Resumen: La sentencia de suplicación confirmó la de instancia que desestimó la demanda en la que se insta la incorporación al programa de renta activa de inserción -RAI-. La actora percibió prestación por desempleo entre julio de 1980 y enero de 1982 y reclama en 2015 al programa de RAI. La cuestión planteada en casación para unificación de doctrina consiste en determinar si la actora tiene derecho a cobrar la RAI cuando lo percibido precedentemente es una prestación de desempleo al amparo de normas anteriores a la LGSS de 1994. La sala IV declara la recurribilidad de la sentencia de instancia, pues se reclama el derecho a la percepción de la prestación y no las diferencias en la cuantía de la misma. A continuación, tras apreciar contradicción en la infracción procesal denunciada, estima el recurso formulado por la actora. Razona que las prestaciones extinguidas, pero reconocidas con base en leyes reguladoras del régimen de protección por desempleo, anteriores a su integración en un texto refundido de la Seguridad Social, son eficaces para tener por cumplido el requisito del previo agotamiento de la prestación. Y las prestaciones que deben entenderse excluidas por no idóneas para tener por cumplido el requisito de acceso al programa de RAI, referido a la extinción de prestaciones por desempleo, son las ajenas a la acción protectora de la contingencia de desempleo que contempla el sistema de Seguridad Social. Se estima el recurso de la actora, reconociendo su derecho a percibir la RAI
Resumen: La actora solicitó el 10/6/15 la prestación a favor de familiares a raíz del fallecimiento de su padre; prestación que le fue denegada por estar casada. La actora presentó demanda de separación el 9/4/14, dictándose sentencia de separación el 13/11/15 en la que se le atribuía el domicilio familiar y una pensión compensatoria. Además, la actora percibe pensión no contributiva. En suplicación le es reconocida a la actora la prestación reclamada. La Sala IV revoca dicha sentencia para denegar la prestación por entender, con remisión a anteriores resoluciones, que en el momento del hecho causante a situación de la actora era la de separada "de hecho", y tal situación no es equiparable a la "situación legal de separación" a la que el artículo 176.4 LGSS atribuye igualdad de efectos al divorcio. Rechaza la Sala el argumento de que la actora solicitó la separación antes del fallecimiento de su padre, por lo que no le es imputable el retraso en el dictado de la sentencia de separación, pues la doctrina jurisprudencial establece que sólo tienen la condición de divorciados quienes han obtenido la correspondiente sentencia, ya que pueden desistir de la demanda antes de recaer la resolución judicial.
Resumen: La cuestión que se suscita es la de determinar si el reconocimiento de un determinado grado de discapacidad con necesidad de concurso de otras persona, determina el reconocimiento de la IP, en este caso de gran invalidez. La sala de suplicación declaró a la demandante afecta de gran invalidez, por lo que la prestación de IPA que se le reconoció en vía administrativa, se debía incrementar con el complemento que corresponde a ese otro grado. Pero el TS no comparte tal parecer, y tras recordar que no hay expreso pronunciamiento sobre el tema y repasar la doctrina elaborada sobre el concepto de invalidez y sus grados, señala que de nuestro régimen jurídico o normativo no se desprende que el legislador haya querido vincular o equiparar el grado de la situación de dependencia o discapacidad con los grados de la situación de IP de forma que quienes se encuentren en un determinado nivel de discapacidad o dependencia deban ser considerados en situación de IP (total, absoluta o gran invalidez). Tanto la valoración de grados como los conceptos que los integran son diferentes y autónomos y no son ni tan siquiera alternativos. Y pese a la intención del legislador de aproximar las situaciones de discapacidad y dependencia, en lo relativo al concurso de tercera persona, tal intención no concurre con las prestaciones de IP del sistema de SS, que en orden a la valoración y determinación de los grados de incapacidad del art. 194 LGSS sigue sin tener desarrollo reglamentario.
Resumen: Por resolución del SPEE de abril de 2012 se reconoció al actor prestación por desempleo. El 25/11/14 el SPEE dicta resolución de percepción indebida de la prestación fundada en que el solicitante ocultó una relación laboral simulada. En suplicación se desestimó la demanda interpuesta en impugnación de la resolución del SPEE por la que se acuerda la extinción del subsidio. Recurre el actor en casación unificadora planteando que la revisión de oficio de la resolución en la que se concede la prestación debió realizarse en el plazo de 1 año desde su concesión. La Sala IV, tras apreciar la existencia de contradicción, concluye que de la interpretación tanto literal como sistemática del art. 146.1 de la LRJS en la redacción vigente al producirse los hechos enjuiciados, se desprende que el SPEE está facultado para revisar sus actos, sin necesidad de acudir a la vía judicial ni sujetarse al plazo de un año, cuando se basa tal revisión en la omisión de datos o aportación de datos inexactos por el solicitante. En consecuencia, se desestima el recurso.
