• Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Civil
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: JOSE LUIS SEOANE SPIEGELBERG
  • Nº Recurso: 4813/2017
  • Fecha: 13/07/2020
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: Se estima el recurso de casación interpuesto frente a una sentencia que condenó a la compañía aseguradora por el siniestro de tráfico en el que falleció el conductor del vehículo, hijo de los demandantes menor de 25 años, pero rechazó la pretensión de pago de los intereses del art. 20 LCS, al apreciar causa justificada por considerar necesario el proceso judicial seguido para resolver las dudas de la cobertura del siniestro y entender que la interposición de la demanda casi 12 años después del accidente, aunque se hubiera interrumpido año a año el plazo prescriptivo, era signo de que el litigio no era claro. Se reitera la doctrina jurisprudencial sobre la finalidad de los intereses del art. 20 LCS y la posible existencia de causas justificadas que enerven su pago, que deben ser objeto de interpretación restrictiva. En el caso litigioso, no concurren dichas causas, ya que las sentencias de instancia no se fundan exclusivamente en el argumento de que la ampliación solicitada de la póliza para que cubriera a conductores menores de 25 años no se pudo formalizar (la ampliación se solicitó dos días antes del accidente) sino también en las dudas a la hora de interpretar las condiciones generales sobre la concreta cobertura del conductor en caso de muerte. Estas dudas no pueden perjudicar al asegurado. No se puede atribuir al propio proceder contractual de la aseguradora, a la que son imputables esas dudas, la causa justificada para obviar la condena de los intereses del art. 20 LCS
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Civil
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: RAFAEL SARAZA JIMENA
  • Nº Recurso: 3477/2017
  • Fecha: 10/07/2020
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: Recurso de casación interpuesto por los demandantes contra la sentencia de segunda instancia que, tras mantener la condición de prestatarios de todos los actores, aunque no percibieran todos ellos materialmente el importe del préstamo, confirmó que la acción de anulación por error vicio estaba caducada cuando se interpuso la demanda. En casación se declara, con desestimación del recurso, que asumen el carácter de prestatarios quienes aparecen como tales en la escritura del préstamo hipotecario, aunque el dinero prestado se ingresara en la cuenta bancaria correspondiente exclusivamente a uno de ellos. Caducidad de la acción: tratándose de un producto financiero complejo, a efectos del inicio del plazo de ejercicio de la acción, no puede entenderse consumado el contrato antes de que los prestatarios pudieran conocer los hechos determinantes del error. En el caso examinado, al haber tenido los prestatarios conocimiento de los hechos determinantes del error en el que basan su acción pasados más de cuatro años, procede desestimar el recurso confirmando la resolución impugnada.
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Civil
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: IGNACIO SANCHO GARGALLO
  • Nº Recurso: 3921/2017
  • Fecha: 09/07/2020
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: Swaps contratados por una entidad instrumental del Colegio de Registradores, encargada de construir su nueva sede, con el fin de cubrir los riesgos de tres préstamos suscritos para la financiación de la construcción. Por parte del colegio intervino en la negociación su director. Los términos y condiciones en que se pactaron las permutas financieras fueron fruto de una intensa negociación, que se prolongó muchos meses. Dicha entidad pidió la anulabilidad de los swaps por error vicio en el consentimiento, y subsidiariamente, que se declarase la responsabilidad de las entidades prestamistas así como la resolución de los contratos. La demanda fue desestimada en ambas instancias. Inexistencia de error patente en la valoración de la prueba porque la realizada, pudiendo discutirse, entra dentro de la lógica, al ser una de las posibles. La consideración de la demandante como inversor profesional o no es irrelevante para la razón decisoria, que radicó en que fue informada debidamente para comprender los productos y riesgos inherentes. Conflicto de intereses: está inserto en las características propias del producto contratado y los concretos riesgos asumidos, respecto de todo existió información precontractual. El cumplimiento de las exigencias de información se modulan en función de la condición del cliente, aunque no se le atribuya formalmente la condición de inversor profesional. Petición de principio por presuponer el incumplimiento de los deberes de información.
