• Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Social
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: SEBASTIAN MORALO GALLEGO
  • Nº Recurso: 4478/2017
  • Fecha: 07/05/2020
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: Se cuestiona si el demandante, que ha cesado en un nuevo empleo, ostenta el derecho a optar por la prestación por desempleo que le fue reconocida tras su despido anterior y que se vio revocada al serle reconocido el derecho de salarios de tramitación percibidos y seguidos de un nuevo empleo. La Sala IV, tras razonar sobre el cumplimiento de los requisitos formales para la interposición del recurso desde una perspectiva flexibilizadora, razona, tras resaltar que las dos situaciones de desempleo se generan al amparo de normas de distinta redacción, que el trabajador estuvo percibiendo por mandato legal una primera prestación que, posteriormente, se regularizó. Pero ello no significa que el derecho haya nacido. Y ello porque debe tenerse en cuenta que tras el primer despido el actor percibió salarios de tramitación y fue de nuevo contratado laboralmente a los 17 días del primer cese, lo que dejó inexistente la primera situación de desempleo. Sólo si tras el cobro de los salarios de tramitación el actor hubiera seguido desempleado, se hubiera mantenido la situación protegida. Al no haber sido así en el supuesto enjuiciado, se confirman los pronunciamientos previos desestimatorios de la demanda.
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Social
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: IGNACIO GARCIA-PERROTE ESCARTIN
  • Nº Recurso: 279/2018
  • Fecha: 07/05/2020
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: Se cuestiona si para acceder al subsidio de desempleo de mayores de 55 años (52 años tras el Real Decreto-ley 8/2019, de 8 de marzo) del artículo 274.4 LGSS debe equipararse o no la percepción de la llamada Renta Activa de Inserción con la percepción de la prestación por desempleo o del subsidio por desempleo. El recurrente percibió la RAI del 2 de octubre de 2015 al 1 de septiembre de 2016 y con anterioridad había agotado un subsidio por desempleo el 18 de octubre de 2013. Le fue denegado el subsidio por desempleo de mayores de 55 años y formuló demanda contra la resolución del SEPE, que fue desestimada, argumentando que había cumplido 55 años el 31 de enero de 2016 cuando estaba percibiendo la RAI, sin estar en ese momento recibiendo prestación por desempleo o subsidio por desempleo algunos. La sala de suplicación rechazó que la percepción de la RAI pudiera equipararse a estos efectos a la percepción de la prestación por desempleo o de los subsidios por desempleo del art. 274 LGSS. La cuestión ha sido resuelta por esta Sala en las SSTS 27 de marzo de 2019 (rcud. 2966/2017) y 23 de octubre de 2019 (rcud. 2380/2017), dictadas en supuestos sustancialmente iguales estableciendo que «el agotamiento del subsidio propio de la RAI debe asimilarse al de los otros subsidios por desempleo cuando se trata de abrir el acceso al específico para mayores de 55 años».
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Social
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: ANGEL ANTONIO BLASCO PELLICER
  • Nº Recurso: 4270/2017
  • Fecha: 07/05/2020
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: Constituye cuestión a decidir en el presente recurso de casación unificadora la forma de cálculo de la base reguladora de la prestación de desempleo (PD) cuando el hecho causante de la misma -en este caso, la extinción del contrato de trabajo- se produce estando la trabajadora en situación de incapacidad temporal (IT). La sentencia estima el recurso de la trabajadora, y casa y anula la sentencia impugnada porque las normas reguladoras de la PD son claras, en el sentido de que para el cálculo de la base reguladora de la repetida prestación hay que tener en cuenta los últimos 180 ochenta días dentro del período de ocupación cotizada de los 6 años previos a la situación legal de desempleo y, esos últimos 180 días sólo pueden ser los anteriores a la situación de IT, pues los días comprendidos en esta situación de IT, aunque cotizados, no son días de ocupación efectiva. Además, a tal circunstancia en el cálculo de la base reguladora:los últimos ciento ochenta días dentro del período de ocupación cotizada; se ha referido la Sala cada vez que ha tenido que aludir al cálculo de la base reguladora de la prestación por desempleo, según la abundante jurisprudencia que cita
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Social
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: JUAN MOLINS GARCIA-ATANCE
  • Nº Recurso: 4479/2017
  • Fecha: 06/05/2020
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: La sentencia no entra a conocer de la cuestión relativa a si procede reconocer en situación de gran invalidez a quien la solicita por entender que existe agravación de ceguera legal, por no apreciar la existencia de contradicción con la sentencia invocada de contraste, ya que en la sentencia recurrida se comparan las dolencias del actor en la fecha en que ingresó en la ONCE con las que presentaba en la actualidad, habiéndose afiliado a la Seguridad Social mucho antes, y acreditándose que en el momento de entrada en la ONCE tenía una agudeza visual de 0,08 en ambos ojos, y en la actualidad en un ojo la agudeza visual es de 0,05 y el otro prácticamente nula y mientras que en la sentencia de contraste lo que consta es que la actora prestó servicios sólo para la ONCE, lo que supone que la afiliación a la Seguridad Social se produjo cuando comenzó a prestar servicios para esa entidad, teniendo en ese momento una agudeza visual inferior a una décima en un ojo y no tenía visión en el otro, y cuando solicitó la gran invalidez padecía en un ojo una agudeza visual de 0,07 con campo visual menor de 10º y continuaba con la falta de visión en el otro ojo. refiriendo la norma a que la necesidad de agravación se predica exclusivamente de la afiliación pero sin mencionar para nada el alta
