• Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Social
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: CONCEPCION ROSARIO URESTE GARCIA
  • Nº Recurso: 132/2018
  • Fecha: 11/06/2019
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: Sindicatos de Asturias presentan demanda de conflicto colectivo solicitando que se declare que los títulos de técnico en atención a personas mayores y de técnico en atención sociosanitaria no son equivalentes al de técnico en cuidados auxiliares en enfermería, exigido en el convenio aplicable para el acceso a la categoría de auxiliar de enfermería. Y, en consecuencia se reclama que se tenga en cuenta tal declaración a efectos de la modificación de la resolución de la convocatoria de las pruebas selectivas para el ingreso en la categoría de auxiliar de enfermería al servicio del Principado de Asturias. La Sala de Asturias desestima la excepción de incompetencia del orden social y desestima la demanda. Contra dicho fallo formula recurso de casación uno de los sindicatos actores. La Sala IV confirma la competencia del orden jurisdiccional social, rectificando la doctrina anterior elaborada a partir de la derogada LPL. En segundo lugar, desestima la denunciada incongruencia de la sentencia y la modificación del relato solicitada. Finaliza considerando la sala IV que la interpretación sistemática de las normas que regulan las titulaciones en cuestión determinan que la desestimación de la demandada. Y ello porque las cualificaciones profesionales han evolucionado desde que se promulgó el convenio de aplicación y porque se constata que las titulaciones de los técnicos en atención a personas dependientes o en atención sanitaria son equivalentes a la del auxiliar de enfermería.
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Social
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: JESUS GULLON RODRIGUEZ
  • Nº Recurso: 1359/2017
  • Fecha: 30/05/2019
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: La sentencia recurrida del Tribunal Superior de Justicia de La Rioja, que revoca la sentencia de instancia, acoge la pretensión subsidiaria de la demanda del trabajador y condena a la Consejería de Administración Pública y Hacienda del Gobierno de La Rioja al pago del salario de los dos días de vacaciones y otros dos de permiso del año 2015, reclamados por el actor. La Sala 4ª declara que cabía recurso de suplicación, ya que si bien la cuantía del pleito no superaba la suma de 3000 €, concluye que existe afectación general. En cuanto al fondo, se discute si el RDL 10/2015 levantó la suspensión de los acuerdos, pactos y convenios para el personal público en lo relativo a los permiso por asuntos particulares, vacaciones y días adicionales de libre disposición o de similar naturaleza, que había impuesto el RDL 20/2012, de 13 de julio, modificando el EBEP. La Sala estima el recurso confirmando la sentencia de instancia, y resuelve conforme al criterio de la STS/4ª de 5 abril 2018 -R.57/2017; y declara que nos hallamos ante un convenio que se halla alterado por un acto administrativo del ejecutivo autonómico, y a la entrada en vigor del RDL 20/2012, la suspensión de días adicionales ya se había producido y no consta que la administración haya establecido una mejora al respecto, haciendo uso de la posibilidad conferida por la Disp. Ad. 1ª del RDL 10/2015. Se mantiene, por tanto en vigor aquel acuerdo de 29 de diciembre de 2011, cuya eficacia no fue alterada por el RDL 10/2015.
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala Especial
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: DIMITRY TEODORO BERBEROFF AYUDA
  • Nº Recurso: 22/2018
  • Fecha: 06/05/2019
  • Tipo Resolución: Auto
Resumen: La Sala de Conflictos de Competencia del art. 42 LOPJ declara que corresponde al orden social de la jurisdicción social conocer de la demanda planteada frente a la administración, en solicitud de la declaración del origen profesional de la incapacidad temporal sufrida por una funcionaria, con alegación de la infracción de la normativa de prevención de riesgos laborales (acoso en el trabajo). El auto comentado razona que, con independencia del grado de concreción de esa argumentación, dicha invocación de la normativa de prevención de riesgos laborales - reforzada por la circunstancia de que, según relata la actora, determinó una intervención del Grupo Técnico de Prevención de Riesgos Laborales en el ámbito sectorial que describe - determina que deba considerarse competente para a la jurisdicción social por aplicación del art. 2.e) LRJS, tal como se deduce de la Exposición de Motivos de dicha ley, sin que a la vista de las circunstancias concurrentes, sea posible excluir su competencia con base en el art. 3.f) de la repetida ley. Por lo demás, la Sala descarta que fuera necesario el recurso por defecto de jurisdicción a que se refiere el art. 50 LOPJ.
