• Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Civil
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: PEDRO JOSE VELA TORRES
  • Nº Recurso: 3627/2017
  • Fecha: 24/06/2020
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: Honorarios de abogados. La doctrina de los actos propios impone un comportamiento futuro coherente a quien en un determinado momento ha observado una conducta que objetivamente debe generar en el otro una confianza en esa coherencia. Para que sea aplicable, debe existir contradicción entre la conducta anterior y la pretensión posterior, pero, también, que la primera sea objetivamente valorable como exponente de una actitud definitiva en determinada situación jurídica. El demandante contravino sus propios actos porque en el incidente de tasación de costas se aquietó con una determinada cuantía litigiosa, en función de la cual, precisamente, se habían calculado los honorarios respecto del cliente. Argumentalmente es correcto distinguir entre la obligación de pago de las costas (cuyo crédito frente al condenado a su abono corresponde al cliente y no al abogado) y la obligación del cliente de pagar los servicios de su abogado (relación de arrendamiento de servicios), pero la razón decisoria de la sentencia recurrida no reside en dicha distinción, sino en que el abogado aceptó una determinada cuantía litigiosa y un concreto importe de sus honorarios por su trabajo que posteriormente pretendió ignorar. Las normas colegiales pueden tener un carácter orientativo, a falta de pacto, para cuantificar el precio del arrendamiento de servicios, cuando se utilizan de manera conjunta con otros datos (complejidad del asunto, los motivos del recurso u otras circunstancias).
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Civil
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: EDUARDO BAENA RUIZ
  • Nº Recurso: 166/2018
  • Fecha: 23/06/2020
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: Demanda en la que se solicitaba la resolución del contrato de compraventa de la mitad indivisa de la finca, que años antes habían adquirido la demandante y la demandada y que la primera había vendido a la segunda al no querer verse implicada en el procedimiento de retracto que afectaba a la citada finca, y la aplicación de la cláusula penal pactada en la cláusula séptima del contrato por incumplimiento de la parte demandada-compradora. La sentencia de primera instancia desestimó la demanda pero fue revocada en segunda instancia al estimarse el recurso de apelación de la actora. Recurre en casación la demandada y se desestima el recurso. Se confirma el criterio de la sentencia recurrida que concluye que la compradora demandada, no llevó a cabo actuaciones serias para conseguir el objetivo que se buscaba, sino más bien simples actos para después justificar formalmente una actividad y el cumplimiento de una obligación que realmente no se ha hecho efectivo como le era exigible; en consecuencia, considera que el incumplimiento es esencial y grave, pues la falta de una verdadera actividad por parte de la compradora tiene una clara y evidente trascendencia económica para la vendedora, con entidad suficiente como para impedir su satisfacción económica. Por otra parte, considera que la interpretación que se efectúa sobre la cláusula penal del contrato de compraventa no es arbitraria, ni ilógica, por lo que no tiene acceso a la casación. Se desestima el recurso.
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Civil
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: JUAN MARIA DIAZ FRAILE
  • Nº Recurso: 5156/2017
  • Fecha: 23/06/2020
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: La sala estima el recurso de casación interpuesto frente a una sentencia que rechazó la nulidad de una cláusula suelo al considerar que no se podía exigir a la entidad bancaria que informara sobre las características del préstamo hipotecario, porque se trataba de una subrogación en un préstamo previamente concedido a los vendedores, y porque en la escritura se incluyó una cláusula en la que los compradores declararon conocer y aceptar el contenido del préstamo inicial. La sala considera aplicable su doctrina sobre el control de transparencia de las cláusulas suelo en los casos de subrogación del comprador en un préstamos al promotor al caso litigioso, en el que el vendedor no se dedicaba a la actividad inmobiliaria. Aunque para este caso no son aplicables las normas que garantizan el deber de información en la subrogación de préstamos al promotor, sí son aplicables las normas sobre transparencia. En los casos en que la compraventa con subrogación se hace con intervención del banco, a los efectos de consentir la sustitución de un deudor (vendedor) por otro (comprador), liberando de responsabilidad a aquél, y en su caso novando alguna/s de las condición/es del préstamo, no hay razones para eximir al prestamista del deber de proporcionar a quien, en virtud de dicha subrogación, va a quedar vinculado con él en una relación jurídica relevante y de larga duración, toda la información pertinente a fin de que conozca la carga jurídica y económica que el contrato va a suponerle.
