Resumen: La cuantía de una pretensión viene determinada por la solicitud de la demanda lo que, a su vez, condiciona el acceso al recurso de suplicación. No se trata de la cuantía disputada o controvertida sino de la cuantía reclamada, es decir, la integrante del "petitum" de la demanda. La afectación general no resulta apreciable por la posible proyección general de un litigio, sino que es preciso que esa proyección se traduzca en un nivel de litigiosidad relevante y actual sobre el problema que se debate.
Resumen: Tradicionalmente, la jurisprudencia vino atribuyendo el conocimiento de las pretensiones en las que se impugnaba una contratación externa o de nuevo ingreso de personal laboral de la Administración al orden contencioso-administrativo, hasta el cambio de criterio llevado a cabo por la Sala Cuarta del TS -del que se hizo eco esta sala-, conforme al cual, cuando la actividad administrativa versa sobre materia laboral, el conocimiento de todas las fases de la contratación del personal laboral debe bascular en favor del orden social, comprendiendo también la fase preparatoria. No obstante, debe analizarse la incidencia que en la materia tiene la nueva letra f) del art.3 LRJS, introducida por la disposición final vigésima de la Ley 22/2021, de 28-12.de Presupuestos Generales del Estado para 2022, cuya entrada en vigor tuvo lugar el 1-1-2022, y que atribuía expresamente a los órganos del orden contencioso-administrativo la competencia para conocer de las controversias relativas a los actos administrativos dictados en las fases preparatorias previas a la contratación de personal laboral para el ingreso por acceso libre. Esta nueva regulación, sin embargo, ha sido declarada inconstitucional y nula por la STC 145/2022, de 15-11, por lo que debe retomarse la situación precedente acuñada por la sala, de forma que la competencia vuelva a residenciarse en el orden social de la jurisdicción.
Resumen: El trabajador inicialmente en jornada partida pasó en 2012 a jornada ordinaria, siéndole suprimido el complemento por jornada partida (114,46€) en 2017 es peón especialista con complemento de puesto, la Consejería compensó y absorbió el complemento personal transitorio con el complemento de puesto de trabajo, aplicando las previsiones del convenio, reclama 2.174,74€. El JS desestimó la demanda, el TSJ confirmó (en auto aclaratorio tras incidente de nulidad de la Administración) negó el complemento, en sentencia se no dio respuesta a la cuestión suscitada sobre absorción, modifica un FJ y el fallo, apreciando absorción y compensación por la retribución del nuevo puesto de trabajo. En cud recurre el actor planteando dos motivos (si el Auto de complemento de sentencia vulnera el art. 24 CE y si el recurrente tiene derecho al complemento denegado). La Sala IV de oficio aprecia falta de competencia funcional. Es cuestión de orden público procesal examinable de oficio, la cantidad reclamada (no computan intereses ni recargos por mora) no alcanza la cuantía para acceder a la suplicación; tampoco concurre afectación general (ni notoria, ni fue objeto de alegación y prueba, ni posee contenido de generalidad no puesto en duda por las partes). El TSJ no concreta la notable litigiosidad, la empresa debe tener plantilla suficiente, alcanzar a todos o gran número de trabajadores. El derecho a cantidades puede depender de situaciones fácticas que hace difícil apreciar la afectación general
Resumen: Se cuestiona si los trabajadores tienen derecho a un día adicional de descanso por el trabajo realizado en sábados, domingos o festivos, interpretando al efecto el art. 66 del Convenio colectivo para el personal laboral de la Administración General de la Comunidad de Castilla y León. Tras sentar la competencia funcional y la existencia de contradicción, se interpreta el citado precepto, aplicando los diversos criterios interpretativos, concluyendo que en el caso de jornadas especiales, el trabajo en sábado, domingo y festivo dará derecho a la percepción del complemento de atención continuada, pero no genera además un día de descanso adicional. Para los que realizan una jornada especial de lunes a domingo su trabajo habitual ya supone la prestación de servicios en días festivo como un elemento ordinario de las condiciones de trabajo que les resultan aplicables. Se evidencia que la verdadera intención de las partes con esa farragosa redacción del precepto no era otra que la de dejar claro que la percepción del complemento de atención continuada por trabajar en sábado, domingo y festivo, no sustituye el derecho a disfrutar del descaso ordinario semanal de dos días reconocido para todos los trabajadores en el art. 64 del convenio. Avala esa interpretación el último párrafo del art. 66. 1 A), del que se desprende que los firmantes del convenio tan solo consideran la existencia de dos días de descanso semanal, en ningún caso de tres o más días,
Resumen: El debate casacional radica en determinar si la cantidad reclamada por la CNMV a una trabajadora en concepto de ayuda de comida y transporte se encuentra afectada por la cosa juzgada, la prescripción o la existencia de causa torpe. Se interpreta el art. 52 53 del Acuerdo de 9-12-2010 suscrito entre la CNMV con el Comité de Empresa, sobre ayudas de comida y trasportes. Este acuerdo se dejó en suspenso por la CNMV como consecuencia del informe previo de la IGAE al señalar que era contrario a la legalidad vigente. Posteriormente, previa consulta a la Abogacía del Estado fue anulado por la empresa y se reclamó a todos los trabajadores la restitución de las cantidades recibidas. Frente a esa decisión se planteó demanda de Conflicto Colectivo, que fue estimada por la AN apreciando la prescripción. Ahora, la CNMV reclama a la actora por dichos conceptos las cantidades que en su día indebidamente le fueron abonadas. La sentencia de instancia desestima la demanda e interpuesta suplicación, esta fue igualmente desestimada. Ahora en casación la actora discute la competencia funcional, la aplicación de cosa juzgada, la prescripción y la existencia de causa torpe. Se aprecia la competencia funcional por concurrir afectación general. La cosa juzgada se rechaza por falta de contradicción al igual que la falta de prescripción y la causa torpe basada en que la acción de reclamación de devolver las cantidades reclamadas no procede por causa solo imputable a la empresa.