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala Especial
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: JESUS CUDERO BLAS
  • Nº Recurso: 1/2019
  • Fecha: 29/04/2019
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: Ejecución de sentencia firme que reconoce el derecho del trabajador al capital coste del recargo de la pensión de incapacidad permanente habiéndose incoado con anterioridad por la TGSS el expediente administrativo para su recaudación, con embargo de la empresa obligada. Normativa aplicable a los recargos de prestaciones económicas en casos de enfermedad profesional o accidente laboral: se contemplan dos vías para declarar la procedencia del recargo, la declaración por el INSS y traslado a la TGSS que, previa la determinación del capital coste, procede a su recaudación, o el reconocimiento en sentencia y, previa la determinación por la TGSS, ejecución conforme lo previsto en la Ley de Procedimiento Laboral. La ejecución de la sentencia que declara el derecho del trabajador al recargo no consiste en la entrega del capital coste al trabajador, porque la ley no le reconoce un derecho a que se le abone una cantidad alzada o una suma capitalizada del recargo, sino que se le acredite en cada una de sus nóminas un porcentaje de la misma. Sistema arbitrado para que la empresa dé cumplimiento a la sentencia: corresponde a la Tesorería General de la Seguridad Social dar efectividad al recargo con el procedimiento de recaudación (no es posible la ejecución de la sentencia del juzgado social tal como ha sido acordada, mediante la entrega de una suma al trabajador). Posibilidad de que el trabajador solicite en el procedimiento de recaudación el efectivo cumplimento de la resolución firme.
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Social
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: ANTONIO VICENTE SEMPERE NAVARRO
  • Nº Recurso: 1735/2017
  • Fecha: 25/04/2019
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: Tras sistematizar la jurisprudencia que determina que no es preciso que exista contradicción entre las resoluciones comparadas en el recurso de casación para la unificación de doctrina cuando se discuten cuestiones relativas a la competencia funcional que debe ser apreciada de oficio, la sentencia casa y anula la de suplicación que entendió que no procedía recurso de suplicación frente a la sentencia de instancia dictada en procedimiento en que se reclamaba una mayor base reguladora de la pensión de jubilación en aplicación de coeficientes reductores por trabajos en la minería. Argumenta la Sala que tanto del expediente administrativo como de la demanda se deduce que la pensión de jubilación reconocida era equivalente al resultado de aplicar el porcentaje del 76% a la base reguladora, partiendo el TSJ de calcular la misma sobre un presupuesto equivocado, cual es el de considerar que se reconoció conforme al 88%, por lo que teniendo en cuenta los cálculos correctos, sí se alcanza la cuantía necesaria para recurrir en suplicación.
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Social
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: MARIA LUZ GARCIA PAREDES
  • Nº Recurso: 3099/2016
  • Fecha: 11/04/2019
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: La Sala IV declara que la sentencia de instancia no era susceptible de recurso y que, por consiguiente, la Sala de suplicación asumió una competencia funcional que no le correspondía, lo que lleva a anular la sentencia impugnada y declarar la firmeza de la dictada por el Juzgado de lo Social. Se trata de una reclamación de cantidad por el complemento de antigüedad, en particular los atrasos derivados del cómputo de los períodos trabajados al amparo de contratos en prácticas o para la formación, conforme a lo resuelto en procedimiento de conflicto colectivo. La cuantía litigiosa es inferior a 3.000 €. La eventual trascendencia múltiple del asunto no fue invocada en el escrito de demanda, y tampoco en el acto de juicio por ninguna de las partes, que no comparten por tanto la evidencia de que la reclamación posea proyección general. La existencia de una previa sentencia de conflicto colectivo no obsta a la anterior conclusión pues la materia ahora debatida no es coincidente con la entonces abordada. Y la sala tampoco tiene constancia de que existan un gran número de asuntos sobre la actual cuestión litigiosa.
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Social
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: MILAGROS CALVO IBARLUCEA
  • Nº Recurso: 2150/2017
  • Fecha: 09/04/2019
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: La jurisdicción social es competente para conocer de la acción de reintegro ejercitada por una Mutua del capital coste de la prestación por IPT constituido en concepto de anticipo, tras la declaración de responsabilidad empresarial por falta de alta. La sentencia comentada desestima la excepción de falta de jurisdicción alegada por el letrado de la Seguridad Social para conocer de la pretensión de reintegro ejercitada por una Mutua Patronal de Accidentes de Trabajo, derivada del cumplimiento de la resolución administrativa que le impuso la constitución del capital coste de una prestación en concepto de anticipo, una vez declarada la responsabilidad empresarial por falta de alta del trabajador en la fecha del accidente, consolidando la doctrina iniciada por la STS 7-4-1999 Rec. 2309/98, que no resulta afectada por las modificaciones normativas habidas con posterioridad, porque no se trata de un acto recaudatorio del art. 3.f) LRJS, sino de reconocimiento prestacional del art. 2.o) de la misma ley.
