• Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Civil
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: JOSE LUIS SEOANE SPIEGELBERG
  • Nº Recurso: 2971/2017
  • Fecha: 17/06/2020
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: En una acción de responsabilidad contra el procurador que no se personó ante la Audiencia y provocó que el recurso de apelación se declarara desierto, se formuló una primera demanda en reclamación de daño patrimonial, de la que luego se desistió. En esta segunda demanda se reclamaba, por los mismos hechos, por daño patrimonial y por daño moral. La Audiencia desestimó la reclamación por daño patrimonial, porque el juicio prospectivo sobre las posibilidades de éxito de la segunda instancia frustrada era enteramente negativo, y aplicó el principio de preclusión del art. 400 a la reclamación por daño moral. Se estima el recurso por infracción procesal por incorrecta aplicación de esta norma, ya que el primer proceso no finalizó por sentencia firme de fondo que generara cosa juzgada material negativa, sino por auto de desistimiento. La estimación del recurso determina el análisis de la procedencia de la indemnización por daño moral, objeto del recurso de casación. La acción frustrada tenía una clara naturaleza patrimonial; en el juicio prospectivo sobre las posibilidades de éxito de la segunda instancia frustrada, la Audiencia la ha considerado como inviable y sin oportunidad de prosperar. Descartado el daño patrimonial, puesto que una segunda instancia de nula efectividad para el éxito de la pretensión únicamente generaría gastos adicionales, no se ha producido ningún daño moral resarcible con identidad propia que pudiera ser indemnizable. Se desestima el recurso de casación.
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Civil
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: JOSE LUIS SEOANE SPIEGELBERG
  • Nº Recurso: 1532/2017
  • Fecha: 16/06/2020
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: En el recurso de apelación cabe una revisión plena de la sentencia de primera instancia, pero con el límite impuesto por la prohibición de la reforma peyorativa, que impide agravar la posición del recurrente, salvo que provenga de otro recurso de apelación o de la impugnación de una parte apelada. En el caso, hay reformatio in peius porque la demandante no apeló la sentencia (que no condenaba a la aseguradora del arquitecto al recargo del art. 20 LCS, sino que le imponía con el resto de demandados una condena de hacer), y la Audiencia, al estimar el recurso de dicha aseguradora, que cuestionaba su condena solidaria sin límite económico, y fijar un límite cuantitativo a su responsabilidad, adicionó de oficio una condena no postulada (la obligación de computar en ese límite los intereses del art. 20). Las excepciones objetivas de la póliza (como la fijación de un capital máximo por siniestro) son oponibles al perjudicado en la acción directa, pero la sentencia recurrida no infringe esta regla porque ha interpretado los términos "siniestro" y "causa original" y, valorando las circunstancias, concluye que hay tres siniestros. La interpretación de los contratos compete a los tribunales de instancia, y no es revisable en casación, salvo que sea contraria a alguna de las normas legales, ilógica o arbitraria. La sentencia recurrida no niega ese régimen de oponibilidad, pero dentro de los términos de la póliza, y no se ha demostrado que la interpretación sea ilógica o arbitraria.
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Civil
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: ANTONIO SALAS CARCELLER
  • Nº Recurso: 3926/2017
  • Fecha: 16/06/2020
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: Demanda de desahucio por precario alegándose que el demandado ocupaba determinadas parcelas propiedad del actor sin título ni contrato alguno, tras haberle requerido de desalojo y negarle una nueva prórroga. La demanda fue estimada en apelación. Idoneidad de la acción: es cierto que no cabe hablar de la existencia de una situación de precario cuando el supuesto precarista posee por razón de un contrato de arrendamiento y la verdadera discusión está en si el mismo continúa o no vigente. Pero al haberse seguido el pleito por precario, y discutido sobre la subsistencia del contrato con práctica de prueba sobre ello, no procede apreciar la inadecuación del procedimiento dado que tampoco se recurrió alegando esta cuestión a través del pertinente recurso por infracción procesal y que, según la Ley de Enjuiciamiento Civil, el juicio verbal es el tipo de juicio que ha de seguirse tanto para el caso de extinción de la relación arrendaticia como para casos de precario. No cabe alegar en casación que el procedimiento haya sido inadecuado, al margen de que, de haberlo sido, tampoco se acredita la existencia de indefensión. La sentencia recurrida no declaró el desahucio por precario sino que ha considerado extinguido el plazo contractual con anterioridad a la interposición de la demanda, y por tanto, ha tratado y resuelto sobre dicha extinción contractual con aplicación de la normas propias para ello.
