Resumen: El recurso de casación versa exclusivamente sobre el plazo de prescripción de la acción contra la aseguradora del promotor para la devolución de las cantidades entregas a cuenta por el comprador en la adquisición de viviendas en construcción para uso residencial. Se estima el recurso de casación. Reiteración de doctrina jurisprudencial: es de aplicación el plazo general de prescripción de acciones personales, en lugar del regulado en la Ley de Contrato de Seguro. Casación de la sentencia recurrida, dado que cuando se interpuso la demanda no habían transcurrido quince años, ni tan siquiera desde la fecha contractualmente establecida para la entrega de la vivienda. Devolución de las actuaciones a la audiencia para que dicte nueva sentencia en la que, no pudiendo tener ya la acción civil por prescrita, se pronuncie sobre todas las cuestiones planteadas respecto del fondo del asunto.
Resumen: Cláusula suelo en contrato entre profesionales. En la cláusula suelo, el carácter sorpresivo contrario a la buena fe vendría determinado por la contradicción entre el interés variable y la limitación a dicha variabilidad proveniente de una condición general, lo que entronca con la regla de las cláusulas sorprendentes y con la mención de la exposición de motivos de la LCGC al abuso de posición dominante, en el sentido de que el predisponente hace un mal uso de su capacidad de imposición de las condiciones generales para introducir cláusulas que desnaturalizan el contenido del contrato. Para que pueda estimarse que concurren tales circunstancias, habrá que tomar en consideración el nivel de información proporcionado y la diligencia empleada por el prestatario para conocer las consecuencias económicas y jurídicas del préstamo y los posibles efectos futuros de la condición general discutida sobre el coste del crédito, operando a tal fin las reglas generales de la carga de prueba. En este caso, no consta que concurran tales circunstancias y lo ocurrido es que la Audiencia reconduce su argumentación a la buena fe contractual para hacer realmente unos controles de transparencia y abusividad improcedentes en un contrato entre profesionales. El control de incorporación o inclusión es, fundamentalmente, un control de cognoscibilidad, que también se supera en este caso. Se estima el recurso de casación.
Resumen: El recurso de casación versa exclusivamente sobre el plazo de prescripción aplicado a la acción contra la aseguradora de la devolución de las entregadas a cuenta en la adquisición de viviendas para uso residencial. Se estima el recurso de casación. Doctrina jurisprudencial. Aplicación el plazo general de prescripción en lugar del regulado en la Ley de Contrato de Seguro. La estimación del recurso determina la casación de la sentencia recurrida, dado que cuando se interpuso la demanda no habían transcurrido quince años ni tan siquiera desde la fecha contractualmente establecida para la entrega de la vivienda. Se remiten las actuaciones a la audiencia provincial para que dicte nueva sentencia en la que, no pudiendo tener ya la acción civil por prescrita, se pronuncie sobre todas las cuestiones planteadas respecto del fondo del asunto.
Resumen: Demanda frente a aseguradora para la devolución de los anticipos realizados para la compra de vivienda en construcción para uso residencial. La cuestión suscitada se centra en determinar el plazo de prescripción aplicable a la acción ejercitada. Doctrina jurisprudencial. Aplicación del plazo general de prescripción de las acciones -de quince años en su redacción aplicable-, en lugar del plazo específico previsto en la normativa de seguros. Estimación del recurso de casación: procede casar la sentencia recurrida dado que no habían transcurrido quince años cuando se interpuso la demanda, ni tan siquiera desde la fecha contractualmente prevista para la entrega de la vivienda.
Resumen: Demanda de reclamación de cantidad frente a aseguradora para la devolución de los anticipos realizados para la compra de vivienda en construcción para uso residencial. La cuestión suscitada se centra en determinar el plazo de prescripción aplicable a la acción ejercitada. Doctrina jurisprudencial. Aplicación del plazo general de prescripción de las acciones -de quince años en su redacción aplicable-, en lugar del plazo específico previsto en la normativa de seguros. Estimación del recurso de casación: casación de la sentencia recurrida dado que no habían transcurrido quince años cuando se interpuso la demanda ni tan siquiera desde la fecha contractualmente prevista para la entrega de la vivienda.
Resumen: Dies a quo del plazo de las acciones de anulación de swaps por error vicio. En relaciones contractuales complejas como son con frecuencia las derivadas de contratos bancarios, la consumación del contrato, a efectos de determinar el momento inicial del plazo de ejercicio de la acción de anulación del contrato por error o dolo, no puede quedar fijada antes de que el cliente haya podido tener conocimiento de la existencia de dicho error o dolo. De esta doctrina no resulta que el cómputo del plazo de la acción deba adelantarse a un momento anterior a la consumación del contrato por el hecho de que el cliente que padece el error pueda tener conocimiento de este. La consumación de los contratos de swaps debe entenderse producida en el momento del agotamiento, de la extinción del contrato por ser entonces cuando tiene lugar el cumplimiento de las prestaciones por ambas partes y la efectiva producción de las consecuencias económicas del contrato. La incorporación de la normativa MiFID al Derecho español acentuó las obligaciones de dichas entidades con respecto a sus clientes, pero no supuso una regulación realmente innovadora. El déficit informativo puede hacer presumir el error. La obligación de informar es activa, no de mera disponibilidad. No es suficiente el contenido de la documentación contractual ni el aviso genérico sobre los riesgos. Para excluir el error son necesarios conocimientos especializados. El error no se convalida por la percepción de liquidaciones negativas.
