• Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Social
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: ANGEL ANTONIO BLASCO PELLICER
  • Nº Recurso: 192/2018
  • Fecha: 22/05/2020
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: La Sala IV estima el recurso y declara que la actora se encuentra en situación de incapacidad permanente en grado de gran invalidez, por ceguera, con derecho a percibir la prestación correspondiente. El demandante presenta deficiencias visuales que implican agudeza visual de 0,05 en ojo derecho y cuenta dedos a un metro en ojo izquierdo. Se declara, según doctrina previa, que dichas deficiencias tienen la consideración de ceguera total o pérdida de visión equiparable que reúne las condiciones para calificarla de gran invalidez puesto que a la actora se le han agravado las dolencias que padecía, al punto de perder agudeza visual que se ha situado muy por debajo del 0,1 en ambos ojos, lo que la sitúa, según señalada jurisprudencia en una situación de ceguera.
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Social
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: ANGEL ANTONIO BLASCO PELLICER
  • Nº Recurso: 4584/2017
  • Fecha: 22/05/2020
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: La sentencia casa y anula la de suplicación para condenar a la Mutua y no al INSS a abonar la prestación de incapacidad temporal cuando tras haberse agotado el periodo máximo de prestación la entidad gestora no responde en el plazo previsto de 3 meses, en aplicación de la doctrina de la STS 20-02-2012 (Rc. 699/2011), en la que se entendió que la responsabilidad del pago de la prestación no depende del mantenimiento de la relación cotización hacia el futuro, sino de la vigencia de ese aseguramiento en el momento en que se produjo el hecho causante. Añade la Sala que nada obsta a dicha conclusión la dicción literal de la DA del RD 1300/1995 y que la obligación del pago del subsidio de la situación de incapacidad temporal perdura hasta el momento de la declaración en situación de incapacidad permanente, y la excepción prevista en el art. 131 bis 3 LGSS ha de entender que no afecta al mantenimiento de la obligación del pago del subsidio, sino únicamente a los efectos de inicio de las prestaciones económicas inherentes a la incapacidad permanente, en lo que se refiere a la diferencia resultante, cuando dice salvo que las mismas sean superiores a las que venía percibiendo el trabajador, en cuyo caso se retrotraerán aquellas al momento en que se haya agotado la incapacidad temporal.
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Social
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: CONCEPCION ROSARIO URESTE GARCIA
  • Nº Recurso: 3248/2017
  • Fecha: 22/05/2020
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: La sentencia aprecia la competencia funcional, sin necesidad del examen previo de la contradicción del art. 219 LRJS, como viene estableciendo la Sala de forma reiterada, porque la cuestión de fondo planteada es la compatibilidad de las prestaciones reconocidas en el regímenes general (IPT) y RETA (jubilación), y no únicamente su dimensión económica derivada de las diferencias resultantes entre la cuantía concedida para la pensión de jubilación (85,37%) en el RETA y la del 100% reclamado sobre la base del cómputo de las cotizaciones efectuadas en el régimen general, y que no alcanzan los 3.000 €.
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Social
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: IGNACIO GARCIA-PERROTE ESCARTIN
  • Nº Recurso: 151/2018
  • Fecha: 22/05/2020
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: La sentencia no entra a conocer de la cuestión relativa a si lo previsto en materia de jubilación parcial del apartado 2 c) de la DF 12ª Ley 27/2011, de 1 de agosto, sobre actualización, adecuación y modernización del sistema de Seguridad Social, es o no aplicable a los trabajadores del Ayuntamiento de Gavá que procedían de determinados organismos autónomos municipales, por no apreciar la existencia de contradicción con la sentencia invocada de contraste, por cuanto en la sentencia de contraste existía un acuerdo colectivo de empresa sobre jubilación parcial comunicado al INSS en el plazo legalmente establecido, y lo que se trataba de determinar era si la no inclusión de 5 concretos trabajadores en la relación nominal de afectados presentada al INSS e incluidos posteriormente alegando un error administrativo, constituía un error subsanable, mientras que en la sentencia recurrida el debate está en si existía o no un plan de jubilación parcial así como una certificación de la empleadora ajustados a las previsiones legales, estando claramente identificados los trabajadores afectados, sin que se alegara que se había producido un error en la no inclusión de alguno de ellos, y sin que se debatiera si el error es o no subsanable.