Resumen: El recurso de casación para la unificación de la doctrina tiene por objeto la interpretación que deba darse al artículo 45 del Texto Refundido de la Ley sobre responsabilidad civil y seguro en la circulación de vehículos a motor, aprobado por el Real Decreto Legislativo 8/2004, de 29 de octubre; en redacción dada por la Ley 35/2015, de 22 de septiembre, de reforma del sistema para la valoración de los daños y perjuicios causados a las personas en accidentes de circulación. En concreto, cuando debe entenderse que se produce la fijación de la indemnización: en el momento en el que el trabajador reclama, aunque posteriormente fallezca; o, en el momento en que se dicta la sentencia. La Sala IV declara que no concurren las identidades exigidas por el art. 219 LRJS ya que las sentencias comparadas se apoyan en normativa diferente para la justificación de sus contenidos. La sentencia de contraste no pudo tener en cuenta, por razones cronológicas el precepto objeto de interpretación por la sentencia recurrida ya que el artículo 45 del Texto Refundido de la Ley sobre responsabilidad civil y seguro en la circulación de vehículos a motor , aprobado por el Real Decreto Legislativo 8/2004, de 29 de octubre, que aplica la recurrida fue añadido por el artículo único, punto siete de la Ley 35/2015, de 22 de septiembre, de reforma del sistema para la valoración de los daños y perjuicios causados a las personas en accidentes de circulación.
Resumen: Por sentencia de suplicación que confirmó la de instancia se reconoció al actor en situación de gran invalidez, si bien el INSS denegó inicialmente el reconocimiento en situación de incapacidad permanente por tener el actor la edad ordinaria de jubilación y reunir todos los requisitos para ella en la fecha del hecho causante. Puesto que el actor trabajó para la Once como agente vendedor, presentando ceguera, en la oposición realizada por la entidad gestora en el acto de juicio se aludió a que no se podía reconocer gran invalidez a quien había desarrollado toda su vida laboral con las mismas dolencias. La Sala 4ª confirma dicha sentencia, por entender que el recurso es defectuoso, ya que se construye sobre la posibilidad de alegar como motivos de oposición a la demanda hechos diferentes a los opuestos en la resolución administrativa, para después decir que los hechos cuya valoración pretende ya estaban en el expediente administrativo, pasando a reseñar que no procede el reconocimiento de la gran invalidez por no existir agravación de las dolencias con las que ingresó en la Once en 1990, cuando en el relato fáctico consta que ello aconteció en 1966, lo que además supondría una pretensión de valoración de hechos probados no posible en casación unificadora.
Resumen: La cuestión que se suscita es la de determinar si tiene derecho a percibir la prestación por desempleo un trabajador en situación de jubilación parcial anticipada. El trabajador, en situación de jubilación parcial, suscribió con la empresa contrato de trabajo a tiempo parcial con jornada de trabajo equivalente al 25% de la jornada completa. La empresa acumuló la jornada parcial y la concentró en un determinado periodo de temporal, abonando el salario todos los meses del año. El contrato de trabajo se suspendió durante 45 días, que no coincidió con los meses en los que el actor desarrollaba su actividad laboral como consecuencia de la acumulación de jornada, sin que la empresa abonara el salario correspondiente y el SPEE no abonó tampoco la prestación por desempleo. La sentencia recurrida reconoció el derecho a la prestación por desempleo. Sin embargo, tal parecer no es compartido por el TS. Se funda esta decisión en el hecho de que no concurre el requisito de la prestación por desempleo exigido por el art. 203.2 LGSS consistente el cese de la actividad del trabajador. No se ha producido una suspensión de su relación laboral porque la suspensión del contrato de trabajo exonera de las obligaciones recíprocas de trabajar y remunerar el trabajo. En definitiva, el trabajador ha desarrollado su actividad íntegra en los meses de junio a septiembre de 2014.
Resumen: La cuestión que se dilucida en el presente recurso de casación para la unificación de la doctrina consiste en determinar si la Mutua Patronal que ha constituido el capital coste por la incapacidad permanente total de un trabajador derivada de contingencias comunes y, luego, ha constituido el capital correspondiente al complemento del 20%, tiene derecho a la devolución total o parcial de este último complemento cuando al trabajador se le declara una incapacidad permanente absoluta por agravamiento. La sentencia desestima el recurso de casación para la unificación de doctrina de la Mutua demandante en aplicación de la doctrina reiterada de la Sala, según la cual no procede la devolución interesada al no ser un supuesto contemplado en el Reglamento General de Recaudación de la Seguridad Social.
Resumen: Se confirma la sentencia de suplicación que, confirmando la de instancia declaró el derecho del actor a compatibilizar las prestaciones de incapacidad permanente total para la profesión de conductor de transporte público de viajeros con la jubilación parcial obtenida por realizar trabajos para la misma empresa compatibilizando salarios por la nueva actividad con la pensión. La razón es que la sentencia que se invocó de contraste en el recurso de casación para la unificación de doctrina, fue casada y anulada por la STS 28-10-2014 (Rec. 1600/2013), lo que provoca que la doctrina de la sentencia de contraste haya sido expulsada, siendo dicha sentencia inidónea, ya que no sirven a efectos de acreditar la existencia de contradicción, las sentencias que hayan sido casadas y anulada por el Tribunal Supremo, al faltar uno de los términos de comparación, cual es sentencia firme con doctrina vigente.
Resumen: La cuestión discutida consiste en decidir a qué entidad corresponde la responsabilidad de una pensión de Incapacidad Permanente Total, si a quien tenía cubierto el riesgo cuando se produjo el primer accidente (1981), o a quien lo asume cuando acaece el segundo (2015). La sentencia señala que de acuerdo con la doctrina reiterada de la Sala que cita la parte recurrente como contradictoria, dicha responsabilidad es de la Mutua que cubría el riesgo cuando ocurrió el segundo siniestro que agravó la lesión causada por otro accidente anterior y lejano; pero como en el supuesto examinado queda probado que la segunda lesión no tuvo incidencia en las secuelas de la primera, no puede apreciarse la contradicción exigida en el art. 219 LRJS, lo que determina la desestimación del recurso.