• Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Social
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: ANGEL ANTONIO BLASCO PELLICER
  • Nº Recurso: 3119/2017
  • Fecha: 23/06/2020
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: La sentencia aborda el despido objetivo de una trabajadora contratada al amparo del RD 1368/1985, por el que se regula la relación laboral de carácter especial de los minusválidos que trabajan en los Centros Especiales de Empleo, y en la que se ha debido dilucidar, en primer lugar, la exigencia contenida en el art. 16.2.c) del RD, relativa a si resulta necesario el informe del equipo multiprofesional para despedir objetivamente y hacerlo constar en la carta de despido, a lo que se da una respuesta negativa. Se funda esta decisión en el hecho de que no especifica el precepto que en la carta deba constar el informe del equipo interprofesional o, al menos, una referencia al mismo y sus conclusiones, no obstante, en el caso, la empresa se dirigió a la Junta de Andalucía y al EVI, sin que el mismo se realizara por ningún organismo, procediendo a despedir a la trabajadora mediante carta en la que se hacía expresa indicación de que el despido novaba el anterior que había sido declarado improcedente por no haber solicitado con anterioridad el referido informe. En segundo lugar se dirime si tras un despido objetivo por defecto de forma y posterior readmisión de la trabajadora, ésta puede ser despedida nuevamente, subsanados los defectos formales, por las mismas causas alegadas en el primer despido, a lo que se da una respuesta positiva, pues aun no siendo aplicable el art. 110.4 LRJS, es posible su reiteración de persistir las causas. Se declara la procedencia del despido.
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Social
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: ANTONIO VICENTE SEMPERE NAVARRO
  • Nº Recurso: 233/2018
  • Fecha: 23/06/2020
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: La Sala IV casa y anula la sentencia recurrida, y desestima la demanda planteada en la que la trabajadora impugnaba el despido objetivo por absentismo, bajo la vigencia del derogado art 52.d) ET. Se suscita el modo en que ha de contabilizarse al absentismo y la determinación del periodo de referencia. Se reitera doctrina que establece que el porcentaje (25%) de ausencias que legitima el despido ha de concurrir en el conjunto de los cuatro meses discontinuos examinados, siendo indiferente que en alguno de ellos no se alcance, de forma que el índice de absentismo se mide en cómputo global, siempre que las faltas sean intermitentes. Además, el parámetro “meses” que recoge el art. 52.d) ET para el cómputo del absentismo debe computarse de fecha a fecha, no por meses naturales, extremo que se justifica a la vista de la finalidad, luchas contra el absentismo, de la norma. Sobre el cómputo de fecha a fecha, el día a partir del cual debe computarse hacia atrás el plazo de doce meses en que se ha de producir el 5% de absentismo es el del despido, que es la fecha que determina en todo caso la normativa de aplicación al mismo. En todo caso, el resultado del cómputo del 25% de faltas de asistencia justificadas pero intermitentes por enfermedad en cuatro meses discontinuos dentro de un periodo de 12 meses no puede aplicarse sobre un periodo de tiempo inferior al legalmente establecido
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Social
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: MARIA LUISA SEGOVIANO ASTABURUAGA
  • Nº Recurso: 1670/2018
  • Fecha: 18/06/2020
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: La cuestión que se plantea consiste en decidir si al beneficiario de la Renta Activa de Reinserción (RAI), que no acude a renovar la demanda de empleo en la fecha indicada, pero comparece varios días después, se le ha de sancionar con exclusión del Programa de Renta Activa, en aplicación del RD 1369/2006, o con pérdida de la prestación durante un mes, en aplicación del artículo 24.3 de la LISOS, normativa aplicable en virtud de la remisión efectuada por el artículo 232 de la LGSS. La Sala IV con remisión a sentencias previas, sostiene que dado que la recurrente no acudió a renovar la demanda de empleo el día que figuraba en su documento de renovación, ni acredito la concurrencia de una causa que justificara su incomparecencia, resulta de aplicación la Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social, en virtud de lo dispuesto en el artículo 232 de la LGSS -actual artículo 302-. Por ello, la actora ha incurrido en una infracción leve, a tenor de lo establecido en el artículo 24.3 de la LISOS, siendo la sanción que le corresponde, a tenor del artículo 47.1ª) de dicha norma la pérdida de la pensión o la prestación durante un mes.
