el concepto de unidad familiar de convivencia debe de estar circunscrito a quienes mantienen entre sí determinados vínculos de dependencia económica en el sostenimiento de las cargas y gastos elementales en la vida ordinaria para la atención de las necesidades básicas de todos ellos.No puede considerarse que continúe bajo la dependencia económica de sus padres cuando el centro penitenciario le facilita el alojamiento, la manutención y garantiza un mínimo de decoro y dignidad en la atención de las necesidades de los presos, tal y como así lo impone la normativa legal que regula el régimen penitenciario. Por ello, el Tribunal Supremo ha modificado la doctrina sobre la naturaleza jurídica que debe atribuirse a estos efectos a los gastos de alojamiento y manutención que asume el centro penitenciario, a la que se refería la STS de 14/10/99. Los gastos de alojamiento y manutención asumidos por los centros penitenciarios constituyen un ingreso en especie que debe contabilizarse en el devengo de las prestaciones no contributivas y al tener naturaleza prestacional dirigida a cubrir tales necesidades, supone que la unidad de convivencia no ha de hacerse cargo de estas y no se mantiene en consecuencia la situación de dependencia económica que configura su propia esencia y justifica su existencia.
Resumen: Del inalterado relato fáctico de la sentencia de instancia, resulta el siguiente cuadro residual: 1) Ojo izquierdo: amaurosis; 2) Ojo derecho: pupila reactiva a la luz, agudeza visual en exploraciones, del servicio público de salud, de 0.05 el 17/06/14, de 0.2 el 06/02/20, de 0.5 el 27/07/20, de 0.1 el 22/02/21 y de 0.1 el 08/09/23. Patología degenerativa de columna lumbosacra; 4) Artralgias y dudosas parestesias en estudio, con limitación aparente para la flexión completa de rodilla izquierda en exploración limitada. Presenta las siguientes limitaciones orgánicas y funcionales: limitación para cualquier actividad laboral que precise un resto útil de visión con esta situación. La magistrada de instancia razona la existencia de un resto de visión del ojo derecho y movilidad suficiente, por lo que no puede darse por acreditado que el actor este impedido para realizar las actividades esenciales de la vida diaria. Se trata de una valoración objetiva e imparcial elaborada a partir del conocimiento de la totalidad de la prueba practicada, sin que se aprecie error en su elaboración. A partir de las sentencias del Pleno de la Sala Social del TS 199/2023, de 16 de marzo (rcud 3980/2019), se rectificó la doctrina jurisprudencial sobre la pensión de gran invalidez por deficiencia visual, estableciéndose que la presencia de una enfermedad, como la ceguera total, debe ir acompañada de una acreditación de que la persona no está en condiciones de atender los actos más esenciales de la vida.
Resumen: Una Mutua, sancionada con 60.000€, por falta muy grave, por "Falta de diligencia suficiente en la supervisión de la gestión de la prestación, de forma reiterada y prolongada en el tiempo" recurre la sentencia que confirma la sanción. La Sala estima parcialmente la sanción y la rebaja al grado medio. Se aplica el principio de culpabilidad y así se ponderan las circunstancias, entre ellas la dificultad de la gestión ante tan elevado número de trabajadoras de la empresa (cuya plantilla está mayoritariamente compuesta por mujeres) durante el tiempo de la pandemia, COVID-19, con sus enormes restricciones, no apreciándose dolo o intención torticera alguna por parte de la Mutua, en un momento en que masivamente se solicitó la prestación por riesgo durante el embarazo. En ese momento las declaraciones empresariales sobre la situación por riesgo durante el embarazo fueron firmadas por el Servicio de Prevención Inditex SA, declaración no válida puesto que el Servicio de Prevención Mancomunado no cuenta con la especialidad preventiva de vigilancia de la salud, sino que esta especialidad está concertada con Quirón Prevención, Servicio de Prevención Ajeno.
Resumen: No puede computarse como ingreso de la unidad familiar la suma correspondiente a la pensión de alimentos que uno de sus integrantes está obligado a pagar en favor de sus propios hijos, en tanto que se trata de unas cantidades de los que no va a disponer como ingreso para contribuir al sostenimiento de la unidad familiar en la que se integra, por estar obligado a transferirlos a una unidad familiar distinta de aquella de la que forma parte.
Resumen: Se discute en la sentencia si, a efectos de la jubilación anticipada (art. 207.1 LGSS), puede admitirse como equivalente a un despido por causas objetivas la terminación del contrato de trabajo activada por el propio trabajador como consecuencia de que la empresa le ha notificado una modificación sustancial de condiciones de trabajo (MSCT). La terminación del contrato de trabajo acaece en octubre de 2016, y tras el desempleo, el acceso a la jubilación anticipada se insta para que tenga efectos en noviembre de 2018. El TSJ estimó la pretensión, sin embargo, tal parecer no es compartido por el TS. Razona al respecto, tras una profusa tarea argumental, en la que se abordan supuestos próximos, recalando en la TS 22-6-22 (rec 1073/20), que el listado de supuestos contemplados en el art. 207.1 LGSS posee carácter cerrado, de numerus clausus, sin que razones de interpretación sistemática puedan avalar una solución diversa. Las causas establecidas en el art. 207.1.d) LGSS para acceder a la jubilación anticipada derivada del cese en el trabajo por causa no imputable a la libre voluntad del trabajador configuran una lista tasada desde que la Ley 27/2011 abandonó la fórmula inicial de la Ley 40/2007. Por lo que, según la redacción vigente antes de la Ley 21/2021, la jubilación anticipada por causa no imputable a la libre voluntad del trabajador no estaba al alcance de quienes habían extinguido su contrato como reacción frente a una MSCT (art. 41.3 ET). Se estima el recurso del INSS.
Resumen: La cuestión a resolver es la de determinar si al actor, que prestaba servicios como ayudante minero “en arranque” le corresponde el 0,50 de coeficiente reductor de la edad que reclama en determinados periodos para tener derecho a la pensión de jubilación en el régimen de la minería del carbón, o, por el contrario, es correcto el inferior coeficiente reductor que el INSS le aplicó por dichos periodos. Estos trabajos no se desempeñan en las categorías y especialidades profesionales en las que legalmente se reconoce el coeficiente del 0,50. La Sala IV tras analizar la normativa aplicable concluye que el coeficiente reductor del 0,50 únicamente se aplica a las categorías y especialidades profesionales de «ayudante picador» y de «ayudante barrenista» y no a las demás categorías y especialidades profesionales de ayudante minero, aunque realicen tareas de arranque, en base a una clara concepción restrictiva de la asignación de dicho coeficiente. En definitiva, el ayudante minero que trabaja en frentes de «arranque» no tiene derecho, por esa sola circunstancia, al coeficiente del 0,50, si no trabaja en las categorías y especialidades profesionales en las que legalmente se reconoce ese coeficiente.
