• Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Penal
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: CARMEN LAMELA DIAZ
  • Nº Recurso: 10243/2021
  • Fecha: 29/09/2021
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: Se estima el recurso, revocando la resolución que denegó la acumulación interesada, toda vez que tras recabar los testimonios correspondientes, ningún nuevo traslado se confirió al letrado del condenado. Tampoco se le dio traslado al penado, ni personalmente ni a través de su representación procesal o de su Letrado, del informe recabado y emitido por el Ministerio Fiscal sobre la procedencia de la acumulación interesada. De esta forma, la resolución que ahora se recurre se dictó sin audiencia del penado. Igualmente, no han sido aportados al procedimiento todos los datos necesarios para resolver adecuadamente sobre la acumulación, teniendo en cuenta que no consta en el testimonio remitido que hayan sido incorporadas a las actuaciones todas las sentencias por las que se impusieron al penado las condenas cuya acumulación interesa, encontrándose incompletas las que han sido unidas al procedimiento. Todo ello supone una infracción de las normas procesales con efectiva indefensión para el penado.
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Penal
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: CARMEN LAMELA DIAZ
  • Nº Recurso: 4009/2019
  • Fecha: 29/09/2021
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: La jurisprudencia ha entendido que la sentencia debe anularse, prosperando, por lo tanto, este motivo de quebrantamiento de forma, cuando se aprecie en el relato fáctico una insuficiencia descriptiva que lo haga incomprensible, o difícilmente inteligible, bien por una omisión total de versión fáctica; bien por omisiones parciales que impidan su comprensión; bien por el empleo de frases ininteligibles o dubitativas que impidan saber lo que el Tribunal declara efectivamente probado, o bien por contener la sentencia un relato de hechos construido de tal forma que conduzcan a la duda acerca de si el Tribunal los está declarando probados o no. Siendo necesario además que los apuntados defectos supongan la imposibilidad de calificar jurídicamente los hechos. El motivo esgrimido al amparo del artículo 849.2 LECrim exige que a) se funde en verdadera prueba documental; b) ha de evidenciar el error de algún dato o elemento fáctico; c) que el dato no esté en contradicción con otros elementos de prueba; d) que el dato contradictorio sea importante. Para valorar si se ha respetado el derecho a un proceso sin dilaciones indebidas, debe valorarse la complejidad de la causa, el comportamiento del interesado y la actuación de las autoridades competentes .
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Penal
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: ANGEL LUIS HURTADO ADRIAN
  • Nº Recurso: 10369/2021
  • Fecha: 23/09/2021
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: Nulidad de la resolución de instancia: el auto que se recurre, ni en los Antecedentes de Hecho, ni en los Fundamentos de Derecho, recoge la relación de las ejecutorias, juzgados de procedencia, sentencias con sus fechas, las fechas de los hechos y las penas impuestas. Carece, pues, de los datos mínimos necesarios para poder realizar una correcta acumulación de penas, si procediere, datos que, además, son imprescindibles para su control a través del recurso de casación por infracción de ley, y que tampoco puede completar el órgano de revisión, vista la insuficiente información que aporta la documentación remitida, resultando, por ello, imposible que el citado defecto pueda y deba ser subsanado en casación.
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Penal
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: JUAN RAMON BERDUGO GOMEZ DE LA TORRE
  • Nº Recurso: 4228/2019
  • Fecha: 22/09/2021
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: Las sentencias son similares, porque idénticos han sido los hechos, sus autores y las pruebas practicadas en el enjuiciamiento, y como la nulidad de la primera sentencia acordada por esta Sala Segunda estuvo motivada por la vulneración del derecho al juez imparcial en su vertiente objetiva, esto es, sin referencia alguna a las pruebas practicadas, lo que resultó probado en el juicio anterior podía serlo en el presente. Consecuentemente, la utilización de la sentencia anterior en la redacción de la nueva no implica la vulneración de los derechos fundamentales del recurrente. Para apreciar el delito de apropiación indebida de dinero, es necesario que se haya superado el "punto sin retorno", es decir, que se constate que se ha alcanzado un momento en que se aprecie una voluntad definitiva de no entregarlo o la imposibilidad de entrega o devolución. En los casos de delito continuado, el plazo de prescripción comenzará desde el día en que se realizó la última infracción o desde el día en que se eliminó la situación ilícita o cesó la conducta. No hay dato alguno revelador de esta conducta interesada del querellante en retrasar la interposición de la querella. No concurren los requisitos del período de seguridad previsto en el artículo 36.2º del Código Penal. Nos encontramos ante un delito contra el patrimonio en el que las víctimas ya han sido indemnizadas. En el escrito de acusación se contenían los elementos identificadores del tipo delictivo imputado. No hay indefensión.