Resumen: RECLAMACIÓN DE CANTIDAD: La CNMV reclama a la trabajadora el reintegro de las ayudas recibidas indebidamente por comida y transporte en aplicación de la STS de 26-11-2015, rec. 18/2015, que revoca una anterior de la SAN. Cantidad inferior a los 3.000 euros. Acceso al recurso por afectación general. Prescripción. Inadmisión por falta de contradicción. Aplica el mismo criterio que en las SSTS de 15 de diciembre de 2021 (RCUD 3903/2020), 13 de septiembre de 2022 (RCUD 722/2021, y 7 de noviembre de 2022 (RCUD 4090/2020) en cuyos recursos se invocaba la misma referencial. FALTA DE CONTRADICCIÓN.
Resumen: Se confirma sentencia de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, en proceso de tutela de la libertad sindical, que apreció su falta de competencia por entender que la competente era la Sala de lo Social de la Audiencia Nacional dado el ámbito territorial real del conflicto. La alegada vulneración de la libertad sindical se anudaba en la demanda -aquilatada en el contrato del juicio- a la carencia de información a las demandantes (comité de empresa de Madrid, delegadas sindicales de Madrid y sindicato AST) sobre las cuestiones y temas integrantes de un acuerdo entre la empresa ZARA y la comisión representativa integrada por determinadas centrales sindicales, adoptado a nivel nacional sobre modificación sustancial de condiciones de trabajo de carácter colectivo y alcance nacional, y de las negociaciones previas al mismo. Considera la Sala IV que la tutela demandada proyecta sus efectos a un ámbito territorial superior al de una comunidad autónoma; aunque las recurrentes pretenden ubicar el conflicto en un área inferior, el área real de afectación resulta inseparable del acuerdo nacional mismo y su proceso de gestación.
Resumen: El debate casacional radica en determinar si la cantidad reclamada por la CNMV a una trabajadora en concepto de ayuda de comida y transporte se encuentra afectada por la cosa juzgada, la prescripción o la existencia de causa torpe. Se interpreta el art. 52 y 53 del Acuerdo de 10-12-2010 suscrito entre la CNMV con el Comité de Empresa, sobre ayudas de comida y trasportes. Este acuerdo se dejó en suspenso por la CNMV como consecuencia del informe previo de la IGAE al señalar que era contrario a la legalidad vigente. Posteriormente, previa consulta a la Abogacía del Estado fue anulado por la empresa y se reclamó a todos los trabajadores la restitución de las cantidades recibidas. Frente a esa decisión se planteó demanda de Conflicto Colectivo, que fue estimada por la AN apreciando la prescripción. Ahora, la CNMV reclama a la actora por dichos conceptos las cantidades que en su día indebidamente le fueron abonadas. En casación la actora discute la cosa juzgada, la prescripción, la compensación de deudas y la existencia de causa torpe. Se aprecia la competencia funcional por concurrir afectación general. La cosa juzgada se rechaza por falta de contradicción al igual que la falta de prescripción, la compensación de deudas y la causa torpe basada en que la acción de reclamación de devolver las cantidades reclamadas no procede por causa solo imputable a la empresa.
Resumen: En la demanda reclama la CNMV a la actora el reintegro de las cantidades correspondientes a la ayuda de transporte y de comida que en su día indebidamente le fueron abonadas. La sentencia de instancia estima la demanda y recurrida en suplicación, éste fue igualmente desestimado. Ahora en casación la actora discute la competencia funcional, la aplicación de cosa juzgada, la prescripción, la compensación de deudas, la existencia de causa torpe y el "dies a quo" para el cómputo de los intereses. Se aprecia la competencia funcional por concurrir afectación general. Los tres primeros motivos de recurso se rechazan por falta de contradicción. Y los dos últimos se rechazan igualmente por ser cuestiones nuevas no abordadas en la sentencia, lo que determina también la inexistencia de contradicción entre las sentencias comparadas.
Resumen: Se cuestiona si resulta competente el orden social o la jurisdicción contencioso- administrativa, en materia de cese de personal eventual designado por la junta de Andalucía según lo previsto en el artículo 12 EBEP. El demandante había venido prestando servicios por cuenta y bajo la dependencia de la Consejería de Presidencia de la Junta de Andalucía en virtud de diferentes nombramientos como personal eventual adscrito a la referida Consejería. El debate jurídico se refiere a la naturaleza de la relación y si constituye una relación funcionarial eventual del art. 12 del EBEP, lo que implica la incompetencia de la jurisdicción social o sí existe una relación laboral y, por tanto, la extinción de la misma constituye un despido que debe ser enjuiciado por los órganos de la jurisdicción social. La cuestión ya ha sido resuelta en asuntos similares en SSTS 70/2022, de 26 de enero (rcud 2346/2019) y 245/2022, de 22 de marzo (rcud 1275/2020), que resuelven en el sentido de atribuir la competencia al orden contencioso-administrativo. La parte actora vino prestando servicios mediante varios nombramientos como personal funcionario eventual desde el 17 de abril de 1985, siendo el último de los nombramientos, siempre como personal eventual, el 9 de junio de 2017, del que fue cesado en 23 de enero de 2019, circunstancias que corroboran expresamente la aplicación de la doctrina a la que se remite.