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Social
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: SEBASTIAN MORALO GALLEGO
  • Nº Recurso: 29/2018
  • Fecha: 22/05/2020
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: La sentencia de suplicación recurrida en casación unificadora, con revocación de la de instancia, reconoce que la actora está afecta de una incapacidad permanente total para su profesión habitual de cuidadora no profesional. Recurren el INSS y la TGSS en casación unificadora, pero lo sala IV desestima el recurso por no concurrir el necesario requisito de la contradicción entre las sentencias comparadas. A pesar de que se dan entre ellas algunas identidades, dado que son sustancialmente iguales las pretensiones ejercitadas y los fundamentos de las mismas, se dan disparidades que obstan a la existencia de contradicción. En concreto, son distintas las dolencias que padecen las demandantes, así como también lo son las razones de decidir, pues en la sentencia referencial se tiene en cuenta que las lesiones de la actora no sólo no se han agravado desde el inicio de su actividad, sino que han mejorado. Y nada de ello consta en la sentencia recurrida.
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Social
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: MARIA LOURDES ARASTEY SAHUN
  • Nº Recurso: 2684/2017
  • Fecha: 22/05/2020
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: La cuestión suscitada consiste en decidir si el despido impugnado es nulo debido a discriminación por discapacidad con arreglo a la doctrina del TJUE, y en particular, con la sentencia que se invoca de contraste del citado Tribunal de 1 diciembre 2016, Daouidi, C-395/17. La sentencia comentada aplica la doctrina flexibilizadora de la Sala para examinar la contradicción cuando se invocan sentencias del art. 219.2 LRJS, y llega a la conclusión de que la discriminación alegada no concurre al no haber sido acreditada la condición de discapacitado del trabajador demandante, pues solo se conoce la existencia de dos periodos de incapacidad temporal en los que incurrió en los tres meses anteriores al despido, sin que consten las circunstancias o causas de las bajas, por lo que se hace extremamente difícil deducir de ello que nos encontremos ante una situación de discapacidad duradera con arreglo a la definición de discapacidad establecida por la Directiva 2000/78, interpretada a la luz de la Convención de Naciones Unidas sobre personas con discapacidad, que aplica la STJUE Daouidi, de modo que al no apreciar la discriminación, es claro que la sentencia recurrida aplicó la doctrina correcta.
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Social
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: MARIA LUZ GARCIA PAREDES
  • Nº Recurso: 435/2018
  • Fecha: 22/05/2020
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: En el marco de una contratación temporal llevada cabo por un Ayuntamiento que se celebra "para la realización de una obra o servicio incluida en la subvención concedida por la Consejería de Empleo de la Comunidad de Madrid, en el Programa de inserción laboral para personas desempleadas de larga duración que hayan agotado las prestaciones por desempleo, orden (10859/2013) 13549/2014, de 31 de julio", contrato financiado con cargo a los fondos recibidos del SPEE, se dirime la cuestión relativa a las retribuciones que debieron abonarse al trabajador demandante, y por ende, el derecho a percibir las diferencias salariales interesadas. El TS recuerda que dicha problemática fue abordada por TS 6-5-19, Rec 608/18 y 445/17, y declara que se debe aplicar el Convenio del Ayuntamiento de Aranjuez, y no las retribuciones fijadas en contrato. No en vano la subvención es sólo una ayuda económica para el mantenimiento de una actividad y el fomento de empleo, pero no puede amparar el incumplimiento de la normativa laboral en materia de retribuciones, sin que exista razón fáctica alguna que permita entender que la relación laboral del demandante con el Ayuntamiento esté fuera del ámbito personal del Convenio Colectivo de la Corporación Local cuando no hay rastro alguno de que exista un Convenio entre ella y el SPEE, sin que como tal se pueda tener la Orden 7210/2013. Se condena al Ayuntamiento a abonar las diferencias salariales.