Resumen: Contrato marco de operaciones financieras (CMOF) y contrato de swap ligado a inflación. Demanda de nulidad del contrato por ausencia de consentimiento, subsidiariamente, nulidad por error vicio del consentimiento por falta de información, por falta de objeto y causa, subsidiariamente, resolución de contrato por incumplimiento del deber de información, vencimiento anticipado del contrato y nulidad por infracción de las normas reguladoras de las condiciones generales de la contratación. Estimada la demanda en cuanto a la acción de anulabilidad por vicio del consentimiento, el banco demandado recurrió en apelación alegando la caducidad de esa acción y negando el incumplimiento de los deberes de información. La sentencia de apelación declaró caducada la acción de anulabilidad por error vicio. Interpuestos recursos extraordinario por infracción procesal y de casación, se examina primero el de casación en el que se cuestiona la interpretación que hace la sentencia recurrida en cuanto al momento en que el cliente tuvo conocimiento de la existencia del error, momento de consumación del contrato y dies a quo del plazo de ejercicio de la acción de nulidad. Reiteración de la doctrina jurisprudencial sobre el cómputo del plazo de la acción de nulidad por error vicio del consentimiento den los contratos de swap. Inexistencia de caducidad. Estimación del recurso de casación y confirmación de la sentencia de primera instancia.
Resumen: La Sala desestima el recurso de casación dimanante de un procedimiento en el que la administración sanitaria reclamaba a la aseguradora la indemnización a que había sido condenada en vía contencioso-administrativa por un siniestro derivado de intervención quirúrgica. Habían pactado en la póliza que surtiría efecto por daños cuyo hecho generador tuviera lugar a partir del 1/1/2000 y cuya responsabilidad fuera reclamada durante la vigencia de la póliza, que finalizó el 31/12/2005, y la reclamación del perjudicado se realizó fuera de dicha vigencia. En el recurso la administración sanitaria cuestiona la validez de la cláusula claim made por incumplimiento del art. 3 LCS. La Sala considera que las partes calificaron el contrato de seguro como de grandes riesgos, sujeto a lo pactado y solo supletoriamente a la LCS. Fueron ambas partes las que decidieron libremente incluir dicha cláusula en la póliza inicial, definir su alcance dentro de los límites de la autonomía de la voluntad y mantenerla en las sucesivas prórrogas; no es aplicable la LCS y, aunque lo fuera, la cláusula sería válida, porque cumple los requisitos establecidos por la jurisprudencia para las cláusulas claim made retrospectivas. La interpretación que hace la Audiencia sobre lo que debe entenderse por "reclamación" según la póliza, excluyendo que lo fuera el escrito del director del hospital a la Administración sanitaria, no es ilógica ni arbitraria.
Resumen: Acción de tutela del honor por manifestaciones realizadas por un letrado en actuaciones procesales (escritos de contestación a la demanda y de apelación en un pleito anterior sobre responsabilidad civil contractual de abogado). La demanda fue estimada en ambas instancias al considerarse que la libertad de expresión del abogado no ampara el insulto ni la vejación o la humillación. La libertad de expresión del abogado en sus intervenciones en un proceso judicial no es ilimitada. La utilización de expresiones ofensivas desconectadas de la defensa de su cliente y la reiteración y abundancia de expresiones ofensivas en varios escritos determina una desproporción que hace ilegítima la intromisión en el honor del abogado aludido. Es cierto que las expresiones ofensivas objeto de la demanda se vertieron en un contexto de enfrentamiento entre abogados, pero a diferencia de otros casos, en este las expresiones incluyeron inequívocos insultos y descalificaciones personales. La libertad de expresión del abogado justifica el tono vehemente y fuertemente crítico, pero ni siquiera el malestar que sentía el recurrente por la actuación profesional de su colega ni la necesidad de defenderse frente a las pretensiones articuladas en la demanda de responsabilidad civil justificaban el empleo, reiterado además, y por escrito, de expresiones que incluso entrañaban claras imputaciones delictivas. La doctrina de la STEDH (Ravelo contra España) no es aplicable al caso objeto del recurso.
Resumen: Retracto de comuneros. Demanda desestimada en ambas instancias, según la sentencia de segunda instancia porque la compraventa no llegó a consumarse y porque los retrayentes estaban imposibilitados de subrogarse en las condiciones del contrato, al no tratarse solo de una compraventa sino de un negocio jurídico complejo en cuanto la operación requería la constitución de una sociedad para la explotación hotelera de unas parcelas, lo que hacía imposible que los retrayentes se subrogaran en esa condición. Además, los retrayentes ni siquiera mostraron su voluntad de subrogación pues nada mencionaron al respecto. Una cosa es que la transmisión de una porción indivisa no pueda ser objeto de entrega material y otra distinta que baste el documento privado para la adquisición de la propiedad sin posibilidad, en tal caso, de acceso al registro de la propiedad. Nos encontramos ante la pretensión de hacer valer un derecho de retracto de comuneros cuando, aunque se hubiera consumado la venta, dicho negocio había sido dejado sin efecto por las propias partes que lo celebraron. En todo caso, la sentencia de segunda instancia acertó al señalar que no se consumó la venta, por lo dicho ya que la suscripción de un documento privado de compraventa de una porción indivisa de un inmueble no transfiere por sí sola la propiedad sobre dicha porción.