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Social
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: ROSA MARIA VIROLES PIÑOL
  • Nº Recurso: 165/2018
  • Fecha: 04/04/2019
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: La Sala IV acuerda devolver las actuaciones a la Sala de lo Social del TSJ, sobre despido colectivo, para que, partiendo de la afirmación de su competencia para conocer del asunto, se pronuncie sobre el mismo. La cuestión litigiosa se centra en determinar si la empresa ha realizado extinciones de contratos computables superiores a los umbrales sin llevar a cabo el procedimiento del art. 51.1 del ET. Los contratos de obra o servicio determinado extinguidos no eran fraudulentos, al no haberse cuestionado la validez de tales contratos. Dichas extinciones se han llevado a cabo conforme establece el art. 17 del Convenio colectivo de Contact Center (BOE 27/07/2012), en relación a la extinción del contrato por obra o servicio por disminución del volumen o de la campaña contratada. En todo caso, dicho precepto no regula ni puede hacerlo, una causa distinta y autónoma a las establecidas en el ET, y acudiendo al art. 51, se concluye que nos encontramos ante un despido colectivo de facto, pues del cómputo para la determinación de los umbrales a que se refiere el art. 51 ET, están incluidos los contratos temporales concertados para la ejecución de una contrata que finalizan antes de la fecha prevista o determinada por reducción de su volumen por la empresa comitente, estando excluidos solamente aquellas extinciones que se producen por motivos inherentes a la persona del trabajador y las que se produzcan por cumplimiento del término.
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Social
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: SEBASTIAN MORALO GALLEGO
  • Nº Recurso: 1291/2017
  • Fecha: 04/04/2019
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: RCUD: Al demandante le fue reconocida por el INSS pensión de jubilación en cuantía de 1.354,24 €/mes; en la demanda solicita se fije en 1.634,11 €/mes; la SJS estima en parte y establece 1.481,32 €/mes. La cuestión a resolver estriba en determinar si cabe recurso de suplicación, que ha sido negado por la STSJ, contra la sentencia de instancia en razón de la cuantía litigiosa. El TS aprecia que no hay contradicción con la sentencia de contraste, pero es una cuestión de orden público procesal que condiciona la propia competencia de la Sala IV para conocer del recurso de casación unificadora, lo que obliga a resolver el recurso. Señala que las reglas derivan de los preceptos de la LRJS siguientes: art. 191.2.g, art. 192.3 y art. 192.4, de donde resulta, según doctrina constante de la Sala, que la cuantía litigiosa a efectos del acceso al recurso de suplicación está determinada por lo que se haya solicitado en el escrito de demanda, o en su caso, si es distinta, por la expresada en los trámites posteriores del proceso de haber variado la parte demandante sus pretensiones [STS 27/6/2018 (R. 793/2017)]. Esto es, la cuantía litigiosa queda configurada de manera inalterable en función de lo que sea objeto de reclamación en la demanda, sin que pueda verse modificada por la circunstancia de que con posterioridad, al haber satisfecho en parte esa pretensión la SJS, resulte inferior el valor económico de la petición formulada por el trabajador al TSJ en el recurso de suplicación.
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Social
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: MARIA LUISA SEGOVIANO ASTABURUAGA
  • Nº Recurso: 1760/2017
  • Fecha: 03/04/2019
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: La sentencia comentada aprecia de oficio la falta de competencia funcional reiterando la doctrina de la Sala en el sentido de que no cabe recurso de suplicación en las reclamaciones del pago de cantidad en concepto de plus de radioscopia aeroportuaria, cuando la cuantía litigiosa no alcanza el mínimo legal de 3.000 € exigido en el art. 191.2.g) LRJS, al no apreciarse afectación general por cuanto el plus se cuestiona respecto de una concreta actividad, en un determinado puesto de trabajo y no hay dato alguno que revele el número real de quienes lo atienden y reclaman. Se declara por ello la nulidad de la sentencia impugnada.

Parece que no tiene configurado el plugin para ver el pdf embebido... puede descargar la resolución aquí.