• Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Social
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: SEBASTIAN MORALO GALLEGO
  • Nº Recurso: 665/2018
  • Fecha: 25/06/2020
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: En el caso de la sentencia comentada, se trata de resolver si la empresa está obligada a acceder a la solicitud de jubilación parcial cursada por el trabajador, en razón de lo dispuesto en esta materia en el convenio colectivo de aplicación. La sentencia impugnada había desestimado dicha pretensión, porque el citado convenio establecía únicamente la posibilidad de que las parten llegaran a un acuerdo al efecto. Sin embargo, la regulación convencional de la sentencia de contraste imponía a la empresa la obligación de acceder a la solicitud del trabajador y cumplimentar las formalidades necesarias para que pudiera jubilarse parcialmente. Se desestima el recurso de casación para la unificación de doctrina por falta de contradicción del art. 219 LRJS, porque la redacción del convenio colectivo es absolutamente determinante a la hora de analizar los términos de acceso a la jubilación parcial.
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Social
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: ROSA MARIA VIROLES PIÑOL
  • Nº Recurso: 1450/2018
  • Fecha: 25/06/2020
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: Por el SPEE se recurre la sentencia que reconoce a la demandante el derecho a incorporarse al programa de Renta Activa Inserción (RAI), así como a percibir la ayuda económica correspondiente con efectos de 20-10-15. La actora convive, además con su hijo menor de edad, quien carece de rentas, con el padre del niño quien recibió en octubre de 2015 ingresos por 2.035,95 €. Ante el TS se trata de determinar si para acceder a la RAI deben incluirse en el cómputo de rentas de la unidad familiar las de la pareja del solicitante. La Sala IV remite a la respuesta dada la cuestión entre otras, en la TS de 17-10-2018 (R. 3600/16), en la que consideró que los ingresos de la pareja de hecho del solicitante de un subsidio por desempleo no podían ser incluidos a efectos de terminar las rentas de la unidad familiar; y tal conclusión se obtuvo, primero, de la literalidad de la norma (en este caso el art. 2.1.d) RD 1369/06); por la interpretación teleológica de la norma; también atendiendo a los antecedentes históricos y legislativos del sistema de la Seguridad Social; y entendiendo que en relación con la pareja de hecho no se puede acudir a la analogía con otros supuestos; y sin que pueda ser compartida la doctrina de la sentencia de contraste, que alude al concepto de persona "a cargo". En definitiva, no es posible integrar en la unidad familiar a quien no tiene la condición de cónyuge, aunque mantenga una relación como pareja de hecho, lo que supone la desestimación del recurso del SPEE.
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Social
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: SEBASTIAN MORALO GALLEGO
  • Nº Recurso: 557/2018
  • Fecha: 24/06/2020
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: Se trata de determinar en el caso examinado si estamos ante la solicitud inicial de una prestación (complemento para mínimos) o ante un supuesto de revisión de una prestación ya reconocida que pudiere traer causa de la rectificación de un error material, de hecho o aritmético, con la consecuencia en este último caso de que los efectos económicos derivados de la revisión se extiendan hasta el límite de los cinco años de la prescripción del derecho al reconocimiento de las prestaciones, de acuerdo con el párrafo segundo del art. 53.1 LGSS/15. La sentencia estima el recurso al considerar que se trata de una rectificación de error material de la entidad gestora, porque no está en juego ninguna discusión, valoración o incertidumbre jurídica sobre las circunstancias concurrentes para el reconocimiento inicial del complemento por mínimos, sobre el que ya obran en el expediente administrativo todos los datos que estaba obligado a facilitar el interesado conforme a lo exigido en el impreso de la solicitud de la pensión de jubilación debidamente cumplimentado, y porque es indudable que el citado complemento debe reconocerse en el momento inicial y junto con la propia prestación, cuando concurren los requisitos para ello en la fecha en la que se presenta la solicitud de la pensión. Por tanto, se estima el recurso y se aplica de forma retroactiva el plazo de prescripción de cinco años.