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Penal
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: CARMEN LAMELA DIAZ
  • Nº Recurso: 10057/2021
  • Fecha: 16/09/2021
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: Régimen de los recursos de casación y apelación, tras la reforma introducida por la Ley 41/2015. Contaminación de dos magistrados que resolvieron sobre el recurso de apelación contra el auto de procesamiento. El deber de abstención de un Juez se complementa con el deber de la parte de solicitar la recusación. Doctrina del Tribunal Constitucional sobre la contaminación de los jueces por intervenciones previas. Se compromete la imparcialidad cuando adopta decisiones que suponen una valoración provisional de la culpabilidad del acusado. Escuchas telefónicas: remisión de las cintas y transcripción. Inadmisibilidad de las cuestiones per saltum. Se alega indebida aplicación de los delitos apreciados por haber consentido la testigo en venir a España y ejercer la prostitución. Principio acusatorio: contenido. Exigencia de identidad de hecho punible y homogeneidad entre el delito por el que se acusa y la condena que se dicta. Es indistinto que la acción comenzase en el extranjero y continuase en España, ni que la situación de vulnerabilidad surgiese con posterioridad. La exclusión del engaño en la venida de la testigo no tiene efectos en la calificación. Se acredita y declara probado que la testigo ejerció la prostitución en contra de su voluntad. Inmigración ilegal: se utilizó la documentación de una tercera persona. Presunción de inocencia. Validez de la declaración de la víctima como prueba de cargo. Parámetros para su valoración. Modificación en conclusiones definitivas.
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Penal
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: CARMEN LAMELA DIAZ
  • Nº Recurso: 3782/2019
  • Fecha: 16/09/2021
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: El TS valida la sentencia dictada por el Tribunal de instancia por la que estima prospectiva la investigación y nulas la intervenciones telefónicas realizadas a lo largo de tal investigación. En este sentido destaca que determinadas pruebas practicadas posteriormente en el acto del Juicio Oral llevaron a la Sala a conclusiones totalmente opuestas al comprobar que el Servicio de Vigilancia Aduanera, que fue quien solicitó la múltiple intervención telefónica, no realizó ninguna diligencia de investigación relevante antes de acudir al auxilio del juzgado en petición de unas medidas que suponían una restricción del derecho fundamental al secreto de las comunicaciones. En este caso, la declaración de nulidad de las intervenciones telefónicas acordada por la Audiencia determina, por conexión de antijuridicidad, la imposibilidad de valoración de las demás pruebas practicadas, como son la documental intervenida como consecuencia de los registros practicados, declaración de los acusados, testifical y pericial, ya que fueron obtenidas directamente conectadas con aquellas.
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Penal
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: JAVIER HERNANDEZ GARCIA
  • Nº Recurso: 10137/2021
  • Fecha: 15/09/2021
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: El recurrente no reconoce ni plena ni significativamente los hechos de la acusación. Solo reconoció elementos de incriminación inevitables, haciendo girar su versión de lo acontecido sobre circunstancias fácticas bastante alejadas de los términos de la acusación formulada. Dicha narración adaptiva puede tener una legítima intención defensiva, pero neutraliza toda expectativa razonable de atenuación porque poco o nada tiene que ver con el sentido y la finalidad de la confesión. No se identifica ni un solo dato que sugiriera que el hoy recurrente sufría algún tipo de discapacidad que le impidiera o limitara mínimamente comprender sus derechos defensivos. Para poder imputar el tipo de trata de seres humanos con fines de explotación sexual basta con que una persona tenga información de que va a realizar lo suficiente para poder explicar o favorecer dicho resultado. Se desarrolló una muy cualificada conducta tanto de transporte como de traslado típicamente relevante. Y ello porque, además de conocer y aprovecharse para su ejecución de la vulnerabilidad de la víctima, se representó la finalidad de explotación sexual a la que servía. La identificación de una estructura tendencialmente estable de actuación secuenciada, coordinada y planificada, en la que interviene un número de personas que supera con creces el límite de "más de dos" al que se refiere el artículo 177 bis 6 CP, permite concluir normativamente sobre la existencia de "organización".
