• Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Social
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: JUAN MOLINS GARCIA-ATANCE
  • Nº Recurso: 4187/2017
  • Fecha: 03/03/2020
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: Se plantea la cuantía de la indemnización de daños y perjuicios derivados del mesiotelioma pleural asociado a la exposición a asbestos de un trabajador en contacto con amianto, que fue declarado afecto de IPA derivada de enfermedad profesional y que interpuso demanda reclamando dicha indemnización y falleció debido a su mesotelioma antes de que se dictara sentencia. El recurso unificador se articula en tres motivos 1) Incompatibilidad de la indemnización por IPA a favor de los herederos del trabajador cuando estos reclaman una indemnización por el fallecimiento de dicho empleado y la muerte sucedió apenas un año después. 2) Reducción de la indemnización derivada de la IPA y de las secuelas debido al corto espacio de tiempo transcurrido entre la declaración de incapacidad y el fallecimiento. 3) Reducción de la indemnización correspondiente a los daños morales por secuelas fijadas en la sentencia de instancia. La Sala IV no entra a conocer de ninguna de dichas materias, en particular porque la 1ª y la 3ª se trata de cuestiones nuevas no planteadas por la recurrente en su recurso de suplicación siendo que la identidad de la controversia se establece teniendo en cuenta los términos en que ésta ha sido planteada en suplicación. Y el 2º motivo por falta de fundamentación de la infracción denunciada dado que no existe una auténtica argumentación que permita deducir en qué y por qué la recurrente considera que los preceptos invocados han sido infringidos por la sentencia recurrida
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Social
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: CONCEPCION ROSARIO URESTE GARCIA
  • Nº Recurso: 115/2018
  • Fecha: 03/03/2020
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: La Sala IV confirma la sentencia recurrida, que desestima las excepciones opuestas por la demandada y estima la demanda de conflicto colectivo, sobre repercusión en la retribución de los periodos vacacionales devengados durante la situación de IT y abono de las diferencias generadas por su impago. La modalidad adecuada es la de conflicto y no la de impugnación de convenio puesto que la actora no ha peticionado la declaración de ilegalidad de preceptos convencionales, sino que, combate una decisión o práctica de empresa de carácter colectivo, proponiendo una determinada interpretación. Tras rechazar la modificación del relato, y en cuanto al fondo del asunto, se declara la repercusión del Plus de Operatividad y Actividad en el periodo de vacaciones dimanante de situación de IT, ratificando la interpretación efectuada, aplicando jurisprudencia y normativa comunitaria. En el Convenio de Transmediterránea (flota), no hay precepto específico que regule los conceptos que han de integrar la retribución de vacaciones, el complemento salarial en cuestión se abona tanto en periodos de embarque como otros de puesta a disposición, y, de la circunstancia de integrar la retribución normal. Por otra parte, se trata de una regulación de mínimos, susceptible de ser mejorada por las legislaciones de los Estados miembros y así mismo por vía convencional, y sobre la que se proyecta el principio de indemnidad retributiva, junto a los de equivalencia o semejanza salarial.
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Social
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: ANGEL ANTONIO BLASCO PELLICER
  • Nº Recurso: 3198/2017
  • Fecha: 26/02/2020
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: La cuestión que se suscita en la sentencia anotada consiste en la determinación de quien debe responder del pago de la cantidad prevista en la póliza de seguro, suscrita por mandato del convenio colectivo, en un supuesto en el que el trabajador asegurado fue declarado en IPT para la profesión habitual sujeta a revisión y, posteriormente fue declarado en IA, cuando la empresa le había dado de baja en la cobertura de la mencionada póliza a raíz de la primera declaración de IPT revisable. La sentencia recurrida confirmó la sentencia de instancia que estimó parcialmente la demanda del trabajador en la que reclamaba el pago del capital garantizado por la póliza de seguros, prevista en el Convenio Colectivo, como consecuencia de haber sido declarado en IP, condenando a su abono a la empresa. Interpuesto recurso de casación unificadora, el TS no entra en el fondo del asunto al no concurrir la necesaria contradicción. Así, las contingencias cubiertas por las respectivas pólizas no coinciden, en segundo lugar, el debate suscitado y los fundamentos de las pretensiones, así como de las respectivas decisiones son diferentes.