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Social
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: ANTONIO VICENTE SEMPERE NAVARRO
  • Nº Recurso: 494/2018
  • Fecha: 18/06/2020
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: El demandante fue sancionado por el SPEE como consecuencia de haber infringido el deber de comunicar las causas de suspensión o extinción de las prestaciones. Se trata de un ciudadano argelino que se ausenta de España por tiempo desconocido, sin comunicar la salida ni atender al requerimiento (primero administrativo, luego judicial) para que acredite su fecha. Se trata de hechos posteriores al RDL 11/13. La Sala IV confirma la desestimación de la demanda en la que se solicitaba la revocación de la resolución del SPEE, por la que se acuerda la extinción del subsidio del que era perceptor el demandante con efectos del 12/09/2013 y la reclamación de cantidades indebidamente percibidas y reconocimiento del derecho del demandante a percibir el subsidio de desempleo en la cuantía y condiciones en que lo venía percibiendo. Argumenta que el trabajador no ha aportado la documentación requerida por el Juzgado a instancia del SPEE y ello “tiene unas consecuencias legales” específicas y diversas a las de “igual ausencia producida en el curso del expediente administrativo”. Corresponde al trabajador comunicar la salida al extranjero y acreditar el tiempo de permanencia fuera de España, lo que no ha sucedido. Los artículos 47.1.b y 3 en conexión con el art. 25.3 LISOS abocan a la confirmación de lo acordado por el SPEE.
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Social
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: CONCEPCION ROSARIO URESTE GARCIA
  • Nº Recurso: 3302/2017
  • Fecha: 18/06/2020
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: Se aborda en la sentencia comentada el tema de las consecuencias legales de la incomparecencia injustificada de un beneficiario del subsidio por incapacidad temporal al reconocimiento médico acordado por la Mutua demandada. Tras haber acudido a reconocimientos médicos los días 24 y 25 de julio de 2015, la actora fue citada por la mutua para reconocimiento médico el 6/8/15 mediante burofax remitido el 30/7/15. Dicho burofax no pudo ser entregado por el servicio de correos, dejando aviso en el domicilio. La actora recogió burofax el 17/8/15 en el que la mutua le comunica la extinción del derecho a la prestación de IT por no haber acudido al reconocimiento médico. El 31/8/15 la mutua remitió burofax a la actora requiriéndola para que justificara su inasistencia el reconocimiento médico. Dicho burofax tampoco pudo ser entregado. La sentencia desestima el recurso de la mutua interpuesto contra la sentencia de suplicación que consideró justificada la incomparecencia por no apreciar negligencia en la conducta de la trabajadora. La sentencia aplica la doctrina de la Sala establecida en aplicación del art. 131 bis.1 LGSS y concluye señalando que la mutua, tras el intento infructuoso de notificación de la citación a reconocimiento médico, debió practicar la notificación mediante publicación de anuncio en un periódico oficial o tablón de ayuntamiento conforme dispone el artículo 59 Ley 30/1992.
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Social
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: CONCEPCION ROSARIO URESTE GARCIA
  • Nº Recurso: 148/2018
  • Fecha: 18/06/2020
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: La sentencia anotada confirma el fallo de instancias anteriores que declaran el derecho del demandante a la pensión de jubilación solicitada, en porcentaje del 100% sobre la base reguladora establecida. El debate se centra en determinar si, a efectos de la pensión de jubilación en el Régimen Especial de Trabajadores del Mar, para la aplicación de los coeficientes reductores, debe tomarse en cuenta todo el tiempo en que el actor estuvo prestando servicios para la Empresa "Ceferino Nogueira, S.A." (desde el 5.03.1980), con períodos en los que estuvo afiliado al Régimen General, o solo desde la fecha de la sentencia judicial que determinó su inclusión en el RETM. La Sala IV traslada al presente supuesto, por razones de seguridad jurídica, la solución alcanzada en STS de 4.11.2014, rcud 3326/2013, viene a resolver análoga pretensión de otro trabajador de la misma empresa de estiba y desestiba que igualmente lo había encuadrado en el Régimen General. Reconoce el derecho a la pensión de jubilación del RETM computando el encuadramiento desde el ingreso en la empresa que le mantuvo incorrectamente encuadrado. Concluye confirmando el derecho del actor a percibir el 100% de su pensión de jubilación, con base en que debía reconocerse los COE desde el inicio de la relación laboral con la empresa -parámetro no impugnado en cuando a su concreta y matemática traducción-, con independencia de que hubiera estado dado de alta (incorrectamente) en el Régimen General.
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Social
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: MARIA LUISA SEGOVIANO ASTABURUAGA
  • Nº Recurso: 4259/2017
  • Fecha: 18/06/2020
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: En el supuesto analizado la actora percibía pensión de jubilación desde 2013. El INSS le reconoció incapacidad permanente absoluta en 2016 en base a una patología neoplásica considerando que las lesiones de carácter visual son anteriores a su afiliación a la Seguridad Social. La sentencia de instancia estimó la demanda y declaró a la actora en situación de gran invalidez al entender que las nuevas patologías le impedían realizar los actos esenciales de la vida cotidiana, sin la ayuda de una tercera persona, al sufrir parestesias e hipoestesias en manos y pies, que dificultaban la marcha e impedían poder leer en braille. Se plantea en este recurso de casación para unificación de doctrina si cabe reconocer la situación de gran invalidez a una trabajadora que es ciega con anterioridad a su afiliación a la Seguridad Social, ha trabajado en un banco como telefonista durante más de 30 años y le aparecen nuevas dolencias que originan que necesite la ayuda de tercera persona para algunos de los actos más esenciales de la vida. La Sala declara que no existe contradicción al no concurrir las identidades exigidas por el artículo 219 de la LRJS respecto de la sentencia de contraste, en la que la actora, vendedora del cupón de la ONCE ya necesitaba la ayuda de una tercera persona con anterioridad a la afiliación a la Seguridad Social.
