Resumen: Demanda de nulidad de determinadas cláusulas insertas en un préstamo hipotecario multidivisa. La sentencia de primera instancia desestimó la demanda y la de segunda instancia la revocó parcialmente declarando nula únicamente la cláusula de vencimiento anticipado, pero rechazando la pretensión de nulidad del clausulado multidivisa. Recurre en casación la parte demandante y se desestima su recurso. Reiteración de doctrina jurisprudencial: la hipoteca multidivisa no es un instrumento financiero sometido a la Ley del Mercado de Valores. Doctrina jurisprudencial del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. En el presente caso, la sentencia recurrida no vulnera dicha normativa en la medida en que no resulta de aplicación. Motivo de casación inadmisible, ya que en el mismo no se justifica el interés casacional, tal y como exige la doctrina jurisprudencial.
Resumen: Cláusula suelo. Control de transparencia. No solo es necesario que las cláusulas estén redactadas de forma clara y comprensible, sino también que el adherente pueda tener un conocimiento real de las mismas, de forma que un consumidor informado pueda prever, sobre la base de criterios precisos y comprensibles, la carga jurídica y económica del contrato. Este control de transparencia tiene por objeto que el adherente pueda conocer con sencillez tanto la carga económica que realmente le supone el contrato celebrado, lo que excluye que pueda agravarse la carga económica que el contrato supone para el consumidor mediante la inclusión de una condición general que supere los requisitos de incorporación, pero cuya trascendencia jurídica o económica pasó inadvertida al consumidor porque se le dio un inapropiado tratamiento secundario y no se facilitó al consumidor la información clara y adecuada sobre las consecuencias jurídicas y económicas de dicha cláusula. En cuanto a la suficiencia de la escritura pública, no basta con la simple claridad gramatical, que solo permite pasar el control de incorporación. En el presente caso no consta la existencia de una información previa al acto de otorgamiento de la escritura con antelación suficiente de modo que el consumidor pudieran conocer su existencia y trascendencia y comparar distintas ofertas. Se estima el recurso de casación contra la sentencia que había denegado la nulidad de la cláusula suelo.
Resumen: Nulidad de orden de compra de obligaciones subordinadas y subsidiaria, indemnización de daños y perjuicios basada en el incumplimiento por el banco de sus obligaciones de asesoramiento e información. El importe del perjuicio reclamado fue la pérdida de la inversión realizada, representada por la diferencia entre el precio pagado por las subordinadas y la cantidad recuperada tras la intervención del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria. En primera instancia se estimó la acción indemnizatoria. Recurrida en apelación por el banco se desestimó el recurso al no considerar procedente que se descontaran los rendimientos obtenidos durante la vigencia de los productos financieros. Interpuesto recurso de casación por el banco, se estima reiterando la jurisprudencia de la sala contenida en la STS 81/2018 de 14 de febrero, según la cual como la obligación de indemnizar los daños y perjuicios causados resarce económicamente el menoscabo patrimonial producido al perjudicado, este se concreta en la pérdida de la inversión compensada con la ganancia obtenida que tuvo la misma causa negocial. Para este cálculo, a la suma inicialmente invertida hay que descontar el importe rescatado tras la intervención del Fondo de Reestructuración Ordenada bancaria y los rendimientos generados a favor del cliente durante la vigencia de los productos financieros. Casación de la sentencia, asunción de la instancia y desestimación del recurso de apelación y de la demanda al no acreditarse el perjuicio.
Resumen: Adquisición de deuda subordinada de entidad financiera intervenida y convertida en acciones vendidas al Fondo de Garantía de Depósitos. Demanda de nulidad por error vicio del consentimiento, con pretensión subsidiaria de resolución contractual. Desestimada en primera instancia la acción de nulidad esta quedó firme y en apelación el único objeto litigioso quedó reducido a la procedencia de la acción de resolución contractual. Puesto que en la sentencia de segunda instancia se desestimó también dicha acción subsidiaria, no cabía que concediera una indemnización de daños y perjuicios conforme a una acción no ejercitada en la demanda. La acción resolutoria y la acción de resarcimiento son diferentes y deben ser ejercitadas de manera individualizada. Alteración de la causa de pedir e incongruencia. Casación de la sentencia recurrida y asunción de la instancia: la conclusión de la sentencia recurrida según la cual el incumplimiento de los deberes de información al cliente sobre los riesgos del producto no puede dar lugar a la resolución del contrato, sino, en su caso, a una acción de nulidad por error vicio del consentimiento o a una acción de resarcimiento, es jurídicamente correcta y ajustada a la jurisprudencia.