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Social
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: SEBASTIAN MORALO GALLEGO
  • Nº Recurso: 2964/2017
  • Fecha: 26/02/2020
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: La sentencia confirma la de suplicación que calificó como improcedente el despido del trabajador que se encuentra en situación de incapacidad temporal, y no entra a conocer de la cuestión relativa a si el mismo debe calificarse como improcedente o nulo, por cuanto el recurso de casación para la unificación de doctrina presentado adolece de defectos consistentes: 1) En falta de exposición de una relación precisa y circunstanciada de la contradicción ya que la parte recurrente se limita a transcribir la sentencia recurrida y la sentencia del Juzgado de lo Social que resolvió la cuestión prejudicial resuelta por la STJUE que se invoca de contraste; y 2) Falta de cita y fundamentación de la infracción legal, ya que no cita precepto de norma alguna que entienda ha sido vulnerado por la sentencia de suplicación, sin que la Sala pueda subsanar dicho defecto.
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Social
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: MARIA LOURDES ARASTEY SAHUN
  • Nº Recurso: 4150/2017
  • Fecha: 25/02/2020
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: Ante la cuestión de si la Norma 760-16 de Dragados y Construcciones establece una mejora voluntaria de la Seguridad Social (premio de jubilación), como un derecho de todo trabajador si cumple las circunstancias que allí se expresan o, por el contrario, no existe un derecho incondicionado sino que tiene que ser avalado por una propuesta del director previa autorización de la dirección de personal, la Sala 4ª TS, confirma la sentencia de suplicación que revocando la de instancia condena a la empresa a abonar al trabajador la cantidad que consta en el fallo más el interés legal del dinero en concepto de premio por jubilación, por cumplir las exigencia de pertenecer al personal obrero, tener más de 15 años de antigüedad y haberse jubilado, sin necesidad de solicitarlas el Director Regional o análogo. Argumenta la Sala 4ª que se citan un amplio listado de preceptos infringidos, pero no se justifican las razones por las que se entiende existe dicha infracción legal, construyéndose el recurso transcribiendo la norma 760-16 de Dragados y Construcciones, e intentando la empresa recurrente se lleve a cabo una interpretación de la misma distinta a la de la sentencia de suplicación, siendo así que conforme a reiterada jurisprudencia de la Sala no puede considerarse invocada infracción legal cuando se invocan pactos, acuerdos o decisiones empresariales, que es lo que aquí se hace, lo que supone un incumplimiento del art. 224 LRJS que obliga a desestimar el RCUD.
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Social
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: JUAN MOLINS GARCIA-ATANCE
  • Nº Recurso: 3826/2018
  • Fecha: 25/02/2020
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: Reclama el actor en el proceso de autos la concesión de la ayuda por jubilación. La cuestión controvertida en este pleito radica en dilucidar si el reconocimiento de la ayuda económica a la jubilación prevista en la norma 760-16 de Dragados y Construcciones SA requiere la propuesta del director regional y la autorización del director de personal o si constituye una mejora voluntaria de la Seguridad Social que debe abonarse a todos los trabajadores que reúnen los requisitos establecidos en dicha norma aun cuando no se haya formulado dicha propuesta. La Sala IV desestima el recurso por entender que no se cumple por la recurrente el requisito formal de fundamentar la infracción legal que se considera cometida por la sentencia impugnada, ya que a pesar de que se citan normas infringidas no se argumenta en qué medida dicha resolución vulnera lo en ellas dispuesto en ellas. Reitera doctrina STS de 16 de abril de 2013, recurso 2203/2011; 22 de abril de 2013, recurso 1048/2012; 9 de julio de 2013, recurso 2737/2011; 27 de noviembre de 2013, recurso 2317/2012; 26 de marzo de 2014, recurso 615/2013; y 4 de febrero de 2015, recurso 3207/2013.