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Civil
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: MARIA DE LOS ANGELES PARRA LUCAN
  • Nº Recurso: 4676/2017
  • Fecha: 09/07/2020
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: Contratos bancarios. Preferentes. Plazo de ejercicio de la acción de nulidad por error vicio. El cómputo del plazo de cuatro años para el ejercicio de la acción de nulidad empieza a correr desde la consumación del contrato, y no antes. Sin perjuicio de que en la contratación de algunos productos financieros, por ejemplo una participación preferente, puede ser que al tiempo de la consumación del negocio todavía no haya aflorado el riesgo congénito al negocio cuyo desconocimiento podía viciar el consentimiento prestado. En estos casos el momento de inicio del cómputo del plazo es aquel en que el cliente hubiera podido tener conocimiento de la existencia de dicho error o dolo. El solo hecho de que se dejaran de percibir rendimientos no permite deducir un conocimiento de las características reales del producto contratado. Es difícil que la recurrente pudiera tomar conciencia de la verdadera naturaleza del producto y de que su inversión no fuera recuperable antes de que se publicara la Resolución de la Comisión Rectora del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) de 16 de abril de 2013, que daría lugar a la posterior oferta de canje de las participaciones preferentes por acciones de la entidad. La venta voluntaria de las acciones objeto de canje obligatorio no priva a los adquirentes de los títulos canjeados de su acción de anulabilidad, únicamente, ante la imposibilidad de restitución, modula la forma en que debe llevarse a cabo la restitución.
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Civil
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: FRANCISCO JAVIER ARROYO FIESTAS
  • Nº Recurso: 1223/2017
  • Fecha: 07/07/2020
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: Por la sociedad limitada demandante se interpone recurso de casación contra la sentencia desestimatoria de su pretensión en apelación. Se estima el recurso de casación, con nulidad de los contratos suscritos, al considerar que, de acuerdo con los hechos probados, no puede apreciarse que la entidad financiera cumpliera los deberes de información que establecía la legislación aplicable en la fecha de celebración de los contratos litigiosos, por lo que la sentencia recurrida se opone a la doctrina jurisprudencial. En concreto, se declara que en la sentencia recurrida no se fija como hecho de manera clara y terminante a que el banco informara a los clientes de los riesgos de los productos complejos contratados, como elemento determinante para la formación del consentimiento en este tipo de contratos, sin que constara la existencia de información precontractual.
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Civil
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: EDUARDO BAENA RUIZ
  • Nº Recurso: 3505/2017
  • Fecha: 07/07/2020
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: La Sala desestima el recurso de casación dimanante de un procedimiento en el que se ejercitó la acción de reembolso respecto del préstamo personal solidario suscrito por ambos cónyuges, casados en separación de bienes, con la garantía hipotecaria de una vivienda cuya propiedad proindiviso pertenecía en 75% a la demandante y un 25% al demandado. El Juzgado entendió que la obligación de cada cónyuge era proporcional a la cuota participativa en la vivienda y desestimó la demanda. En cambio, la Audiencia, según la interpretación que hizo del contrato de préstamo, no tuvo por acreditado un pacto entre los cónyuges que implicara un porcentaje desigual en el cumplimiento de la obligación. Concluyó, por ello, que la deuda se dividía por partes iguales y estimó la demanda. El recurso de casación del demandado no combate por el cauce adecuado la interpretación realizada por la Audiencia, por lo que se limita el debate al ámbito del art. 1145 CC. La solidaridad desaparece con el cumplimiento de la obligación, y desde ese momento, en el ámbito interno, cada deudor se convierte en deudor exclusivo de la parte de deuda en que, a esos efectos internos, se ha fraccionado la inicial. El deudor que paga tiene acción de regreso contra sus codeudores y en el supuesto de pago parcial de la deuda, como es el caso, podrá reclamar de los restantes codeudores el exceso en proporción a la cuota que a cada uno corresponda en la obligación y que, en este caso, se ha entendido que era del 50%.
