• Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Civil
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: RAFAEL SARAZA JIMENA
  • Nº Recurso: 5895/2018
  • Fecha: 30/06/2020
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: Acción de tutela del honor por manifestaciones realizadas por un letrado en actuaciones procesales (escritos de contestación a la demanda y de apelación en un pleito anterior sobre responsabilidad civil contractual de abogado). La demanda fue estimada en ambas instancias al considerarse que la libertad de expresión del abogado no ampara el insulto ni la vejación o la humillación. La libertad de expresión del abogado en sus intervenciones en un proceso judicial no es ilimitada. La utilización de expresiones ofensivas desconectadas de la defensa de su cliente y la reiteración y abundancia de expresiones ofensivas en varios escritos determina una desproporción que hace ilegítima la intromisión en el honor del abogado aludido. Es cierto que las expresiones ofensivas objeto de la demanda se vertieron en un contexto de enfrentamiento entre abogados, pero a diferencia de otros casos, en este las expresiones incluyeron inequívocos insultos y descalificaciones personales. La libertad de expresión del abogado justifica el tono vehemente y fuertemente crítico, pero ni siquiera el malestar que sentía el recurrente por la actuación profesional de su colega ni la necesidad de defenderse frente a las pretensiones articuladas en la demanda de responsabilidad civil justificaban el empleo, reiterado además, y por escrito, de expresiones que incluso entrañaban claras imputaciones delictivas. La doctrina de la STEDH (Ravelo contra España) no es aplicable al caso objeto del recurso.
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Civil
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: ANTONIO SALAS CARCELLER
  • Nº Recurso: 4575/2017
  • Fecha: 30/06/2020
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: Retracto de comuneros. Demanda desestimada en ambas instancias, según la sentencia de segunda instancia porque la compraventa no llegó a consumarse y porque los retrayentes estaban imposibilitados de subrogarse en las condiciones del contrato, al no tratarse solo de una compraventa sino de un negocio jurídico complejo en cuanto la operación requería la constitución de una sociedad para la explotación hotelera de unas parcelas, lo que hacía imposible que los retrayentes se subrogaran en esa condición. Además, los retrayentes ni siquiera mostraron su voluntad de subrogación pues nada mencionaron al respecto. Una cosa es que la transmisión de una porción indivisa no pueda ser objeto de entrega material y otra distinta que baste el documento privado para la adquisición de la propiedad sin posibilidad, en tal caso, de acceso al registro de la propiedad. Nos encontramos ante la pretensión de hacer valer un derecho de retracto de comuneros cuando, aunque se hubiera consumado la venta, dicho negocio había sido dejado sin efecto por las propias partes que lo celebraron. En todo caso, la sentencia de segunda instancia acertó al señalar que no se consumó la venta, por lo dicho ya que la suscripción de un documento privado de compraventa de una porción indivisa de un inmueble no transfiere por sí sola la propiedad sobre dicha porción.
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Civil
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: IGNACIO SANCHO GARGALLO
  • Nº Recurso: 5193/2017
  • Fecha: 30/06/2020
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: La Sala desestima el recurso de casación interpuesto por los demandantes-prestatarios por incurrir en causa de inadmisión, ya que carece de encabezamiento y no se identifica cuál es la norma jurídica que se denuncia infringida. Se estima el recurso de casación interpuesto por la entidad bancaria y se reitera la jurisprudencia sobre las consecuencias de la nulidad de la cláusula que atribuye todos los gastos a los prestatarios, así como la jurisprudencia sobre a quién corresponde satisfacer los gastos notariales y registrales y el Impuesto de Actos Jurídicos Documentados a falta de acuerdo entre las partes. En consecuencia, se deja sin efecto la condena al banco a pagar a los prestamistas el gasto del Impuesto de Actos Jurídicos Documentados, pues el principal sujeto pasivo obligado al pago de este tributo era el prestatario; se mantiene la condena al banco a reintegrar a los prestatarios los gastos registrales, dado que la obligación de satisfacer estos gastos correspondía al banco prestamista; y respecto de los notariales, como se refieren al otorgamiento de la escritura de préstamo hipotecario, se mantiene la condena al banco al pago de la mitad, pues fue otorgada en interés de ambas partes.