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Social
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: MARIA LOURDES ARASTEY SAHUN
  • Nº Recurso: 117/2019
  • Fecha: 16/06/2020
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: La Sala IV declara la irrecurribilidad de la sentencia recurrida, del TSJ, que desestimó la demanda de impugnación de la resolución administrativa de la Dirección General del SEPE -confirmada en alzada- por la que se reclamaba a dicha parte el ingreso de 53.061,62 €, en concepto de aportación económica por las prestaciones de desempleo (correspondientes al 2015) generadas por el despido colectivo (BARCLAYS/CAIXABANK). Los arts. 7 b) y 8.2 LRJS atribuyen a las Salas de lo Social de los Tribunales Superiores de Justicia y a la de la Audiencia Nacional la competencia para conocer en instancia de procesos de impugnación de los actos administrativos atribuidos al orden jurisdiccional social de las letras n) y s) del art. 2 LRJS, según sea el rango del órgano de la Administración del que dimanan. Estas sentencias pueden ser impugnadas ante la Sala IV mediante el recurso de casación. Ahora bien, la regla general de recurribilidad de las sentencias de instancia de los órganos colegiados posee una excepción que afecta, precisamente, a los procesos de impugnación de actos administrativos. Señala el art. 206.1 LRJS que se exceptúan del recurso de casación tales procesos cuando, siendo susceptibles de valoración económica, su cuantía litigiosa no excede de 150.000 €. En el presente caso, la cuantía litigiosa es de 53.061,62 €. Por ello se estima la no recurribilidad de la sentencia y la firmeza de la misma por ser la reclamación inferior a 150.000 €.
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Social
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: JESUS GULLON RODRIGUEZ
  • Nº Recurso: 4599/2018
  • Fecha: 12/06/2020
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: La sentencia no entra a conocer de la cuestión relativa a si procede calificar como despido la conducta empresarial que ante el agotamiento de la situación de incapacidad temporal se limita a dar de baja en la Seguridad Social a la trabajadora, entendiendo suspendido el contrato porque la resolución del INSS en que se declaraba la incapacidad permanente total lo era con revisión únicamente por previsible mejoría antes de dos años, conforme al art. 48.2 ET, por no apreciar la existencia de contradicción con la sentencia invocada de contraste, ya que en la sentencia recurrida la declaración de incapacidad permanente total se hizo únicamente desde la previsión de mejoría que permitiese la reincorporación de la trabajadora al puesto de trabajo antes de dos años, de conformidad con lo previsto en el art. 7 RD 1300/1995, mientras que en la sentencia de contraste la declaración se llevó a cabo en los términos genéricos establecidos en el art. 6 de dicho RD en relación con el art. 143 LGSS, con la relevante diferencia que la única situación en la que se produce la suspensión del contrato prevista en el art. 48.2 ET, es la que contempló la sentencia recurrida y no la de contraste. Añade la Sala que la solución es acorde a lo dispuesto en la STS (Pleno), 28-01-2013 (Rec. 149/2012)
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Social
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: SEBASTIAN MORALO GALLEGO
  • Nº Recurso: 1893/2017
  • Fecha: 10/06/2020
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: Ante la cuestión de si la trabajadora tiene derecho a percibir 49,50 euros por un exceso de jornada de 3.05 horas en la anualidad de 2015, pretensión que fue desestimada en instancia, sentencia que entendió procedía recurso de suplicación por existir afectación general, y que fue revocada en suplicación para condenar a la empresa a la suma de 49,50 euros más el 10% del interés legal por mora, la Sala IV anula la sentencia de suplicación apreciando de oficio incompetencia funcional, cuestión que es apreciable de oficio por la Sala. Argumenta la Sala que la sentencia no era recurrible en suplicación por razón de la cuantía, sin que tampoco pueda apreciarse la existencia de afectación general, ya que la mera conformidad de las partes sobre su existencia no permite apreciarla cuando no se cumplen las exigencias jurisprudenciales de elevada litigiosidad y notoriedad de la cuestión. Añade que aunque existe un número muy elevado de potenciales afectados, no implica, en sí misma, afectación general

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