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Civil
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: IGNACIO SANCHO GARGALLO
  • Nº Recurso: 4908/2017
  • Fecha: 23/06/2020
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: Nulidad por error en la contratación de un producto financiero (préstamo hipotecario que para el cálculo del interés incluía un derivado implícito). El plazo de caducidad de 4 años empieza a correr desde la consumación del contrato y no antes, sin perjuicio de que en la contratación de algunos productos puede ser que al tiempo de la consumación todavía no hubiera aflorado el riesgo congénito cuyo desconocimiento podía viciar el consentimiento (en esos casos, el dies a quo es aquel en que el cliente hubiera podido tener conocimiento de la existencia de dicho error). En el caso, la demanda se ha puesto a tiempo, pues el contrato que incluyó el derivado se consumó con la cancelación del producto. Se estima el recurso de casación y, al asumir la instancia, se tiene en cuenta que las partes no han discutido sobre la improcedencia de la nulidad parcial que afectara únicamente al derivado implícito, por lo que esta cuestión ha de ser obviada por la Sala. En la normativa pre-MiFID quien comercializa el producto debe acreditar que, en atención a los conocimientos y experiencia de los clientes, se explicó cómo funcionaría el derivado y sus riesgos; no es suficiente que el derivado se hubiera concertado en un préstamo hipotecario y constara, por ello, en escritura pública. No está probado que se explicara el funcionamiento y riesgos del producto. El hecho de optar por la cancelación anticipada y de pactar con el banco el importe de la liquidación no supone una confirmación del contrato.
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Civil
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: ANTONIO SALAS CARCELLER
  • Nº Recurso: 4423/2017
  • Fecha: 23/06/2020
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: Demanda de resolución de contrato de compraventa en la que se solicita la condena a la restitución de la posesión de los bienes objeto del contrato y a la pérdida de las cantidades entregadas a cuenta en concepto de daños y perjuicios. La sentencia de primera instancia estimó en parte la demanda, declaró resuelto el contrato por incumplimiento del comprador en cuanto a la obligación de pago del precio, si bien consideró que procedía que por la parte vendedora se retuviera únicamente la mitad de la cantidad satisfecha por el comprador en concepto de precio, reintegrando el resto al mismo comprador. La sentencia de segunda instancia confirmó la sentencia dictada en primera instancia. Recurre en casación la parte demandante y se estima el recurso; se declara que la cláusula quinta del contrato de compraventa preveía la pérdida de las cantidades entregadas a cuenta cuando el comprador dejare de pagar tres o más de dichas cantidades, por tanto, en este caso, el incumplimiento previsto para la aplicación de la pena ha sido precisamente el que se ha dado por la parte demandada, lo que impide según la doctrina jurisprudencial la moderación por los tribunales. La estimación de la casación comporta la asunción de la instancia y, en consecuencia, la estimación total de la demanda.
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Civil
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: JOSE LUIS SEOANE SPIEGELBERG
  • Nº Recurso: 5048/2017
  • Fecha: 23/06/2020
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: Demanda frente a la aseguradora en reclamación del importe del seguro de incapacidad permanente contratado a cuya reclamación se opone la demandada por considerar que existió ocultación acerca de la verdadera situación de salud de la asegurada y que la enfermedad no era irreversible. En primera instancia se estimó íntegramente la demanda con base en que la asegurada no fue sometida a un cuestionario de salud propiamente dicho y que la aseguradora no probó que. al suscribir el boletín de adhesión, existieran enfermedades diagnosticadas conocidas y ocultadas a la asegurada. Recurrida en apelación, se estimó el recurso con el argumento de que no se había acreditado la irreversibilidad de la enfermedad de la asegurada. Interpuesto recurso de casación, se estima al calificarse la condición general del contrato de seguro relativa a lo que, en el contrato, se entiende por invalidez permanente, como cláusula limitativa, puesto que exige como requisito para la calificación como invalidez permanente que sea irreversible sin más matices. Sobre la vulneración del deber de declaración del asegurado sobre las circunstancias por él conocidas que puedan influir en la valoración del riesgo, se declara que, en el caso, el cuestionario era genérico e indeterminado y encerraba un juicio valorativo subjetivo, por lo que no se considera infringido el deber de declaración del asegurado.
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Civil
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: ANTONIO SALAS CARCELLER
  • Nº Recurso: 3744/2017
  • Fecha: 23/06/2020
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: La Sala estima el recurso de casación en un asunto en el que se debate sobre la prescripción de la acción civil, existiendo un previo proceso penal en el que la recurrente renunció a la acción penal ejercitada, con reserva de acciones civiles. Se declaró la firmeza de la sentencia penal el de 8/2/2015 y la demanda civil se presento el 4/2/2016. La Audiencia consideró que había de estarse a firmeza de la sentencia penal, con independencia de cuándo se declarara dicha firmeza. La Sala considera que no cabe, atendiendo al principio de seguridad jurídica que justifica la prescripción, afirmar que carece de efecto alguno la notificación del auto de firmeza de la resolución final del proceso penal, ya que la parte perjudicada puede entender de modo justificado que será a partir de dicho momento cuando se inicie el plazo de prescripción. No se justifica un tratamiento distinto según el caso y en atención a los avatares del proceso penal. La seguridad jurídica impone una solución uniforme, estando facultadas las partes para instar del órgano judicial la declaración de firmeza a fin de que pueda quedar objetivado, mediante la correspondiente notificación, el arranque del plazo de prescripción para el ejercicio de la acción civil. En el caso presente no se discute que dicho plazo no llegó a completarse desde la notificación de la firmeza hasta la interposición de la demanda, por lo que no puede considerarse prescrita la acción. Se devuelven las actuaciones a la Audiencia.