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Penal
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: JAVIER HERNANDEZ GARCIA
  • Nº Recurso: 10285/2021
  • Fecha: 09/09/2021
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: La efectiva garantía, en igualdad de armas, del derecho a interferir mediante el desarrollo de una defensa eficaz constituye el núcleo duro del derecho a un proceso equitativo. La existencia de dos versiones irreconciliables de los hechos debe implicar de manera indeclinable una valoración de la credibilidad de las declaraciones obtenidas de ambas partes a la luz de las circunstancias del caso, que deben ser debidamente verificadas. El acusado, como exigencia del juicio justo, debe poder defenderse impugnando la credibilidad de la presunta víctima y poniendo de relieve cualquier incoherencia en las pruebas de la acusación. Las exigencias cognitivas del proceso penal que se derivan de nuestra Constitución obligan a partir del «principio de desconfianza», lo que comporta que no debe creerse a salvo que haya razones para considerar que lo que se transmite es correcto. No puede atribuirse valor probatorio a un testimonio a menos que la información transmitida por quien testifica resulte fiable. Cuando se deniega una prueba en términos graves, cualitativos y cuantitativos, estructurales, propuesta por la defensa se afecta a los principios de equidad, contradicción material e igualdad de armas. En estos casos, la solución reparatoria mediante la práctica de los medios inadmitidos en segunda instancia resulta insuficiente. Procede, en esos casos, la nulidad y la retroacción de actuaciones.
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Penal
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: JULIAN ARTEMIO SANCHEZ MELGAR
  • Nº Recurso: 10353/2021
  • Fecha: 09/09/2021
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: Los únicos supuestos excluidos de la acumulación son los hechos que ya estuviesen sentenciados cuando se inicia el período de acumulación contemplado, y los cometidos con posterioridad a tal sentencia. La fecha determinante para decidir si procede o no la acumulación es la de la sentencia más antigua. Aunque con el fin de facilitar la labor acumulativa se comience el cálculo por la sentencia más antigua y ello nos lleve a ir formando distintos bloques, esa primera labor debe ser complementada con los ajustes necesarios para ir comprobando que los intercambios de sentencias incluibles en distintos bloques permitan llegar a un resultado punitivo que sea el más favorable para el reo. Para llevar a cabo la acumulación, deben relacionarse, una por una, numeradas, por orden cronológico, todas las ejecutorias. Se especificarán por columnas, los siguientes datos: el órgano judicial que dicta la Sentencia, el número de la ejecutoria, la fecha de la Sentencia condenatoria (la cual será firme), la fecha de los hechos, el delito por el que ha sido juzgado, y la pena impuesta. Dicho esto, en el caso enjuiciado, se observa que no se refiere a una de las ejecutorias que invoca el recurrente, e incluye otra sin mención de los hechos objeto de condena, por lo que debe decretarse la nulidad del Auto del Juzgado de lo Penal, ordenando la devolución del Expediente de refundición al mismo, para que proceda a dictar resolución conforme a los requisitos jurisprudencialmente exigidos.
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Penal
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: PABLO LLARENA CONDE
  • Nº Recurso: 2824/2019
  • Fecha: 28/07/2021
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: La intromisión en el derecho de confidencialidad en la relación abogado-cliente puede suponer una restricción del derecho de defensa aun sin un aprovechamiento expreso y directamente relacionada con lo indebidamente sabido. Los presos gozan del pleno disfrute de sus derechos fundamentales, con la sola excepción de aquellos que estuvieran expresamente limitados por el fallo condenatorio, o por el sentido de la pena o por la ley penitenciaria, la anulación del secreto de sus comunicaciones con los abogados de su defensa solo podía estar amparada en el artículo 51.2 de la Ley Orgánica General Penitenciaria, y que este precepto debe ser interpretado en el sentido de que solo puede desactivarse el secreto de la comunicación entre el interno y su abogado defensor, cuando se otorgue autorización judicial y limitado a casos de terrorismo. La intimidad, como valor susceptible de salvaguarda, hace referencia a aspectos vitales o de la personalidad sobre los que -legal o socialmente- se reconoce una legitimidad para preservarlos de toda divulgación pública, lo que no es predicable de las actuaciones delictivas del sujeto. Dilaciones indebidas muy cualificadas: en las sentencias de casación se suele aplicar en las causas que se celebran en un periodo que supera los ocho años de demora entre la imputación y el juicio. La prevaricación administrativa precisa de una declaración de voluntad de contenido decisorio que afecte a los administrados, el delito exige una resolución arbitraria.

Parece que no tiene configurado el plugin para ver el pdf embebido... puede descargar la resolución aquí.