Resumen: En el litigio, sobre un seguro de accidente que cubría como riesgo asegurado la invalidez permanente, el hecho cuya calificación como accidente resulta controvertido consistió en que el asegurado descubrió ahorcado a su único hijo e intentó reanimarlo sin éxito; ello provocó un diagnóstico de trastorno por estrés postraumático grave y depresión mayor, padecimientos que justificaron la declaración de invalidez permanente absoluta derivada de accidente no laboral por la jurisdicción social. La Sala parte del ámbito objetivo del seguro de accidentes y de los elementos constitutivos del concepto legal de "accidente" como evento involuntario, externo, violento súbito, así como del concepto legal de "lesión corporal" a los efectos del seguro de accidentes. Se confirma la sentencia recurrida en la medida en que extiende el concepto de accidente, a los efectos del seguro de tal clase, a los hechos descritos y acreditados en la instancia, y cuya relación causal con la patología y la posterior invalidez sufrida por el actor es un hecho probado, al concurrir todos los requisitos legales para ello. Sí se estima el motivo del recurso respecto a la condena a la aseguradora al pago de los intereses de demora del art. 20 LCS, al concurrir causas que justifican la exoneración de dichos intereses. El voto particular considera que los hechos objeto del proceso no pueden ser considerados como accidente a los efectos del art. 100 LCS.
Resumen: Responsabilidad extracontractual. Colisión de vehículos. El resarcimiento del daño tiene por finalidad volver el patrimonio a la disposición en que se encontraría de no haber mediado el acto ilícito, sin que puede suponer para el perjudicado un beneficio injustificado. En los daños materiales, el natural resarcimiento se obtiene generalmente por medio de la efectiva reparación de los desperfectos en un taller especializado, cuyo coste el perjudicado repercute en el autor del daño o en las compañías aseguradoras, pero no puede imponerse unilateralmente la reparación en los supuestos de siniestro total cuando su coste sea manifiestamente desproporcionado con respecto al valor del vehículo al tiempo del siniestro. En estos casos no es contrario a derecho que el resarcimiento se lleve a efecto mediante la fijación de una indemnización equivalente al precio del vehículo siniestrado, más un cantidad porcentual, el precio o valor de afección, que comprenderá el importe de los gastos administrativos, dificultades de encontrar un vehículo similar, incertidumbre sobre su funcionamiento, entre otras circunstancias, a apreciar por los órganos de instancia en su función valorativa del daño. Cuando el perjudicado se ve privado del uso de su vehículo a causa del siniestro, se genera un daño debe ser resarcido. En el caso, se concede un resarcimiento por el valor en uso del vehículo equivalente al coste del alquiler desde la fecha del siniestro hasta la de la oferta de pago de la aseguradora
Resumen: Reclamación de honorarios de letrado libremente designado por la aseguradora, devengados por la defensa del asegurado en un juicio sobre responsabilidad civil en el que fue absuelto. La libre designación trajo causa de que la aseguradora lo fuera también de la sociedad demandante de responsabilidad civil frente al asegurado (conflicto de intereses). En ambas instancias se redujeron los honorarios a una cuarta parte de la minuta, en aplicación del límite fijado en la póliza. En ambos casos consideraron de aplicación el artículo 74 LCS y no el 76 a) y siguientes LCS (que son de aplicación al seguro de defensa jurídica). La cuestión es determinar si estamos ante una cláusula limitativa que exigiera aceptación por escrito. Doctrina jurisprudencial sobre cláusulas limitativas y delimitadoras del riesgo. En presencia de conflicto de intereses el asegurado puede optar por mantener la dirección jurídica dada por el asegurador o confiar su propia defensa a otra persona, supuesto este último en el que el asegurador solo se obliga a costear los gastos de dirección jurídica hasta el límite pactado en la póliza. Se trata de un límite cuantitativo con respaldo legal. En consecuencia, una cláusula como la litigiosa que recoge ese límite es en principio delimitadora del riesgo al ser mera concreción de la previsión legal. Pero en caso de límites notoriamente insuficientes podría considerarse que dichas cláusulas son implícitamente limitativas, lo que es predicable de la litigiosa.