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Social
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: JESUS GULLON RODRIGUEZ
  • Nº Recurso: 4410/2017
  • Fecha: 06/05/2020
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: La cuestión suscitada es la relativa a la determinación de la cuantía en el proceso de reclamación de cantidad para el acceso al recurso de suplicación art. 191.2 g)- cuando en la demanda se reclama una cantidad inferior a los 3000 euros, pero en ampliación posterior de la pretensión principal y antes del juicio oral se reclama también la cantidad de 4256,86 euros en concepto de daños materiales y perjuicios. La Sala IV pone de manifiesto la innecesariedad de examinar la contradicción cuando se suscita el tema relativo al acceso al recurso de Suplicación por razón de la cuantía. Seguidamente reitera doctrina al afirmar que: a) La normativa procesal, regida por el principio de legalidad, la cuantía de un proceso viene determinada por la solicitud de la demanda y a su vez condiciona -si supera el tope de 3000 euros- el acceso al recurso de Suplicación [art. 191.2 LRJS], sin que se contemple en nuestras normas procesales una cuantía para la demanda y otra distinta para el recurso. b) Es inasumible la sinonimia entre cantidad litigiosa y cantidad controvertida, por lo que ha estarse a una concepción amplia del término "litigiosa", referida a cuantía reclamada, o sea, integrante del "petitum" de la demanda. c) la solicitud se refiere a la cifra que finalmente sea objeto de reclamación en el trámite de alegaciones o conclusiones.
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Social
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: ANTONIO VICENTE SEMPERE NAVARRO
  • Nº Recurso: 77/2018
  • Fecha: 06/05/2020
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: La cuestión a decidir en el presente recurso de casación unificadora consiste en determinar si procede el abono de la indemnización prevista para el despido por causas objetivas cuando lo que acaece es que finaliza un contrato de interinidad por vacante como consecuencia de que la plaza es ocupada por quien la ha obtenido tras superar las pruebas convocadas al efecto mediante el procedimiento previsto en el convenio colectivo. La sentencia de suplicación declaró la procedencia del cese del trabajador por cobertura reglamentaria de la plaza que ocupaba como interino, sin derecho a la indemnización de 20 días de trabajo por año de servicio prevista para el despido objetivo en atención a STJUE 14-9-2016. Tal parecer no es compartido por el TS, que en aplicación de las STJUE 5-6-2018 [Grupo Norte Facility, y Montero Mateos], declara que lo dispuesto en el art. 49.1.c) ET no resulta contrario a la normativa europea en materia de igualdad de trato entre trabajadores indefinidos y temporales, resultando acorde con la Directiva 1999/70/CE la indemnización que contempla el precepto para la extinción regular de determinados contratos temporales y que resulta inferior a la regulada para la extinción por causas objetivas ex art. 53.1.b) ET. En consecuencia, se considera contraria a derecho la indemnización realizada por la sentencia de contraste, y se confirma la decisión judicial recurrida.
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Social
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: RICARDO BODAS MARTIN
  • Nº Recurso: 4586/2017
  • Fecha: 06/05/2020
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: El trabajador fue objeto de despido disciplinario por haber trabajado los días 8 y 10 de febrero como empleado en la empresa "APP Informática" realizando funciones de dependiente y responsable de la entidad, tareas que según la empresa se asemejan a las suyas de gerente de un restaurante. Al mismo tiempo se le imputa aparecer como persona de contacto de la empresa en la página web de esta. Por último, se hace constar que el 11- 02-2016 mandó un e-mail al responsable de riesgos laborales de la empresa en el cual manifestaba su próxima reincorporación con el objeto de cubrir su actividad. La Sala, tras recordar su doctrina sobre la dificultad de incluir en la unificación de doctrina la calificación de conductas a los efectos de su inclusión en el artículo 54 ET, declara la falta de contradicción, ya que sentencia recurrida declara la improcedencia del despido en aplicación de la doctrina gradualista, sin considerar los efectos del art. 40.9 del V Acuerdo Laboral de Hostelería, mientras que la sentencia de contraste declara la procedencia del despido, con base a la aplicación del art. 39.9 del IV Acuerdo (idéntico al V Acuerdo), al considerar que dicho precepto considera falta muy grave cualquier actividad durante la IT, contraindique o no con la situación de IT.