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Social
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: SEBASTIAN MORALO GALLEGO
  • Nº Recurso: 716/2018
  • Fecha: 24/06/2020
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: La Sala 4ª casa y anula la sentencia de suplicación y deniega el derecho a la pensión de viudedad a quien contrajo matrimonio por el rito gitano, por entender: Que la cuestión relativa al acceso a la pensión de viudedad en supuestos en que no existe matrimonio exige acreditación de la existencia de pareja de hecho y convivencia, lo que ha sido validado por el Tribunal Constitucional. Que la STEDH 08-12-2009, asunto Muñoz Díaz, contempla un supuesto previo a la Ley 40/2007, reconociéndose la pensión teniendo en cuenta que existía buena fe en la creencia de que el matrimonio gitano producía plenos efectos, pero en ningún caso dicha sentencia otorgó validez al matrimonio gitano, ni extendió el principio de igualdad a la discriminación por indiferenciación, sin que la pertenencia a una minoría étnica repercutiera en la aplicación o interpretación de la normativa. Que el supuesto es distinto al de dicha STEDH, en la que nada se dice sobre las parejas de hecho, porque en aquel periodo temporal no estaba aún contemplada para el acceso a la pensión de viudedad. Que el principio de igualdad que proclama el art. 14 CE no alcanza a la llamada "discriminación por indiferenciación", al no consagrar un derecho subjetivo al trato normativo desigual y que la pertenencia a una "minoría étnica" no repercute en la aplicación o en la interpretación de la normativa examinada, sino tan sólo en la configuración de la buena fe.
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Social
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: RICARDO BODAS MARTIN
  • Nº Recurso: 1106/2018
  • Fecha: 24/06/2020
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: La cuestión a resolver consiste en determinar si existe o no responsabilidad de los empleadores en el pago de las diferencias de la base reguladora de la pensión de jubilación reconocida al actor por infracotización en supuesto de pluriempleo, porque no se comunicó a los empleadores el cese de esa situación y estos continuaran cotizando por una cantidad inferior a la legalmente exigible. La sentencia no aprecia la contradicción del art. 219 LRJS porque las pretensiones deducidas en cada caso son distintas, ya que en la sentencia recurrida el SERMAS reclamó su absolución porque ni el trabajador, ni la Entidad Gestora, ni el propio INSALUD le advirtieron, al producirse el traspaso, de que el demandante había perdido su condición de pluriempleado con anterioridad al mismo, lo que motivó que dicha entidad continuara cotizando del mismo modo, por una cantidad inferior a la legalmente exigible, sin que concurriera fraude u ocultación por su parte; sin embargo en la sentencia de contraste, la Gerencia Territorial de Salud, que había sido condenada a responsabilizase de la totalidad de la infracotización producida antes y después del traspaso, reclamaba que se responsabilizara a INGESA de la infracotización previa al traspaso, sin reclamar su absolución aunque tampoco fuera avisada de la pérdida por el trabajador de la condición de pluriempleo, siendo esa la razón por la que la sentencia referencial no hace pronunciamiento alguno al respecto.
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Social
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: CONCEPCION ROSARIO URESTE GARCIA
  • Nº Recurso: 1411/2018
  • Fecha: 24/06/2020
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: En la demanda rectora de las actuaciones se reclama el reconocimiento de prestación de gran invalidez por ceguera, tras haberse accedido a la jubilación anticipada por aplicación de coeficientes reductores de la edad para personas con discapacidad. La sentencia recurrida, con revocación de la de instancia, desestimó tal pretensión. La Sala IV, tras apreciar que concurre el requisito de la contradicción entre sentencias, desestima el recurso de la actora en el que alega que en el momento de reclamar un grado mayor de incapacidad no había alcanzado la edad ordinaria de jubilación. La sentencia razona que, de acuerdo con la normativa aplicable y siguiendo el criterio sentado en otras resoluciones deliberadas en la misma fecha, la jubilación anticipada por aplicación de los coeficientes reductores de personas discapacitadas se produce a una edad reducida, pero también de naturaleza ordinaria, aunque modalizada en razón circunstancias de acceso a la jubilación desde un grado de minusvalía. Por ello, no procede el reconocimiento del grado de incapacidad reclamada, al encontrarse la actora jubilada anticipadamente. Sin que resulte de aplicación el criterio sentado en las SSTS de 22/3/06 (r. 5069/04) y de 13/6/07 (r. 2282/06)- porque la misma se dictó al amparo de dispar normativa. En el voto particular, se estima aplicable dicha doctrina anterior, en la que se indica que es posible el reconocimiento de la IP aun cuando el solicitante sea pensionista de jubilación anticipada.
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Social
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: ANGEL ANTONIO BLASCO PELLICER
  • Nº Recurso: 2027/2017
  • Fecha: 24/06/2020
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: La sentencia del TSJ de Madrid estima la demanda formulada por actora y declara la nulidad del despido. La actora prestaba servicios para la empresa desde 2011 con categoría de oficial 1º administrativo y funciones de gerente de proyectos. Fue dada de baja por incapacidad temporal el 2-06-2014 con diagnóstico de fiebre y otros trastornos fisiológicos de origen desconocido, hasta el 20-11-2015, en que se le dio el alta médica. Los días 24 y 25-11-2015 no acudió al trabajo por razones de salud. Tomó vacaciones del 27-11 al 14-12-2015. El 15-12-2015 fue despedida mediante carta que contenía unos hechos que nunca se probaron y ni siquiera se intentó su prueba. El 26-02-2016 se le reconoció una discapacidad del 48% con efectos de 10-06-2015. Se cuestiona en casación unificadora la calificación como nulo o improcedente del despido. Se trata de decidir si el despido ha sido discriminatorio o no. Se aporta como sentencia de contraste la STC 26-05-2008 (R. 3912/2005). La Sala IV, a pesar de aplicar criterios de flexibilidad en la apreciación de la concurrencia de contradicción al tratarse de una sentencia del TC entiende que no se dan las circunstancias suficientes para que pueda entenderse cumplido el requisito de la contradicción, en la medida que, en las sentencias comparadas, concurren varios elementos, como el reconocimiento de la incapacidad o la existencia de causa en el despido, que impiden la contradicción, lo que conlleva la desestimación del recurso.