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Civil
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: ANTONIO SALAS CARCELLER
  • Nº Recurso: 5018/2017
  • Fecha: 23/06/2020
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: Arrendamientos urbanos. Local de negocio. Contrato celebrado con anterioridad al 9 de mayo de 1985, en el que antes de la entrada en vigor de la LAU/1994 se había producido un traspaso y una subrogación. El arrendatario que lo fuera en el momento de entrada en vigor de la LAU/1994 tiene derecho a continuar en el arrendamiento por prórroga hasta su jubilación o fallecimiento conforme a la DT Tercera de dicha norma. El arrendatario a todos los efectos era el hoy demandado en el momento de la entrada en vigor de la nueva Ley y, en consecuencia, la norma transitoria se aplica a éste y no al inicial arrendatario, siendo así que dicha norma contempla exclusivamente las subrogaciones posteriores a la entrada en vigor de la nueva Ley prescindiendo de las que se hayan podido producir con anterioridad a dicho momento según la legislación entonces vigente. De esta forma, el arrendamiento podrá extenderse a toda la vida del arrendatario y, en su caso, a la del cónyuge que se subrogue, o a un máximo de veinte años desde la entrada en vigor de la LAU 1994 si la subrogación se produce a favor de un descendiente. El arrendamiento en cuestión estaba sujeto a la anterior LAU 1964, con derecho del arrendatario a sucesivas prórrogas legales y por ello la nueva ley extendió la vigencia del contrato al menos hasta la jubilación o fallecimiento del arrendatario que hubiera accedido a dicha posición en el contrato cuando aún existían dichas prórrogas.
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Civil
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: JUAN MARIA DIAZ FRAILE
  • Nº Recurso: 4764/2017
  • Fecha: 22/06/2020
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: Cláusula suelo en préstamo hipotecario suscrito por el promotor en el que se subrogó el comprador. La demanda de los compradores en ejercicio de acción de nulidad se desestimó en ambas instancias. Se concluyó que en caso de subrogación no se puede exigir a la entidad de crédito el cumplimiento de los requisitos de información y transparencia. Jurisprudencia sobre el control de transparencia de la cláusula suelo en caso de subrogación en el préstamo hipotecario con el promotor. El préstamo inicialmente concertado entre el banco y el promotor y la subrogación posterior por parte de un comprador-consumidor, junto con la novación de determinadas condiciones financieras, son operaciones diferentes. Como quiera que la segunda operación, la subrogación por parte del comprador en la obligación personal derivada del préstamo hipotecario, con el consentimiento del prestamista, es un negocio jurídico de consumo, está sometido al control de transparencia. Interdependencia entre las relaciones jurídicas derivadas del contrato de compraventa. Cuando la subrogación en el préstamo (asunción de deuda), pactada en la compraventa, es simultanea al consentimiento del acreedor a la novación subjetiva (subrogación), por su intervención en el otorgamiento de la escritura de compraventa, se produce una interdependencia entre las relaciones jurídicas derivadas del contrato de compraventa y del préstamo. Obligación del banco de informar al consumidor, que cuenta con soporte normativo.
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Civil
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: JOSE LUIS SEOANE SPIEGELBERG
  • Nº Recurso: 4600/2017
  • Fecha: 22/06/2020
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: La sala desestima, por defectuosa formulación, un recurso de casación frente a una sentencia que había estimado una demanda de reclamación de los daños causados por el demandado en la furgoneta de alquiler propiedad de la demandante, al haber colisionado contra la viga del aparcamiento de un hipermercado, sin respetar una señal de prohibición. Se aprecian defectos formales en la interposición del recurso. El recurso de casación por interés casacional no se puede fundamentar con apoyo en una única sentencia de una Audiencia Provincial, sino que requiere, como presupuesto de admisibilidad, la existencia de jurisprudencia contradictoria entre Audiencias Provinciales evidenciada, de un lado, al menos, en dos sentencias firmes de una misma Sección de una Audiencia, que decidan colegiadamente con un criterio contradictorio al de la resolución impugnada y, de otro, la cita, al menos, de otras dos sentencias de una misma Sección de una Audiencia Provincial, diferente de la primera, que se adhieran al criterio mantenido en la resolución impugnada. Además, la sentencia se basa en la obligación del arrendatario de entregar la cosa en el estado en que se recibió y el recurso se funda en la infracción del art. 3 LCS que presupone una relación contractual de seguro para accionar y aquí no se demanda a la aseguradora. Por esta razón, la normativa alegada no guarda relación con la cuestión litigiosa. La causa de inadmisión se convierte en causa de desestimación del recurso.

Parece que no tiene configurado el plugin para ver el pdf embebido... puede descargar la resolución aquí.