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Civil
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: PEDRO JOSE VELA TORRES
  • Nº Recurso: 94/2018
  • Fecha: 30/06/2020
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: Póliza de seguro de vida. Demanda contra la aseguradora en la que se pide la condena al pago de la indemnización pactada más los intereses moratorios desde la fecha del siniestro. La aseguradora demandada se opuso alegando falta de legitimación activa de la demandante, al no acreditar ni su condición de heredera ni que hubiera aceptado la herencia de su padre (el asegurado). La sentencia de segunda instancia, si bien reconoció la legitimación activa de la demandante, desestimó su pretensión, por considerar que el asegurado ocultó a sabiendas datos sobre su salud que conocía y que guardaban relación con las preguntas que se le hicieron, que eran suficientemente claras para que pudiera advertir, ser consciente, y por tanto, no ocultar, la existencia de antecedentes médico-sanitarios relacionados con su estado de salud. Se interpone recurso de casación por la demandante en el que sostiene que el documento que recogía la declaración de salud era ilegible y no reunía los requisitos exigidos legalmente, por lo que no cabía apreciar dolo del asegurado con fundamento en el contenido del mismo. El recurso de casación se desestima reiterando la jurisprudencia acerca del deber de declaración del riesgo. Aprecia la validez formal del cuestionario/declaración de salud, legible pese a errores de impresión, cumplimentado con las respuestas del asegurado y firmado por este, quien al contestar negó patologías previas y su tratamiento.
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Civil
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: ANTONIO SALAS CARCELLER
  • Nº Recurso: 3475/2017
  • Fecha: 30/06/2020
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: Demanda de reclamación de las cantidades entregadas a cuenta para la construcción de una vivienda frente a la aseguradora que asumió el aseguramiento de la eventual devolución de dichas cantidades. En primera instancia se desestimó la demanda por entenderse que la acción había prescrito, ya que el plazo era el de dos años previsto en la normativa del contrato de seguro y habían transcurrido cinco. Recurrida en apelación, la sentencia de segunda instancia desestimó el recurso. Interpuestos por la demandante recursos extraordinario por infracción procesal y casación. El primero se desestima al no apreciarse falta de motivación ni errónea valoración de las pruebas documental y testifical atendida la ratio decidendi de la sentencia recurrida, que es la apreciación de que la acción estaba prescrita en el momento de su ejercicio. El recurso de casación se estima ya que el plazo aplicable en cuanto a la acción de reclamación de cantidades entregadas anticipadamente por la compra de una vivienda interpuesta contra la aseguradora en virtud de la Ley 57/1968 es el general de prescripción, según doctrina jurisprudencial, y no el establecido en la Ley del Contrato de Seguro, que resultó indebidamente aplicado. Devolución de las actuaciones al tribunal de segunda instancia para que resuelva sobre el fondo, criterio que evita que las partes se vean privadas de una segunda instancia y que se ajusta a la naturaleza de la función del tribunal de casación.
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Civil
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: EDUARDO BAENA RUIZ
  • Nº Recurso: 167/2018
  • Fecha: 29/06/2020
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: Se estima el recurso de casación interpuesto frente a una sentencia que había apreciado falta de legitimación pasiva de la propietaria del terreno, con ocasión de un procedimiento en el que se ventila la responsabilidad civil por el accidente de un motorista causado por la caída de un árbol en un camino público que constituye un tramo del camino de Santiago. La sentencia recurrida estimó que el camino era un camino de uso público, que discurría junto a la parcela perteneciente a la demandada, pero que formaba parte del soporte viario del Camino de Santiago, sometido a un especial Régimen de protección, como Bien Cultural, que regula una normativa administrativa del País Vasco. Al ocasionarse el siniestro a 2,10 metros del borde del trazado del Camino de Santiago y dentro de la denominada zona protegida de servidumbre, correspondería a la Administración competente velar por su buen estado y conservación y frente a ella debió dirigirse la demanda de responsabilidad. La sentencia de casación considera evidente que el árbol que ocasionó el siniestro pertenecía a la demandada, así como que permaneció plantado por esta en la zona en la que después se constituyó la servidumbre del Camino de Santiago, aumentando el tránsito de personas y los riesgos. Por esta razón, no es posible negarle legitimación para soportar la acción que se ha dirigido contra ella, sin perjuicio de que pueda reclamar a la Administración si considera que ha propiciado de algún modo su responsabilidad.
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Civil
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: JOSE LUIS SEOANE SPIEGELBERG
  • Nº Recurso: 5295/2017
  • Fecha: 29/06/2020
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: La sala estima un recurso de casación interpuesto frente a una sentencia que había desestimado una demanda de reclamación de legado de un bien que había sido enajenado, con autorización judicial, por la tutora de la causante para atender a sus necesidades. En la demanda se reclamaba la cantidad sobrante al fallecimiento de la testadora. La Audiencia razonó que la enajenación del piso se llevó a cabo legalmente con autorización judicial, con la particularidad de que fue la tutora quien prestó el consentimiento por sustitución de la causante, al haber sido incapacitada. Por esta razón, se estaría ante un supuesto equiparable a la enajenación del bien legado, llevada a efecto por la testadora, subsumible en el art. 869.2 CC, lo que conduce a la ineficacia del legado. La sala interpreta el art. 869.2 CC y considera que es el acto voluntario del testador el que permite privar de eficacia al legado, por lo que si la enajenación no depende de su voluntad conserva su eficacia por subrogación. En el caso litigioso, la enajenación del bien legado, llevada a efecto por la tutora para sufragar las necesidades de su pupila y causante, con autorización judicial, no se puede considerar como una manifestación de la voluntad revocatoria de la testadora. La testadora siempre conservó su voluntad de transmitir mortis causa el bien legado mientras mantuvo su capacidad. La enajenación no dependió de un acto voluntario suyo. En consecuencia, se declara la eficacia del legado por subrogación.