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Civil
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: MARIA DE LOS ANGELES PARRA LUCAN
  • Nº Recurso: 3819/2017
  • Fecha: 16/06/2020
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: El recurso de casación versa sobre la extinción de un contrato de arrendamiento sobre un caserío que había sido objeto en su día de un contrato de arrendamiento rústico concertado por los antepasados de la actual arrendataria. En las dos instancias se ha ponderado, en atención a las circunstancias, que el contrato que vinculaba a las partes dejó de ser de arrendamiento rústico y pasó a ser un arrendamiento de vivienda y, en consecuencia, aplicando el régimen de las disposiciones transitorias de la Ley de Arrendamientos Urbanos 1994 se considera que el contrato habría quedado extinguido. Recurre en casación la arrendataria y el recurso se desestima al apartarse de la ratio decidendi de la sentencia recurrida que concluye, a la vista de los hechos probados, que el contrato de la demandada no era de arrendamiento rústico porque no pudo subrogarse y porque el objeto del contrato había dejado de ser la explotación agraria. De ahí que no atribuya al silencio la eficacia de alterar la ley aplicable al contrato, ni es contraria a la doctrina del Tribunal Supremo sobre la relevancia del silencio a efectos del consentimiento ni aprecia que se produjera una novación como consecuencia del silencio de la demandada.
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Civil
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: ANTONIO SALAS CARCELLER
  • Nº Recurso: 4622/2017
  • Fecha: 16/06/2020
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: Acción de extinción de contrato de arrendamiento de local de negocio por expiración del plazo. El arrendatario falleció y se suborgaron la viuda e hijos de este, quienes fueron sucesivamente falleciendo a excepción de un hijo, que al jubilarse comunicó que se subrogaría su esposa. La demanda se estimó en ambas instancias. Inexistencia de las infracciones procesales denunciadas: inexistencia de abstención, planteamiento de cuestiones sustantivas bajo un supuesto error patente en la valoración de la prueba, supuesta inadecuación del procedimiento relacionada con el fondo, siendo en casación donde ha de determinarse si la cuestión a resolver era la pura extinción legal del contrato o si era necesario valorar la posibilidad de subrogación por parte de la hoy demandada, sin que en cualquier caso quepa apreciar indefensión en la parte demandada por el hecho de haberse sustanciado un juicio verbal, e inexistencia de litisconsorcio pasivo necesario porque en estos pleitos solo está pasivamente legitimado el arrendatario. La constitución de la demandada como arrendataria al amparo de la DT 3 LAU 1994 no es posible porque la norma no contempla este caso: tras el fallecimiento del primer arrendatario en 1981, le sucedió en dicha posición la comunidad formada por la viuda e hijos del mismo y tal situación era la vigente cuando entró en vigor la nueva ley de 1994, de ahí que la subsistencia de dicho contrato en tal fecha nunca pudo suponer que se tratara de un arrendatario persona física.
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Civil
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: JUAN MARIA DIAZ FRAILE
  • Nº Recurso: 3280/2017
  • Fecha: 15/06/2020
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: Acción de nulidad de cláusula de gastos de subrogación estipulada en contrato de compraventa con subrogación en préstamo hipotecario, que fue desestimada en ambas instancias. Falta de legitimación pasiva de la entidad demandada. La legitimación ad causam es una cuestión preliminar, y consiste en una posición o condición objetiva en conexión con la relación material objeto del pleito, que determina una aptitud o idoneidad para ser parte procesal pasiva. Aunque en la demanda la parte actora insiste en denominar el contrato en el que se incluye la cláusula cuya nulidad pretende, contrato de préstamo con garantía hipotecaria, lo cierto es que ese contrato es de compraventa con pacto de subrogación hipotecaria. Se plantea, por tanto, una cuestión de interpretación del alcance subjetivo del citado contrato en que se inserta la cláusula objeto de impugnación. En casación solo se puede revisar la interpretación que sea ilógica o arbitraria. En este caso, la interpretación realizada por la sentencia recurrida, al concluir que la demandada no fue parte en el contrato litigioso ni redactó sus cláusulas, y que por ello carece de legitimación ad causam, no puede considerarse ilógica o absurda pues la relación jurídica no reside en alguna de las cláusulas del contrato del préstamo hipotecario, contrato del que sí fue parte contratante la demandada, sino en una cláusula incorporada a un contrato (el de compraventa con pacto de subrogación) en el que no intervino.
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Civil
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: EDUARDO BAENA RUIZ
  • Nº Recurso: 4522/2017
  • Fecha: 15/06/2020
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: Demanda frente al Consorcio de Compensación de Seguros en reclamación de los intereses moratorios de la cantidad reconocida en auto de cuantía máxima que ya se la ha abonado al demandante. Se plantea si concurren circunstancias excepcionales que justificarían la no imposición de intereses y, de estimarse que deben aplicarse intereses, la determinación de la fecha de su devengo. En primera instancia se estimó parcialmente la demanda y se condenó al devengo de intereses no desde la fecha del siniestro sino desde los tres meses siguientes a la reclamación previa, al apreciarse que existió causa justificada del retraso en el pago de la indemnización por el Consorcio de Compensación de Seguros. En segunda instancia se confirmó ese criterio. Interpuestos recursos extraordinario por infracción procesal y de casación, se estiman parcialmente: el primero, al apreciarse el error en la valoración de la prueba en la fijación de un hecho (el momento en que se tuvo conocimiento de que los ciclomotores implicados carecían de seguro obligatorio a la fecha del accidente); el segundo, con reiteración de doctrina jurisprudencial, por apreciarse que no es causa justificada la negativa fundada en la existencia de controversia en torno a la imputación de la culpabilidad determinante del resultado lesivo. Motivos del recurso extraordinario por infracción procesal inadmisibles: vía adecuada para el planteamiento de cuestiones relativas al error en la valoración de la prueba.