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Social
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: ROSA MARIA VIROLES PIÑOL
  • Nº Recurso: 281/2018
  • Fecha: 23/06/2020
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: Para reconocer el subsidio por desempleo por cargas familiares, para el cálculo de los ingresos de la unidad familiar no han de tomarse en consideración las rentas de la pareja de hecho de la actora. Sigue la sentencia la reiterada jurisprudencia de la Sala en que se concluyó que, de una interpretación literal de lo dispuesto en el art. 215.2 LGSS, se alcanzó la conclusión de que los términos del precepto eran claros, ya que enumera de forma exhaustiva aquellas personas cuyo parentesco con el beneficiario supone que constituyen responsabilidades familiares. Añade que a idéntica conclusión se llega con una interpretación teleológica del precepto, ya que la protección se otorga al desempleado, no a la familia, e incluso a dicha conclusión abonan los antecedentes históricos y legislativos, sin que puedan considerarse equiparables las parejas de hecho a los cónyuges.
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Social
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: MARIA LOURDES ARASTEY SAHUN
  • Nº Recurso: 1069/2018
  • Fecha: 23/06/2020
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: La cuestión planteada se centra en decidir si el cálculo de la base reguladora por IPA debe incluir las cotizaciones posteriores a la extinción del contrato, cuando esta última circunstancia se produce en el transcurso de una baja por IT. La sentencia comentada abandona la doctrina anterior y estima el recurso del beneficiario, razonando que la nueva redacción de la LGSS/94 dada por la Ley 40/2007, de 4 diciembre, de medidas en materia de Seguridad Social (que entró en vigor el 1 de enero de 2008 y que reproduce literalmente la LGSS/15), introdujo un importante matiz al régimen de concatenación de IT/desempleo, al señalar que la asunción de cotizaciones por parte de la entidad gestora del desempleo se produce incluso cuando el beneficiario no llegue a solicitar la prestación de desempleo, por pasar -entre otros supuestos- a la situación de incapacidad permanente sin solución de continuidad. Dicho cambio legislativo determina que ya no sea aplicable la doctrina anterior de la Sala, con arreglo a la cual dicha prestación de incapacidad temporal se abonaba por la entidad gestora en régimen de pago directo, sin la obligación de cotizar a cargo de la misma (Ley 24/2001).
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Social
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: ROSA MARIA VIROLES PIÑOL
  • Nº Recurso: 3928/2017
  • Fecha: 23/06/2020
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: La Sala IV confirma la desestimación de la demanda formulada por el trabajador contra Mutua MC Mutual, el INSS, la TGSS y Uralita S.A. sobre declaración de mayor base reguladora considerando ajustado a derecho el cálculo realizado por el INSS. Siguiendo el criterio de asuntos precedentes, no se entra a conocer del fondo del asunto por falta de contradicción entre las sentencias comparadas, dado que el debate jurídico gira en torno a cuestiones distintas. Así, aunque la controversia se suscita sobre la base reguladora de la prestación y se funda en la discrepancia de los trabajadores afectados con el convenio colectivo aplicado para indicar las retribuciones sobre las que calcular aquélla, lo cierto es que en la sentencia de contraste la solución de la discrepancia se encuentra en analizar la actividad a la que se había destinado el trabajador para concretar de este modo el ámbito de aplicación afectado y, en suma, discernir entre dos convenios colectivos distintos. Sin embargo, en la sentencia recurrida lo que se dilucida es si, a raíz del Acuerdo de 19 noviembre 2001 cabe entender que el cálculo de la indicada base reguladora se ha de llevar a cabo por un sistema de cómputo distinto. Para ello, hace un análisis del contenido y alcance de dicho Acuerdo para llegar a la conclusión de que no se está instaurando en él un salario del que quepa derivar después una base reguladora diferente, sino que exclusivamente se instaura una mejora de seguridad social.

Parece que no tiene configurado el plugin para ver el pdf embebido... puede descargar la resolución aquí.