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Social
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: CONCEPCION ROSARIO URESTE GARCIA
  • Nº Recurso: 4518/2017
  • Fecha: 22/05/2020
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: Reitera su jurisprudencia anterior la sentencia en relación a la forma de determinación del periodo a tomar en cuenta para fijar las ausencias laborales computables requeridas en el despido por causas objetivas por faltas de asistencia al trabajo aun justificadas del art. 52 d) ET. Falla en el sentido de que el dies ad quem para el computo del plazo de 12 meses será la fecha del despido que es la que determina la normativa de aplicación, y cumpliéndose en dicho periodo las ausencias que exige el precepto, procede incoar éste y declarar la procedencia del despido. En el supuesto, en el periodo de 12 meses computados siguiendo la regla anterior, las ausencias alcanzaban el 5% de jornada hábiles, e incluso el 20% en dos meses consecutivos. Sigue argumentando la Sala sobre lo dispuesto en el RD-Ley 4/2020 de 18 de febrero por el que se deroga el art. 52 d) ET, señalando que entró en vigor el 19-02-2020, habiéndose declarado por STC 16-10-2019 la constitucionalidad de dicho precepto por no suponer discriminación por razón de discapacidad en aplicación de jurisprudencia comunitaria, por lo que no acreditándose que las dolencias por las que el trabajador inició los procesos de IT que derivaron en su despido son discapacitantes, casa y anula la sentencia de suplicación para, desestimando la demanda, declarar la procedencia del despido.
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Social
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: JESUS GULLON RODRIGUEZ
  • Nº Recurso: 2667/2017
  • Fecha: 21/05/2020
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: Se planeta si resulta procedente el recurso de suplicación frente a la sentencia de instancia, a pesar de que la cuantía es inferior a los 3000 euros que previene el art. 191.2 g) LRJS, por apreciarse afectación general en la materia que sobre la determinación de la base reguladora de la prestación por desempleo se plantea por el demandante y recurrente. La Sala del TSJ apreció la falta de cuantía para acceder a la suplicación de conformidad con lo previsto en el art. 191.2 g) LRJS y confirmó íntegramente la sentencia de instancia. La sentencia de contraste resulta totalmente inidónea puesto que fue casada y anulada por la Sala Cuarta. Sin embargo el problema jurídico que se ha de resolver se refiere finalmente a la competencia funcional de la Sala del Tribunal Supremo y no se encuentra condicionado por el presupuesto de la contradicción por afectar al orden público procesal. La sentencia recurrida no se ajustó a la doctrina de la sala, lo que no impide que deba aplicarse ahora la nueva orientación de acceso al recurso en estos supuestos de contenido similar, como el presente, en el que la reclamación del actor es semejante, relativa a las diferencias de la base reguladora de la prestación por desempleo contributivo, aplicando el art. 211.1 LGSS, en relación con el cómputo de los 180 días anteriores al hecho causante para el cálculo de dicha base, siendo la diferencia muy inferior a los 3000 euros, pero de evidente interés y afectación general.
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Social
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: ROSA MARIA VIROLES PIÑOL
  • Nº Recurso: 1808/2017
  • Fecha: 21/05/2020
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: La cuestión suscitada se centra en decidir si la declaración de incapacidad permanente total (IPT) para la profesión habitual impide que la actora pueda ser recolocada en puesto de trabajo distinto y compatible con su aptitud, en aplicación del art. 77 del Convenio colectivo para el personal laboral de la Diputación de Sevilla, que prevé que el derecho personal laboral declarado con capacidad disminuida a ocupar otro puesto de trabajo de categoría similar o inferior, adecuado a sus limitaciones, siempre que existan vacantes, manteniéndose las retribuciones consolidadas anteriormente. La sentencia comentada le reconoce el derecho, en contra de lo resuelto por la sentencia impugnada, porque el cambio de funciones de ordenanza o portería ya lo había solicitado la actora durante el expediente y le había sido concedido por sentencia firme, y porque el reconocimiento de la IPT para la profesión habitual a la demandante determina la aplicación del citado precepto convencional, al tener una capacidad disminuida que le impide realizar todas o las fundamentales tareas de su profesión habitual, de acuerdo con la doctrina de la Sala que aplica.

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