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Civil
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: FRANCISCO JAVIER ARROYO FIESTAS
  • Nº Recurso: 4347/2017
  • Fecha: 15/06/2020
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: Demanda de juicio ordinario contra Caixabank, S.A. como sucesora de Bankpyme, en ejercicio de la acción de nulidad y, subsidiariamente, de resolución por incumplimiento contractual e indemnización de daños y perjuicios, en relación con la compra de bonos de Fergo Aisa. La sentencia de segunda instancia estima el recurso de apelación y considera que Caixabank carece de legitimación pasiva, ya que la entidad Bankpyme, con distinta denominación, sigue existiendo en el tráfico jurídico, sin que se haya producido su desaparición por absorción. Reiteración de doctrina jurisprudencial que, en relación con las acciones de nulidad y subsidiarias de incumplimiento contractual de la adquisición de productos financieros, ha reconocido la legitimación pasiva de Caixabank, adquirente del negocio bancario del banco Bankpyme. Con estimación del recurso de casación, se asume la instancia, confirmando la sentencia de primera instancia cuya fundamentación se confirma, al declarar la nulidad de la contratación de un producto complejo, bajo la apariencia de un mero producto de renta fija, inversión que no era compatible con el perfil conservador de los contratantes, pues bajo la cobertura de un producto, aparentemente seguro, se les aconsejó invertir en unos bonos que podrían provocar la pérdida de la inversión.
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Civil
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: JOSE LUIS SEOANE SPIEGELBERG
  • Nº Recurso: 2719/2017
  • Fecha: 15/06/2020
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: Incremento de capital social a costa de reservas vigente el consorcio conyugal. Efecto expansivo del recurso en pronunciamientos absolutos o indivisibles. Los aumentos del capital social se llevaron a cabo por una doble vía (emisión de nuevas participaciones, que fueron atribuidas a los esposos litigantes y a la sociedad de gananciales en proporción al porcentaje que les correspondía en la titularidad de aquellas, y en el último aumento, incremento del valor de las participaciones) y siempre con cargo a reservas. En la emisión de participaciones sociales adjudicadas gratuitamente a los cónyuges con carácter privativo, se genera un derecho de crédito a favor de la sociedad de gananciales, en tanto que las reservas, que encierran beneficios no repartidos, fueron aplicadas a adjudicar a los cónyuges participaciones de su exclusiva titularidad; mientras que, por el contrario, las reservas destinadas a la emisión y adjudicación de participaciones gananciales no generan ningún derecho de crédito a favor de la sociedad conyugal, al convertirse precisamente en bienes de aquélla naturaleza, que serán objeto del oportuno reparto en las operaciones liquidatorias, sin generar ningún derecho de crédito de la sociedad de gananciales. Los beneficios destinados a reservas, en tanto en cuanto pertenecen a la sociedad de capital, sometidos al concreto régimen normativo societario, no adquieren la condición de bienes gananciales.
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Civil
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: MARIA DE LOS ANGELES PARRA LUCAN
  • Nº Recurso: 4597/2017
  • Fecha: 15/06/2020
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: La cuestión examinada es si procede la nulidad del contrato de préstamo en que se suponga recibida mayor cantidad que la verdaderamente entregada, cuando el prestamista retiene cantidades que no están debidamente justificadas e identificadas. La sentencia de primera instancia, confirmada en apelación, declara únicamente la nulidad de la cláusula en que se establecían los intereses de demora del 29%, aplicando la normativa de cláusulas abusivas, pero descarta sin embargo la nulidad por usura. En casación se concluye que, en realidad, con el desglose de las cantidades retenidas se está enmascarando que la suma entregada era inferior a la que se suponía prestada. Dichas cantidades no están debidamente justificadas e identificadas, y resulta una desproporción de la suma de todas las cantidades descontadas respecto del dinero que se dice prestado. Estas circunstancias permiten concluir que, en el caso, resulta difícil aceptar que todas esas cantidades que los prestatarios no recibieron puedan considerarse como entregadas por servicios prestados o gastos que corrieran de su cuenta. La estimación del recurso de casación determina que se case la sentencia recurrida y en su lugar, con estimación parcial del recurso de apelación de los demandantes, se declara la nulidad del contrato de préstamo con garantía hipotecaria celebrado por las partes, lo que comporta que los prestatarios solo estén obligados a devolver la suma efectivamente recibida, con nulidad de la garantía hipotecaria.

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