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Civil
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: IGNACIO SANCHO GARGALLO
  • Nº Recurso: 4208/2017
  • Fecha: 24/06/2020
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: Concurso en el que el informe provisional de la administración concursal reconoció a Bankia un crédito con privilegio especial por garantías pignoraticias sobre obligaciones de deuda subordinada como garantía en el cumplimiento de varias pólizas de crédito. Tras la intervención por el FROB de la entidad emisora de la deuda subordinada (Bankia), la Comisión Rectora del FROB dictó una resolución, que ordenaba el canje obligatorio de estas obligaciones en acciones de la entidad. El recurrente sostiene que el canje obligatorio de las obligaciones emitidas por Bankia en acciones de esta misma entidad supuso la extinción de la prenda que los titulares de esas obligaciones hubieran constituido a favor de la propia Bankia en garantía de otras obligaciones financieras. La sala considera, con desestimación del recurso de casación interpuesto que, si las obligaciones de deuda subordinada estuvieran pignoradas por su titular y a favor de un tercero para garantizar el cumplimiento de una obligación, una resolución como la adoptada de canje obligatorio, no podía perjudicar los derechos de esos terceros. Con el término tercero la normativa concursal se refiere a todos aquellos que tengan un derecho válidamente constituido sobre los instrumentos híbridos de capital y de deuda subordinada, ajeno a la propia suscripción de estos productos, como podía ser una prenda constituida con posterioridad sobre estos derechos en garantía de otras obligaciones.
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Civil
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: JUAN MARIA DIAZ FRAILE
  • Nº Recurso: 126/2018
  • Fecha: 24/06/2020
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: Los bonos subordinados necesariamente convertibles en acciones cotizadas son activos de inversión que se convierten en acciones automáticamente en una fecha determinada y, por tanto, el poseedor de estos bonos no tiene la opción, sino la seguridad, de que recibirá acciones en la fecha de intercambio. A su vencimiento, el inversor recibe un número prefijado de acciones, a un precio determinado, por lo que no tiene la protección contra bajadas del precio de la acción que ofrecen los convertibles tradicionales. Estos bonos ofrecen al inversor sólo una parte de la futura subida potencial de la acción a cambio de un cupón prefijado, y exponen al inversor a parte o a toda la bajada de la acción. Por ello, estos instrumentos están más cercanos al capital que a la deuda del emisor Caducidad de la acción. La contratación de un producto como el litigioso no puede entenderse consumada con su adquisición. La consumación coincide con la fecha de conversión obligatoria, que es el momento en que se materializa el riesgo y la inversión cumple su finalidad económica. No resulta adecuado adelantar el día inicial del cómputo a una fecha anterior a la conversión obligatoria, como hace la sentencia recurrida, por lo que la acción no está caducada. No siendo la casación un nuevo juicio que permita una cognición plena sobre las cuestiones de fondo, que han quedado imprejuzgadas por la apreciación de la caducidad, se remiten las actuaciones a la Audiencia para el dictado de nueva sentencia.
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Civil
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: ANTONIO SALAS CARCELLER
  • Nº Recurso: 4442/2017
  • Fecha: 24/06/2020
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: La sala estima el recurso de casación interpuesto frente a una sentencia que, con ocasión de la reclamación de unos daños ocasionados por el hundimiento de un vehículo en una calzada a consecuencia de la existencia de un socavón provocado por la rotura de una tubería, consideró prescrita la acción al estimar como dies a quo el de la estabilización de las lesiones. La sala reitera la jurisprudencia expresada en su sentencia num. 94/2019, de 14 de febrero. La redacción del artículo 1969 CC no admite duda acerca de que el tiempo para para la prescripción de acciones se contará desde el día en que pudieron ejercitarse y lógicamente no puede ejercitarse la acción cuando no se conoce la identidad de aquél o aquéllos frente a los que ha de dirigirse, con independencia de que el perjudicado cuente desde antes con los datos objetivos referidos a la cuantía del daño o perjuicio causado. En el caso litigioso, fue en fecha 27 de noviembre de 2013 cuando el demandante conoció que el camino donde se produjo el accidente pertenecía a la demandada. A partir de entonces, sin transcurrir un año desde aquella fecha, inició su reclamación, primero ante la jurisdicción contenciosa y después ante la civil. Al estimar el recurso, como no se ha entrado en ninguna de las dos instancias a conocer del fondo del asunto por considerar que se ha ejercitado extemporáneamente, se acuerda la remisión de actuaciones a la Audiencia para que dicte sentencia sobre las pretensiones ejercitadas.

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