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Social
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: MARIA LUZ GARCIA PAREDES
  • Nº Recurso: 2482/2015
  • Fecha: 05/05/2020
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: El actor cotizó en España del 1-11-07 a 31-1-09 y en Venezuela hasta el 9-5-01, El 28-1-09 el demandante solicitó pensión de jubilación, que no fue contestada. El demandante percibe una pensión de México. La sentencia de instancia estimó la demanda y reconoció al actor el derecho del actor a percibir una pensión de jubilación, condenando a las Entidades Gestoras a que le abonen al actor las prestaciones económicas derivadas en cuantía del 62% de años cotizados, 100% por edad de la base reguladora de 531,38€ con una prorrata temporis a cargo de España de 67% y efectos económicos del 1-2-09 y con aplicación de revalorizaciones y mejoras legales habidas, catorce veces al año y con carácter vitalicio, y debiendo complementar la pensión hasta la cuantía mínima correspondiente cada año para mayores de 65 años sin cónyuge a cargo, teniendo en cuenta la pensión de Méjico. Se plantea en casación unificadora determinar, a efectos del reconocimiento de la pensión de jubilación, si la documentación preferente para dejar constancia de las cotizaciones realizadas en otro país, en este caso México, con el que se tiene suscrito un Convenio Bilateral de Seguridad Social, es el formulario de enlace o puede acudirse a otra documental pública idónea a tal efecto. La Sala 4ª concluye que no es admisible que se niegue validez a un concreto documento aportado en el proceso cuando figuraba ya en el expediente administrativo y además fue utilizado por la Administración.
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Social
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: MARIA LOURDES ARASTEY SAHUN
  • Nº Recurso: 3474/2017
  • Fecha: 05/05/2020
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: La cuestión planteada consiste en determinar si la cantidad, abonada por el causante a la demandante hasta la fecha de su fallecimiento y que se había fijado en la sentencia de separación (1990) como contribución a las cargas familiares y de alimentos, acredita la dependencia económica de la actora respecto a su ex cónyuge para causar pensión de viudedad. Se trata de la interpretación de la pensión complementaria, contenida en el art. 174.2 en relación con la DTª 18.1 y 2 LGSS, como requisito para el acceso a la prestación de viudedad en los supuestos como el de la demandante, quien fue cónyuge legítima del causante, no contrajo nuevas nupcias, ni constituyó pareja de hecho y han transcurrido más de diez años entre la separación y la fecha de fallecimiento. La Sala Cuarta reitera doctrina y declara el derecho a percibir pensión de viudedad. Para llegar a tal conclusión, establece la diferencia entre la pensión compensatoria y la alimenticia, acude a la verdadera naturaleza de la pensión fijada a cargo del causante, extraída de las circunstancias del caso, y realiza una interpretación finalista del otorgamiento de aquella, de la que extrae que con independencia de la denominación de la pensión que abona el esposo en el momento de la separación, es lo cierto que eran obligaciones dinerarias que sin duda tenían por objeto compensar las dificultades económicas que la separación indudablemente había de producir a la esposa separada.
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Social
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: MARIA LUZ GARCIA PAREDES
  • Nº Recurso: 376/2018
  • Fecha: 16/03/2020
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: La Sala 4ª declara la falta de contradicción en el recurso interpuesto por la letrada de la Administración de la Seguridad Social en nombre del INSS y de la TGSS frente a la sentencia que declara el derecho del actor al percibo de la pensión de viudedad. El debate casacional se centra en determinar si procede reconocer la pensión de viudedad a quien ha estado conviviendo con el causante, al que se unió bajo el rito gitano y con el que tuvo cinco hijos en común, el primero de los cuales nació en 1997. El certificado de defunción de la causante indica que estaba casada. El certificado municipal de convivencia decía que el demandante convivía con su cónyuge desde agosto de 1997. Tanto en la recurrida como en la referencial existía un Libro de Familia en el que se indicaba que la causante y el demandante estaban solteros. Pero en la sentencia recurrida se indica que la convivencia como matrimonio viene constatada con una serie de documentos públicos que lo revelan, como el certificado de defunción, en donde consta la condición de la fallecida como casada y el certificado municipal de convivencia en el que se indica que el demandante convivía con su cónyuge, circunstancias que no constan en la sentencia de contraste, en la que no hay dato alguno que, procedente de autoridades públicas, ponga de manifiesto la condición de casados o cónyuges de la causante y el demandante.

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