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Civil
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: PEDRO JOSE VELA TORRES
  • Nº Recurso: 4524/2017
  • Fecha: 07/07/2020
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: Acción colectiva de cesación: tiene como presupuesto que en el proceso no se hacen valer derechos o intereses de titularidad del demandante, sino de terceros ajenos, los consumidores. La acción colectiva no se refiere a relaciones contractuales concretas, sino a clausulados genéricos predispuestos, con independencia de su efectiva utilización. Su objetivo no es la declaración de nulidad de las condiciones generales, sino la condena a eliminarlas y la prohibición de volver a utilizarlas. Esta acción opera como si la cláusula enjuiciada tuviera un carácter normativo, autónomo, al margen del acuerdo de voluntades en que se inserta, en cuanto tiene, como condición general, vocación de generalidad. Control abstracto y preventivo: se hace al margen tanto de la información particularizada sobre el alcance y contenido de la cláusula que haya podido recibir el adherente con carácter previo a la suscripción del contrato, como del resultado de su aplicación en la práctica por la entidad financiera. Control de transparencia. Dificultades cuando se trata de contratos complejos como los swaps. No puede negarse que sea posible realizar un control de transparencia con ocasión de una acción colectiva, pero sí cabe advertir que su admisibilidad queda reducida a la concurrencia de prácticas estandarizadas de comercialización muy claras que pongan en evidencia la falta de transparencia y dejen poco margen a concluir que se hayan podido incumplir las exigencias de información previa.
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Civil
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: PEDRO JOSE VELA TORRES
  • Nº Recurso: 4927/2017
  • Fecha: 07/07/2020
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: La Sala estima el recurso de casación interpuesto por la prestataria, que tiene la condición de consumidora. No solo es necesario que las cláusulas estén redactadas de forma clara y comprensible, sino también que el adherente pueda tener un conocimiento real de las mismas, de forma que un consumidor informado pueda prever, sobre la base de criterios precisos y comprensibles, la carga jurídica y económica del contrato. El control de transparencia tiene por objeto que el adherente pueda conocer con sencillez tanto la carga económica que realmente le supone el contrato celebrado como la carga jurídica del mismo, es decir, la definición clara de su posición jurídica tanto en los elementos típicos que configuran el contrato celebrado, como en la asignación de los riesgos. En cuanto a la suficiencia de la escritura pública, no basta con la simple claridad gramatical. El examen del documento público revela que la cláusula de limitación del tipo de interés no está resaltada en modo alguno, sino que está incluida como una más entre una serie de estipulaciones relativas a los intereses. Pero, sobre todo, no consta la existencia de una información previa, cuando la información precontractual es la que permite realmente comparar ofertas y adoptar la decisión de contratar. La falta de transparencia de la cláusula suelo determina su carácter abusivo, al privar al consumidor de la posibilidad de comparar entre las diferentes ofertas existentes en el mercado.
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Civil
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: FRANCISCO MARIN CASTAN
  • Nº Recurso: 4209/2017
  • Fecha: 07/07/2020
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: Compraventa de vivienda para uso residencial: Ley 57/1968. Acción contra aseguradora en reclamación de las cantidades entregadas a cuenta. Plazo de prescripción de la acción: es el general del art. 1964 CC, quince años en su redacción aplicable, y no el de dos años del art. 23 LCS. Cuando se interpuso la demanda no habían transcurrido quince años ni tan siquiera desde la fecha contractualmente establecida para la entrega de la vivienda. Se estima el recurso de casación sin necesidad de resolver el recurso por infracción procesal, al referirse este a la falta de motivación de la sentencia recurrida. Se remiten las actuaciones al tribunal de apelación para que dicte nueva sentencia en la que, no pudiendo tener ya la acción civil por prescrita, se pronuncie sobre todas las cuestiones planteadas respecto del fondo del asunto.
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Civil
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: FRANCISCO MARIN CASTAN
  • Nº Recurso: 3864/2017
  • Fecha: 07/07/2020
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: La sala estima el recurso de casación interpuesto frente a una sentencia que consideró prescrita la acción, dirigida contra la aseguradora, en reclamación de las cantidades entregadas a cuenta en una compraventa de vivienda para uso residencial, en aplicación de la Ley 57/1968. La sala reitera su doctrina en relación al plazo de prescripción de la acción. Es el general del art. 1964 CC, quince años en su redacción aplicable, y no el de dos años del art. 23 LCS. Cuando se interpuso la demanda no habían transcurrido quince años ni tan siquiera desde la fecha contractualmente establecida para la entrega de la vivienda. Se estima el recurso de casación sin necesidad de resolver el recurso por infracción procesal, al referirse este a la falta de motivación de la sentencia recurrida. Se remiten las actuaciones al tribunal de apelación para que dicte nueva sentencia en la que, no pudiendo tener ya la acción civil por prescrita, se pronuncie sobre todas las cuestiones planteadas respecto del fondo del asunto.

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