Resumen: La sala estima el recurso de casación interpuesto frente una sentencia que declaró caducada la acción de anulación por error vicio de un contrato de adquisición de participaciones preferentes, al estimar como dies a quo el día en que dejaron de percibirse los rendimientos de dichas participaciones. Se reitera la doctrina sobre la materia (STS 263/2020). El día inicial del cómputo del plazo de caducidad debe ser el de la resolución del FROB que dio lugar al canje, el 16/04/2013 y a la fecha de la demanda no habían transcurrido los cuatro años fijados en el art. 1301 CC. Al asumir la instancia se estima la demanda. En el caso litigioso hubo asesoramiento y la entidad financiera incumplió sus deberes de información sobre las características y riesgos del producto contratado. Con independencia de que el test procedente era el de idoneidad, la entidad incumplió sus deberes de información al realizar el test de conveniencia, pues al ser el mismo tan genérico e indeterminado nada indicaba sobre los conocimientos financieros del cliente, al que se le calificó, en relación a su perfil inversor, como conservador o muy conservador. La documentación fue firmada el mismo día de la suscripción, por lo que no resulta acreditado que se informara sobre los riesgos con la suficiente antelación. Del hecho de que las órdenes de compra se suscribireran al vencer otra emisión no resulta que el cliente hubiera sido informado con anterioridad. Los efectos de la nulidad son restitutorios.
Resumen: Demanda frente a la aseguradora en reclamación de las cantidades entregadas a cuenta para la adquisición de una vivienda. En primera instancia se estimó la demanda y recurrida en apelación por la aseguradora se estimó el recurso. La demandante interpone recurso extraordinario por infracción procesal y de casación. La cuestión controvertida se centra en la disconformidad de la parte compradora recurrente en el plazo de prescripción aplicado por el tribunal sentenciador a la acción contra la aseguradora de la devolución de los anticipos. Estimación del recurso de casacón: doctrina jurisprudencial fijada a partir de la sentencia de Pleno 320/2019 de 5 de junio en el sentido interesado por el recurrente (aplicación del plazo general de prescripción de las acciones en lugar del previsto en la normativa del contrato de seguro). Casación de la sentencia recurrida, ya que cuando se interpuso la demanda no habían transcurrido 15 años desde la fecha establecida para la entrega de la vivienda y remisión de las actuaciones al tribunal de apelación para que dicte nueva sentencia en la que no pudiendo tener ya la acción civil por prescrita, se pronuncie sobre todas las cuestiones planteadas respecto del fondo del asunto.
Resumen: La Sala estima el recurso de casación, que se fundamenta en la disconformidad del comprador-recurrente en el plazo de prescripción aplicado por el tribunal sentenciador a la acción contra la aseguradora de la devolución de los anticipos, y fijada ya doctrina por esta sala a partir de su sentencia de pleno 320/2019, de 5 de junio, en el sentido interesado en el recurso de casación (aplicación del plazo de prescripción general del art. 1964 CC -quince años en su redacción aplicable- en lugar del previsto en el art. 23 LCS ), plazo al que no se opone la aseguradora. Por tanto, se estima el recurso de casación, sin necesidad de resolver el recurso por infracción procesal, al referirse este a la falta de motivación de la sentencia recurrida, y se casa la sentencia recurrida, ya que cuando se interpuso la demanda no habían transcurrido quince años ni tan siquiera desde la fecha contractualmente establecida para la entrega de la vivienda. Se remiten las actuaciones al tribunal de apelación para que dicte nueva sentencia en la que, no pudiendo tener ya la acción civil por prescrita, se pronuncie sobre todas las cuestiones planteadas respecto del fondo del asunto.