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Social
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: ANTONIO VICENTE SEMPERE NAVARRO
  • Nº Recurso: 1114/2018
  • Fecha: 21/02/2020
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: Se suscita la calificación del cese del trabajador al cumplir 65 años, sosteniendo éste que la extinción en aplicación de la Disp. Ad. 4ª Ley 9/2010, de 14 de abril, por la que se regula la prestación de servicios de tránsito aéreo, se establecen las obligaciones de los proveedores civiles de dichos servicios y se fijan determinadas condiciones laborales para los controladores civiles de tránsito aéreo, constituye un despido nulo por discriminación en razón de la edad. Los tribunales han establecido que la igualdad es violada sólo si la desigualdad está desprovista de justificación objetiva y razonable, lo que debe analizarse llevando a cabo un examen de proporcionalidad entre medios y finalidad perseguida. Tal condicionante se da en este caso; la Ley 9/2010, guarda directa relación con las concretas circunstancias en las que desarrollan su trabajo los controladores aéreos y tiene como finalidad evitar consecuencias negativas derivadas de la incidencia sobre el interés general de factores como el alto nivel de estrés, la rotación de turnos y la extrema responsabilidad sobre las operaciones aéreas. No concurre contradicción con la STJUE 13-9-2011 (C- 447/2009), porque en este caso está en juego el examen de la norma legal cuya adecuación a la Directiva 2000/78 no está en entredicho y, por otra parte, se acomoda a lo que la sentencia del Tribunal de la Unión señala en lo que respecta a la seguridad aérea.
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Social
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: JESUS GULLON RODRIGUEZ
  • Nº Recurso: 3820/2017
  • Fecha: 19/02/2020
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: Se cuestiona si cabe interponer recurso de suplicación frente a la sentencia del Juzgado de lo Social, en la que se estimó en parte la demanda de la beneficiaria de una pensión de incapacidad permanente absoluta, estableciéndose una base reguladora de 827,79 euros mensuales, con efectos de 15/04/2016, con lo que se revocaba la resolución administrativa del INSS que había reconocido esa prestación sobre la base reguladora de 787,16 euros mensuales, lo que suponía una diferencia entre lo reclamado en su demanda -846,33 euros mensuales- y lo reconocido en la referida resolución administrativa de 59,17 euros mensuales. La Sala IV reitera doctrina, y estima que procede el recurso de suplicación porque en el caso concurre afectación general por notoriedad dada la transcendencia de la cuestión planteada y a los trabajadores que pueden considerarse afectados por la misma. La situación viene referida a una diferencia de la base reguladora de la prestación, a su vez determinada por la existencia de contratación a tiempo parcial y la afectación que ello produce sobre la integración de lagunas con bases mínimas parciales, aunque sea muy breve el periodo de tiempo de dicha contratación.
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Social
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: RICARDO BODAS MARTIN
  • Nº Recurso: 3766/2017
  • Fecha: 19/02/2020
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: La cuestión que se suscita en la sentencia anotada es la de determinar si procede computar el subsidio de mayores de 52 años para acreditar la carencia necesaria para el acceso a la pensión de jubilación del RGSS. La sentencia dictada en suplicación reconoce la pensión del demandante en el RGSS, al considerar que reúne el número mínimo de cotizaciones exigible computando a tal fin las cotizaciones acreditadas desde el 1-8-1991 al 29-8-2012 incluyendo las cotizaciones efectuadas en el período de percepción del subsidio de desempleo para mayores de 52 años. El Tribunal Supremo acoge el RCUD interpuesto por el INSS y desestima la demanda, al entender, a la luz de la DA 28ª de la LGSS, que no cabe llevar al cómputo del período de carencia lo cotizado durante la etapa de subsidio de desempleo para mayores de 52 años, sin perjuicio de su eficacia en el cálculo de la base reguladora y del porcentaje.
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Social
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: RICARDO BODAS MARTIN
  • Nº Recurso: 2927/2017
  • Fecha: 19/02/2020
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: La sentencia anotada reitera doctrina sobre el grado de discapacidad a determinar después de la entrada en vigor del RD Legislativo 1/2013, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social, en aquellos casos en los que el sujeto tiene reconocido el grado de incapacidad permanente total o absoluta. Según sostuvo la Sala el 33% de discapacidad no puede atribuirse de manera automática a estas personas "a todos los efectos", porque el art. 4.2 de dicha norma contiene una regulación ultra vires en relación con el mandato de desarrollo del Texto refundido que le otorgaba la Ley 26/2011, de 1 de agosto, toda vez que ésta mantenía en sus propios términos el derogado art. 1.2 de la Ley 51/2003, en el que se basaba la doctrina tradicional de la Sala en este tema, que por esa razón sigue vigente bajo la nueva norma, y según esta jurisprudencia ese 33% se atribuye exclusivamente a los propios efectos de la Ley 26/2011, no "a todos los efectos", de modo que para los demás efectos se requiere la aplicación del RD 1971/1999 a la hora de establecer el porcentaje correspondiente, aunque se tuviese reconocido uno de esos grados de incapacidad permanente total, absoluta o gran invalidez.

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